Se acabó el “juicio del siglo” de manera abrupta y sin más dilaciones. La Corte yanqui, con su rechazo a analizar la causa, le dio la razón al juez Griesa (de primera instancia), cuyo fallo a favor de los buitres fue refrendado por unanimidad por los tres jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. También fue unánime la decisión de la Corte de no tomar el caso: salvo una jueza que se excusó de participar, los otros ocho “justices” votaron igual: contra la Argentina.
No fue inesperado, aunque había cierta expectativa de ganar tiempo si la Corte pedía la opinión del gobierno de Obama. En estas páginas ya habíamos planteado los escenarios posibles. Hoy la situación es la más delicada y grave de todas las que haya vivido la Argentina desde el default de 2001. Es cierto que la solvencia es mayor; el monto involucrado es, en principio, menor, y existe la posibilidad de abrir una vía negociada. Pero para el gobierno, en estas circunstancias, hasta la mejor solución lo deja muy maltrecho política y económicamente, y casi todas las demás opciones bordean el desastre.
A llorar al juzgado de Griesa
Lo más grave de dejar firme el fallo de Griesa es conocido: el gran problema no son los 1.330 millones de dólares de la demanda original de los buitres, sino la catarata de reclamos que la sentencia puede, y va, a disparar. Por lo pronto, hay otros buitres haciendo fila en el juzgado de Griesa, como el más salvaje de todos, Kenneth Dart (un verdadero delincuente de las finanzas que hasta tiene prohibido el ingreso a EE.UU.). Con los reclamos de esta gente se llega a unos 7.000 millones de dólares. Pero hay más complicaciones que retomaremos luego.
Empecemos por lo inmediato. Primero, el gobierno intentará ganar unas semanas con un pedido de reconsideración (“rehearing”) a la Corte, que siempre es denegado, pero que mientras tanto le permitiría saltar la primera valla: el vencimiento de deuda del 30 de junio. Si por la razón que fuere la relación con el juez y los buitres está cortada, legalmente ese pago puede ser bloqueado o embargado, lo que es igual a default.
Para que se entienda: todos los pasos y medidas tomados por el gobierno en el orden económico externo desde hace casi dos años, y sobre todo desde el año pasado, tenían como meta sacarse de una vez el maldito karma de ser un país en default. Todos: el arreglo de los juicios en el CIADI (pagando), la indemnización a Repsol (pagando, claro), el convenio con el FMI sobre el tema INDEC (volviendo a tener relación fluida con el Fondo del que supuestamente nos habíamos “independizado”) y el reciente acuerdo con el Club de París.
La frutilla del postre, la que iba a coronar el regreso triunfal a los mercados financieros internacionales y al plan de endeudamiento externo (única fuente posible de las divisas que escasean), era resolver el juicio de los buitres. Pero la frutilla estaba envenenada, y por primera desde 2001 vuelve la posibilidad cierta de cesación de pagos.
Como habíamos advertido, el peligro mayor no son los buitres sino los otros acreedores, los que entraron al canje. Porque en virtud de una cláusula de los bonos de deuda canjeados con quita en 2005 y 2010, esos acreedores ahora tienen derecho a reclamar toda oferta mejor que se haga sobre ese canje. Y esa “oferta” llega ahora, no de manera voluntaria sino forzada: los buitres ganaron el juicio por el 100% de su acreencia. Según explicó el ministro Axel Kicillof, si los acreedores “honestos” reclaman la misma oferta que a los buitres, invocando esa cláusula (llamada RUFO, sigla en inglés de “derechos sobre ofertas futuras”), el estado debería pagar otros 15.000 millones de dólares. Lo que es, sencillamente, imposible: las reservas no alcanzan. Y otra vez la palabra que empieza con “d”.
¿Cuál es la alternativa? Que Griesa se apiade de la Argentina. Aunque suene grotesco, al gobierno no le queda mucho más. Apiadarse significa que habilite una negociación entre los buitres y el Estado argentino. Y que en esa negociación los buitres acepten un arreglo que empiece en 2015, para dejar afuera a los demás acreedores. En verdad, en este asunto el gobierno necesita la piedad de Griesa, de los buitres y de todos los santos. Lo que el fallo descarta son los versos y las medias tintas, como veremos enseguida.
Donde mueren las palabras
El discurso de Cristina del lunes a la noche, así como las declaraciones de Kicillof el martes, no aclararon mucho el panorama. Al gobierno no le queda margen para seguir haciendo lo que hizo hasta ahora: pagar religiosamente y a la vez darle cuerda al relato. El fallo de la Corte es la muerte del verso: o se acata (y en ese caso lo único que cabe hacer es pagar, o arreglar cómo y cuándo pagar) o no se acata. Si no se acata, el gobierno tira a la basura todo su laborioso bordado político y económico para volver al circuito financiero internacional. Y además, como se señala en nota aparte, no acatar significa prepararse para tomar medidas de represalia en serio frente al imperialismo. Ni en sueños el kirchnerismo se plantea ese escenario.
Entonces se acata el fallo. Pero eso significa aceptar todas las condiciones del fallo. La especulación de hacer un nuevo canje bajo ley argentina, que lanzó la propia Cristina, es una muestra de desubicación total, por varias razones. Primero, Griesa dijo con todas las letras que no aceptará eso; es más, lo considera una burla a su sentencia. No se puede decir “vamos a pagar” y al mismo tiempo pretender imponer condiciones. El gobierno aceptó ir a juicio y perdió. O se banca las consecuencias en su totalidad o repudia el fallo. El hecho de que el fallo legal sea definitivo implica que ya no hay margen para término medio ni para “consideraciones políticas”.
Justamente, el sentido del fallo, como se dice en nota aparte, es que la ley yanqui (al menos para países como Argentina) es impermeable a la política: si los buitres tienen la ley de su parte, marche preso. La “voluntad de pago”, la “irresponsabilidad”, las “consecuencias para las futuras reestructuraciones de deuda” y, ni hablar, los “derechos de las naciones soberanas”, para Griesa, la Cámara de Nueva York y la Corte Suprema yanqui son cháchara, discurso politiquero, papel mojado, menos que nada. Los buitres van a ir al juzgado con el fallo de Griesa y una pregunta muy sencilla: ¿el gobierno argentino va a pagar o no? Si paga, bien; si propone algún plan de pago razonable, habrá negociación; si no paga, los argumentos políticos son hojarasca: que Griesa declare el default y se acabó el partido.(1)
A este obstáculo esencial se agrega otro de orden práctico: según las mismas cláusulas de emisión de los bonos del canje, para que Argentina emita nuevos bonos con jurisdicción legal en Buenos Aires y no en Nueva York haría falta un consenso mínimo del 85% de los acreedores. Y eso es casi imposible: entre esos acreedores hay muchos fondos de inversión que ya se están relamiendo con la cláusula RUFO antes mencionada que podría habilitarles jugosos pagos (aunque a riesgo cierto de default). Y en todo caso, ¿por qué habrían de considerar más conveniente o fiable un discurso de Cristina para la tribuna que una sentencia del máximo tribunal de EE.UU.? ¿Porque son “amigos de la Argentina”?
Las vacas flacas que se vienen
Los abogados suelen repetir una frase: es preferible un mal arreglo antes que un buen juicio. En este caso es casi al revés: el gobierno ya tiene la peor de las sentencias posibles, y tiene que lograr transformarla en un arreglo que será sin duda muy perjudicial pero que al menos evite la catástrofe del default. Ésos y no otros son los términos de la situación.
Repetimos: la fantasía de cambiar la jurisdicción, la invocación a los nobles ideales de la justicia, la denuncia al neoliberalismo y la rapiña financiera, los discursos del Papa (hizo una declaración casi inmediata después del fallo), el apoyo del Tercer Mundo y hasta del FMI (que teme con toda razón por las futuras reestructuraciones de deuda), son muy útiles para hacer política y alimentar el “relato”. Sin duda todo eso tendrá un nuevo capítulo el 20 de junio en Rosario, donde estará Cristina por el Día de la Bandera, fecha ideal para nuevas efusiones patrioteras que no cuestan nada y no logran nada.
Pero cuando hay un fallo judicial en contra no hay relato que valga: o se toma la decisión de pagar, con todas las consecuencias y condiciones del caso, o se repudia todo. Y las señales que dio el gobierno (aunque el “mercado” las considera algo equívocas), conociendo el paño, son claras. El kirchnerismo va a hacer lo de siempre (ver nota aparte): pagar religiosamente y tratar de presentar eso como una épica de la soberanía y la independencia. Esta vez hay dos diferencias. Primera, que va a tener que pagar con mucho menos margen financiero que otras veces, incluso comprometiendo seriamente la estabilidad económica y política de la transición a octubre de 2015. Y segunda, que hablar de épica mientras se negocia contra reloj con los mismos buitres a los que antes se verdugueaba no va a sonar muy convincente.
El kirchnerismo “puro” ya empezó a empapelar las calles con carteles y pintadas de “Patria o buitres”. Que alguien les avise que se quedaron en el 2012 (o en la mera retórica de Cristina, cada vez más vacía y opuesta a los hechos). Porque, a menos que el gobierno elija el camino de la confrontación total (que la propia Cristina y el resto del gobierno desmienten a cada minuto), sólo queda el camino de la resignación total a negociar, en las peores condiciones imaginables, con los peores acreedores y el peor juez imaginables.(2)
Y ése es el escenario más favorable para el gobierno: que Griesa y los buitres acepten que haya negociación, y que la oferta a los buitres sea lo suficientemente seductora como para que firmen un acuerdo con vigencia desde 2015 (de modo de dejar afuera a los demás acreedores).
Si se logra esa sucesión de milagros, quedará una hipoteca bien pesada para 2015 y años subsiguientes (por eso la oposición acompaña una vez más al gobierno, muy preocupada). Esto es, con menos dólares, menos pesos, más ajuste, menos inversión, más desocupación, menor salario real.
Y si no se logra, el default está a la vuelta de la esquina.
Marcelo Yunes
Notas
1. Aclaremos el punto del llamado “default técnico”, una figura con la que el gobierno alguna vez especuló. Según Gabriel Torres, director de calificación soberana de la agencia Moody’s (una de las tres más importantes del mundo), el default técnico es cuando se paga todo pero se incumple algún detalle de lo pactado. Si un solo acreedor deja de recibir un solo dólar, para Moody’s es default a secas. En consecuencia, la idea de canjear la jurisdicción de los bonos para esquivar el pago a los buitres, a su juicio, conduce al default sin más (Ámbito Financiero, 17-6-14).
2. Como era de esperar, casi en el mismo momento en que Cristina y Kicillof ejercían la valentía verbal con que “no negociaremos bajo cualquier condición”, “pagaremos, pero no aceptaremos extorsiones” y otras demostraciones de bravura, los abogados del estudio yanqui que defiende la posición argentina hacían todas las presentaciones de rigor ante el juzgado de Griesa para ver si lograban sortear el primer obstáculo: que el juez neoyorquino llame a las dos partes a negociar en vez de bajar el martillo y dejar paso a los bloqueos y embargos.