La presentación del “Informe de los 100 días” de Luis Guillermo Solís sintetizó muchas de las contradicciones que arrastra el régimen político del país, las cuales persisten en su gobierno que recién inicia. También dejó en claro las intenciones del gobierno por posicionarse como un “mediador” entre las clases y sectores sociales, algo que se reflejó en la composición del “honorable” público que invitó al acto, integrado por las figuras representativas de los principales partidos políticos, las cámaras patronales, sectores cooperativistas, las organizaciones sindicales y sociales del país.

¿Por qué el informe de los 100 días?

Un primer elemento por desarrollar es el carácter específico que revistió el informe de los 100 días. Desde la Casa Presidencial, los partidos de “oposición” aliados al gobierno (como el FA y el PUSC), la prensa burguesa y algunas dirigencias de las organizaciones sindicales y gremiales, la presentación del informe fue valorada como un “hito” para la democracia del país. Por ejemplo, José María Villalta, ex candidato presidencial del FA, se refirió al mismo como un “gesto innegable de transparencia y rendición de cuentas”.

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) sostenemos una valoración totalmente diferente: ¡fue un show mediático y proselitista del gobierno, el cual no tuvo ninguna pizca de democracia para los explotados y oprimidos, y cuyo objetivo central fue fortalecer políticamente al PAC para que continúe desarrollando su agenda en función de los intereses generales de los empresarios y los sectores más conservadores del país!

Hay que partir de señalar que la realización del informe no fue un acto ingenuo o noble del gobierno. Por el contrario, se debe comprender como una iniciativa política de Casa Presidencial para instalar nacionalmente el proceso de “diálogo” con las dirigencias de las organizaciones políticas, empresariales y gremiales del país.

Todo el acto en el Teatro Melico Salazar fue una “puesta en escena” de la pretensión del gobierno por colocarse como “árbitro” entre las clases sociales, apelando a buscar un nuevo consenso político para gobernar el país en función de los intereses de los propietarios. “Déjenme gobernar” fue la frase con que Solís cerró su informe, que no es otra cosa que un reconocimiento público de los enormes problemas que arrastra el régimen político del país y, que durante el gobierno de Laura Chinchilla, llegaron a un pico muy alto, siendo que su administración no logró aprobar ninguno de sus proyectos estrellas (como el “Plan Fiscal”).

Ante esto, el gobierno del PAC le pide una “colaboración” a las élites neoliberales y a las dirigencias sindicales para que mantengan la estabilidad política y social necesaria para instaurar las “Mesas de Diálogo” que le garanticen mejores condiciones para ejercer el dominio burgués en el país, evitando los problemas que afectaron al gobierno anterior. Es un intento por superar las deficiencias del régimen burgués apelando a un mecanismo de arbitraje en torno a su figura como ficha del “cambio” con respecto a Liberación Nacional combinado con su perfil “progresista”, haciendo valer de esta forma un “imperio mayor” del Poder Ejecutivo sobre los asuntos políticos.

Esto explica la anómala constitución de su gabinete, compuesto por algunas figuras consolidadas de la burguesía (como Helio Fallas, Ana H. Chacón, Víctor Morales y Celso Gamboa) y con otras provenientes de la academia (algunas incluso que hicieron parte del NO al TLC), con las cuales Solís intenta capitalizar el prestigio de las universidades públicas en el país (sobre todo de la UCR y la UNA) para presentarse como un gobierno menos “politizado” y más de “eruditos” con proyección social.

De esta forma, el gobierno del PAC procura instaurar un estilo de mandato presidencial “menos tosco” que el PLN y el PUSC (caracterizados por ir más al choque contra las organizaciones sindicales y sociales). Pero sus mejores “modales” no van en detrimento del carácter burgués de su gestión, pues durante estos 100 días el gobierno de Solís ya demostró con creces que defiende los intereses generales de los grandes empresarios y los sectores más conservadores del país, aunque en algunos momentos tenga roces parciales con estos sectores (1). Más allá de sus poses progresistas, Solís defiende y garantiza la concesión de la terminal de contenedores a APM Terminals en Limón, negocia acuerdos ultra conservadores con los partidos fundamentalistas cristianos, reprimió la movilización por la vivienda el 02 de agosto, amenazó con ilegalizar la huelga docente y aún persisten los problemas de pagos para miles de docentes, etc. No casualmente el presidente Solís obvio referirse en su informe a la crisis de la CCSS y las responsabilidades directas del PLN y el PUSC en la misma. Tampoco hizo referencia alguna a la ola de despidos y la violación sistemática de los derechos laborales de la clase obrera en el sector privado, donde impera la ley de las patronales y, ante lo cual, las principales burocracias sindicales no realizan ningún esfuerzo por impulsar su organización sindical.

Ahora bien, las posibilidades de éxito de este operativo de arbitraje son muy inciertas. Recordemos que la intención de Solís era presentar el informe en la Asamblea Legislativa, lo cual no pudo realizar por la disputa en torno a la metodología que propuso el PLN, reconfirmando que el parlamento es un espacio donde el gobierno no logra procesar acuerdos de calibre para su agenda.

Pero más importante es lo que acontezca en el plano de la lucha de clases en el futuro de su gobierno. Sería necesario que se produjeran movilizaciones desde las organizaciones sindicales y otros sectores sociales, para reposicionar las calles como espacios de pelea de las reivindicaciones de los explotados y oprimidos y, con esto, se le restaría oxígeno político a las “mesas de diálogo”. De ahí que para Solís resulte clave tener de su lado a las dirigencias sindicales y de las organizaciones sociales para desarrollar su política de arbitraje.

El ciclo de luchas, las dirigencias gremiales y la política de cooptación del PAC

Desde el NPS caracterizamos que el país experimenta un dinámico ciclo de luchas sociales desde el 2010. De acuerdo al Informe sobre el Estado de la Nación solamente el «2012 marcó el ‘pico’ de mayor intensidad en la protesta ciudadana, con 781 acciones colectivas, y además forma parte del episodio de conflictividad social más largo de los últimos diecinueve años: veintidós meses continuos con altos niveles de protesta ciudadana (de junio de 2011 a marzo de 2013)». (IEN, 2013, p. 70).

Pero el dinamismo de este ciclo de luchas también se combina con los enormes rasgos despolitizantes que imperan entre los sectores explotados y oprimidos, principalmente en lo que se refiere a las inercias gremialistas: la obtención de “ganancias prácticas” a expensas de las perspectivas generales.  Desde la Corriente Socialismo a Barbarie (SoB, de la cual hace parte el NPS) comprendemos esto como parte del período de rebeliones populares internacional, donde hay una dialéctica entre el estallido de enormes rebeliones (como en Egipto o en Brasil) y su reabsorción en clave reformista, sobre todo mediante la institucionalidad de la democracia burguesa.

Estas inerciasgremialistasson un punto de apoyo para la conducción de las burocracias sindicales y las direcciones pro-burguesas en los movimientos sociales, pues sirve como criterio para legitimar los pactos entre cuatro paredes con los gobiernos o las patronales, a cambio de obtener algunas “migajas” y ahorrarse la “molestia” de organizar y sostener una lucha. Por esto calificamos a este tipo de direcciones como “diques de contención” de la luchas de los explotados y oprimidos, pues en realidad no defienden los intereses de la clase trabajadora.

Sobre este terreno político el gobierno de Solís está desplegando una política de cooptación de las principales dirigencias sindicales y sociales del país, a las cuales procura vincular en sus mesas de diálogo mediante la entrega de algunas concesiones mínimas sectoriales. Esto explica el aumento salarial otorgado al sector público y privado del primer semestre, el cual fue más alto que los otorgados por la administración de Chichilla.  Otro caso son los gestos o concesiones menores hacia el movimiento LGBTI, como izar la bandera de la diversidad en la Casa Presidencia y la reforma al sistema de seguros en la CCSS al permitir que las parejas del mismo sexo puedan incluir a sus compañeros o compañeras. También podemos mencionar el crecimiento del 14% en el presupuesto para las universidades públicas (FEES) para el 2015.

Pero, insistimos, todas estas concesiones parcialesson realizadas por el gobierno para desmovilizar el ciclo de luchas y transformar a las dirigencias sindicales y sociales en un punto de apoyo para implementar ajustes patronales y conservadores de mayor envergadura en el futuro. Por ejemplo, para el caso del sector sindical la apuesta del PAC es procesar la reforma a los pluses salariales y pensiones del sector público en las mesas de diálogo, pues la experiencia legada por el PLN demuestra que esto es difícil de garantizar vía la Asamblea Legislativa y con movilizaciones en las calles. Con relación al movimiento LGBTI, el objetivo es entregar cualquier “galletita” para desarmar la campaña del matrimonio igualitario y bloquear que realicen movilizaciones independientes y multitudinarias en las calles de San José, que podrían colocar en “jaque” sus acuerdos con los partidos fundamentalistas y la Iglesia Católica (2). Con respecto a las universidades públicas, desde ya el gobierno está dando señales de que su apuesta es colocarlas aún más en función del modelo del Banco Mundial y las transnacionales, es decir, centros de investigación vinculados directamente a las necesidades del gran capital imperialista.

Por la independencia política ante el gobierno

Desde el NPS no levantamos ninguna expectativa de cambio en el gobierno de Solís, pues insistimos en que es una administración en función de los intereses generales de la burguesía y los sectores conservadores. El mismo Luis Guillermo Solís es un político de la burguesía con larga trayectoria y amplio currículum, pues incluso fue Secretario General del PLN (¡el principal partido político de los empresarios en el país!) y ocupó puestos de relevancia política en gobiernos anteriores del PLN (durante la primera administración Arias y de Figueres). Y este carácter burgués de Solís y el PAC no se “lava” aunque tenga en su gabinete a una amplia constelación de académicos denominados “progresistas”, quienes hoy por hoy son aprendices de políticos burgueses.

Por estos nos delimitamos enfáticamente por la independencia política ante el gobierno en todos los sectores y frentes donde intervenimos, partiendo de que la izquierda revolucionaria debe posicionarse ante un gobierno a partir de un ángulo de clase, es decir, desde los intereses históricos de la clase obrera y los sectores explotados y oprimidos.

De ahí que nuestro partido también sostenga un debate político con todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales que fomenten las inercias reivindicativistas que sacrifican las perspectivas generales a cambio de las pequeñas migajas que lance el gobierno. En particular nos diferenciamos del FA, que deja de lado todos los criterios de clase para caracterizar a la administración del PAC como un gobierno en disputa entre los neoliberales y los progresistas, a partir de lo cual su política es “apoyar lo bueno y criticar lo malo”, convirtiéndose de hecho en la “pata izquierda” del gobierno (ver nota de polémica sobre la política del FA hacia el gobierno en esta misma edición).

Desde el NPS continuaremos exhortando a la clase trabajadora, los sectores explotados y oprimidos, para movilizarse de forma unificada y con independencia del gobierno en defensa de sus reivindicaciones. Además proseguiremos con la construcción de nuestro partido a nivel nacional, tarea para la cual invitamos a todos y todas nuestras lectoras a realizar una experiencia militante con el NPS.

Nuevo Partido Socialista- Costa Rica

Nota

1. Un gobierno burgués no reproduce de forma mecánica los intereses de las cámaras empresariales, pues sostiene ciertos elementos de independencia política para garantizar su función de dirigir el conjunto del Estado burgués. Por eso es más claro señalar que defiende sus intereses generales o históricos, dentro de lo cual es factible que un gobierno burgués tenga diferencias con sectores empresariales.
2. Por cierto que las dirigencias LGBTI se cotizan a muy “bajo precio”, pues el PAC continuamente los emplea como ficha de cambio para negociar acuerdos con los partidos cristianos en el parlamento. A pesar de esto sectores como el Movimiento Diversidad se prestan para legitimar las mesas de diálogo LGBTI con el gobierno.

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