En defensa de la seguridad alimentaria, de las condiciones de trabajo, de la vida y del medio ambiente

Por Luciano Mathias*

Durante la Copa del Mundo, cuando todas las miradas estaban dirigidas a la selección brasilera, el Gobierno, Congreso y Supremo Tribunal Federal (STF) aprovecharon del momento para aprobar dos de sus más polémicas y regresivas medidas, que son parte de la ofensiva reaccionaria vigente. Con el retroceso parlamentario en la votación de la Reforma Provisional, el gobierno en el intento de compensar y favorecer a la gran burguesía anuncia diversos proyectos neo liberaless que atacan a toda la población.

La propia intervención militar en Río de Janeiro, la negativa de conceder reformas constitucionales, colocan una situación de mayor bonapartismo político-jurídico, favoreciendo el ambiente para que contrarreformas inconstitucionales sean aprobadas, tales como la privatización de Eletrobrás y de Embraer, y el paquete neoliberal de 15 artículos anunciado por el gobierno en febrero. Como parte de esas medidas, el día 26/06 en la Cámara de Diputados una Comisión aprovechó la tramitación por 18 votos a 9 del proyecto de ley 6299/02, bautizado como «PL del Veneno», que tiene como propuesta la actualización de la ley de 1989 sobre la utilización de agrotóxicos.

Si no le bastara a Brasil con ser el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo, quieren permitir el uso de 14 sustancias que están prohibidas en todo el mundo. Para el gobierno, la salud definitivamente no es una preocupación, la prioridad clara es atender a los intereses del agronegocio que busca el lucro del latifundio.

Es importante recordar que la bancada ruralista representa una de las mayores y más poderosas de la Cámara de Diputados, son 200 diputados federales de un total de 513 que forman parte de ella. Por otra parte, la victoria de Michel Temer en la Cámara de Diputados a mediados del año pasado, en la que barrió su denuncia de corrupción pasiva, no sería posible sin esa bancada.

La gran mayoría del Congreso está al servicio de menos del 1% de la población, aprobando medidas que inciden sobre el otro 99%. Por eso, es necesario que, incluso con algunos representantes parlamentarios denunciando vehemente la atrocidad que está ocurriendo en el interior del congreso, que la lucha sea hecha en la calle, que la población se haga presente y actuante, presionando y barriendo los ataques reaccionarios. La PL fue elaborada por el actual ministro de agricultura Blairo Maggi (PP). Entre las propuestas presentes en el proyecto están: el cambio del término «agrotóxico» al término “fito sanitario», que esté prohibido únicamente sustancias que tengan «riesgo inaceptable» y la liberación del registro temporal de sustancias que no logran ser analizadas a tiempo. Es decir, incluso sustancias de “riesgo inaceptable” pueden utilizarse hasta que se haya demostrado el riesgo para la salud humana, animal y medioambiental.

Otra medida, no menos absurda, prevé la centralización para el Ministerio de Agricultura del poder de decidir la utilización de nuevos agrotóxicos, decisión que correspondía también al Ministerio de Salud y Medio Ambiente. Si estamos hablando de alimentos, es impensable que los órganos de salud y los propios consumidores no estén presentes para evaluar los riesgos nocivos de nuevas sustancias que van al plato de la gente.

¡La población quiere y debe estar presente en las votaciones que interfieren en sus vidas!

Los proyectos como los que afectan la vida de la población deben necesariamente pasar por una consulta popular, plebiscitos y otras formas democráticas directas, como plantea el programa del PSOL. Pero en un Congreso que no está al servicio de los de abajo y que definitivamente no representa a la clase trabajadora y los oprimidos no puede ser responsable de aprobar medidas que definen el rumbo de sus vidas.

Incluso el discurso capitalista del lucro, que la bancada ruralista presenta como argumento, al afirmar que la no utilización de nuevos agrotóxicos acarrean en perjuicios billonarios, no tiene sentido. La mayor productividad agrícola puede ser obtenida con mejoras técnicas, procesos innovadores de una producción volcada hacia los intereses internos y no de una medida que busca el lucro inmediato de los terratenientes.

Un proyecto que, como otras prácticas agrícolas, tiende a destruir / agotar la vida humana y el mbiente, no tiene ninguna preocupación por la vida y las condiciones básicas de esta y de las próximas generaciones. Además, el perjuicio en la salud pública será mucho mayor, es innegable que tal medida esté ligada directamente con la salud, y que eso significa el aumento de pacientes con enfermedades crónicas. Esto fue confirmado por varios expertos del área. Incluso hoy, sin la liberación de esos nuevos agrotóxicos, diversos casos de cáncer y hasta pubertad precoz se constató en poblaciones que viven cerca de los lugares donde se usan agrotóxicos.

La propia ONU envió una carta en el mismo mes de la aprobación del proyecto alertando contra el paquete del veneno, diciendo que el paquete hiere el derecho del pueblo brasileño a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. «Nosotros manifestamos la preocupación de que los múltiples cambios propuestos al marco legal e institucional existente referente a los agrotóxicos puedan debilitar significativamente los mecanismos de protección que son vitales para garantizar los derechos humanos de agricultores, comunidades que viven en torno a lugares de aplicación de agrotóxicos, y de la población que consumo los alimentos producidos sobre la base de estos productos químicos «, afirma el documento. También son oficialmente contrarios al proyecto órganos como el Ministerio de Salud, Consejo Nacional de los Derechos Humanos, MPF, IBAMA, Fiocruz, INCA, Ministerio Público del Trabajo, Defensoría Pública de la Unión y hasta la Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) que no es ningún ejemplo de la defensa de alimentos saludables.

Ataque directo del Gobierno a los trabajadores, pequeños productores y consumidores

La Cámara de Diputados también aprobó el pasado lunes (02/07), la PL que restringe la venta de productos orgánicos, buscando atender aún más y únicamente a las grandes empresas beneficiadas por el cambio de reglamentación del uso de los agrotóxicos. El absurdo aún mayor es que el ponente de ese proyecto, Luiz Nishimori (PR-PP), es el mismo parlamentario que fue ponente de la PL del Veneno. Básicamente, el proyecto prohíbe que grandes corporaciones como Pan de Azúcar, Extra, Carrefour y Walmart vendan productos orgánicos que se negocian directamente con el productor. La venta de productos orgánicos quedará restringida a ferias abiertas o propiedades particulares.

Este paquete de proyectos aprobados en una semana representa un ataque directo a la seguridad alimentaria de la población, a la integridad del medio ambiente, a los trabajadores rurales – que ya son duramente castigados por los pesticidas – y los pequeños agricultores.

Es necesario organizar inmediatamente una movilización callejera un frente único entre consumidores, pequeños productores, ambientalistas, ribereños, originarios, pues ese proyecto pone en riesgo además de la seguridad alimentaria, todo el medio ambiente, pone en peligro a la salud de toda la población.

*traducción Rosi Luxemburgo

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