Hay que eliminar los servicios de inteligencia

“Esta idea de reformar los servicios de inteligencia no es nueva en el país (…) este tipo de organismos actúa con un secreto que los ampara por ley y es muy difícil para las estructuras del Estado. Los desmanejos que eso produce en la vida pública han hecho de estas reformas un clásico de los gobiernos de todo el mundo” (Ámbito Financiero, 27-1-15).

El último coletazo de la muerte del fiscal Nisman fue el anuncio hecho por Cristina Fernández en cadena nacional de la disolución de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE, Servicio de Inteligencia del Estado) y su reemplazo por una nueva institución, de carácter y funciones similares, pero con la diferencia de que su director y subdirector serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. A esto llamó la presidenta “transparentar un sistema que no ha servido a los intereses nacionales”.

En realidad, el sistema de inteligencia sí que ha prestado buen “servicio”, aunque no a los intereses nacionales sino a los de la clase capitalista en su conjunto y a los gobiernos de turno. Pero también es cierto que, por su misma conformación, suele llegar el momento en que su actividad se vuelve dudosa e incluso peligrosa. De allí la necesidad de reformularlos de vez en cuando, algo que, como dice la cita del acápite, sucede con frecuencia también en otras latitudes. Lo que nunca plantean los gobiernos jaqueados por algún estropicio de sus servicios de inteligencia es eliminarlos. Y eso obedece a razones mucho más profundas que los eventuales “desmanejos” de esos servicios y sus agentes, por problemáticos que resulten, como en el caso de la muerte de Nisman.

Servicios: la cloaca de operaciones ilegales de la “democracia” capitalista

Los servicios de inteligencia y espionaje fueron una creación que, aunque remite a una tradición vieja como el mundo, adquirió rango “institucional” con el nacimiento de los estados-nación europeos y, junto con ellos, el desarrollo de imperios coloniales, disputas entre estados y guerras. Su primera función era, ante todo, para tiempos de guerra: asegurar el secreto de las comunicaciones propias y revelar las del enemigo; en general, era parte de las funciones del cuerpo diplomático. Las dos guerras mundiales, en el siglo XX, marcaron el momento de máximo desarrollo y profesionalización de esta actividad, que continuó en el marco de la llamada Guerra Fría (1945-1991).

Sin embargo, a lo largo del siglo XX, y en particular en la segunda posguerra, se verificó un cambio decisivo: el centro de atención de los servicios de inteligencia dejó de ser el control y espionaje a eventuales enemigos exteriores para pasar a concentrarse en el “enemigo interior”. Que no eran precisamente los “agentes al servicio de potencias extranjeras”, sino, para decirlo en lenguaje marxista, los enemigos de la guerra de clases. Así, el espionaje interno se dedicó a corrientes políticas de izquierda legales e ilegales, activistas sindicales y estudiantiles, y todo aquello que pudiera representar una amenaza no ya para el Estado “nacional”, sino para el Estado burgués y la clase capitalista. Esto fue tanto más así en países como los latinoamericanos, donde las famosas “hipótesis de conflicto” no pasaban por una invasión del país vecino, sino por la contención del “peligro marxista internacional”.

La actividad de estos servicios fue esencialmente, durante décadas, abrir correspondencia, pinchar teléfonos, vigilar discretamente (o no tanto) a “gente sospechosa”… y llegado el caso, intervenir con la violencia física: intimidaciones, secuestros, torturas y hasta asesinatos. Las operaciones de este tipo en gran escala que hicieron dictaduras militares como la argentina (ya en este caso con el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas para sostener estructuras como campos de concentración) no salieron de la nada, sino que tenían como antecedente directo el accionar de los servicios (junto con el de la policía, a la que, según el marco legal, a veces incluso reportaban).

Como hace más de 30 años que “vivimos en democracia”, hay muchos jóvenes     que no comprenden o no conciben qué rol pueden cumplir los servicios en condiciones de legalidad de partidos de izquierda revolucionaria, actividad sindical y estudiantil más o menos libre, etc.

Pues bien, es necesario subrayar lo que cualquier marxista sabe, pero que tres décadas de “democracia” burguesa parece haber mandado al arcón de los recuerdos… incluso en la mente de algunos diputados “trotskistas” que no han cumplido el deber de difundir esta verdad elemental en sus apariciones televisivas, ocupados como estaban en ver cómo aprovechar electoralmente el caso Nisman.

Esa verdad marxista es ésta: los servicios son el brazo “legalmente ilegal” del Estado capitalista para todos los trabajos sucios que no puede hacer a plena luz del día. Aclaremos lo de “legalidad”: los servicios son exactamente la única institución del Estado que está protegida por un secreto que no sólo es casi absoluto, sino sancionado legalmente. No sólo casi nadie sabe casi nada de quiénes son y qué hacen, sino que está prohibido preguntar. Los nombres de los agentes, sus actividades, su presupuesto, etc., están más allá de todo control de cualquier otra institución, incluso la Justicia y el Parlamento. Esa impunidad legal da lugar a fenómenos que desarrollaremos más abajo.

Veamos un ejemplo. El ahora famoso Antonio Stiusso, ex director de Operaciones de la SIDE, se llevó puesto nada menos que al ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz, en 2004. ¿Cómo fue? Béliz acusó a Stiusso de perseguirlo con acciones ilegales y mostró una foto del agente en un programa de TV. ¿Resultado? Stiusso siguió lo más campante, pero al ya ex ministro le hicieron un juicio rajante por revelar secretos de Estado, y Béliz, una de las figuras más consolidadas de la política burguesa nacional (era mucho más relevante que Macri, por ejemplo), se desilusionó de todo, abandonó la política y se fue del país para no volver. ¡Y todo para proteger a un agente ignoto de cuyo accionar y supuestos “éxitos” nunca nadie supo nada!

Eso sucede en todas partes: en EE.UU., una periodista casi fue pasada por las armas por revelar “inadvertidamente” la identidad de un agente de la CIA. El velo de plomo que rodea a los agentes de inteligencia puede ser impenetrable hasta para sus mismos empleadores, como veremos.

Ya que mencionamos a la CIA, digamos que es el mejor ejemplo de la definición que dimos antes. El “democrático” gobierno yanqui jamás podría anunciar a voz en cuello que va a espiar a mandatarios extranjeros, organizar golpes de Estado o asesinar a algún dirigente muy molesto. Menos que menos en esta posmoderna era de la “democracia” y la corrección política. Sin embargo, a nadie se le mueve un pelo cuando se entera de que la CIA se dedica exactamente a todo eso. Los gobiernos espiados se quejan de que la cosa tome estado público, pero no se escandalizan para nada: ¡ellos hacen lo mismo, en la medida de sus posibilidades!

Tal es el cinismo de la democracia burguesa: aparentemente, gobiernan “las instituciones democráticas”, el Parlamento, la sacrosanta Justicia y la no menos sacrosanta libertad de prensa. Pero cuando hay necesidad y urgencia de hacer verdaderas porquerías, ahí están los servicios (a veces en colaboración con la policía) para hundir las manos en la basura hasta el codo. Total, el pueblo no se entera ni se le informa, y la “democracia” tampoco. Y si el escándalo es tan grande, como ahora, que las “instituciones” se enteran y, con total hipocresía, se hacen las horrorizadas… entonces se expulsa a los agentes “corruptos” o se “sanean” los servicios con alguna “reforma”. Es lo que hace Cristina ahora, y lo que intentaron otros gobiernos anteriores. (1)

Los servicios de inteligencia no pueden ser “reformados”: deben ser eliminados

El carácter secreto de los agentes y de su accionar, aun cuando actúen por cuenta y orden del Estado y el gobierno de turno, genera inevitablemente cierta autonomía del servicio de inteligencia, incluso respecto de quienes supuestamente les dan órdenes. Esto, insistimos, ocurrió y ocurre en Argentina con la SIDE, pero también en EE.UU. con la CIA, en Gran Bretaña con el MI6, en Israel con el Mossad y sigue la lista. A esto se agrega que los personajes reclutados para esta actividad salen del sumidero de la sociedad, una verdadera cloaca que, lejos de seguir el glamoroso modelo de James Bond, son en general una lacra lumpen y cínica, moralmente descompuesta, sin ideología seria y ni siquiera ese “sentido del deber” hacia el mismo Estado burgués que caracteriza, por ejemplo, a la oficialidad de las Fuerzas Armadas o la alta burocracia estatal. Por lo tanto, y a diferencia de esas capas mencionadas, su lealtad al Estado, y ni hablar al gobierno de turno, es muy lábil; en el fondo, son gente que busca trabajar sobre todo para sí misma. (2) Como dice un analista, “el edificio de la calle 25 de Mayo (sede de la SIDE. MY) es sólo la punta de un iceberg que encierra locaciones, recursos y personal que son lejanos a las maniobras de la política” (M. Merlo, Ámbito Financiero, 26-1-15).

Por otra parte, que quede claro: por un lado, absolutamente todos los gobiernos “democráticos” hicieron uso y abuso de los servicios para todas las canalladas ilegales que no pueden defender en público; por el otro, ninguno de esos gobiernos pudo controlarlos de manera total y absoluta; algunos simplemente se adaptaron a eso, otros intentaron cambios, en general sin éxito.

Ejemplos universales sobran, pero daremos sólo algunos de la Argentina. Quienes vivimos ese período recordamos el escándalo de Raúl Guglielminetti, un represor del Batallón 601 (igual que el hoy burócrata sindical de la UOCRA Gerardo Martínez) que se daba el lujo de aparecer en las fotografías oficiales al lado del entonces presidente Raúl Alfonsín, sin que nadie se explicara cómo había llegado allí (y el propio Alfonsín, ni enterado, por supuesto).

Ni hablar de la presidencia de Menem, con sus oscuras conexiones con países árabes, la traición de mandar naves a la Guerra del Golfo (1991) y los consiguientes atentados a la embajada de Israel al año siguiente y a la AMIA dos años después. Tan grave fue el asunto que –cosa que suele tomarse con naturalidad cuando es algo gravísimo– el hijo del presidente en funciones fue asesinado, y nunca se supo nada de los responsables. Que nadie nos diga que los servicios fueron ajenos al hecho o a su encubrimiento, porque es sencillamente inverosímil.

De la Rúa, en 2001, logró votar una ley de inteligencia que sigue vigente, pero, como contó el director de la SIDE Fernando de Santibañes, se ve que a “los muchachos” no les gustó, porque al día siguiente de la promulgación de la ley hubo que evacuar la Casa Rosada por una amenaza de bomba. No le fue mucho mejor a Carlos Soria, jefe de la SIDE durante el gobierno de Duhalde, a quien los servicios le hicieron una cama vendiéndole el increíble pescado podrido de una supuesta invasión de las FARC al territorio nacional (¡Colombia no tiene siquiera frontera común con Argentina!).

Dicho todo esto, lo extraño no es que bajo el kirchnerismo los servicios hayan seguido haciendo, literalmente, de las suyas (ya mencionamos lo ocurrido con el ministro Béliz, para no hablar de la desaparición de Jorge Julio López). Lo insólito es que bajo una gestión mucho más larga que los anteriores, y además con la chapa de “gobierno progre”, “paladín de los derechos humanos”, etc., hayamos tenido que escuchar ahora, de boca de la Presidenta, confesiones como la que sigue. Según Cristina, la ex SIDE (luego SI) se estaba dedicando a torpedear el acta de entendimiento con Irán y a alimentar denuncias contra el gobierno, y fue así que “esto me llevó a tomar la decisión de desplazar agentes que venían de antes del advenimiento de la democracia” (discurso del lunes 26 de enero).

Esto es increíble, inolvidable e imperdonable. El gobierno puede mostrarse todo lo que quiera como “víctima” de una operación, o una serie de operaciones, de servicios, jueces, fiscales, dirigentes opositores y medios, que pueden tener mayor o menor cuota de realidad. Pero le cabe una responsabilidad política monumental que no tiene cómo tapar: ¡el gobierno más “progresista” de la historia argentina dejó en su cargo, después de más de 30 años, a agentes de inteligencia de la dictadura!

Cualquier honesto kirchnerista se puede preguntar por qué, qué necesidad había de seguir usando esa mano de obra ultra podrida. Pero la respuesta no la puede dar ningún kirchnerista, honesto o no, porque entra en el terreno de los sacrosantos “secretos de Estado”. Y el secreto no es otro que éste: el kirchnerismo, más “progre” o menos “progre”, es un administrador político del Estado burgués. Y como los servicios de inteligencia son una parte muy importante de ese Estado (la única habilitada para hacer los trabajos sucios que todo gobierno burgués necesita), no puede prescindir de esos servicios, lo que incluye dejarlos, en lo esencial, tal como son (incluidos sus agentes de la época de la dictadura). (3)

Esos agentes son para todo servicio: espiar los pasos de rivales electorales; pinchar teléfonos de dirigentes sindicales, políticos o locales partidarios de la izquierda dura; averiguar secretos empresarios; hacer favorcitos personales (como el Fino Palacios, que espiaba a familiares de Macri a pedido de éste)… todo por el mismo precio, en secreto y con impunidad legal. Ningún gobierno burgués renuncia a semejantes poderes así nomás.

Sólo circunstancias excepcionales, como ésta del caso Nisman, pueden levantar temporariamente la tapa de esta cloaca subterránea para que el común de la gente se entere de cómo funciona uno de los pilares de la democracia occidental. Pues bien, lo que ahora están buscando desesperadamente todos los partidos del régimen, desde el kirchnerismo hasta la oposición de derecha, es volver a tapar esta podredumbre cuanto antes. Si eso significa hacer algunos cambios, llamar a sesiones extraordinarias del Congreso, etc., sea, pero todos quieren que esta crisis se cierre sin más daños para el Estado y el régimen (el daño electoral para el gobierno es otro cantar, claro).

La posición de los socialistas revolucionarios del Nuevo MAS es categórica:

¡Nada de “reformas”: disolución inmediata de todo organismo de inteligencia y espionaje!

¡Publicación inmediata de todos los archivos de represores y agentes, y destrucción de carpetas de antecedentes de luchadores populares!

¡Comisión de investigación independiente, encabezada por organismos de derechos humanos y familiares de víctimas, para saber toda la verdad sobre la muerte de Nisman y toda la causa de los atentados terroristas!

Marcelo Yunes

Notas

1. Todos los gobiernos desde 1983 quisieron hacer alguna reforma de los servicios de inteligencia; pocos la concretaron, y todos sufrieron escándalos de mayores o menores proporciones relacionados con la falta de control de los agentes.
2. Justamente esa lealtad dudosa es la que explotan tantas películas de espías, con sus agentes dobles y triples, secretos inconfesables y moral de playboy. La traición es el fluido vital mismo en el que se mueve el submundo de los servicios de inteligencia.
3. Fue muy instructivo un reciente debate televisivo entre Luis Zamora y Héctor Recalde, una de las espadas del kirchnerismo en Diputados. Recalde, desesperado, quería hacerle entender a Zamora que el problema no eran los servicios como tales, sino “las personas que deshonran la institución”. Dejando de lado la dudosa “honra” de la SIDE, era penoso ver como el “progre” Recalde defendía a muerte la necesidad de que el Estado capitalista y sus gobiernos contaran con esta herramienta putrefacta. ¿Será como los “ladrillos de bosta” que defendía Néstor Kirchner, cuando hablaba de la necesidad de acumular poder incluso con burócratas sindicales y peronistas de ultraderecha?

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