“La situación actual se parece más a la de la crisis de 1975, que se trató de solucionar con el megaajuste del Rodrigazo: un sinceramiento cambiario que implicó una fuerte devaluación y un ajuste fortísimo de las atrasadas tarifas de los servicios públicos. Llevó a una tremenda protesta sindical que logró expulsar a José López Rega del poder y una recomposición de los sueldos” (Jorge Oviedo, La Nación, 16 de diciembre del 2013).

En las últimas semanas se han acelerado los tiempos políticos en el país. Como aprendiz de brujo, el gobierno multiplicó la aplicación del ajuste inflacionario a una economía que ya venía “inflacionada”. Conclusión: se termina el año en un nuevo escalón cercano al 30% anual de aumento de los precios, lo que presiona al alza, también, los reclamos de los trabajadores, en primer lugar de los estatales, que venían más rezagados.
Sobre este trasfondo operó el planteo policial. En un alzamiento prácticamente sin precedentes de las policías provinciales de todo el país, valiéndose del “poder de fuego” de ser una fuerza armada y dejando “zonas liberadas” para coadyuvar al desarrollo de saqueos, impusieron aumentos de entre el 50 y 100% en sus básicos.
El ejemplo policial muestra cómo es la intrincada dialéctica de los procesos sociales: no siempre siguen una línea recta. Lo que fue un reclamo reaccionario, y cuyas consecuencias políticas son derechistas (el fortalecimiento de una fuerza represiva), desde el punto de vista económico contradictoriamente perforó de antemano el plan del gobierno de establecer un techo a la baja en las paritarias del 2014. Ahora mismo, comenzando por los estatales, pero siguiendo por los docentes y el resto de los trabajadores, todo el mundo quiere aumentos como los logrados por los represores.
De ahí que llegando a las fiestas de fin de año, se estén multiplicando los reclamos. Este 19 de diciembre, en el 12° aniversario del Argentinazo y en momentos en que sale esta edición, se estará realizando una importante movilización de Congreso a Plaza de Mayo cuyo centro serán los trabajadores estatales acompañados por la mayoría de las fuerzas de la izquierda, así como se vienen llevando adelante otras luchas, todas por el mismo reclamo central: el deterioro del salario.

La base material del problema es el durísimo ajuste inflacionario que puso en marcha el gobierno. Con un discurso “alambicado”, como haciéndose el “tonto”, la realidad es que el gobierno salió de la derrota del 27 de octubre decidido a multiplicar las medidas de ajuste económico. Sin decirlo abiertamente, buscó generar una suerte de “colchón” en materia de ganancias empresarias, ingresos del Estado, divisas, etcétera, esto por el expediente de una serie de medidas que impusieran una caída del nivel de vida de los trabajadores.
Primero, con la salida de Moreno, pretendió ganar algunas semanas de remarcación sin límite de los precios, así como se otorgó un fuerte aumento oficial a las naftas. El resultado: la inflación bordea el 30% anual llegando fin de año, un nuevo récord para la administración K. Como multiplicando estos efectos, dejó correr la cotización del dólar oficial, que se devaluó entre el 40 y el 60% proyectado anual, algo sideral y cuyo efecto es el mismo que el del aumento de los precios: multiplicar la escalada inflacionaria.
Mientras tanto, avanza en sus compromisos para el pago de la deuda externa con los organismos internacionales, lo que al debilitar aún más las reservas en manos del BCRA, tiende también a multiplicar las presiones inflacionarias: los pesos valen cada día menos frente a una reserva de dólares que se achica a pasos acelerados.
¿Cuál es la explicación de este acelerado pasaje de un cuadro de deterioro económico a uno de lisa y llana crisis económica como la que se está viviendo ahora? Sencillo: el gobierno le está echando nafta al fuego. Mediante la implementación de un ajuste inflacionario, lo único que está logrando es multiplicar las presiones al alza de los precios.
No es que el gobierno sea idiota o no sepa lo que está haciendo. Pasa que su acción tiene una premisa que no se está verificando: suponer que en este cuadro de situación se podría lograr un “acuerdo social de precios y salarios” donde, esta vez sí, los trabajadores, por intermedio de la burocracia sindical, aceptarían salarios a la baja.

Ahí es dónde se colocó el planteo policial. No se recuerda un levantamiento simultáneo de la mayoría de las fuerzas policiales en el país. La base material del levantamiento tuvo que ver con los bajos ingresos que estas fuerzas represivas estaban recibiendo.
Pero hacía falta un detonante, y ese detonante fue Córdoba. No es que se tratara de la policía peor paga del país. Pero se le acababa de “cortar”, o más bien suspender, el “chorro” de sus ingresos. Porque hay que saber que el salario en blanco de la policía es sólo una parte minoritaria de sus ingresos.
La policía es un aparato represivo profesional podrido hasta la médula –en sus mandos y en su “base”, y con una estructura heredada de la dictadura militar que ningún gobierno “democrático” atinó a cambiar–, inextricablemente entrelazado con todas aquellas actividades supuestamente “ilegales”: la trata de personas, el narcotráfico, los juegos de azar, los robos grandes y pequeños, los negociados y el tráfico ilegal en las fronteras.
Aquí hay una cosa a destacar. La policía lucra, precisamente, con la administración de estos tráficos supuestamente “prohibidos”: la ilegalidad de estas actividades es la fuente de sus negocios y, socialmente, la hace parte de la misma composición social de esta “burguesía de las sombras”: el elemento desclasado, el lumpen, la burguesía mafiosa.
En Córdoba, el status quo de estos negocios había quedado cuestionado en medio de la crisis política del gobierno de De la Sota y de los mandos policiales. En ese escenario irrumpe el reclamo, y se generaliza una situación de “tierra de nadie” en las calles por intermedio de los saqueos alentados y/u organizados por la misma policía, así como de los espontáneos, cuyo trasfondo es la creciente crisis social que se vive entre amplios sectores populares.
En medio de una situación que se salía completamente de control, y de la pelea con el gobierno nacional, De la Sota capitula y les concede a las fuerzas policiales un aumento sideral. De allí la explosión nacional del reclamo policial, la urgencia con que sale el gobierno K a satisfacer sus reclamos, incluso ampliándolos al conjunto de las fuerzas de seguridad.
Ser represor pasa a ser una tarea mejor paga que en el pasado, un poco, quizás, como previendo los tiempos álgidos que se vienen y la necesidad de tener una fuerza armada disciplinada para meter gases y balas de goma y de verdad.

Esto nos lleva al otro problema que tiene el gobierno. Si apostó por la vía del ajuste inflacionario, no es porque carezca de racionalidad. Lo que sería racional económicamente, no lo es desde el punto de vista sociopolítico, y viceversa. El kirchnerismo arrastra un problema que es el del conjunto de la patronal y que no se ha podido resolver: que el país sea normal. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo: que en la Argentina el grado de conflictividad y movilización social es mayor que el de la media. Sigue en la conciencia colectiva la experiencia del 2001. Una “gimnasia” movilizadora y luchadora heredada de aquellos acontecimientos que, en verdad, hace parte de las tradiciones de la clase obrera de nuestro país.
De ahí que el gobierno tema como la peste anunciar un ajuste abierto y ortodoxo de la economía (lo racional desde el punto de vista económico) como le está pidiendo, todavía más o menos por lo bajo, la patronal. Es que el costo político y social de un ajuste así, no está claro que podría soportarlo sin llegar a una salida anticipada del poder; sin una crisis de gobernabilidad.
En los últimos 30 años la realidad es que cada crisis profunda de la economía se saldó con una enorme crisis política y social, y con salidas anticipadas del gobierno. Alfonsín debió renunciar en medio de una crisis hiperinflacionaria. De la Rúa en medio de una corrida bancaria, la hiperdesocupación y el estallido del 1 a 1.
En cualquier caso, es verdad que la situación actual podría parecerse más a la del Rodrigazo, cuando este ministro de Economía de Isabel Perón pretendió ajustar la economía por intermedio de un tremendo ajuste de los precios y las tarifas e imponiendo paritarias dramáticamente a la baja. El país estalló, Rodrigo salió eyectado del gobierno y luego vinieron los militares a hacer el trabajo del ajuste manu militari.
Está claro que el escenario actual no es tan dramático, y la posibilidad de un retorno de los militares no tiene nada que ver con las relaciones de fuerzas actuales. Pero hay sí un punto en común con esa situación, o con la ocurrida bajo Alfonsín: una escalada imparable de los precios que lleva, tarde o temprano, a algún tipo de estallido económico y plantea en el horizonte la posibilidad de una crisis de gobernabilidad. No como producto de la mera “encuesta” electoral del 27 de octubre, sino del debilitamiento del gobierno sobre el trasfondo de la crisis económica y las relaciones de fuerzas en obra.

No hay ninguna crisis que pueda ser, por sí misma, ‘mortal’ para el capitalismo. Las oscilaciones de la coyuntura crean solamente una situación en la cual será más fácil o más difícil al proletariado derrocar el capitalismo. El paso de la sociedad burguesa a la sociedad socialista presupone la actividad de personas vivas, que hacen su propia historia. No la hacen por azar ni según su gusto, sino bajo la influencia de causas objetivas determinadas. Entretanto, sus propias acciones –su iniciativa, su audacia, su devoción o, por el contrario, su estupidez y su cobardía– entran como eslabones necesarios del desarrollo histórico” (León Trotsky, ¿A dónde va Francia?, Juan Pablos Editor, México D.F., 1975, pp. 55.)
En las filas de la izquierda la crisis policial desnudó lo que ya se sabía: que el FIT es una cooperativa electoral que no pasa la prueba de la lucha de clases. Tres posiciones distintas conviven en dicho frente respecto de las fuerzas represivas. Ni siquiera eventos más clásicos de la lucha de clases los pueden encontrar unidos. Se trata de la necesidad de impulsar –mediante la más amplia unidad de acción– la irrupción de los reclamos de los trabajadores en la palestra nacional.
De esto se trata la movilización del 19 de diciembre. Intentar que detrás de un correcto programa cuya base sean los reclamos de los trabajadores, la clase obrera comience a tallar en el escenario nacional.
Aunque parezca una verdad de Perogrullo, impulsar las cosas para ese lado es hoy la tarea más importante de la izquierda que se dice revolucionaria. Al servicio de esto debería estar, también, la enorme conquista de las representaciones parlamentarias, y no para el “autoconsumo” reformista de cada grupo político.
Es que la política de los revolucionarios se debe ordenar, siempre, alrededor de las necesidades de la lucha de clases, de los intereses generales de los trabajadores (como afirmaba Marx en el Manifiesto del Partido Comunista), y no del ombligo de las sectas intrascendentes y sin ningún futuro histórico.
Esto se pone de manifiesto cuando se observa la actitud común de la flor y nata de la burocracia sindical. No solamente Caló y Yasky juegan a no hacer olas. Está el caso de Moyano, jugado por el recambio burgués en el 2015 de la mano de Massa. Su posición es que hay que apostar a la “paz social”, a planchar el reclamo. De ahí que se haya quedado en el amague, no solamente respecto de un eventual “paro general” que nunca estuvo en sus planes (la burocracia siempre impulsa este tipo de medidas cuando considera que las condiciones generales no se van a desbordar). También levantaron la amenaza de paro de los camioneros, negociando con los empresarios del sector una suma fija para fin de año.
De cualquier modo, y más allá de las demás burocracias, en este caso se trata de aprovechar la circunstancia de la presión que tiene el michelismo por hacer algo; la movilización de hoy jueves puede ser de mayor importancia relativa que las últimas. Al mismo tiempo tiene que servir como punto de apoyo para ir planteando y comenzar a organizar por abajo una tarea que seguramente se va a ir imponiendo conforme el ritmo de la crisis económica se vaya acelerando: una verdadera huelga general que derrote el ajuste inflacionario K.
Para estas tareas no valen ni el objetivismo que diluye la maduración del factor consciente de la clase obrera, ni el subjetivismo caprichoso de las sectas. Sólo hace falta sostener una política revolucionaria.

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