Pelea de cipayos por la ley de hidrocarburos 

Cristina definió la pulseada con los buitres como una “patriada”. Hemos expuesto muchas veces las razones para ser escépticos de eso, pero de lo que no cabe duda, en todo caso, es de que la ley de hidrocarburos que impulsa el kirchnerismo bien puede alificarse de antipatriada.

Desde hace meses que el gobierno busca el momento para votar una nueva ley de hidrocarburos que regule el manejo de las concesiones de petróleo y gas y sus relaciones con el Estado nacional y las provincias. El núcleo del asunto puede resumirse así: tanto la Nación como las provincias quieren ser las más entusiastas entreguistas de los recursos del subsuelo argentino, pero cada parte aspira a quedarse con las migajas más gordas en detrimento de la otra.

La llamada “ley corta” de 2006, impulsada por el kirchnerismo, le dio a las provincias la propiedad originaria de los recursos naturales hidrocarburíferos.

La nueva ley que busca el kirchnerismo de hoy pretende, sin necesariamente abolir ese criterio, ceder a la Nación el manejo de los contratos de concesión, con el argumento de que no debe haber disparidades por provincia.

Las provincias agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), en particular las cuatro con más intereses en el negocio (Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro), se resisten a los cambios. No hay ningún esbozo de nacionalismo (o, más bien, “provincialismo”) frente a los futuros contratos con compañías multinacionales, sino, simplemente, la voluntad de mantener la potestad de negociar las regalías sin rendir cuentas al Estado nacional.

Las regalías son el porcentaje que las multinacionales extranjeras del sector acuerdan ceder a las provincias en “compensación” por el saqueo de recursos naturales. Por ejemplo, en San Juan las regalías mineras son del 3%. Una miseria en términos relativos, pero como el negocio mueve cifras tan grandes, es más que suficiente para los esquemas clientelares del gobernador de turno. No muy distinto es el modelo económico (y de conducta política) que tienen en mente los gobernadores de las provincias petroleras y gasíferas.

Frente a este feudalismo en buena medida transversal –lo sostienen la amplia mayoría de los partidos burgueses locales– de entreguismo económico y clientelismo político con la caja provincial, el kirchnerismo propone una “centralización” de los contratos que representa entreguismo económico, “seguridad jurídica” a larguísimo plazo para los inversores externos y beneficios inmediatos para la caja nacional.

Como medida de presión, y haciendo gala del habitual “federalismo” argentino, el gobierno hizo una refinanciación de deudas de las provincias con la Nación, imprescindible para las escuálidas finanzas de los estados del interior. Sólo cuatro provincias quedaron afuera del convenio: obviamente, las cuatro en cuestión.

UN NEGOCIO A LA MEDIDA DE CHEVRON Y DEMÁS BUITRES PETROLEROS

El gobierno armó una especie de cruzada nacional contra los buitres… financieros, porque con las aves de rapiña de otro ámbito de acción, el tratamiento es de alfombra roja. Es el caso precisamente de los hidrocarburos, que hace rato (y mucho más ahora) son una de las llaves maestras con las que el kirchnerismo pensaba zafar de la sequía de dólares e inversiones (y el diluvio de cuentas a pagar en divisas).

Cuando Cristina denuncia que los buitres “vienen por Vaca Muerta”, se refiere al fondo Elliott de Paul Singer, pero oculta cuidadosamente que el esquema de “asociación” de YPF con Chevron y con los futuros inversores para la explotación de ése y otros yacimientos es otro caso de saqueo flagrante.

Claro, una cosa son los especuladores financieros que buscan embargos, y otra muy, pero muy distinta son las multinacionales que buscan concesiones a 30 y 50 años de las áreas de explotación.

Por otra parte, que nadie crea que la pelea entre el gobierno nacional y los caciquejos provinciales es a muerte. Nada de eso; hay infinidad de variantes legales y económicas de tirarles un hueso a los gobernadores para que firmen. Por ejemplo, se propone la prórroga automática de las concesiones actuales (algunas hasta el año 2060) con la zanahoria para las provincias de un aumento en el porcentaje de regalías. El principal reclamo de las provincias es por el llamado derecho de acarreo (porcentaje de participación en el negocio vía empresas provinciales que casi no aportan capital), junto con el canon de ingreso. Precisamente los dos puntos que la nueva ley eliminaría.

Sin embargo, lo más penoso es que estas posibilidades de contratos nuevos (o prórrogas de los actuales) que pueden hipotecar el subsuelo argentino por décadas están muy lejos de ser el resultado de una preclara visión estratégica. Todo lo contrario.

Porque tanto la reforma a la ley de hidrocarburos como sus consideraciones (y eventuales modificaciones negociadas) obedecen a la más cruda necesidad coyuntural: conseguir dólares de inversores a como dé lugar.

No hay “mirada de estadista” ni criterios de largo plazo (cualidad inexistente en los gobiernos argentinos en general y en los peronistas en particular), sino pragmatismo desesperado y a contramano del relato “antibuitre”.

Mientras se agita la saga de llevar al gobierno de EE.UU. a la Corte de La Haya, se pergeña con sigilo, con prisa y sin pausa un marco legal para garantizar la santidad de las inversiones yanquis por el próximo medio siglo.

En esta cuestión como en todas las otras, no hay solución aceptable del lado de los gobiernos patronales, sean los K nacionales o los caudillejos provinciales. Tampoco la burocracia sindical, que por boca de uno de sus máximos voceros, Guillermo Pereyra (senador y dirigente del sindicato de petróleo y gas privados), ya se sumó al bando del clientelismo cipayo local contra el cipayismo nacional K.

Son los trabajadores del petróleo y del gas, que han librado durísimas e históricas luchas en estos años, los que deben tomar la bandera de la defensa del patrimonio nacional, el rechazo a la entrega de los recursos energéticos a precio vil a las multinacionales del petróleo y el monopolio estatal, bajo control obrero, de esos recursos.

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