Algunos aportes al debate sobre la autarquía del poder judicial

Desde hace unos meses, los habitantes de la provincia de Buenos Aires y los trabajadores judiciales venimos escuchando sobre el proyecto de ley de autarquía financiera del poder judicial.

Como fue en su momento el proyecto de Justicia Legítima, la presentación en sociedad del mencionado proyecto se hace en nombre de una “mejor calidad institucional”.

En primer lugar, debemos distinguir quiénes son los actores políticos que dan viabilidad a este proyecto. Por un lado, el Gobierno; y por el otro, un tándem compuesto por Daniel Fernando Soria, Ministro de la Suprema Corte en ejercicio de la presidencia, y el Colegio de Magistrados de la Provincia.

Así las cosas, y de manera bastante tímida -como todo lo que hace la directiva provincial de la AJB-, la representación gremial provincial trató de marcar algunas cuestiones, pero en realidad nada dijo, ya que parece no tener claro qué rumbo tomar en relación a este tema, pues seguramente todavía no ha escuchado la opinión del proyecto político patronal al que responde; en consecuencia, queda a mitad de camino.

Por su parte, las agrupaciones K o miran para otro lado o, como vienen haciendo algunos dirigentes, sólo se paran con cuestiones muy generales y hasta abstractas sin abordar a fondo la cuestión de los trabajadores, ya que la especulación política prima por sobre los intereses generales, máxime teniendo en cuenta las elecciones de la AJB de 2015.

El debate que debemos instalar los trabajadores debe partir de una posición de independencia política, teniendo en claro que los impulsores de este proyecto de ley no nos inspiran ninguna confianza.

¿El gobierno garantiza calidad institucional?

La respuesta a este interrogante no requiere demasiado desarrollo teórico. Los trabajadores judiciales podemos dar cuenta del desprecio que han tenido y tienen los protagonistas políticos de esta nueva ley hacia el conjunto de los trabajadores.

El pago del medio aguinaldo en cuotas, los aumentos salariales –también en cuotas- y siempre a la baja en relación al proceso inflacionario, marcan con claridad cuál es la posición que tiene el Gobierno para con los trabajadores. Edificios colapsados y falta de recursos para su mantenimiento, la calidad de algunos de los insumos con los que trabajamos, muestran también lo poco que les importa el funcionamiento de la justicia.

Eso sí, cuando los trabajadores nos encontramos en procesos de lucha por nuestros salarios y condiciones de trabajo, la Corte y el Gobierno redoblan la apuesta. Militarizaron nuestros lugares de trabajo en 2012 e instruyeron a los jueces para “apretarnos” con informes, avalaron las ilegales tareas de inteligencia de la policía, organizaron emboscadas y detenciones como las que sufrieron los compañeros de la Junta Interna de ATE-Educación, militarizaron plantas fabriles que estaban en lucha, como GESTAMP, donde inclusive dictaron una conciliación obligatoria que luego ellos mismos desconocieron abiertamente. Para esto, el Gobierno siempre contó con la complicidad de algún magistrado, como ocurrió con el caso del juez Terrier, quien declaró la ilegalidad del histórico paro docente de este año. Es necesario recordar que este mismo juez fue denunciado por Judiciales Clasistas como miembro de la policía del genocida Camps.

¿Los magistrados garantizan la calidad institucional?

Ese rol de los magistrados, colaborando con el Gobierno para perseguir a cualquier precio a los trabajadores que pelean por sus derechos y enfrentan el ajuste, nos obliga a insistir sobre nuestra posición en cuanto a que los magistrados no son trabajadores, sino que son parte de la patronal y, como tales, están al servicio de intereses opuestos a los de los trabajadores. Son capataces en regla que garantizan el ajuste y disciplinamiento de los trabajadores.

No nos engañemos: la autarquía que impulsa el Ejecutivo es la respuesta al lobby y presión pública que han ejercido los magistrados durante los últimos años. Es decir, el proyecto no se motiva en resolver los problemas de fondo de los trabajadores judiciales, cada vez más pauperizados, sometidos a extensiones de la jornada laboral, postergaciones y aprietes cada vez más desenfrenados.

Y otra vez somos los trabajadores los que debemos dar cuenta y mantener activa la memoria. ¿Se puede pensar, a la luz de los hechos, de manera seria que los magistrados se preocupan por el salario de los trabajadores? La respuesta es contundente: NO.

Estos magistrados que reclaman calidad institucional e intangibilidad salarial fueron los que de manera implacable ejecutaron los salvajes descuentos a los trabajadores judiciales en el 2012; los que se llamaron a silencio cuando la policía llevó adelante tareas de inteligencia sobre los trabajadores judiciales, violando la legalidad vigente; los que avalaron y mantuvieron detenidos a los compañeros de ATE-Educación, posteriormente liberados por la inmensa movilización de trabajadores en los tribunales de La Plata. Son los mismos que, por intermedio del Colegio de Magistrados Provincial, en el mes de mayo de 2013, reclamaron al Ejecutivo que “los llamara a discutir sus salarios, que se depreciaron” (al respecto, http://www.fam.org.ar/noticias.asp?idn=2446); son los mismos que se tomaron ¡¡22 años!! para declarar la inconstitucionalidad de los decretos que derogaron la Ley de Enganche.

Que quede claro: la garantía institucional y la intangibilidad salarial que plantean los magistrados es la de ellos, no la de los trabajadores que a diario llevan adelante tareas en las dependencias judiciales.

¿Hay un piso mínimo para discutir este tema?

Antes de intentar dar respuesta, debemos dejar en claro que junto al disciplinamiento de los trabajadores, la intención más general de los actores que apoyan el proyecto es  asegurar una mayor acumulación de poder en la Corte y la Procuradoría, ampliando su margen de negociación política con los Poderes Legislativo y el Ejecutivo mediante el manejo de una caja con más de 10.000 millones de pesos. Teniendo en cuenta que el Ejecutivo se reserva la facultad de realizar toda obra edilicia mayor a 400 mts. cuadrados, con cargo al presupuesto judicial,  no hay que tener mucha imaginación para decir que en el mejor de los casos, los recursos estarán puestos para subir los salarios de los jueces, a cambio de unas migajas para nosotros.

La autarquía, es decir, el manejo de la Corte de su propio presupuesto, establecido en un porcentaje del presupuesto general, fue concedida por Menem a la Corte Nacional a cambio de su alineamiento a su proyecto político. Eso le permitió administrar y así acumular “ahorros” hasta 2013 por más de $ 5.000 millones (1.000 millones de dólares) que están fuera de todo control legal.

El proyecto en discusión hoy establece para 2015 un 5,5% del presupuesto provincial total para el Poder Judicial, hasta llegar a un 7% en 2018. Teniendo en cuenta que en 2014 fue del 4,76%, queremos ser claros: el rumbo de la economía K es un brutal ajuste sobre los trabajadores a través de la baja del salario real. Es la Argentina de la inflación, las suspensiones y los despidos, y no la de la fantasía de los despachos oficiales. Y Soria no es el Rey Mago que nos va a regalar lo que no consigamos con nuestra lucha.

Dicho lo anterior, ¿podemos comenzar a pensar una ley de autarquía financiera del Poder Judicial que no vaya en un paquete junto a la Ley Porcentual y la discusión de un Convenio Colectivo con paritarios elegidos democráticamente en asambleas por Departamental? La respuesta es también contundente: no. La eventual aprobación de este proyecto de ley deja planteado, además, el interrogante sobre si se trata de una posible maniobra del Gobierno para “sacarse de encima” el problema de la sentencia de inconstitucionalidad de los decretos que anularon el enganche. Este proyecto lleva únicamente a la consolidación de un Poder Judicial de elite, que persigue y enjuicia sólo a los pobres, que apoya criminalizar la protesta social y garantiza la impunidad de los poderosos.

Mantener y pelear por una posición independiente no es aislar a los trabajadores de la discusión, sino todo lo contrario; cualquier fórmula que se plante en la construcción de consensos ya sea con el Gobierno patronal, la Corte patronal o los magistrados capataces de esa patronal es nefasta. Significa continuar y consolidar una política que persiste desde hace años, cuyo objetivo es liquidar cualquier posibilidad de construir un sindicato que defienda los verdaderos intereses de los judiciales y no claudique ante la patronal.

Judiciales Clasistas

Dejanos tu comentario!