por Ana Clío
La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad el pedido en defensa del represor Luis Muiña, secuestrador y torturador de Jacobo Chester y Jorge Mario Roitman, trabajadores del Hospital Posadas durante la última dictadura.
Según la Cámara de Casación, la ley 24.390, más conocida como 2×1, que reduce las penas de prisión, no se debe aplicar a los acusados por delitos de lesa humanidad sobre el cómputo de la prisión preventiva, ya que no estaba vigente cuando sucedieron los hechos investigados pese a que Muiña planteó que fue juzgado dos veces por el mismo caso.
Pero la postura de los integrantes del máximo tribunal de la República no siempre fue la misma. Recordemos que en marzo del año pasado la Corte Suprema sostuvo que el 2×1 era aplicable a todos los delitos, incluidos los de lesa humanidad y que producto del repudio masivo que generó en amplios sectores, al punto que se desbordó Plaza de Mayo, se logró pararle la mano al Congreso y de esta manera el beneficio para estos genocidas.
El caso de Muiña es particularmente paradigmático, siendo el suyo el primer caso en el que un jurado pretendió darle el beneficio del 2×1 sin estar éste legalmente vigente al momento del fallo. El intento de darle impunidad a este personaje fue el detonante de la pelea que culminó con la gran marcha del 10 de mayo del año pasado que hizo retroceder a la Corte y todo el personal estatal que buscaba agradecer por los servicios prestados a los genocidas. Desde La Nación hasta Macri, pasando por el más ignoto de los jueces, tuvieron que atragantarse con las ganas de liberar a alguno de estos asesinos. Esta pelea culmina así como una nota al pie del intento de Macri por torcer la voluntad de lucha de los sectores populares y democráticos de Argentina.