Para que los buitres cobren y el gobierno pueda seguir pagando

Default selectivo. Default light. Default controlado. Griesafault. Default no traumático. Default transitorio. Default ma non troppo. “Palabra nueva que habría que inventar”, según Cristina. Es seguro que seguirán las gestiones y negociaciones, incluso vencido el plazo para hacer efectivo el pago del 30 de junio. Pero por ahora, Argentina está en default. Es cierto que se trata de un default que admite todas las matizaciones del principio, y sin duda es muy distinto del default de 2001. Pero sus consecuencias no pueden minimizarse, y en cierto modo, tampoco preverse. Y el gobierno trabaja para salir de él en los próximos días.

El kirchnerismo jugó con fuego en el último tramo de la negociación con los buitres. Ahora es cuestión de ver quiénes, cuándo y cuánto salen quemados. Pero para el equipo de negociación era preferible siempre esto a lo que percibían como el verdadero fin del mundo: la habilitación de la cláusula RUFO, con la consiguiente catarata de juicios y reclamos que no sólo son impagables, sino que hacía estallar todo el esquema de reestructuración de deuda iniciado con el canje de 2005. Es decir, el derrumbe de un pilar central del kirchnerismo, no sólo como “relato” sino también como gestión del país. Por eso eligió esperar a que cuaje una negociación “privada” con los buitres por intermedio de varios bancos, aunque eso signifique entrar en default por unos días… en el mejor de los casos.

Con una ayudita de mis amigos banqueros

No alcanzó con la gestión de último momento a instancias de ADEBA (los bancos nacionales), que había hecho renacer en el gobierno la posibilidad de un acuerdo. Inclusive, Kicillof viajó de urgencia a Nueva York (para esa eventualidad había acompañado a Cristina a Venezuela) a buscar un arreglo vía que los bancos compren el reclamo (los bonos de deuda) a los buitres. Esa compra se haría con bonos en dólares (los buitres ya habían dado el OK para algo así), que los bancos pagarían al Estado en pesos. La vaquita de los 250 millones organizada por Jorge Brito, de Banco Macro, era para hacer un primer depósito como garantía de buena fe de toda la operación. Si los buitres aceptaban, le pedían a Griesa que reinstalara el stay, el pago del 30 de junio se concretaba y no había default.(1)

Quedan pocas dudas de que la colecta que pidió Brito fue a instancias del gobierno. No hay que engañarse por su actual apoyo a Massa: Brito fue siempre, con la excepción de Carlos Heller, del Credicoop, el banquero de mejor diálogo con el gobierno. Es muy probable que la gestión de Brito haya sido impulsada por Fábrega, el titular del Banco Central (no es seguro si con o sin acuerdo de Kicillof; las internas en el oficialismo existen, pero tienen límites). Inclusive, en la negociación estaba Sebastián Palla, hoy directivo del Macro pero ex miembro del equipo económico de Lavagna y uno de los encargados del canje de bonos de 2005.

Una vez más, los “mercados” pecaron de exceso de optimismo. Al conocerse en la tarde del martes que había un cuarto intermedio en la reunión para seguir negociando, se olió un principio de acuerdo y todo lo argentino (bonos y acciones) subió fuerte. Cuando se conoció la iniciativa de los bancos argentinos, directamente todos dieron por hecho el acuerdo desde la mañana del miércoles 30: la Bolsa voló, los bonos argentinos tuvieron una estampida, el dólar blue y el riesgo país se desplomaron. Los “mercados” gastaron a cuenta de lo que no fue, y la reacción en contrario no tardó nada: ya en las transacciones post cierre del mismo miércoles las acciones argentinas con cotización en Nueva York (ADR) se venían abajo estrepitosamente. Y el jueves a la mañana, la Bolsa caía y lo que subía a lo loco era la cotización del dólar blue.

La negociación entre los banqueros y los buitres fue febril, contra reloj, y no hubo fumata blanca. La versión de que todo se cayó por lo que dijo Kicillof en la conferencia de prensa del 30 a la tarde es seguramente exagerada. Después de todo, cuando Kicillof dijo que los buitres “no aceptaron la propuesta argentina, que era que ingresaran al canje”, sólo estaba guardando las formas. Era obvio que la verdadera propuesta a los buitres no era ésa, que los buitres rechazarían de plano (tienen un fallo judicial a favor, después de todo).

Así, cuando vio que el agua le llegaba al cuello, el gobierno acudió a un recurso al que hasta ahora había rechazado por razones de “relato” (y el mal recuerdo del “blindaje” de 2001 gestionado por Cavallo): la intervención de los bancos. Esta posibilidad no fue un pase de magia de último momento, como algunos creen. De hecho, Martín Lousteau, ex ministro de Economía K, hoy en el frente UNEN, lo había sugerido hace poco en estos términos: “Esto se resolvería fácil con que un grupo de bancos compre el juicio, porque son las entidades bancarias las que más perderían en un escenario de default” (Ámbito Financiero, 30-7-14). Otro ex funcionario K devenido opositor, Aldo Pignanelli, que fuera director del BCRA, decía lo mismo: los bancos tienen mucho para perder, por sus fuertes tenencias de bonos de la deuda actual, cuya cotización caería mucho con un default. La alternativa estaba sobre la mesa hacía rato; era cuestión de tomar la decisión política de adoptarla, cosa que Cristina evitó hasta que los plazos dijeron basta.

A todo esto, el gobierno debía aparecer como completamente ajeno para que todo quedara como “iniciativa privada” sin la menor intervención del Estado. Toda otra actitud disparaba la cláusula RUFO (siempre volvemos a lo mismo). Así, Kicillof decía haberse enterado del asunto “por los diarios”.

¿Está caída esa negociación? Para nada; sigue su curso, lo que no significa que el éxito esté asegurado. Pero ya hay un acuerdo en el monto a pagarle a los buitres: 1.600 millones de dólares. Los buitres quieren resolver en qué plazos y cuotas se paga esa cifra; los banqueros hacen números para ver cómo recuperan la inversión sin que aparezca de modo demasiado visible la mano del Estado. Sí, adivinaron, otra vez por la RUFO.

Hay otra razón por la cual el Estado tiene vedado intervenir en este eventual acuerdo entre bancos y buitres: otra cláusula de los canjes de 2005 y 2010, llamada “negative pledge”, estipula que se considera directamente causal de default que el Estado, con fondos propios, salga de garante de cualquier acuerdo con bonistas ajenos al canje (“Garantía privada para que no se viole el prospecto del canje”, P. Wende, Ámbito Financiero, 30-7-14). Como se ve, la voluntad de ambas partes (gobierno y buitres) de llegar a un acuerdo debe sortear todo tipo de obstáculos: políticos, legales y técnicos.

El default no es definitivo y la negociación sigue

A todo esto, los actores patrocinantes del acuerdo cambiaron. La iniciativa original fue de los bancos nacionales (ADEBA), justamente los más permeables a las necesidades del gobierno (y los más expuestos en bonos de deuda). Pero eso tenía sus complicaciones: tienen poca espalda financiera, y encima algunos (como el propio Banco Macro) tienen fuerte participación estatal, del 20-25%, vía la ANSeS. Y toda cosa que huela a Estado o que pueda ser interpretada como accionar estatal disfrazado, ya saben: RUFO otra vez. De modo que tomaron la posta otros bancos extranjeros (se habla del HSBC, el Citibank y JP Morgan), a los que se sumaron empresas de las más importantes, nacionales y extranjeras. Los intereses, después de todo, son comunes.

Cerrar este acuerdo “privado” con los buitres puede llevar, horas, días, semanas o puede caerse del todo. Pero esta solución, en el fondo, les conviene a todos los involucrados directamente en ella. A Griesa, porque su fallo en el fondo se cumple. Al mediador Pollack, porque sus buenos oficios habrían servido de algo. A los buitres, porque reciben garantías (dinerarias, no verbales) de que van a cobrar sus acreencias. Al gobierno, porque salvado este escollo consigue enderezar el barco hacia el objetivo de endeudarse alegremente (sin RUFO a la vista) y que la cuenta la pague el que sigue. A los bancos, porque más allá de su patriótico aporte van a tener jugosas ganancias financieras (por la suba de los bonos) y en comisiones. A los “mercados”, porque los valores de bonos y acciones argentinas se dispararían, como ocurrió el miércoles hasta el anuncio de Kicillof. A los empresarios locales, porque sin default y en el marco del regreso del país a los mercados financieros les será más fácil y barato el acceso al crédito externo. A las compañías extranjeras, porque se les abren nuevas posibilidades de inversión con un gobierno que las recibirá con los brazos abiertos y, posiblemente, menos restricciones para las remesas de divisas.

El propio Griesa sabe que todo esto es así. Es un juez pro buitre, y los buitres son la peor lacra. Pero no hay que caer en la demonización infantil que hacen los K y el “Cabildo Abierto”, sino entender qué es lo que mueve a unos y a otros. Y tanto Griesa como los buitres saben que lo que más conveniente es que se llegue a un acuerdo, no que la cosa se estire indefinidamente, que caigan más pleitos, que se traben más pagos, que haya pedidos de embargo, que Argentina accione en la Corte Internacional de La Haya y que todo se complique hasta el infinito. De ahí que Griesa sigue poniendo fechas de nuevas reuniones, cada vez más seguido y con plazos más cortos, para que la cuestión tenga final feliz. Y para Griesa y los buitres, el final feliz no es la “quiebra de la Argentina” o “quedarse con Vaca Muerta”, sino que haya arreglo, que los buitres cobren lo suyo y el “juicio del siglo” se cierre de una buena vez.

Si ese acuerdo tendrá lugar o no, como viene ocurriendo hasta ahora, depende de varios factores. La voluntad de las partes (gobierno, buitres y Griesa) está. El “tercer actor” necesario para esquivar la RUFO, los bancos, también está. La plata, de alguna manera, va a aparecer. Lo que todavía falta es que se alineen los demás intereses: el gobierno quiere garantías legales de que no va a haber RUFO y de que el acuerdo va a ser políticamente digerible; los buitres quieren garantías en dinero y seguridad de cobro; los banqueros quieren saber cómo van a recuperar su inversión. Queda por verse si las negociaciones de las próximas horas, o días, lograrán resolver esas necesidades propias de cada parte en aras de satisfacer una necesidad común: que los buitres cobren y el gobierno pueda seguir pagando. Al fin de cuentas, con default de dos días, de una semana o de cinco meses, de eso se trata toda esta historia.

Marcelo Yunes

Notas

1. Mientras tanto, no “técnicamente” sino legalmente, el país está a punto de ser declarado en default. La calificadora de riesgo Standard & Poor’s ya puso en situación de SD (default selectivo) a la deuda soberana argentina). Para los inversores que compraron CDS (credit default swaps, seguros contra default), lo importante es lo que decida la entidad que declara oficialmente un default, la ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Para el gobierno argentino y el resto del mercado financiero, nada de eso tiene importancia siempre que el acuerdo con los buitres se concrete. En ese caso, que por razones operativas haya un default de 48 horas, o una semana, no angustia a nadie.

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