“Argentina Digital” y tecnología 4G

Casi al mismo tiempo, y haciendo gala de su capacidad de iniciativa, el gobierno hizo dos anuncios trascendentes en el ámbito de las telecomunicaciones. Uno ya estaba en la agenda, la licitación de frecuencias para tecnología 4G para celulares. Pero sorpresivamente, y a menos de 48 horas de esa licitación, se lanzó la nueva ley de comunicación digital, cuyo elemento central es que permite a las compañías telefónicas ingresar al llamado “triple play” (TV por cable, Internet, telefonía). Esta novedad contradice abiertamente lo dispuesto por la misma ley de medios, que finalmente (y luego de una batalla política de los impulsores originales de la ley con el kirchnerismo) terminaba vedando a las compañías telefónicas el acceso al cable. Y no sólo eso, sino que también en contradicción con la ley de medios, queda en la nada la prohibición de que una firma extranjera administre licencias y frecuencias de TV, como ocurre hoy con Telefónica, dueña de Telefé. Veamos el caso con más detalle.

Celulares y 4G: sigue la fiesta para pocos

La tecnología 4G o SCMA (Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas) apunta a resolver el actual cuello de botella de frecuencias y capacidad de transporte de datos. Como es sabido, la falta de inversión en antenas de recepción tiene al servicio siempre al borde del colapso, lo que se manifiesta en la infinidad de llamadas cortadas, situación que se agrava con el aumento del uso de celulares inteligentes.

Esta licitación era muy esperada por el gobierno, no precisamente por su interés en los cambios estructurales del servicio al usuario, sino porque representaba una fuente de financiamiento fresco en el momento en que más lo necesitaba. En efecto, entre los cuatro oferentes se comprometieron a pagar unos 2.200 millones de dólares de aquí a dos meses, sea en efectivo o, como habilitó el gobierno a último momento, en bonos Boden 2015. Esos bonos son veneno puro para el gobierno, porque vencen en octubre del año viene y representan unos 6.000 millones de dólares que habría que poner de las reservas; así, si puede ir limpiando el panorama desde ahora. mejor.

Las compañías involucradas son los pulpos de siempre: Telefónica, Personal (con Telecom), Arlink (del grupo Vila-Manzano) y Claro, del grupo Slim. Curiosamente, o no tanto, el Grupo Clarín intentó bloquear la subasta con una cautelar que no prosperó. Curiosamente, o no tanto, los oferentes son casi los mismos nombres que aparecen como protagonistas de la otra iniciativa oficial, la ley de comunicación digital, que veremos ahora.

Nueva ley = regulación estatal + monopolios privados

Sin duda, la regulación estatal de los servicios vinculados a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) es una necesidad impostergable. Primero, porque el marco legal anterior data de 1972, cuando sólo existía telefonía fija (equivalente a la Edad de Piedra en comparación con la oferta digital de hoy). Y segundo, porque en el contexto actual el desarrollo de esas tecnologías está generando cambios realmente trascendentales a todos los niveles, desde lo económico hasta lo cultural. Algunos artículos y considerandos generales de la ley parecen hacerse eco tímidamente de eso, pero todo queda desdibujado detrás del verdadero objetivo, que es la continuidad de la madre de todas las batallas con el Grupo Clarín. Para ese enfrentamiento con “la corpo”, el gobierno, con la ley “Argentina Digital”, busca el apoyo ya indisimulado de otras “corpos”; justamente, aquellas a las que se les había cerrado el paso cuando la sanción de la ley de medios.

Por otra parte, la ley tiene un típico sello kirchnerista en el sentido de hacer lugar a la intervención estatal en materia de licencias y tarifas, ya que define a las redes de provisión de TIC como “servicio público esencial y estratégico”, al nivel de “derecho humano”, y por ende, sujeto a regulaciones oficiales. Ese aspecto, naturalmente, es el que menos le gusta a los pesos pesado de la actividad, que no perdieron oportunidad de quejarse del “intervencionismo estatal”. Sucede que, francamente, con el estado calamitoso del servicio actual, tampoco tienen mucho margen para el pataleo: saben que todo lo que huela a “protección del consumidor” (aunque quede en olor nomás) va a ser bien recibido por usuarios hartos de los abusos monopólicos. Como les dice el gobierno en voz baja, se trata de resignar un poco su posición dominante frente a los usuarios y el Estado en aras de conservar su posición dominante en un mercado sumamente rentable y con perspectivas de serlo más aún.

Hacia una reedición del fiasco de la ley de medios

Por un lado, la ley obliga a que todas las plataformas e infraestructuras aportadas por las distintas operadoras sean compatibles entre sí, de modo que uno pueda, por ejemplo, tener TV paga de una empresa, telefonía de otra e internet de una tercera (sistema de cable único). Por el otro, aunque el objetivo declarado es abrir el juego a “pymes y cooperativas del interior del país” (según dijo la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios y Comunicación de la Cámara de Diputados, Liliana Fellner), en los hechos eso es tan dudoso que hasta los oficialistas se quejan.

En efecto, Miguel Pichetto, jefe de la bancada K en el Senado, sorprendió en la apertura del debate en el Congreso diciendo que hay que hacerle modificaciones a la ley para “ayudar en el espacio intermedio del acceso a la tecnología para todos, para los que no son iguales a las grandes estructuras telefónicas, que son las que dominan”, y pidió incorporarle al proyecto “alguna cláusula con mirada antimonopólica”. Y se despachó contra la “falta de inversiones” de Telefónica.(1)

A confesión de parte, relevo de pruebas: la primera espada del kirchnerismo en el Congreso reconoce abiertamente que la ley favorece a los actuales grandes actores, y pide que maquillen eso con al menos “alguna cláusula antimonopólica”. No hay por qué extrañarse: ahí está la experiencia de la ley de medios, que en casi un lustro no ha generado ni remotamente la “explosión de nuevas voces” ni la “desconcentración de poder mediático” que estaban en la intención de sus autores originales (y en los discursos oficiales).

Y lo que no fue posible con la ley de medios en estos años de “populismo”, difícilmente se logre con la ley de telecomunicaciones en los trece meses que le quedan a un gobierno cada vez más pragmático, cuyo objetivo es el ingreso de dólares que den estabilidad a un fin de gestión con zozobras y abrochar las inversiones que garanticen esos dólares. Si después queda espacio para algo de “relato”, mejor; si no, quedará para mejor oportunidad, porque así son las urgencias, ¿vio?

Contra “la corpo” y a favor de las “corpos amigas”

Como han señalado varios, interesados o no, el cambio mayor de este nuevo marco legal es permitir el ingreso al negocio de las telefónicas, algo que el kirchnerismo ya había intentado con la ley de medios en 2009 y que los impulsores originales de la ley lograron, en ese momento, bloquear (recordemos la campaña de “no cambiar un monopoñio por otro”).

Sucede que las telefónicas, como vimos en el caso de la licitación de las frecuencias 4G, son los actores con la capacidad operativa y, sobre todo, financiera que el negocio requiere, y no era cuestión de escupirles el asado (y de hacer fracasar un proceso jugoso en divisas) sólo por hacer honor a los guiñapos que quedan del “relato”. Además, no es cuestión de molestar a Telefónica, actual dueño de Telefé, el canal de aire con más rating de la televisión argentina cuya línea editorial es de neutralidad amistosa con el gobierno.

Siendo así, no hay para qué insistir con esas minucias como el hecho de que Telefónica es extranjera y por lo tanto no podría ser dueña de Telefé. Como dijo el inefable Sabbatella, “Telefónica Argentina es argentina”. Para el caso, lo mismo podría decirse de las filiales locales de McDonalds, General Motors o IBM… Tal como vimos en el caso de los procesos de adecuación y/o desinversión previstos por la ley de medios, éstos avanzan o no según la relación que cada pulpo mediático establezca con el gobierno en cada momento. Así, la aprobación de la “adecuación” de Vila-Manzano o del mismo Grupo Clarín estuvo y está sujeta a esos vaivenes.

En cuanto a si el ataque de Pichetto a Telefónica es una mera coartada o una contradicción real, no lo sabemos, pero para el caso no importa demasiado. Para el gobierno, éste no es momento para que la sangre llegue al río con nadie que aporte inversiones, se llame Chevron, Fintech, Carlos Slim o Telefónica.

La frutilla del postre es que el “monopolio amigo” podrá competir en su mismo terreno con el monopolio enemigo, Clarín, que hoy detenta casi el 60% del negocio del cable. De paso, otro amigo, en este caso buitre, el mexicano David Martínez, del fondo Fintech, podrá conservar su 40% de Cablevisión (también del “enemigo”) y acaso acrecentarlo.

De esta manera, la queja del ministro Kicillof de que “cinco empresas se quedan con el 88% de las ventas” del negocio de las telecomunicaciones va a quedar como lo que es: palabras que se lleva el viento mientras el dispositivo legal que arma el kirchnerismo se dedica a reforzar la realidad que se denuncia.

Marcelo Yunes

Notas

1. En un alarde de división de tareas, el jefe de gabinete Capitanich recogió el guante de Pichetto y aclaró que no hay problemas en introducir cambios a la ley en el debate. Veremos cuánto queda del “embate antimonopólico” en el texto que finalmente se apruebe, pero dudamos de que haya muchos cambios: la intención de Cristina es que debate y votación se hagan a la velocidad del rayo, en sesiones extraordinarias, antes de fin de año.

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