El eje debe ser el no pago de la deuda

En el seno de la izquierda también hay debate respecto de qué hacer con la deuda pública. Es curioso, porque se trató de un tema en el que siempre había habido relativo consenso entre las fuerzas de la izquierda trotskista. Pero ahora, sea por desorientación política, por oportunismo o una combinación de ambas, el centro de la política del conjunto de la izquierda sobre el tema de la deuda dejó de ser, inexplicablemente, el no pago. En particular el PO, sin eliminar el no pago de su programa, hace eje, en todas las apariciones de sus figuras públicas y parlamentarios, en otras dos consignas: por un lado, «investigación» de la deuda para separar la parte «ilegítima» de la «legítima»; por el otro, plebiscito para que «el conjunto de la población decida» qué hacer. Así planteadas, ambas propuestas nos parecen equivocadas e incluso peligrosas.

¿Y después que investigamos, qué?

Empecemos por la cuestión de la investigación. En sí misma, parece una consigna irreprochable y hasta ventajosa propagandísticamente: da la idea de que, una vez comprobada la ilegitimidad de la deuda, eso sostendría políticamente la decisión de no pagarla. Pero el razonamiento es erróneo, porque desplaza la decisión política del no pago subordinándola a una investigación cuyos alcances y consecuencias son de lo más vidriosas.

Además, pedir ahora una investigación implica desconocer que ya las hubo, y que llegaron a las mismas conclusiones que era de suponer: la deuda es toda ilegítima, una estafa del principio al final, con la burguesía argentina como principal beneficiaria.

La más conocida y profunda de esas investigaciones fue la promovida por el dirigente peronista Alejandro Olmos, ya en 1982, acompañada de pedidos de juicio a Martínez de Hoz, Klein y los presidentes del BCRA bajo la disctadura. La causa llegó a un fallo del juez Jorge Ballestero recién en junio de 2000, y demostró de manera incontrovertible no sólo que la forma en que se «contrajo» la deuda fue un fraude gigantesco, sino que participaron de él las autoridades militares del Proceso y toda la plana mayor del empresariado nacional. En efecto, Macri, Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint (Rocca), Soldati y Pescarmona, entre otros, fueron los que contrajeron la deuda privada que más tarde sería estatizada con seguros de cambio por el inefable Domingo Cavallo, presidente del BCRA bajo la dictadura.

No estamos hablando de una denuncia política o periodística: es una causa judicial que duró 18 años, que reunió miles de testimonios y evidencias y que terminó en el fallo de un juez que la da toda la razón «moral» al denunciante… pero aclarando que no hay imputados ni los habrá.

Toda la dirigencia política argentina conoce el caso, y sabe también por qué terminó en la nada: por obvias razones políticas y de clase. ¿Quién se iba a atrever a mandar en cana a la flor y nata de la burguesía argentina, a la que la «clase política» está unida de mil maneras?

Como no se ve, no son «investigaciones» ni pruebas del fraude lo que hacen falta. Lo que sí hace falta, lo que no hubo nunca, es la voluntad política de tomar el toro por las astas y declarar abiertamente al mundo que Argentina no pagará esa deuda espuria, y de poner entre rejas a los consumadores y cómplices de la estafa.

Esa voluntad política revolucionaria jamás vendrá de los partidos patronales, abogados políticos de los capitalistas que le hicieron fraude al Estado y a la nación entera. Sólo puede construirse poniendo en pie un movimiento nacional por el no pago de la deuda, única garantía de que las «investigaciones» (¡que ya están hechas!) conduzcan a alguna medida práctica real. En cambio, el PO pone el carro delante del caballo: primero «investiguemos» y después vendrán las condiciones políticas para plantear el no pago.

Esto es además muy peligroso porque puede ayudar a lavar la cara de los propios partidos burgueses de la oposición. Léase esta propuesta que apunta a «determinar el origen, evolución y estado actual de la deuda pública argentina» mediante una comisión bicameral de investigación: «Presentamos un proyecto de creación de comisión investigadora desde 1976. Y si alguien tiene que ir preso, que vaya».

¿Quién dijo esto? ¿Altamira? ¿Los diputados del FIT? ¿Pino Solanas o Claudio Lozano, de la CTA, históricos defensores de la política de la «separación de la deuda legítima de la ilegítima»? No, señores: lo dijo el jefe de bloque de la UCR Gerardo Morales en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

¿Es que la UCR se volvió «trotskista»? Claro que no, es todo verso para la tribuna y para la interna: «La idea, impracticable en esta instancia de la deuda, pero molesta por las investigaciones que puedan desatarse tanto en el origen como por los distintos canjes, le complica el discurso a todo el grupo de izquierda dentro de UNEN e intenta cercar al gobierno» (Ámbito Financiero, 1-9-14). Para el pope de la oposición burguesa, por supuesto, investigar en serio es «impracticable», pero muy útil como finta política («complicar el discurso») hacia los K y sus rivales internos. Es en este pantano que va a ahogarse la propuesta de investigación, si sólo queda como iniciativa superestructural o parlamentaria y no se la subordina, insistimos, a la puesta en pie de un movimiento contra el pago de una deuda ilegítima, ilegal… e impagable (o que ya se pagó varias veces).

¿Plebiscito?

Mucho más peligrosa aún es la propuesta de plebiscito por la deuda que agita el PO. La idea de investigación no está mal siempre que sea una apoyatura propagandística a la campaña políca central por el no pago, pero lo del plebiscito es no sólo un error táctico sino conceptual.

¿No se le ocurrió al PO que si hubiera un plebiscito en este momento, la propuesta de no pago perdería categóricamente? ¿No se da cuenta de que los candidatos presidenciales de hoy también toman el pulso a lo que piensa el movimiento de masas y por eso todos hacen propuestas bien moderadas y «razonables» sobre el tema? ¿Y no se da cuenta el PO de que si por uno de esos milagros en el plebiscito llegara a ganar el no pago, todavía quedaría la «pequeña» dificultad de hacer que se implemente de manera efectiva?

Con esto volvemos al punto de partida: ninguna investigación, ningún plebiscito, por «legitimadores» que resulten, pueden reemplazar un movimiento de masas real. Y sin ese movimiento, tanto investigación como plebiscito son letra tan muerta como el fallo Ballestero antes citado. Sin movilizaciones en las calles exigiendo el no pago y protestando contra las consecuencias del pago de la deuda, los dictámenes de las comisiones investigadoras o los votos del plebiscito son papel mojado.

Digamos de paso que el plebiscito, como todo mecanismo democrático burgués, iguala de manera reaccionaria a 10.000 (o 100.000) monjas, policías, comerciantes conservadores o taxistas fachos con 10.000 (o 100.000) activistas obreros y de izquierda que podrían ser el punto de partida de una gran campaña política por el repudio de la deuda.

De todos modos, con comisión o con plebiscito, la lógica del PO es la misma: poner en primer plano los enjuagues parlamentarios o las papeletas de votación, por encima de los esfuerzos por generar un movimiento real de masas; es decir, al revés de como debería actuar un partido revolucionario. Vaya ironía ver en estos menesteres al PO, el autoproclamado campeón de la denuncia a la «izquierda democratizante»,..

M.Y.

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