Hace muy pocos días la legisladora porteña por el Frente Para la Victoria María Rachid estuvo en el centro del debate por la presentación de un proyecto de ley para establecer un subsidio a las personas trans, a partir de los cuarenta años (que tuvo su correlato en Congreso Nacional con la presentación de una ley similar de la diputada Diana Conti, también del FPV). Los reaccionarios pusieron el grito en el cielo enseguida e hicieron que rápidamente la legisladora lo relativizara explicando que ese proyecto había sido presentado hacía más de un año y que en ese momento el valor del subsidio era de $2400 y no de $8000 como se decía ahora; “habría que ajustar el valor. Ojalá se les pudiera pagar a las personas trans 8 mil pesos. Pero puede resultar excesivo si se las compara con el valor de las jubilaciones”[1].

Los argumentos más retrógrados se hicieron escuchar atacando a las compañeras trans y menospreciando la identidad de las personas trans, culpándolas de la situación de extrema vulnerabilidad en la que viven, y hasta comparándolas con los y las jubiladas que cobrarían menos que este subsidio. Pero el problema no es hacer comparaciones del “más golpeado”; quién está peor, quién merece más el subsidio. Sino comprender cuál es la realidad de las mujeres trans y cómo revertir su situación de riesgo.

Obviamente un subsidio económico puede “ayudar” a una persona o sector social que se encuentre  marginado del sistema productivo. Y las mujeres trans son parte de un sector social que por su identidad de género elegida quedan completamente por fuera de toda posibilidad de obtener un empleo en este sistema. La realidad que atraviesan las personas trans es sumamente violenta. La asunción de la identidad trans implica su inmediata expulsión de sus hogares, y en general esto ocurre entre los 10 y los 13 años de edad. La explotación sexual es una, y la más cercana, posibilidad de subsistencia económica para esta personas. Esto conlleva una vida de agresiones, inminencia de infecciones de enfermedades de transmisión sexual, violaciones y asesinatos – por parte de prostituyentes, policías, funcionarios públicos, etc. – propios de las redes de explotación sexual. La transformación del cuerpo que se realiza por fuera del sistema de salud, conlleva complicaciones severas, que pueden terminar en la muerte de las compañeras. Toda esto implica que el promedio de vida de estas personas sea entre los 35 y los 40 años de edad. Todo un desastre.

En estos fundamentos se basó la legislador K del FPV para hacer la presentación de su ley, en un sentido “reparador de la vida de las mujeres trans”. Rachid dijo que “A los 40 años, las personas trans llegan sin “acceso a la salud ni al sistema educativo, con una historia de prostitución”[2].

Lo llamativo de este proyecto de ley es que se basa en todo una descripción de la situación que viven las personas trans, pero no propone nada para revertirlo. Para empezar propone un subsidio para las personas que superen la expectativa de vida planteada: es un subsidio para las sobrevivientes del sistema patriarcal capitalista! Si sobreviviste a la explotación sexual, a que te echen a los 10 años, a las operaciones clandestinas, y superaste el promedio de vida, entonces sí podés recibir el subsidio!

Pero hay algo mucho más cínico. Es la misma María Rachid, la misma legisladora que hace más de un mes presentó otro proyecto de ley que busca regularizar la explotación sexual como ‘trabajo sexual’, busca legalizar la situación de violencia que hace que las mujeres trans requieran un subsidio estatal a los 40 años.

Legalizar el trabajo sexual, es darle vía libre a los prostituyentes y proxenetas a hacer con el cuerpo de las mujeres y trans lo que se les antoje, compararlo, venderlo, alquilarlo, violarlo o matarlo. Legalizar el trabajo sexual es legalizar que los prostituyentes negocien el uso de un preservativo, condenando a las mujeres y trans a la inmensa posibilidad de contraer cualquier enfermedad de transmisión sexual. Legalizar el trabajo sexual es mercantilizar el cuerpo de las mujeres y trans, haciéndolos objetos consuminles y modificables de acuerdo a la “demanda del mercado”. Lohana Berkins, reconocida activista por los derechos de las personas trans, hace años denuncia que la el promedio de vida de estas personas no supera los 40 años a causa de las muertes por “VIH/sida, la muerte indiscriminada y violenta por cualquier razón (la discriminación muchas veces toma la forma de violencia física) y el uso discreción de las cirugías, realizadas en situaciones irregulares”[3], tres situaciones inherentes a la explotación sexual.

El subsidio de esta legisladora propone un resarcimiento en vez de una política de estado que tienda a la integración de las personas trans al mercado de trabajo. La primera salida para estas personas es el trabajo genuino como alternativa al circuito de la explotación sexual, la incorporación en igualdad de condiciones que los varones al sistema productivo. El pleno acceso al sistema de salud en condiciones dignas, con atención inmediata, respetando su identidad.

Está claro que ni María Rachid, ni el gobierno nacional proponen ninguna alternativa a las personas trans, porque los derechos de las trans ni de las mujeres están en su agenda. Es la lucha en las calles del movimiento LGTTB y del movimiento de mujeres por nuestros derechos la que nos va a abrir el paso en el camino de nuestro emancipación, exigiendo:

Trabajo genuino!

Acceso al sistema de salud!

Programas de vivienda!

Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual!

Cárcel a proxenetas y funcionarios cómplices!

Mari H

[1] La mañana de Córdoba online http://www.lmcordoba.com.ar/nota/187231_desmintieron-que-se-impulse-un-subsidio-de-8000-pesos-para-transexuales-portenas

Jueves 27 de Noviembre de 2014.

[2] Idem.

[3] “Lohana Berkins, la travesti que quiere ser Presidenta”, 16/08/2011, en: Lanación.com

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