“En el extranjero se sabe poco que el bolchevismo se formó, se fortaleció y se templó en largos años de lucha contre el revolucionarismo pequeñoburgués, que se parece al anarquismo o que ha tomado algo de él, y que, en todos los problemas esenciales, deja de lado las condiciones y exigencias de una lucha de clases consecuentemente proletaria” (El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, V.I.Lenin)

Nos interesa llevar adelante aquí una reflexión acerca de la utilización revolucionaria de la legalidad partidaria.

La cuestión es la siguiente: cuando las elecciones están establecidas entre amplios sectores de masas como la forma característica de la política, no participar de las mismas es algo infantil e “izquierdista”: un tiro al pie que se dispara el propio partido.

Sin dejar de ser un recurso táctico, es de enorme importancia pudiendo ayudar a un salto en calidad en la construcción e influencia de la organización revolucionaria. Porque la campaña electoral le brinda al partido la oportunidad de llegar a más amplios sectores que los habituales; poder llegar con sus propuestas a sectores de masas cuando su auditorio habitual se reduce a la vanguardia.

Y llegar en el caso de elecciones presidenciales haciendo propuestas generales porque, en cualquier modo, el partido tiene su candidatura presidencial y se instala de ese modo en el contexto de las “ofertas electorales” de conjunto, que atañen a los problemas generales de la marcha de la sociedad.

Insistimos: que la participación electoral sea táctica no quiere decir, dialécticamente, que no pueda ser de enorme importancia: que sirva como trampolín para colocar al partido en un escalón superior de su desarrollo al lograr llegar e impactar con su política a sectores que le serían totalmente ajenos a su radio de acción habitual sin el punto de apoyo que puede ser la campaña electoral y los medios que esta pone a su disposición.

Pero a esto que es ampliamente conocido le queremos agregar otro aspecto: la importancia que tiene la obtención de la legalidad nacional para la extensión nacional de la organización revolucionaria. Legalidad nacional que, por añadidura, es la “condición técnica” para poder presentar candidaturas presidenciales.

Pasa que, habitualmente, el partido no llega a todas las provincias o estados del país. Se concentra en el centro del mismo o, a lo sumo, en algunas de las provincias más importantes. Pero cuando se obtiene el reconocimiento electoral nacional, cuando se echa al ruedo una candidatura presidencial, se puede llegar, por así decirlo, hasta el último rincón del país. El bolchevismo utilizó hasta el más mínimo resquicio que le daba la legalidad para participar en la Duma del zarismo (una suerte de cámara parlamentaria ultra-amañada y antidemocrática); esto para poder ampliar su influencia entre las masas trabajadoras de la Rusia de la época. Lo hizo combatiendo las tendencias ultraizquierdistas del partido que se negaban a participar de las elecciones parlamentarias incluso cuando la marea revolucionaria de 1905 había declinado y se había entrado en un período reaccionario.

Pero no se trata solo del bolchevismo: en la tradición del trotskismo antes y después de la Segunda Guerra Mundial las elecciones fueron un vehículo para la construcción de las organizaciones revolucionarias, claro que siempre y cuando su utilización fuese revolucionaria y no diera lugar a una adaptación electoralista a las mismas.

Quizás la joven militancia no conozca, por ejemplo, que en el lejano año de 1938 la organización trotskista de Vietnam (en un heterodoxo acuerdo con las fuerzas estalinistas de dicho país), conquistaron bajo la candidatura de Ta Tu Tao, la intendencia de Saigón. Lamentablemente este triunfo no se pudo mantener porque el socialismo revolucionario era orgánicamente débil y el estalinismo rompió esta alianza “contranatura” llegando a comienzos de la década del ‘40 a asesinar al propio Tao por trotskista (fue Ho Chi Min el que ordenó este crimen).

Más cercano en el tiempo, el PST morenista de los años 70 hizo una utilización revolucionaria de la participación electoral en 1973 para transformar a dicha organización en un partido nacional. Pila de anécdotas eran conocidas entre la militancia de aquellos años de los cuadros que eran enviados a abrir -mediante la campaña electoral- nuevas provincias y regiones de las más inverosímiles maneras.

En todo caso, es evidente que la obtención de la legalización nacional de cualquier organización revolucionaria es una enorme conquista y palanca constructiva que la pone en otro plano desde todo punto de vista. Ya el hecho de participar de las elecciones presidenciales, de tener candidatura presidencial, la coloca frente al público en general como una organización nacional, “de las grandes”, haciéndola visible como organización nacional tal.

Pero esto se agiganta en las actuales condiciones históricas vistas internacionalmente, donde a pesar de la emergencia de un ciclo de rebeliones populares, las elecciones siguen siendo valoradas por las grandes mayorías como el momento par excellence de la política. En tales casos, todo partido revolucionario que se precie de tal, debe pugnar por alcanzar su legalidad nacional para poder afrontar su participación electoral. No hacerlo sería criminal para sus propias posibilidades políticas.

Pero esto tiene su expresión en el terreno constructivo: la participación electoral nacional (independientemente de los votos que se obtengan) es una enorme palanca para avanzar en la construcción nacional del partido. Aquí se combinan dos coordenadas. Por un lado, es evidente que la legalidad nacional y la candidatura presidencial permiten extender nacionalmente al  partido, llegar a todos los rincones del país, “plantar” núcleos partidarios en los mismos. Pero a la vez permite otra cosa más estratégica: posibilita llegar a más amplios sectores que los habituales; si se trata de organizaciones con mucho peso juvenil y estudiantil posibilita, en todo caso, llegar a los lugares de trabajo mediante una campaña electoral que sea llevada adelante de manera sistemática, que se haga orgánica y estructural en la puerta de fábricas y demás lugares de trabajo. Esto sin menoscabo de la extensión territorial que toda campaña electoral plantea; de las tareas de agitación entre amplios sectores que caracterizan a la misma.

En definitiva, la legalidad nacional es una herramienta extraordinaria para la extensión nacional del partido y así debe ser comprendida por toda la militancia. Una herramienta a la que hay que sacarle todo el jugo realizando una campaña electoral socialista y revolucionaria que pelee porque la conciencia de los trabajadores vaya más lejos de sus limitaciones reivindicativas habituales e instale la pugna por la independencia política de clase.

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