Nombran a César Milani jefe del Ejército nacional

Entre acusaciones de la oposición y duras críticas dentro del propio oficialismo, el gobierno ha nombrado a César Milani jefe del Ejército argentino. Milani es un “sapo” difícil de tragar debido a su participación en la última dictadura militar. Tiene abierto un juicio por la desaparición de Alberto Ledo, además del secuestro y torturas de Ramón Olivera y su padre, a lo que se suman denuncias por enriquecimiento ilícito y acusaciones de espionaje a periodistas y políticos de la oposición. El argumento que esgrimen los K en su defensa sería que no hay nada comprobado. Que Milani no estaba al tanto de los crímenes perpetrados por los militares en esos años. Que en La Rioja, donde él estaba en servicio, la represión fue “pasiva” y “de baja intensidad” y que “desconocía la existencia de un centro clandestino de detención en el Batallón 141 de Ingenieros”.

La vuelta a la “obediencia debida”

La estrategia de pintar a Milani como un “Lassie” ajeno a todo lo que sucedió en los 70 es tan absurda que entró en crisis en las propias filas del kirchnerismo. Es que poner al frente del Ejército a un genocida compromete el perfil de “gobierno de los derechos humanos” levantado en estos 10 años. Además, su justificación de que Milani “no sabía dónde estaba metido” es un retorno a la “obediencia debida”, a considerar culpables sólo a los altos mandos del Ejército mientras se absuelve a torturadores porque “estaban obligados a obedecer”, una lógica aberrante que sólo puede servir para dejar el aparato represivo lleno de genocidas (hoy con más de 4.000 efectivos de la dictadura en actividad).

Nora Cortiñas (Madres línea fundadora) calificó el nombramiento como «un retroceso en la lucha contra la impunidad»: «[Milani] no puede hacerse el ingenuo, no puede decir que no se daba cuenta de lo que pasaba. [En esos años] no hubo ningún militar que pueda decir que no se daba cuenta de lo que estaba pasando»(1). También Horacio González (carta abierta) se opuso. Verbitsky (CELS) declaró que es “inverosímil” que Milani no estuviera al tanto de las detenciones ilegales, y, sobre la “pasividad” represiva en La Rioja afirmó que “Mientras él estuvo allí fueron asesinados por militares y policías el obispo Enrique Angelelli, los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longeville y el laico Wenceslao Pedernera”.(2)

Como vemos, sectores progresistas del kirchnnerismo han salido a despegarse en lo que respecta a Milani ante lo evidente de su participación en los crímenes perpetrados en la dictadura. Es que para los simpatizantes progres de un gobierno que construyó un relato de lucha por los derechos humanos, el trago amargo se hace difícil de pasar. El nombramiento de Milani, al tiempo que el ajuste económico en curso, parecen anunciar el “fin del relato progresista K”.

Un Ejército que responda al gobierno nacional y garantice la gobernabilidad

El acenso de Milani busca subsanar una vieja herida abierta de la burguesía argentina, “reconciliar” a la sociedad civil con una de las instituciones más desprestigiadas del Estado: el Ejército nacional. No es para menos; los militares han sido responsables de los hechos más sanguinarios y aberrantes de la historia argentina. El secuestro, tortura y asesinato de 30.000 compañeros. Proceso con el cual se descabezó la organización militante de una juventud y una clase obrera en acenso. Hoy los milicos son repudiados por la mayoría de la población y en especial por los jóvenes.

Sobre este sentimiento genuino se apoyaron los K para cooptar (mediante el encarcelamiento de algunos genocidas) a amplias franjas de la sociedad y a organismos de derechos humanos. Pero la realidad es que nunca han ido a fondo contra los crímenes de la dictadura, y si han condenado a un puñado de milicos ha sido para relegitimar al Estado burgués y sus fuerzas represivas de conjunto.

Es que la gran tarea que se propusieron los K luego de la rebelión del 2001, que cuestionó todo el sistema de gobierno con el “que se vayan todos”, fue “normalizar” el país, para lo cual se vieron obligados a otorgar ciertas “concesiones” políticas y económicas al tiempo que buscaban lavarles la cara a las instituciones. Es así que en estos 10 años se han esforzado por fortalecer las instancias de la democracia indirecta (como el Parlamento y el Poder Judicial) como espacios de “mediación” contrapuestos a la lucha directa en las calles. Y si no han podido reprimir todo lo necesario para terminar con las protestas, han abierto en cambio, miles de causas y procesos contra luchadores obreros y populares, como el caso extremo del reciente juicio a los petroleros de Las Heras.(3)

Sin embargo, la herencia del Argentinazo no se ha podido reabsorber del todo, y aún existen relaciones de fuerza heredadas de la rebelión popular del 2001. De ahí que las asambleas y piquetes sean reacciones habituales ante cualquier descontento (desde un corte de luz a un reclamo salarial), mostrando una tendencia del pueblo a la resistencia que marca un límite para los K y su normalización capitalista del país.

El gobierno necesita garantizar una gobernabilidad sin sobresaltos hacia 2015, y para ello requiere fuerzas armadas con cierta legitimidad para hacer pasar el ajuste económico. La reciente crisis policial demostró lo peligroso que puede ser perder el control de los uniformados. La Gendarmería fue un importante punto de apoyo con el que contó el gobierno para que la situación no se le vaya de las manos, enviando destacamentos a las zonas críticas donde había riesgo de saqueos y desborde social, llegando al caso incluso en Tucumán a interponerse entre la represión de la policía y los manifestantes.

Espionaje nacional y popular

Pero además, hay que destacar el rol que el Ejército viene jugando en las tareas de espionaje e inteligencia interior. El senador radical Gerardo Morales denunció a Milani por espionaje contra él y un periodista de Clarín. “Tengo informaciones concretas de que en el Edificio Libertador hay una sala de situación, en el séptimo piso, en el que están realizando tareas de inteligencia interior en forma clandestina”. No nos extraña que esto sea así cuando han salido a la luz el espionaje a dirigentes políticos y sociales de izquierda, como el denominado “proyecto X” a cargo de Nilda Garré.

El Ejército ocupa actualmente el rol que cumplió años atrás la SIDE, hoy desprestigiada por su rol en la dictadura. El espionaje es vital para un gobierno cuya táctica es criminalizar la protesta social, recopilando información para abrirles causas a los luchadores obreros y populares.

El acenso de Milani, con su amplia trayectoria en la división de inteligencia, plantea un fortalecimiento de las funciones de inteligencia del Estado. Han ascendido hombres a puestos clave, a la vez que aumentado en $1.300.000 el presupuesto para inteligencia. Hechos repudiables, que en este contexto sólo pueden significar un fortalecimiento de las fuerzas represivas del Estado de cara a la transición política en curso.

Juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes de la dictadura

El nombramiento de Milani es una más de las manifestaciones de los verdaderos intereses que defienden los K, y en ese sentido llamamos a los sectores progresistas a abandonar su apoyo al gobierno y unirse a la pelea por construir una perspectiva independiente y de lucha por el fin de la impunidad. Desde el Nuevo MAS repudiamos el nombramiento de este genocida al frente de la institución más reaccionaria del Estado, así como exigimos juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes de la dictadura, el desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje del Estado y el cese de la represión a las luchas obreras y populares.

Sabemos que todo esto lo conseguiremos con la organización desde las bases de la clase trabajadora y no confiando en un gobierno capitalista que procesa y encarcela a los luchadores para pasar un duro ajuste inflacionario mientras premia a los represores con jugosos aumentos de sueldo.

Facundo M.

Notas

1-      La Nación, lunes 23 de diciembre de 2013.

2-      «El cantinero sabía», artículo de Horacio Verbitsky sobre la designación de César Milani (Página 12, domingo 22 de diciembre de 2013).

3-      Recientemente han sido condenados a cadena perpetua trabajadores petroleros de Las Heras por la muerte de un policía en una pueblada durante un conflicto salarial. Lo trucho del juicio sin pruebas, con testigos que declararon bajo amenazas y golpizas, muestran hasta dónde puede llegar el gobierno en su búsqueda de criminalizar la protesta social.

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