por Violeta Roble

El macrismo llegó al poder con una campaña de globos y mentiras que nos recuerda a todos los argentinos la escalofriante frase “si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie”, pero quizás la más perversa de todas las campañas haya sido la de “pobreza cero”. Mauricio Macri y todos sus adláteres se llenaron la boca durante la campaña comprometiéndose a llevar la pobreza a cero sólo para desdecirse en cuanto llegaron al poder, escudándose en que era un objetivo aspiracional, no un compromiso. Pero la realidad es que no era ni un objetivo, ni un compromiso, sólo cinismo: no es que nunca estuvo en los planes del macrismo elevar el nivel de vida de los sectores más marginados, sino que su plan económico explícitamente lleva a millones de personas a la pobreza.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina lanzó una serie de informes especiales, documentos estadísticos y trabajos de investigación en la Serie Agenda para la Equidad (2017-2025) que nos dan un reflejo interesante de qué significa para la clase trabajadora el ajuste que el gobierno está llevando adelante y que deberá redoblar para estar a la altura de los compromisos asumidos con el FMI. Entre otras cosas, el informe refleja que el 76% de los niños y niñas escolarizados en primaria o secundaria asisten a establecimientos públicos, es decir que los ataques a la educación estatal son un ataque directo a un derecho esencial de la aplastante mayoría de la infancia argentina.[1]

La UCA no tiene ningún interés en torcer los números contra Macri, y lo explicitan en el último informe, llamado (In)equidades en el ejercicio de los derechos de niñas y niños. Derechos humanos y sociales en el período 2010-2017. Documento estadístico. El documento refleja la situación económica y social de la niñez argentina durante el 2017, con más de medio mandato macrista trascurrido. Se hace hincapié en que el informe pretende ser un reflejo de la realidad social que ayude al Estado a enfocar sus políticas sociales con mejor información, pero que “ello no implica que los resultados que aquí se exponen sean el efecto directo de las políticas públicas vigentes en el período de referencia.”[2]. Esta flagrante contradicción es un burdo intento de desligar de responsabilidades al gobierno, pero demuestra que ni la UCA puede disimular lo que los números arrojan, que las y los argentinos somos cada vez más pobres.

Las vidas de los hijos de los trabajadores, en números

Este informe es producido por el Barómetro de la Deuda social de la Infancia de la UCA y se enmarca en el enfoque de derechos humanos, el cual propone que el análisis del desarrollo social debe apuntar a establecer qué derechos no están siendo realizados, para orientar políticas estatales de integración. El INDEC, por el contrario, sigue siendo un organismo muy poco fiable porque entre otras cosas decide tomar como único indicador del nivel adquisitivo el neto del salario, sin relacionarlo, por ejemplo, con la inflación o el costo de los servicios. No miden, por ejemplo, en qué es gastado ese salario. Estas diferencias pueden parecer menores, pero son fundamentales para entender qué reflejan estos informes. E incluso estas discrepancias metodológicas aparecen en el propio informe “se estima una situación de privación severa que afecta de modo directo a los niños/as que se representa en la experiencia de hambre en los últimos 12 meses. Esta situación durante el período de referencia se mantuvo estable en tono al 9% con variaciones no muy significativas en algunos períodos interanuales. No obstante, esto ocurre en el marco de una reciente merma de la pobreza monetaria que según informó el INDEC fue de 6 p.p. entre 2016 y 2017. Es decir, que aun cuando mejoraron los índices de pobreza económica y se incrementaron las acciones alimentarias directas, la situación de inseguridad alimentaria se mantiene estable.”

El informe sobre niñez de la UCA comienza estableciendo qué derechos relevará: el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, al hábitat, a la subsistencia, a la educación, a la información, a la protección social contra el trabajo infantil y derechos en los espacios de los procesos de crianza y socialización. Se establece entonces qué es considerado una carencia y qué es considerado una carencia grave o severa en cada una de esas esferas. Los números son lapidarios:

Derecho a la alimentación: el déficit alimentario total fue de 17,6%, y de 8,5% en su nivel más grave. Derecho a la salud: entre los 0 y 4 años se estima que el 10% no asistió a una consulta médica, entre los 5 y 12 años el 20% y en la adolescencia trepa al 30%. El déficit en la atención bucal es del 45,3%. Derecho al hábitat:  La mitad de la infancia urbana del país reside en un espacio residencial nocivo en términos de contaminación ambiental, mientras que la precariedad en la construcción de la vivienda afecta en 2017 a casi el 25% de la infancia. La situación de hacinamiento es de 22,5%, y las carencias en el espacio del saneamiento (agua potable y cloacas) es de 46,2%. La problemática del saneamiento está fuertemente localizada en el Conurbano Bonaerense donde afecta al 63,7% de la infancia. Derecho a la subsistencia: el 48,1% de niños, niñas y adolescentes son pobres, y el 10,2% son indigentes a nivel nacional, elevándose las cifras a 54,2% de pobreza y 13% de indigencia si nos circunscribimos al Conurbano bonaerense. Derechos en los espacios de crianza y socialización: se estima que el 85% de los niños y niñas no realizan ningún tipo de actividad extraescolar, siendo la escuela su único espacio de socialización. También se estima que el 67% de los niños no recibe una crianza ajena a las agresiones físicas o verbales, el 25,6% de los niños viven en hogares donde se usa la agresión física para enseñar. Derecho a la educación: En la educación secundaria el déficit educativo es muy elevado y se estima en 2017 en 36,8%, mientras que en la primaria hay un déficit en materias tradicionales (música, plástica o tecnología) de cerca del 21%. A su vez el 48,9% de los chicos en la escuela primaria carecen de ofertas en el espacio de las nuevas tecnologías. Derecho a la información: el 25% de los adolescentes y el 48,6% de niños en edad escolar no suele utilizar internet. La brecha de desigualdad social es muy amplia, el estrato trabajador marginal registra cuatro veces más probabilidades de no utilizar internet que pares en el estrato medio profesional. Derecho a la protección social contra el trabajo infantil: en 2017 el 11,8% de la infancia entre los 5 y 17 años realiza algún tipo de trabajo en el mercado o en el espacio doméstico de modo intensivo. Los niños en el estrato trabajador marginal tienen casi tres veces más chances de trabajar que pares en el estrato medio profesional, y los chicos que residen en villas o asentamientos casi el triple de probabilidad que un par en el espacio formal de nivel medio.

No podemos esperar al 2019

El acuerdo que el macrismo ha cerrado con el FMI implica una serie de reducciones en gasto público que sólo empeorarán las condiciones en los que vivimos los trabajadores, nosotros y los del futuro. Los números reflejados por estos informes son escandalosos, pero más alarmante es la situación si pensamos que estos números no reflejan las miles de familias que han perdido uno o ambos ingresos debido a los despidos en lo que va del 2018. Al cierre de esta edición, se conoció que los alquileres en la Capital Federal aumentaron 35% respecto a 2017, y Larreta tiene la caradurez de anunciar como un beneficio para los inquilinos que podremos para el depósito y el primer mes en cuotas. Es decir que nos ofrecen como salida el endeudamiento. Hace unos meses la Coordinadora del Barómetro de la Deuda social de la Infancia declaraba en la radio que en 2015 los niveles de pobreza “estaban en un 60,5%, en el 2016 60,4%, y ahora subimos a 62,5%”[3]. No es una consigna, es una realidad: los trabajadores no podemos esperar al 2019 para decidir quién paga la crisis económica.

[1] Para un desarrollo más exhaustivo del impacto del FMI sobre la educación; “El Fondo Monetario Internacional y el ajuste en educación” de Alex Colman en el número 474 de este Semanario.

[2] (In)equidades en el ejercicio de los derechos de niñas y niños. Derechos humanos y sociales en el período 2010-2017.

[3] Audio en http://sobrelahora-radio.com.ar/ianina-tunon-del-observatorio-de-deuda-social-no-pudimos-erradicar-el-hambre-de-la-argentina/

Dejanos tu comentario!