El Mundial ya fue, la realidad nacional volvió con todas sus determinaciones. El gobierno de Cristina Kirchner está atravesado por una serie de dificultades que aún no han encontrado su equilibrio. Las negociaciones con los fondos buitres están estancadas, los plazos se acortan. En ese escenario se ciernen sobre el Gobierno los problemas más estructurales de la economía argentina: caída de la producción, inflación, conflictividad social. El Gobierno, ni lerdo ni perezoso, pretende reconstruir su relato por intermedio de una nueva épica: “la gesta contra los fondos buitre”. Esta es una remake mal cuidada de su original: “no le pagaremos un peso a los buitres”, pero no por eso pierde su efecto.

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, fue elocuente frente a Caló y Yasky cuando éstos le plantearon, servicialmente, el problema del impuesto al salario: “Esperen por lo menos diez días, para ver si se arregla con los fondos buitre, después les contestamos”. Es decir: “no jodan, nuestra prioridad es otra”.

Pero vayamos de a poco.

Los buitres sobrevuelan…

El tema que gana todos los titulares es el consabido conflicto de la deuda externa. A esta altura la desgastada cantinela del Gobierno del desendeudamiento quedó casi archivada. Lo que se está evaluando en la “city” de Nueva York es el monto de “reendeudamiento”, aunque este para nada es un trámite sencillo y sin contradicciones para el Gobierno nacional.

Está claro que las veleidades rupturistas del oficialismo están aplacadas. Desde hace un par de meses el discurso de los funcionarios del Gobierno y de la misma Presidenta, no hacen más que repetir hasta el cansancio que “ellos tienen voluntad de honrar las deudas”. Es decir, de continuar su papel de pagadores seriales, pero este rol no están dispuesto a asumirlo sin más trámite; antes de pagar quieren negociar los montos y formas de pago.

Ahí es donde se complican los asuntos, porque en principio los fondos buitre tienen todas a su favor. Cuentan con los fallos de la justicia yanqui que los alzaron con un triunfo legal en toda la línea, segundo porque a la Argentina le corren los plazos y vencimientos con los otros acreedores, ese 93% que sí entró al acuerdo de 2005/2010. El 30 de junio el Gobierno desembolsó 600 millones de dólares en concepto de pago de vencimientos. Esos pagos fueron parcialmente frenados por una orden del juez Griesa y quedaron en un limbo legal que generó demandas cruzadas de distintos actores. El asunto es que si ese limbo no se resuelve antes de fin de mes Argentina cae en cesación de pagos. Frente a esta situación, en principio, las opciones del Gobierno son dos: o llega a un acuerdo con los buitres que libere el pago al resto de los bonistas, o consigue que Griesa habilite el pago que él mismo había frenado… Esta última opción, al momento de escribir estas líneas, fue negada nuevamente por el magistrado yanqui.

Hay una tercera opción, la de declarar el no pago, pero esta vía fue previamente descartada por el Gobierno, puesto que supondría tomar una serie de medidas revolucionarias y anticapitalistas que contradicen los intereses de clase que defiende el kirchnerismo; distinto seria caer en “default selectivo”, es decir, simplemente no poder pagar en las condiciones puestas por Griesa, algo que el gobierno desliza como eventualidad, pero no es lo que quiere ni lo más probable.

Aunque el acuerdo no estaba, todos apostaban a que la sangre no llegaría al río. En las últimas semanas los mercados se mostraron confiados de que la Argentina y los buitres llegarían a algún acuerdo, pero los días pasan y el tan esperado acuerdo no se concreta. El asunto aquí es cómo esquivar la famosa cláusula RUFO que pusieron tanto Néstor como Cristina, en la que garantizaba a quienes entraran en el canje de bonos que a nadie se le haría una mejor oferta de pago, o, en caso contrario, si algún acreedor lograba mejores condiciones, se generalizada a los demas. Es decir, el problema está en cómo cerrar algún acuerdo que permita al Gobierno pagarle a los buitres, sin que habilite al otro 93% a reclamar los mismos beneficios que a estos últimos, situación que elevaría la deuda externa a proporciones astronómicas al estilo 2001.

Llegado a este punto, el affaire de la deuda y los fondos buitre está dejando entrever algunos oscuros nubarrones en el cielo, lo que está sembrado mayor incertidumbre en el horizonte económico.

…sobre una economía en dificultades

Los problemas para Cristina no están sólo en algún rascacielos de New York. Es que mientras las dificultades se yerguen en el horizonte, la situación en el país no está para nada tranquila.

En los últimos días empezaron las danzas de números negativos. La inflación acumulada en los primeros seis meses oscila entre los 15,5% que anuncia el poco creíble índice del INDEC y los 21,1% que calculan las consultoras privadas que anuncia la oposición en el Congreso. Esta inflación afecta directamente las posibilidades de consumo de los trabajadores que vieron caer entre un 1,4% en mayo y un 2,5% en junio su consumo, marcando un 0,7% en la comparación entre el primer semestre de 2013 y su par de 2014. El superávit comercial (es decir, la relación entre las importaciones y las exportaciones) registró una baja del 28% durante el primer semestre de este año. A este dato se llega como producto de una caída tanto de las exportaciones como de las importaciones, lo que refleja un achicamiento de la actividad económica. Otra manifestación de las dificultades económicas que está atravesando el país es la caída de la producción industrial. Según datos de consultoras privadas, la industria cayó en promedio durante este primer semestre un 4,1%. Las cifras son aún más graves cuando se analizan algunas ramas en particular: “La mayor contracción en el primer semestre del año correspondió a la producción de autos con una caída del 21.1% y la metalmecánica un 9%, en términos interanuales”¹.

En esta situación los analistas prevén que un buen acuerdo con los buitres podría significar una caída del PBI de entre el 1,5 y el 2%, pero un mal acuerdo podría sumar otros 2 puntos a la misma.

Pero más allá de las especulaciones, lo concreto es que esta crisis económica ya les está costando caro a los trabajadores. Éstos se ven amenazados por dos vías. Por un lado la inflación que erosiona el sueldo, junto al “impuesto al salario” que se come los aumentos conseguidos; y por la otra por las suspensiones y despidos acordadas entre el Gobierno, la patronal y la burocracia que los dejan directamente en la calle.

Ante la crisis los conflictos se endurecen

La ola de despidos y suspensiones no se detiene y no está claro el grado de profundidad que tendrá ésta. Lo cierto es que como venimos planteando desde estas páginas, las supuestas suspensiones no son otra cosa que despidos encubiertos que los trabajadores tienen que organizarse para salir a enfrentarlos. Prueba de esto son el caso de Gestamp y el actual conflicto de Lear que ya lleva un mes, así como la lucha en curso de los obreros de EmFer. Al cierre de esta edición, la automotriz Volkswagen anunció 1.100 nuevas suspensiones por 15 días, las que se suman a las miles que ya hay en la industria automotriz.

Estas tres luchas muestran un escenario de creciente endurecimiento de parte de la patronal, de la burocracia y del Gobierno. En Gestamp, en el marco de la heroica lucha de los compañeros (más allá de la actual defección de uno de sus delegados que tratamos en nota aparte) que se colgaron del puente-grúa, el gobierno provincial de Scioli montó una verdadera provocación legal al decretar la conciliación obligatoria, y una vez que los obreros la acataron, levantarla y desconocer la existencia del conflicto. Escándalo político y legal que no tiene antecedentes en nuestro país. En el caso de los compañeros de la EmFer, éstos tuvieron que enfrentar sendas represiones de parte de Gendarmería en la General Paz, sin que medie negociación alguna. Éstos lograron doblegar la represión al parapetarse en el interior de la planta y obligar a una primera negociación. La lucha de los compañeros continúa (al cierre de esta edición se informó del despido de 40 trabajadores). En Lear, la burocracia, más allá de los vericuetos legales, consiguió montar una trucha “asamblea a punta de pistola” donde pretendió desaforar a la legítima comisión interna de los trabajadores y habilitar de este modo el despido de sus integrantes. Hace mucho tiempo que no se veía a la burocracia intentar una medida de este tipo que está reñida con todo principio de democracia obrera y que es nula de toda nulidad.

Por otro lado, el Congreso Nacional está preparándose para votar una nueva “ley antipiquete” como la llaman ellos, que en la realidad es una ley contra la protesta social (ver nota aparte). Esta ley no sólo regimenta, dificulta e impide tomar verdaderas medidas de lucha, es decir, medidas de lucha que estén a la altura de los ataques y el endurecimiento represivo del Gobierno y sus aliados; sino que además se presenta de la manera más cínica junto con una supuesta amnistía a los luchadores populares. Es decir, que el Gobierno reconoce que tiene a miles de luchadores presos y procesados y está dispuesto a intercambiarlos por una ley que garantice que volverá a detenerlos a ellos y a miles más. La izquierda, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil y todos los sectores democráticos deben movilizarse para repudiar e impedir que se concerte este atropello a las garantías democráticas.

Mantenerse firmes y redoblar la solidaridad con los sectores en lucha

El escenario actual marca un gobierno con crecientes dificultades que pretende cargarlas sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo. Para este fin ha iniciado junto con la patronal y la burocracia sindical, un paulatino endurecimiento de sus ataques y respuestas al movimiento obrero. Los trabajadores deben tomar en cuenta esta situación y prepararse para luchas más duras donde se debe mantener una mayor firmeza y confrontación para poder detener los avances sobre sus derechos. La izquierda debe estar a la altura de las circunstancia y redoblar su esfuerzos para rodear de apoyo a todos los sectores en lucha. En este momento el centro de la conflictividad está en que los compañeros de EmFer y de Lear triunfen. Para este fin, el Nuevo MAS, pone a disposición su fuerza militante levantando las banderas del triunfo de estas peleas, del paro de 36 horas, de la lucha democrática contra la criminalizacion de las huelgas obreras y del no pago de mi un dólar a los fondos buitre.

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