Una acusación política con formato legal –

Un caudaloso torrente de agua ha pasado por debajo del puente en estas últimas semanas. La vorágine de acontecimientos que van de la denuncia de Nisman a la última cadena nacional de la Presidente, pasando por la aparición del cadáver del fiscal con todas sus idas y vueltas, son motivo suficiente para marear a cualquier mortal. En el presente texto vamos a tratar de despejar algunos interrogantes sobre uno de estos acontecimientos: la denuncia de Nisman contra el gobierno. Haremos lo propio con el objetivo de fortalecer los elementos de análisis y caracterización de la crisis en curso.

Una denuncia sin delito

Empecemos por lo básico, el contenido propio de la acusación en palabras de la fiscalía:

“vengo, por la presente, a denunciar la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní”y continua“La decisión deliberada de encubrir a los imputados (…) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, Dra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner e instrumentada, principalmente, por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Sr. Héctor Marcos Timerman.”(Todas las citas, son extraídas de la denuncia presentada por Nisman).

El interés que habría movido a Cristina a dar este paso es sencillo: según el texto “la urgencia energética que atraviesa nuestro país y el anhelo por restablecer plenas relaciones comerciales a nivel estatal, ligados a una visión geopolítica de acercamiento con la República Islámica de Irán fueron (…) los factores determinantes para que la primera mandataria, tomara la aciaga decisión de llevar adelante este plan de impunidad”.

Ya tenemos la denuncia y el motivo. Pero cómo se concretó el delito… prosigamos con la lectura de la denuncia: “el plan incluyó negociaciones secretas y públicas con los iraníes, durante las cuales se acordó dar de baja las notificaciones rojas de Interpol [captura internacional, N.delE.], y que dichas  tratativas  desembocaron en la firma de un Memorando de Entendimiento que, en su esencia, debe ser considerado como lo que realmente es: apenas uno de los medios elegidos para garantizar (…) la impunidad de los prófugos iraníes”.

Por lo tanto, el esquema de la denuncia seria el siguiente: ante la aguda crisis energética Cristina decide comprar petróleo a Irán, país con quien las relaciones bilaterales estaban congeladas desde que en 2006 la justicia argentina (guiada por los servicios de inteligencia de EE.UU. e Israel) acusara a funcionarios del gobierno iraní, es decir a Irán, como responsable del atentado a la AMIA y les pidierala captura internacional (notificaciones rojas), y puesto que Irán se negaba a entregar a sus ciudadanos, Argentina congela las relaciones diplomáticas. De aquí surge la necesidad del famoso “Memorándum” para desatar el nudo. Estecreaba una “Comisión de la Verdad” bilateral para interrogar a los acusados iraníes con captura internacional. Así por este medio Cristina podría decir que avanzó en la investigación del atentado a la AMIA y de este modo los acuerdos comerciales entre Argentina e Irán no serían políticamente incorrectos. Pero hete aquí la cuestión:Nisman asegura que detrás del memorándum se escondía un acuerdo secreto que buscaba levantar las notificaciones rojas decretadas por INTERPOL y de esta manera garantizar la impunidad.

Nisman pretende sostener esta acusación por medio de tres tipos de pruebas que él va entrecruzando y repitiendo a lo largo de todo su escrito, la más difundida en todos los medios son las escuchas telefónicas a «Yussuf’Khalil, miembro de la colectividad islámica, en donde aparece como mediador entre el gobierno iraní y diferentes dirigentes relacionados con el gobierno. Otra fuente de pruebas son las declaraciones públicas de los funcionarios; y por último artículos periodísticos donde aparecen informaciones “off de record” e informes de servicios de inteligencia de otros países,en donde supuestamente se afirmaría que existen acuerdos secretos entre los gobiernos de Argentina e Irán.

Pero aquí es donde empieza el problema y el primer obstáculo que se le presentó a Nisman es por demás grave:el delito que él denuncia nunca se consumó. Las famosas notificaciones rojas nunca fueron levantadas, y por otro lado no hay ningún documento donde Argentina se comprometa a levantarlas. Ante este problema Nisman esboza dos especulaciones:

• “Este plan criminal involucró acuerdos secretos, por fuera del Memorando de Entendimiento. Así, se concertó -en forma oculta- el cese de las notificaciones rojas de Interpol que pesaban y pesan sobre los funcionarios iraníes, por ser el interés cardinal de Teherán para suscribir el acuerdo. (… ) Que quede bien claro. El acuerdo entre representantes iraníes y las autoridades argentinas excede con creces la mera letra del memorando”
• Que la mera firma del acuerdo debería haber levantado las notificaciones rojas pero que esto se vio frustrado por la iniciativa de INTERPOL: “las intenciones criminales para viabilizar la impunidad (…) chocaron con un obstáculo inesperado. (…) Interpol envió una misiva al Canciller Timerman, (…) en la queafirmaba: «…la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de INTERPOL manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA”.

La primera especulación se basa en una escucha telefónica donde «Yussuf’Khalil afirma que un funcionario iraní le dijo que Argentina no habría cumplido con todo lo firmado, de allí Nisman deduce que tiene que haber otro documento que se mantiene oculto. La segunda está fundamentada en que el gobierno iraní considera que el memorándum es prueba de buena voluntad y por lo tanto causa suficiente para levantar las ordenes de captura. Es decir: se basa en simples especulaciones, que podrán ser verdaderas y ciertas, o erradas y falsas, pero que son jurídicamente irrelevantes.

Una simple acusación política

La denuncia presentada por el fiscal ante el Juez Lijo tienen todos los ingredientes de una denuncia de tipo político con formato legal. ¿Qué queremos decir con esto? Muy sencillo, que de la lectura de las 290 fojas que contiene el escrito del Fiscal, se pueden desgranar mil y una hipótesis (ciertas o falsas), pero no hay material para acusar a nadie de delito alguno. Cualquier lector se preguntará entonces cuál es el motivo de semejante acusación penal contra la máxima figura institucional si no hay delito consumado. La respuesta habrá que buscarla por otro lado que no está en los tribunales. La acusación de Nisman, más allá de que pueda o no tener elementos reales, cuestión sobre la que no podemos expedirnos por falta de información fehaciente, es una acusación política.

No es casualidad que la denuncia de Nisman haya sido acelerada luego del atentado en París. Sin duda se quiso aprovechar la coyuntura política internacional para producir un efecto de amalgamamiento.

Es que en el fondo lo que se está denunciando es que el gobierno argentino este trabando acuerdos de algún tipo (no importa cuál) con Irán. Ese giro en la orientacióngeopolíticadel gobierno argentino (aprovechando la apertura diplomática de EE. UU hacia Irán), fue duramente criticado por la oposición y sectores relacionados con Israel que bogan por aislar políticamente al gobierno Iraní.

El gobierno también es responsable

En este texto desgranamos un análisis lo más objetivo posible de los fundamentos jurídicos de la acusación de Nisman. Como se ve, dichos fundamentos son prácticamente inexistentes. Sin embargo, esto no quiere decir que el gobierno sea una simple “víctima” de una acusación falsa. El hecho es que fue el propio oficialismo el que puso en su cargo a Nisman, el que colocó en todos los foros internacionales la acusación a Irán por el atentado de la Amia, el que apañó al espía Stiusso por larguísimos 12 años de su gestión, esto aun a sabiendas de su pasado bajo la dictadura militar.

El gobierno ha sido víctima de una provocación en la que también es responsable, sencillamente porque si ahora se le ha venido en contra una aparato de inteligencia y judicial que escapó a su control, esto no quita que el propio oficialismo aceptara las reglas de juego de la gestión del aparato estatal y de la democracia de ricos cuya naturaleza es operar de espaldas a los intereses de los sectores populares, sea en materia de espías y represión a los de abajo, sea en lo que hace a los enjuagues de la política internacional, característicos de todo gobierno capitalista por más “progresista” que el mismo se pinte.

Martín Primo

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