Ministra Débora Giorgi – 

Actuando  en representación del gobierno nacional, tal cual lo expresado por la Presidenta en su discurso desde Río Gallegos el sábado pasado, la ministra de Industria fue la portavoz del mensaje más duro contra los trabajadores de Gestamp que reclaman y contra los que apoyan su lucha. Denunció la actitud de los compañeros que se subieron al puente-grúa como violenta y que atentaba contra los trabajadores que estaban en la planta, tratando de enfrentarlos con los despedidos. Subiendo aún más los decibeles, los acusó de extorsión, poniendo términos que utiliza el texto de la Ley antiterrorista sancionada en el 2011 para poder condenar a los que cuestionan los actos del poder empresarial  y político. “Esta ley ha sido muy cuestionada por diferentes sectores sociales, debido a que la norma deja abierta la posibilidad de que las huelgas y protestas sociales puedan ser calificadas como actos terroristas. También se da la crítica en cuanto al hecho de que los jueces interpreten libremente las ‘acciones terroristas’ o ‘actos extorsivos a las autoridades’, ya que en uno de los artículos menciona que impondrá desde 5 a 20 años de prisión o reclusión, aquellos que forme parte de la asociación que con las medida que toma aterrorice a la población u obligue al gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.” (buenastareas.com, negritas nuestras)

En este caso, el ataque directo fue a los que defienden sus puestos de trabajo, cuando el gran caballito de batalla de este gobierno es haber puesto fin a la hiperdesocupación de la etapa del gobierno neoliberal de Menem.

Dichas estas acusaciones, voló a Brasil a tratar de remendar con este país comprador de Argentina la difícil situación de la industria automotriz. Hoy el gobierno se apresuró a anunciar las grandes inversiones de Mercedes Benz que hará en el país por 170 millones de pesos en un nuevo modelo de camioneta, que fueron gestionadas justamente, entre otros, por el dirigente del gremio mecánico y diputado del FpV, Oscar Romero. Los obreros de Gestamp le pusieron luz roja a una situación que gobierno, empresarios y burocracia querían hacernos tragar que “no pasaba nada”, que no había despidos ni suspensiones.

Según la funcionaria de la cartera de Industria, los trabajadores incurrieron “en una secuencia de hechos de violencia”, están instigados por “espacios políticos con intereses propios” y “no es sustentable la permanente extorsión de grupos minúsculos que defienden sus intereses en detrimento de la mayoría de los trabajadores que quieren trabajar”.

Para ella y su gobierno peronista, los trabajadores son “sus compañeros” solamente cuando cumplen obedientemente y sin chistar los planes de ajuste del gobierno y respetan los cuerpos orgánicos de los sacrosantos sindicatos encabezados por los dirigentes bendecidos por la amistad con el papa Francisco. Dirigentes que, no dejando de impactarnos con sus entregadas cotidianas, decretaron un estado de alerta y movilización del SMATA… ¡para garantizar la seguridad y las ganancias patronales!

Pero cuando los trabajadores deciden luchar (en este caso no por aumento de salarios ni por condiciones de trabajo sino para conservar su fuente de ingresos para subsistir) y ser “artífices de su propio destino” se convierten en extorsionadores y posibles “terroristas”.

El movimiento obrero no va a olvidar las ya históricas y heroicas jornadas de Gestamp. Tampoco las palabras de la ministra Georgi. En su duro aprendizaje, lleno de peleas y contradicciones, marchas y contramarchas, sabrá identificar a sus enemigos y a quienes, disfrazándose de protectores y defensores del trabajo, lucran con su esfuerzo a favor de las patronales y los burócratas sindicales.

Repudiemos las declaraciones de la ministra Giorgi y redoblemos la solidaridad con los que luchan para impedir que les apliquen las leyes antiobreras contra su libre organización y determinación.

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