Por Víctor Artavia

26 de julio, 2018

Hoy se cumplen 100 días del inicio de la rebelión popular contra el gobierno de Daniel Ortega. A lo largo de estas semanas se produjeron decenas de marchas por todo el país, se levantaron tranques en el 80% de las carreteras e, incluso, hubo ciudades liberadas que desconocieron al gobierno central y decretaron un autogobierno.

Ante esto, el gobierno desató una escala represiva brutal, operando un verdadero giro dictatorial para aplacar el proceso de rebelión. En otras notas hemos analizado los aspectos políticos de esta lucha, ahora queremos enfocarnos en algunos datos sobre la represión de la dictadura de Ortega.

100 días de represión

De acuerdo a la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), en su último informe detallan que 448 personas han sido asesinadas producto de la represión de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales. Recordemos que cuando la ANPDH dio su último informe el 11 de julio, las cifras brindadas era de 351 personas asesinadas, por lo que en cuestión de quince días se contabilizan 97 muertos más: ¡un promedio de 4,48 personas asesinadas por día!

Además los heridos pasaron de 2.100 a 2.830, de los cuales 72 tiene lesiones de por vida. Pero más dramática es el aumento de los desaparecidos o secuestrados, que pasaron de 329 a 718 personas, dando cuentas de la modalidad de represión selectiva.

La nueva táctica represiva de Ortega: criminalizar la protesta social

En las últimas semanas el gobierno de Ortega desarrolla un operativo para criminalizar a las principales figuras de los movimientos sociales que encabezan las protestas en contra de su régimen dictatorial.  De esta manera complementa la “Operación Limpieza”  (operativos de gran escala sobre comunidades) con la represión selectiva para descabezar a sus opositores.

Varios dirigente sociales y políticos están siendo detenidos de forma arbitraria.

El caso más sonada es el de Medardo Mairena, referente del movimiento campesino anti-canal que fue detenido con la falsa acusación de ser el autor del asesinato de varios policías en una zona rural del país, aunque cuando ocurrieron los hechos estaba participando en una manifestación en Managua y los policías que sobrevivieron el ataque atestiguaron (con videos) que los autores del crimen fueron los parapoliciales. Junto con el fue detenido otro activista campesino, Pedro Mena. La CIDH denunció que Mairena está siendo torturado con palizas sistemática y se le privan de sus derechos fundamentales como el derecho a la defensa o contactarse con sus familiares.

En condiciones similares fueron detenido cinco activistas estudiantiles de Matagalpa, quienes inicialmente fueron acusados de poseer armamento, aunque luego los cargos fueron modificándose.

En estos días trascendió que el gobierno intenta captura a Oscar René Vargas, fundador del FSLN y actual opositor al gobierno, que viene publicando artículos de análisis sobre el proceso de rebelión popular (accesibles en Viento Sur) y que hace pocos días realizó una intervención en el programa IV Poder de la televisora 100% Noticias, donde denunció la “pinochetización” del gobierno y detalló varios escenarios para sacar a Ortega del poder.

Las leyes contra el terrorismo

También el gobierno de Ortega aprobó nuevas leyes para “legitimar” el encarcelamiento de las personas manifestantes.

En este marco aprobó de forma expedita dos nuevas leyes donde amplía la definición de “terrorismo”: la “Ley de Unidad de Análisis Financiero” (UAF) y la “Ley contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Estas leyes definen como terrorismo “aquella acción en la que incurre cualquier persona que mate o lesione a quienes no participen en una oposición durante un conflicto armado, también todo aquel que dañe bienes públicos o privados para intimidar a la ciudadanía, así como quien altere el orden constitucional u obligue a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”[i]. La pena para estos cargos oscila entre los 15 y 20 años de prisión.

Además faculta al gobierno para perseguir a quienes financien tales actos, dando vía libre para encarcelar a quiénes aporten recursos para una movilización o protesta. En estos casos las penas van de los cinco a siete años de cárcel.

¡Ya basta de represión! ¡Abajo la dictadura de Ortega!

Desde le Nuevo Partido Socialista (NPS) y la corriente Socialismo o Barbarie (SoB) nos sumamos a la denuncia internacional contra la represión de la dictadura de Ortega, y exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos.

Además denunciamos la política de la izquierda agrupada en el Foro de Sao Paulo que emitió un respaldo a los crímenes de Ortega, acusando a la rebelión popular de ser un golpe de Estado blanco patrocinado por los Estados Unidos, algo que no resiste la prueba de los hechos. Incluso todos los detenidos son referentes de movimientos sociales y populares, quienes salieron a luchar contra la represión brutal del gobierno contra las protestas que exigían la derogación de la reforma neoliberal al INSS. Sin duda el imperialismo yanqui está procurando interceder en el proceso para controlarlo y evitar su radicalización, lo cual queda evidente con su llamado a continuar el diálogo y adelantar elecciones, sin exigir la salida de Ortega del poder como lo hace el pueblo nicaragüense en las calles.

[i] Ortega logra aprobación de ley que amplía concepto de “terrorismo» para encarcelar a manifestantes. En https://www.ameliarueda.com/nota/ortega-impulsa-ley-terrorisma-encarcelar-financian-manifestantes (Consultada el 26 de julio de 2018).

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