Pagar, pagar y seguir pagando

“En los jefes de los principales bloques opositores parecía imponerse una actitud de apoyo a la iniciativa. Los caciques de UNEN y el macrismo (…) siempre sostuvieron la idea de pagar. Y lo que propone este proyecto de ley es pagar, preservando los intereses del 93% de los bonistas que aceptaron el canje de sus papeles. Con esa condición, aceptan que se avance con los pagos del resto de los bonistas que no han acordado” (I. Zuleta, Ámbito Financiero, 20-8-14).

Nuevos capítulos de la novela gobierno-buitres. Cristina anunció un proyecto de ley para cambiar el domicilio de pago de deuda pública, removiendo al Bank of New York Mellon como agente fiduciario y designando en su reemplazo a una subsidiaria del Banco Nación. El “relato” recobra nuevos bríos, además, con el reclamo contra EE.UU. Pero detrás del griterío asoma una férrea voluntad política: pagar la deuda, y cada vez más. Como dice el mismo gobierno, “el problema es que no nos dejan”. Veamos algunas de las implicancias de la nueva situación.

Aunque no se dice en voz alta, el apuro de la medida obedece en primer lugar a un problema a corto plazo que amenazaba complicar aún más las cosas: el vencimiento de deuda del 30 de septiembre. Ocurre que Griesa había aceptado “por única vez” dejar correr algunos de los pagos del 30 de junio, pero en la próxima fecha el default se iba a ampliar a otros bonos. Por otra parte, más allá de la retórica antiyanqui, el proyecto de ley es bien cuidadoso: no propone el cambio de domicilio de manera compulsiva sino “optativa”, de manera de evitar un cambio flagrante de las condiciones originales del canje.

Dicho esto, lo más probable es que la justicia yanqui considere a Argentina “en desacato” (figura legal que en EE.UU. es bastante seria, ya que configura delito, pero que jamás se aplicó a un estado soberano). Si Griesa juega fuerte y plantea el desacato y/o la aplicación de la cláusula Discovery (1), el gobierno subirá la apuesta acudiendo a cuanto foro internacional exista para desautorizar al juez, a la justicia yanqui o al gobierno de Obama. Todo con resultado legal incierto, pero con saldo político favorable y saldo económico negativo asegurados de antemano.

Plata para todos y todas (buitres incluidos)

En realidad, el proyecto de ley representa un cambio respecto del esquema de pagos que había hasta ahora. Por primera vez se incluye en los pagos a la totalidad de los acreedores, esto es, también al 7% que quedó fuera de los canjes. Por supuesto, eso incluye a los fondos buitres (que no deben confundirse con los holdouts, término que designa a todos los que no entraron a los canjes, sean fondos buitre o no).

El proyecto representa un verdadero blindaje para los acreedores, ya que un fideicomiso en el BCRA administrará todos los depósitos que haga el Tesoro nacional para pagar la deuda. Como dijo Cristina, “nadie podrá tocar esos fondos, porque son de nuestros acreedores”, es decir, los seres cuyos derechos son los más sagrados sobre la faz de la tierra. ¡Al nivel de ingresos de los trabajadores (paritarias) o a la caja de los jubilados (ANSeS) decididamente no los protege ninguna ley ni ningún fideicomiso!

Pero volvamos a los pagos. La idea del gobierno es depositar en Buenos Aires el vencimiento del 30 de septiembre correspondiente a los bonos de ambos canjes, pero también se depositaría una suma adicional, contemplando las mismas condiciones del canje, por los bonos de los holdouts. De todos: buitres y no buitres.

Esto significa varias cosas. Primera, una voluntad de mostrarse como “pagador serial”, incluso de aquellos bonos que aún no tiene obligación de pagar. Recordemos que el juicio de los buitres (y el fallo de Griesa en su favor) representa sólo una parte minoritaria del total de los holdouts. Segundo, a esa voluntad de pago el gobierno le pone condiciones: que no sea en los términos de Griesa, sino los que el gobierno acepta (y que no violan la famosa cláusula RUFO que impide mejorar la oferta del canje a los holdouts). Tercero, busca usufructuar políticamente una situación en el fondo incómoda pero que es la que el gobierno prefiere: quedar como alguien que paga “razonablemente”, pero sin admitir “abusos” financieros (buitres) o legales (Griesa). Y cuarto, la continuidad de los pagos le permite al gobierno intentar una cobertura legal para que todo este sainete no sea considerado default del todo.

Mientras tanto corren los días hasta enero, pero a esta altura, enero es el larguísimo plazo y el escenario puede ser cualquier cosa entre más o menos encaminado o totalmente enrarecido. En previsión de esto es que el proyecto de ley, sin largarlo abiertamente ni como centro de la cuestión, empieza a preparar los pasos para un nuevo canje a gran escala de todos los bonos de 2005 y 2010 con nueva jurisdicción. Así lo define el artículo 7 del proyecto de ley, en caso de una “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los servicios de los títulos reestructurados” (léase más fallos de Griesa).

Por supuesto, el gobierno cuenta con el rechazo de los fondos buitre a la propuesta de pagarles lo mismo que al resto. Y con eso hace política, porque dice, sin faltar a la verdad, que si los buitres cobraran eso tendrían una ganancia del 300% sobre la plata que efectivamente pagaron por bonos ya en default, “pero quieren más del 1.000%, porque son buitres”. Sí, y porque tienen un fallo judicial a favor. Por ahora, no tienen motivos para resignarlo.

Gastando en política lo que no se tiene en la economía

El kirchnerismo “político” vive horas casi felices. “Relato” a full, discursos y denuncias contra EE.UU., una oposición condenada a convalidar iniciativas ajenas o a hundirse en el cipayismo más abyecto y protagonismo político casi exclusivo de Cristina y su elenco. Pero detrás de esa “épica” vienen las cuentas a pagar, las arcas semivacías y los problemas que se avecinan, en todas las variedades del futuro: inmediato, cercano, de mediano plazo y de largo.

Todas las medidas del gobierno son para pagar, ninguna para el objetivo declamado, que es “salvaguardar la sustentabilidad de la economía”. Como hemos dicho en otras ocasiones, en ese rubro el gobierno se lleva a marzo muchas más materias de las que cree aprobar en el ámbito político (ni siquiera electoral).

Por lo pronto, caídas casi sin remedio las negociaciones “privadas” con los buitres en busca de un arreglo, la paciencia de los “mercados” con el gobierno y con la Argentina se agota rápidamente, como lo demuestra el derrumbe lento pero sin pausa de títulos, bonos y acciones estatales o privadas, en Buenos Aires o en Nueva York. El dólar blue bate récord tras récord. La inflación sólo se detiene en las estadísticas del INDEK (que ha dilapidado la poca credibilidad que había intentado recobrar en enero pasado). El frenazo económico se siente en todos lados, con su corolario de despidos y suspensiones. El superávit de la balanza comercial, único ingreso genuino de divisas (aunque logrado con métodos no tan genuinos) está en serio riesgo. Y para frenar todo esto el Banco Central tiene 29.000 millones de dólares. De la Rúa y Cavallo, en diciembre de 2001, tenían 30.000.

Las situaciones, claro está, son distintas (y ambas cifras están infladas en cuanto a su disponibilidad real). Pero el hecho es que las reservas del Estado eran, antes del default de 2001, del 10% del PBI. Hoy no llegan al 5%. El kirchnerismo ya no se jacta de haber “resuelto el problema de la deuda”. Hace bien. No sólo porque los canjes de 2005 y 2010 (núcleo de toda la política para la deuda de esta gestión) hoy están comprometidos, sino porque los K asumieron en 2003 con 150.000 millones de dólares de deuda, pagaron 190.000 millones… y ahora deben 230.000 millones, sin contar la factura que venga por todo este asunto. Cristina posa de “estadista responsable”, pero no es ninguna de las dos cosas. La cuenta que deja se va a empezar a saldar en lo que queda de su gobierno, pero al que venga le va a tocar mucho más.

Frente a este panorama, la gran salida, la única propuesta, la verdadera estrategia del gobierno es una sola: pagar.

Marcelo Yunes

Notas

1. El “discovery” significa, sencillamente, que se podrá pedir información sobre cualquier cuenta que el Estado argentino o cualquier persona física o jurídica vinculada con él tenga en territorio estadounidense, y que podrían ser pasibles de embargo. Los buitres ya apuntan a dos blancos bien disímiles: Chevron y las empresas de Cristóbal López.

Dejanos tu comentario!