por Martín Anarresti

Las últimas semanas viene creciendo una denuncia motorizada por la investigación del periodista de “el destape”, Juan Amorín. La primera parte de lo revelado daba cuenta de que el financiamiento de la campaña del PRO-Cambiemos en el 2017, que postulaba a Ocaña y Bullrich en provincia de Buenos Aires, estaba basada en una serie de aportes de montos entre $300 y $15000 pesos. La campaña de 2017 recaudó $43 millones de aportes individuales y $153 millones provenientes de empresas. Revisando la situación de estos aportantes, se descubrió inicialmente que muchos de ellos[1] pertenecían al listado de beneficiarios de planes sociales (AUH, Ellas hacen, monotributistas sociales). Cuando se les preguntó a algunas de esas personas si efectivamente habían aportado a la campaña de Cambiemos, respondieron que no lo habían hecho, ni lo harían bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando de personas en situación de indigencia, asistentes a comedores, desempleados en muchos casos. A partir de allí, fueron aumentando los casos, y muchos candidatos de Cambiemos, algunos que siguen formando parte de la alianza y otros que han roto políticamente con ese espacio político, empezaron a denunciar que ellos tampoco habían hecho los aportes que allí figuraban. Es decir, la situación empezó a tomar ribetes barcelonescos, en consonancia con muchas de las acciones y declaraciones a las cuales nos tiene acostumbrados el gobierno macrista. El empresario y ex candidato del PRO en Ituzaingó, Osvaldo Marasco, contó que hace tres años se usaron los nombres de candidatos oficialistas para “blanquear” cerca de 40 millones de pesos como “aportes privados” en 81 municipios bonaerenses. “El 100% de los aportes son truchos. Lo mismo con las cenas: inventaban una ‘cena de recaudación’ y decían que juntaban plata. Mentira, nadie hacía donaciones. La forma de blanquear la plata fue copiar las listas que mandamos a la junta electoral y ponerles montos de hasta 50 mil pesos”, explicó Marasco al portal Diagonales. De la misma forma se expresó Silvia Torigino, presidenta del Concejo Escolar PRO en Pergamino: “Soy docente, con ese sueldo es imposible que yo done semejante cifra de 25.000 pesos”. Todos los días aparecen nuevos testimonios en el mismo sentido.

Pero la cosa es seria. Por un lado, estamos hablando de millones de pesos[2], no sólo en la campaña de 2017, sino también en la del 2015, para la que se va relevando una trama similar. Paralelamente, muchas personas beneficiarias de planes sociales declaran que no hicieron aportes, y que tampoco son afiliados al PRO, como figura en la inscripción legal de este partido.[3] Por lo que la legalidad misma del partido es subproducto de una masiva suplantación de identidad.

Cuando la ficha salta en todos los terrenos

Ahora bien ¿quiénes dibujaron estos balances contables y esta legalidad partidaria? Dos figuras que aparecen como ideólogos directos, son Federico Salvai y Fernanda Inza. Salvai es Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y fue jefe de la campaña bonaerense en 2015 y 2017. Es a su vez, marido de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social. Sí, el ministerio que administra los planes de asistencia social, y los datos de las personas beneficiarias. Marasco (ex PRO Ituzaingó) declaró que “Federico Salvai, Alex Campbell y todos los cercanos a Vidal, se manejaban con plata de ñoquis de la Capital Federal” y “todo lo manejaba el ministro (Edgardo) Cenzón, que era el que manejaba la plata negra del pro en Capital”. Por otra parte, Fernanda Inza fue la tesorera de la campaña legislativa del 2017. El periodista Juan Amorín escribió que Inza “es creadora de las afiliaciones y los aportes falsos de 850 personas pobres en 2017, y es quien designó a su tía de 84 años como responsable financiera de la campaña en 2015”. A su vez Vidal designó, apenas estallado el escándalo, a la mismísima Inza como contadora general de la Provincia de Buenos Aires para verse obligada a desplazarla lo más velozmente posible.

“Si te molesta la corrupción, cuando te explique la plusvalía te vas a caer de culo”

Esta frase ha sido meme y grafiti en Argentina desde hace tiempo. Hace referencia a que la corrupción es solo un aspecto del funcionamiento del capitalismo, que de por sí ya conlleva un robo en su dinámica “normal”. En una sociedad basada en el enriquecimiento de unos pocos a costa del trabajo y la vida de las amplias mayorías, la corrupción de los sectores dominantes es inevitable. Sí hay aportantes que no fueron tales ¿de dónde salió esa plata que fue a parar a las arcas de Cambiemos? Esta trama revela los manejos del PRO en pos de oscurecer su financiamiento, ligado a las empresas que hacen millonadas con sus políticas. Esta vez han quedado expuestos, pero se trata de sacar las conclusiones políticas de porqué han realizado esta matufia.

El PRO hizo de sus campañas, su estilo político, sus discursos y declaraciones, un canto a la transparencia que supuestamente encarnaban. Los notorios e innegables casos de corrupción durante el gobierno K fueron el caballito de batalla del macrismo, en el intento de confundir a buena parte de la población para convencerla de que el ajuste era inevitable[4]. Ha sido un eje sistemático de su política, y buenos resultados electorales les ha dado. Si bien lo han intentado construir para todos los candidatos macristas, la quintaescencia de ese perfil es la propia Vidal, sarcásticamente apodada Heidi en los círculos de trabajadores que comienzan a hacer la experiencia con la gobernadora. Y esta trama conduce de manera final a su responsabilidad como presidenta del PRO y principal dirigente de este espacio político en la provincia de Buenos Aires.

A esto se podría agregar que esta situación marca un episodio más de un largo derrotero de corrupción, negociados con el Estado a través de licitaciones, de estatizaciones de deudas empresarias, de superposición directa de intereses por parte de los ministros de este gobierno de CEOs (con Macri y su familia a la cabeza), y un largo etcétera que ya ha llenado páginas y páginas. Pero ésta denuncia específica marca una debilidad del gobierno en su propio terreno discursivo y para la cual no tiene respuestas, básicamente porque es una gran chanchada inocultable. Pinta de cuerpo entero la hipocresía de este gobierno que no sólo ganó las elecciones mintiendo y que ahora hace un ajuste que juró y perjuró que no iba a hacer. Sino que, además, ni siquiera los fondos de esa campaña ni la legalidad misma del PRO como partido escapan a la lógica del engaño y la pose, la sonrisa falsa y el método punteril[5]. El problema de fondo solamente lo pueden resolver los trabajadores y el pueblo luchando contra el ajuste y la represión estatal, contra los capitalistas privados y estatales, contra esta sociedad podrida hasta los huesos, tomando en sus manos la administración y el funcionamiento de los asuntos sociales.

[1] Uno de cada cuatro. el numero fue variando, actualmente son 850 personas

[2]Casi 2 millones en 2017, pero sigue aumentando la cifra

[3] Recordemos que la ley estipula un porcentaje de la población (el 4 por mil de la provincia en cuestión, hasta un límite de 4000 ciudadanos, que es por ejemplo el número de afiliados necesarios para la provincia de Buenos Aires) que tiene que estar afiliado al partido, para que éste pueda inscribirse legalmente, y pueda presentarse a elecciones.

[4] Observando la base de datos de los aportantes a otras alianzas electorales, figuran aportes de personas como “aaaaaa, baaaaaaa” por $50000, $22000, $15000 y $40000 al “frente justicialista somos entre ríos”. Es muy probable que otros partidos patronales hayan realizado maniobras similares, y que de hecho lo vengan haciendo hace tiempo

[5] Los partidos de izquierda realizamos de manera pública nuestras campañas de legalidad, y financieras. Como parte de esas campañas, solemos explicar que los partidos patronales (PRO, UCR, PJ, etc.) no realizan las mismas acciones debido a que cuentan con el manejo del estado para “cumplir” con los requisitos legales de la justicia electoral, la misma que suele poner mil y un palos en la rueda a la hora de otorgar las legalidades partidarias de la izquierda. De la misma manera, el financiamiento de los partidos revolucionarios, se produce bajo el criterio y la tradición de la independencia política del Estado y las patronales, basado en los aportes de sus militantes, simpatizantes y amigos. Amén de un magro porcentaje fijo que destina el Estado sobre el dinero gastado en campaña, que beneficia más a los grandes partidos capitalistas. Ahora, están buscando imponer una dinámica que incluso pretenden -con la nueva ley electoral de la cual hay rumores- volver más antidemocrática y más pro-patronal, a imagen y semejanza del sistema yanqui.

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