“En la Argentina, la superficie política exhibe las condiciones mínimas de un orden democrático, pero en sus sótanos, madrigueras y cuevas, el olor es nauseabundo (…) Como el prestidigitador que pierde el control de sus propias criaturas, el gobierno ha desatado demonios que no puede controlar” (Rogelio Alaniz, La Nación, 24-01-15).

La denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman han abierto una crisis política de enorme magnitud cuyos alcances todavía son difíciles de precisar. Ayer lunes 26 Cristina contragolpeó con al anuncio de la disolución de la ex SIDE y la creación de un nuevo organismo de inteligencia nacional, al tiempo que dio a entender que personas cercanas al grupo Clarín tuvieron que ver con el deceso del fiscal.

El llamado a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 1º de febrero, la continuidad de los interrogantes alrededor de la muerte de Nisman y las réplicas y contrarréplicas entre los de arriba, auguran que las cosas no terminarán aquí.

Estamos frente a una crisis política de conjunto del gobierno y el régimen político que tendrá nuevos desenvolvimientos y en la cual los sectores populares deben intervenir para que se salde hacia la izquierda.

Provocación por la derecha

Arranquemos por el principio de esta historia: la denuncia de Nisman de que Cristina, Timerman y otros funcionarios K serían responsables de encubrimiento en el atentado contra la AMIA. Por toda prueba el fiscal sólo tenía el famoso “Memorándum de Entendimiento” firmado con el gobierno de Irán a comienzos del 2013 y que nunca llegó a entrar en vigencia (tanto porque en nuestro país la CSJ lo declaró inconstitucional, como porque el parlamento iraní nunca lo ratificó).

Amén de este acuerdo diplomático –que en sí mismo no prueba nada– obran en el expediente, entre otras “pruebas”, las famosas escuchas de D’Elía hablando con un dirigente de la comunidad islámica argentina[1], donde más allá de la conocida simpatía de este militante K con el gobierno de Irán, su apelación a métodos clientelares para movilizar a actos oficialistas y otras acciones semejantes, no se encuentra gran cosa que pruebe el “encubrimiento”.

La bomba de acusar a un gobierno de “encubridor de terroristas” no podía tener otra consecuencia, evidentemente, que generar una crisis política mayúscula, cuestión a la que se le agregó la muerte de Nisman, hecho que elevó de manera exponencial la temperatura de la crisis.

La caracterización del hecho en sí de la denuncia del fiscal es importante para entender la dinámica de la crisis. El gobierno no puede excusarse afirmando que su manejo de las relaciones internacionales sea “incuestionable”: es un gobierno burgués, y como tal, muchas de estas relaciones se sustancian de manera secreta, a espaldas de los más amplios sectores y persiguiendo intereses que no son, precisamente, los de la mayoría.

La pirueta de haberse volcado primero a la acusación del régimen iraní por la voladura de la AMIA, para luego pasar un acuerdo con este mismo régimen supuestamente para que los acusados dieran “testimonio” de lo actuado, sólo se explica por los cambios de frente de la política de los EE.UU., y la subordinación de los “nacionales y populares” K a estos vaivenes[2]…

Es obvio, porque está dicho hasta el hartazgo, que Nisman y su equipo (más el espía Stiusso), que trabajaron a lo largo de años detrás de la pista iraní, se iban a malquistar con semejante cambio de frente del oficialismo. Cambio que fue un error político no porque el país no deba manejar sus relaciones internacionales de manera soberana (algo que toda la oposición patronal cuestiona reivindicando por lo bajo el retorno a las “relaciones carnales” de los años 90[3]), sino simplemente porque no había consenso político entre los de arriba para un vuelco así.

La provocación montada por Nisman, su equipo y eventualmente Stiusso y compañía, vino a apoyarse en el simple cambio de posición del gobierno respecto de Irán. Y sobre él machacan los grandes multimedios, que son los fogoneros de la tesis que sostiene que el gobierno “ampara terroristas”.

La continuidad bajo los K de los servicios de la dictadura

El carácter de provocación que rodeó la denuncia de Nisman, multiplicados sus efectos a partir de su fallecimiento, sirve para pensar la posible dinámica de los acontecimientos.

Es difícil dar una definición categórica del asunto. Prima facie, a quien más ha perjudicado es, evidentemente, al propio gobierno. Sin embargo, como toda provocación, sus consecuencias no están claras hasta que las mismas se “asientan” del todo, por así decirlo.

Una acción que cuestiona al gobierno directa o indirectamente desde alguna usina del imperialismo y el sionismo internacional, y en la cual se montaron los grandes multimedios como Clarín y La Nación (y algo más cuidadosamente toda la oposición patronal), tiene como primera consecuencia práctica la “disolución” de la ex SIDE.

Desde ya que se trata de una medida tramposa de Cristina, porque más que disolver este organismo, se lo recrea en otro nuevo: una nueva Agencia Federal de Inteligencia, además de no tocar el resto de los organismos de inteligencia que son parte de las tres fuerzas armadas y de las policías federal y provinciales.

Se trata, sin embargo, de una consecuencia que luce “por la izquierda”, lo que no deja de ser paradójico. Pero tiene una explicación. Cristina pretende matar dos pájaros de un tiro: retomar la iniciativa política frente a la grave crisis en que quedó sumido su gobierno por la denuncia y posterior muerte de Nisman, al tiempo que responder a la circunstancia por la cual prácticamente todo el equipo de inteligencia que trabajó en íntima relación con los K a lo largo de sus 12 años de gestión (Stiusso y compañía), se les salió completamente de control.

La crisis política abierta tiene entre uno de sus aspectos más reveladores, la íntima complicidad de los servicios de inteligencia con el poder. Servicios, jueces, fiscales, autoridades nacionales, legisladores, políticos patronales: ¡todos ellos forman parte de una densa red de complicidades e intercambio de información secreta! Una red cuyo objetivo central es espiar la vida de las personas; en particular a los trabajadores y sectores populares en lucha, no con algún fin “elevado” sino para lo que están mandados a ser: ¡colocarse al servicio del espionaje, persecución y represión de los de abajo, los trabajadores, los activistas, los luchadores y las organizaciones de izquierda, actividades que fueron amparadas a lo largo de 12 años por un gobierno que se proclama “progresista”!

Los sectores populares deben intervenir

Dado el tenor de la denuncia de Nisman, seguido posteriormente de su muerte y el revoltijo de denuncias cruzadas que se abrió entre bandos patronales, se está en presencia de una crisis que no solamente afecta al gobierno, sino que tiende a rebalsarse hacia el conjunto de las instituciones del régimen. Instituciones implicadas en esta manera oscura de proceder y hacer política tan característica de los regímenes patronales y que está saliendo a la luz del día cual absceso maloliente.

Frente a este siniestro espectáculo, la población reaccionó de diversas maneras: entre la indignación de algunos por la muerte del fiscal, hasta el hartazgo de otros de que este sea el único tema omnipresente en los medios, y la convicción de la mayoría de que nunca se llegará a la verdad (embajada, AMIA y Nisman, entre otros casos de asesinatos o muertes flagrantes).

En estos días donde la política parece reducida a un juego entre espías, dignatarios, políticos, especialistas en informática, asesinos y demás, hay que reflexionar someramente sobre las tareas que dejó pendientes la rebelión popular del 2001: finalmente nadie se fue.

Dicha rebelión puso sobre el tapete (pero no logró resolver) un cuestionamiento al conjunto de las instituciones de la democracia patronal, que no han logrado garantizar aquella promesa de Alfonsín de treinta años atrás de que “con la democracia se come, se educa y se cura”, ni acabar con la impunidad de los milicos asesinos. Instituciones que, gobernabilidad kirchnerista mediante, siguieron como si tal cosa sólo para explotar ahora a cielo abierto por sus costados más putrefactos[4].

La oposición patronal está trabajando para intentar capitalizar esta crisis política a su favor, crisis que en definitiva se inscribe en el fin de ciclo K y la intención de reemplazar al actual elenco gubernamental por uno más “normal”, es decir, alineado sin chistar con EE.UU. y sus aliados. 

Pero la crisis crea también la oportunidad de pelear por una salida por la izquierda. Esto en la medida en que se logre una intervención de las masas en la crisis abierta alrededor de las tareas que esta plantea: una investigación independiente de la voladura de la AMIA, la eliminación de todos los organismos de inteligencia del Estado, la apertura de los archivos secretos de la dictadura militar, la identificación de todos los represores todavía enquistados en el aparato de estado, etcétera.

¿Hacia dónde el fin de ciclo?

Hay otro aspecto que desarrollar: ¿cómo inscribir esta crisis estallada en el cielo sereno de la calma del verano de un año electoral? La explicación pasa por lo siguiente: no se trata de un simple tironeo electoral (aunque también lo sea). Se trata de que estas elecciones tienen como contenido específico algo que va más allá de una elección normal: el fin de todo un ciclo político.

¿A qué nos referimos? Muy simple: los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina se sustanciaron bajo determinadas coordenadas políticas y relaciones de fuerzas entre las clases, que fueron las que en definitiva moldearon los rasgos de su gestión. Ya en el 2003 definíamos al gobierno kirchnerista como “el hijo burgués del Argentinazo”, en el sentido de ser un gobierno que venía a reabsorber los fervores populares garantizando la continuidad del sistema y el régimen de dominación capitalista, pero que para hacer esto debía hacer determinadas concesiones a las masas.

El fin de ciclo tiene que ver con la intención de la patronal y el imperialismo de que esta “anormalidad” se acabe. De ahí la pretensión de un gobierno más “amigable” con los mercados, menos “tolerante” con el conflicto social, y con respecto a las relaciones internacionales, acabar con eso de llevar adelante acuerdos non sanctos con países como Irán.

La crisis que se está viviendo hoy se inscribe en este “tironeo” acerca de hacia dónde se inclinará el fiel de la balanza del fin del gobierno K: ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? De ahí la importancia de tener un programa de conjunto frente a la actual crisis.

La intervención de la izquierda

La crisis abierta con la denuncia y muerte de Nisman no es una simple crisis política: al revelar el entramado podrido de la política patronal, ha colocado en el centro de la escena una crisis del conjunto del régimen de la democracia de los ricos.

Es verdad que al no haberse desatado aún grandes movilizaciones populares, esta crisis se sustancia más bien en las alturas de la política, con las denuncias cruzadas que observamos cotidianamente.

A la vez, los cacerolazos a los que se está llamando desde los multimedios, más allá de su reducido tamaño todavía, no son expresiones populares sino que buscan ser un punto de apoyo para llevar el régimen político hacia la derecha.

La pelea por la disolución de todos los organismos de inteligencia del Estado es una lucha que va en un sentido contrario. Sin embargo, se trata todavía de una consigna parcial (aunque muy importante) y, a la vez, imposible de efectivizar sin una enorme movilización popular. Lo mismo pasa con la investigación independiente que es necesaria para salir de este entuerto (aquí también cabe un costado antiimperialista: ¡hace falta rechazar esa idea de que serían necesarios “veedores internacionales” provenientes de las usinas del imperialismo!).

Hay que llevar la pelea a un escenario más de conjunto. No se pueden prever cuáles serán los nuevos desarrollos de la crisis. Pero en caso de profundizarse, es imprescindible colocar una perspectiva global. Esa perspectiva no puede ser otra que rediscutir de arriba abajo todo el ordenamiento político y social del país mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente Soberana.

No es esta la ubicación del FIT, que no ha sido capaz de sacar una declaración conjunta frente a la crisis; más bien, sus integrantes parecen estar enfrentados alrededor de políticas diferentes. El PTS plantea la disolución de los organismos represivos, lo que es correcto, pero no coloca esta tarea como parte de una perspectiva de conjunto. El PO plantea una crisis global, pero aparece mediáticamente como ala izquierda de la oposición patronal y de distintos matices del sionismo, al tiempo que por toda respuesta plantea la realización de una interpelación del gobierno en el Congreso.

Es necesario que las masas populares intervengan en la crisis. El planteo más democrático que podemos hacer es la convocatoria a una Asamblea Constituyente, consigna que podría ponerse a la orden del día en caso de profundizarse la actual crisis. Nuestro partido propone esta perspectiva para el accionar de la izquierda en la crisis y la suma al conjunto de tareas que plantea la campaña electoral.

[1] Dado el contexto internacional islamofóbico, el simple hecho de que se lo señale como un representante de la comunidad musulmana, ya obra para los medios dominantes como un “delito”…

[2] Es importante señalar que la política internacional de las naciones imperialistas no se rige por otro principio que no sea el no tener principio alguno; un doble estándar que sólo persigue el interés de asegurar su hegemonía internacional y ninguna otra cosa.

[3] Aquí cabe otra observación: sólo Estados Unidos puede darse el lujo de ir y venir en sus relaciones internacionales (sea con Irán o con quien se le ocurra), atendiendo a sus necesidades. “Por principio”, ningún país dependiente como la Argentina puede negociar con Irán porque, más allá de que tenga un gobierno reaccionario (cosa que no le interesa a la oposición patronal), se trata de un régimen independiente del imperialismo que se encuentra enfrentado al Estado de Israel.

[4] En su discurso de ayer Cristina se jactó de la política de derechos humanos de su gobierno, pero, increíblemente, endosó la continuidad de los servicios de inteligencia de la dictadura genocida a una “cuenta pendiente de todos los gobiernos de la democracia desde 1983”.

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