El hospital Alejandro Korn de Romero está siendo la prueba piloto de cierre de manicomios en la provincia de Buenos Aires, y más que una prueba, ya es un hecho que tomó un curso acelerado, que de ninguna manera apunta a la desmanicomialización, sino al desmantelamiento de la salud mental pública.

El 3 de noviembre las autoridades del hospital deciden cerrar las internaciones por seis meses, con el pretexto de que el edificio estaba en malas condiciones y que reacondicionarían otro lugar, pero, dicen, “hay que esperar”. Sin embargo, para que funcionen el servicio de guardia y las internaciones, estas obras tendrían que haber estado listas hace un año atrás. ¿Qué paso? Unos días antes del cierre de las internaciones se hicieron presentes representantes del CELS y del juzgado de Arias, que recorrieron sala por sala. Dos días antes de que vengan a realizar la investigación, comienzan a aparecer «mágicamente» insumos que hacía meses que faltaban en el hospital: gasas, guantes, papel higiénico, yerba, jabón. Cortaron los pastizales, los trabajadores de limpieza tuvieron que quedarse doble jornada, como si estas acciones pudieran tapar el deterioro y la desidia en la que se encuentra el hospital desde hace años. Sumado a todo esto, también se roban la plata de las pensiones de miseria que cobran los pacientes, una vergüenza que evidencia la falta de interés por parte de las autoridades de cuidar a las personas que se encuentran haciendo un tratamiento. Es una situación insostenible: en solo dos años hubo 131 muertes de personas internadas, que están siendo investigadas, y habrá más muertes si los trabajadores no frenamos el ajuste y el recorte que está sufriendo nuestro hospital.

Ante este ataque sistemático por parte de las autoridades contra los derechos de los trabajadores y las personas internadas, declaramos estado de asamblea permanente, donde se votó un corte de calle para exigir de manera inmediata la apertura ya del servicio de internaciones para hombres, y que les devuelvan a los pacientes la plata que se robaron. Consideramos que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el cierre de un servicio tan esencial, ya que deja sin atención a las personas que no tienen recursos económicos para atenderse en el sector privado. Y que no nos mientan, seis camas disponibles en otros servicios no resuelven la cuestión de fondo. Y que no nos digan que derivemos a la persona a los hospitales generales, porque estos no tienen servicios preparados para internar; el único hospital que tiene guardia de salud mental es el San Martín pero cuenta solo con diez camas. Es claro que ni a las autoridades de nuestro hospital, ni a las de otros, les importan las personas con padecimiento mental, pero a los trabajadores sí, porque somos los que ponemos el cuerpo y los sentimientos en nuestro trabajo diario.

El compañero del Posadas se jugó la vida por intentar salvar a una persona con una descompensación psiquiátrica, donde trágicamente terminan muriendo ambos. Esto nos da mucha bronca, porque en el Posadas, al igual que en muchos hospitales, se venía denunciando que la infraestructura no era la adecuada para atender a personas en una crisis. Pero no por mala voluntad de los trabajadores, porque es una realidad la falta de personal, la falta de insumos, de medicación y la infraestructura que no está preparada.

Es una “locura” que dejemos que los trabajadores de otros hospitales generales, con menos recursos que nosotros, garanticen la internación y  atención a personas con padecimiento mental, y eso no es ir en contra de la ley, es ser conscientes de las condiciones actuales en las que se encuentra nuestro sistema de salud. Si nosotros como monovalente no podemos garantizar calidad de atención, menos lo van a poder hacer nuestros compañeros de otros hospitales, por más esfuerzo que hagan como lo hizo el compañero del Posadas. Por eso tenemos que pelear todos juntos, entendiendo que no hay década ganada para la salud. Tenemos la Ley de Salud Mental, que es letra muerta en un contexto de ajuste y deterioro creciente de las condiciones de vida de la población, con salarios a la baja, con escuelas que se caen a pedazos,  porque el gobierno se preocupa por negociar con los buitres, pagar la deuda externa, no por darle presupuesto a las leyes «progres» que se encargó de sancionar, como la Ley de Niñez que tiene servicios locales vaciados, la ley de violencia de género que no cuenta con refugios para mujeres, ni planes de vivienda o trabajo, entonces las mujeres no tienen ninguna salida. La ley de Salud Mental es parte de esa máscara progresista del gobierno, que se jacta de ser defensor de los derechos humanos pero que en realidad no le importa que hoy tengamos personas en condiciones deplorables, en salas donde falta luz, higiene, donde no hay más que medicación para ofrecer porque no tenemos equipos interdisciplinarios, ni talleristas para comenzar a rehabilitar y fortalecer capacidades de personas que están hace largo tiempo internadas.

El presupuesto que se acaba de votar no contempla un aumento para salud, sino todo lo contario, y los trabajadores no debemos ser ingenuos: la Ley de Salud Mental necesita mucho presupuesto para que se empiece a implementar porque necesitamos personal para trabajar seriamente en las externaciones de los pacientes que tienen 20 años de internación, para mejorar y recuperar habilidades; se necesitan enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, terapistas ocupacionales, psiquiatras. Estamos hablando de por los menos cien cargos como mínimo para profesionales, talleristas, y el director nos ofreció solo seis becas, una total desproporción.

A la par del cierre de salas, no vemos que se estén creando nuevos dispositivos: hace años tenemos solo tres que funcionan a voluntad de sus trabajadores, y con pasantes ad-honorem. Las externaciones que se realizan no tienen sustento desde políticas estatales, porque no hay planes de vivienda, ni dispositivos laborales para que personas con padecimiento mental puedan sostener una vida por fuera del manicomio.

Por eso decimos no al cierre del hospital de Romero hasta que no tengamos los dispositivos comunitarios creados en todos los puntos de la región, planes de vivienda para que las personas vivan dignamente, que el estado garantice puestos de trabajo dignos y talleres protegidos que funcionen con el control de los trabajadores y personas con padecimiento mental, no queremos más pensiones de miseria, que sean acorde a la canasta básica.

No podemos esperar que nuestras autoridades, el ministerio y el gobierno garanticen el cumplimiento efectivo de la Ley de Salud Mental, ellos son los responsables del vaciamiento y el deterioro de la salud pública. Somos los trabajadores, los usuarios y la comunidad los que debemos enfrentar estas políticas de desmantelamiento y ajuste. Detrás de la máscara progre se esconde un recorte, no hay desmanicomialización posible si no defendemos lo poco que tenemos, y avanzamos por más.

Convocamos a todos los trabajadores, pacientes y comunidad a la movilización y asamblea el martes 25 a las 11 al Ministerio de Salud para exigir a las autoridades:

* Reapertura ya del servicio de internaciones para hombres (SAC). Basta de expulsión, no a la desatención.

* Que se les devuelva ya la plata robada a los pacientes.

* Presupuesto que contemple designación de cargos y recursos para comenzar a trabajar las externaciones de pacientes que aún se encuentran internados.

* Planes de vivienda y de trabajo para personas con padecimiento mental.

* Creación de centros de salud mental comunitarios en todos los puntos de la provincia, que sean puestos en funcionamiento con personal y recursos suficientes.

* Creación de servicios de salud mental en los hospitales generales, que se garantice infraestructura, personal y recursos para una buena calidad de atención.

* Basta de desmantelamiento de la salud mental pública.

Trabajadores de la salud del Nuevo MAS

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