Tres policías de la metropolitana procesados

Nelson Acosta, Miguel Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa, los tres oficiales de la Policía Metropolitana que participaron el año pasado de la represión en la Sala Alberdi, fueron procesados por tentativa de homicidio agravado por ser miembros de una fuerza policial. El primero de ellos permanece prófugo, mientras los otros fueron detenidos con prisión preventiva.

Los procesados formaron parte del operativo que se llevó a cabo la noche del 12 de marzo del 2013 durante una de las tantas jornadas de apoyo a la toma en contra del cierre de la Sala Alberdi. Cuando la policía irrumpió para reprimir la manifestación, que tenía lugar en la plaza seca del Centro Cultural San Martín, los oficiales dispararon con balas de plomo e hirieron a Germán Darío de los Santos y Esteban Ruffa, integrantes de la Red Nacional De Medios Alternativos, que estaban realizando una cobertura periodística, y a Mario Ciro Fumaroni, de una biblioteca popular.

Los trabajadores de prensa que resultaron heridos aquella noche, representados por la Dra. María Del Carmen Verdú (CORREPI), asumieron la querella penal en contra de los agentes que llevaron a cabo la represión y los funcionarios de la Ciudad De Buenos Aires que ordenaron la ejecución de la misma.

En principio, la magistrada del Juzgado  Nacional  de  Primera instancia en lo Criminal de Instrucción N° 38, Wilma López, intentó despegarse de la causa y despacharla hacia otro juzgado. Los reaccionarios argumentos de la jueza intentaban justificar la represión e, incluso, la utilización de municiones de guerra de uso prohibido, postulando que los acontecimientos debían ser investigados junto a otros hechos previos que, a su entender, podrían dar razones al brutal avance de la policía sobre los manifestantes. Finalmente, López no pudo hacer uso de esta maniobra para desligarse del caso, ya que la Cámara Criminal no dio lugar a su pedido y ordenó dar continuidad a la causa.

En noticias recientes, se supo que la justicia denegó el pedido de excarcelación efectuado por la defensa de los imputados. No es un detalle menor que dicho patrocinio es llevado a cabo por el estudio que dirigen la esposa del ex Procurador General Esteban Righi junto con la esposa del ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro. Para tener una idea de la calaña de clientes que representa este estudio, basta con mencionar que han llevado adelante, por pedido del mismo Pedraza, la defensa de Cristian Favale en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra.

En la resolución redactada por la jueza se considera probado que los tres oficiales fueron los que dispararon a los querellantes como parte de “un plan común con división funcional de tareas, demostrando el desarrollo secuencial del hecho, aquí relevado y probado, la existencia de esta voluntad común previa y concomitante a la ejecución, manteniendo en todo momento los intervinientes el poder decisorio sobre el comienzo, prosecución y finalización del curso causal (…)”. Lo que queda en el proceso judicial es que la Cámara de Apelaciones estudie dicha resolución y la ratifique para que pueda ser elevada a juicio oral.

Es importante poner en claro que los tres imputados cuentan con un largo historial de prestación de servicios a las fuerzas policiales, tanto nacionales como de la Ciudad de Buenos Aires, que incluye haberse formado con grupos especiales como el GEOF (PFA), el Grupo Halcón (Bonaerense), los Albatros (Prefectura Naval), entre otros.

Lo que estos datos permiten evidenciar es que, aunque la Metropolitana esté bajo las directivas del Gobierno de la Ciudad, sus integrantes han sido reclutados y formados por las fuerzas del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Hechos que comprueban que no existen diferencias entre los gobiernos de Macri, Scioli y Cristina a la hora de perpetuar la represión sobre la protesta social y perseguir a los que luchan. Los mecanismos son idénticos, los responsables de llevarlos a cabo vienen de las mismas estructuras e incluso realizan operativos en conjunto, como la represión del Parque Indoamericano o el reciente desalojo del Barrio Papa Francisco, que contó con la colaboración de la Metropolitana y la Gendarmería.

No solamente hay que exigir que Acosta, Ledesma y Pereira se pudran en la cárcel, sino que también debemos seguir luchando por el desmantelamiento el aparato represivo en su conjunto.

Verónica Rivas

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