Conferencia Nacional del Nuevo MAS



 

Por Roberto Sáenz 

 

“Un largo siglo después del Manifiesto Comunista, los sembradores de confusiones afirman que es ‘estrecha y egoísta’ la reivindicación que postula soluciones ‘de clase’ para el barco que se hunde. Toda la política marxista (…) es una política de clase. Está dictada por los intereses históricos del proletariado” (Milciades Peña, Industria, burguesía industrial y liberación nacional).

 

Presentamos a continuación una parte editada del documento nacional que está discutiendo nuestro partido de cara a la Conferencia Nacional que realizaremos los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en el Hotel Bauen. En dicha conferencia discutiremos aspectos de la situación internacional y de la campaña electoral que se avecina, así como emitiremos declaraciones respecto de los procesos en curso de potencial reagrupamiento entre corrientes revolucionarias a nivel internacional, como un llamamiento electoral frente a las elecciones que se avecinan, entre otras resoluciones de actividad de nuestro partido.

 

La muerte de Nisman conmociona al país

 

El fallecimiento del fiscal Nisman ha conmocionado el país. Luego de su denuncia al gobierno por el encubrimiento de Irán en el caso AMIA, su muerte se ha instalado en el centro de la escena nacional y ha desatado una pugna entre los de arriba que plantea a los revolucionarios terciar con una política independiente.

El análisis y la política frente esta crisis es materia de polémica en el seno de la izquierda. El encubrimiento en relación al atentado terrorista de la AMIA ha sido siempre un rasgo central de todos los gobiernos capitalistas, incluidos los K. Al mismo tiempo, la acusación lanzada por Nisman contra Cristina no puede ser separada del contexto en la misma ocurre: es funcional al final de ciclo que vive el país, a hacer girar la situación política y geopolítica de la Argentina hacia la derecha, a la subordinación a los EE.UU. y al sionismo.

Lo que se observa en la izquierda, y sobre todo en el PO, es que carece de este enfoque general, amén del problema de la falta de un abordaje global de la crisis, que cuestione el régimen de dominación en su conjunto.

El estallido de este caso, en este momento, no ocurre por casualidad: estamos en una coyuntura internacional marcada por el atentado a Charlie Hebdo y su utilización por parte del imperialismo para hacer girar la coyuntura internacional alrededor de la islamofobia. ¿Cómo podría ser abordada sin tener en cuenta este contexto internacional?

Por otra parte, el gobierno tampoco se puede vestir de cordero: amparó y trabajo con Nisman y Stiusso a lo largo de toda una década, aún a sabiendas de que el segundo había trabajado en la ex SIDE desde 1972; fue impulsor de la pista Iraní siguiendo a pie juntillas la política internacional de los Estados Unidos, solo para girar al famoso Memorándum cuando este giró a acuerdos con el gobierno de los Ayatolas, pero sin tener las espaldas ni el consenso burgués para hacer algo así.

El conflicto en torno al caso Nisman ha abierto una crisis política de insospechados alcances que roza la crisis institucional (ver la “marcha del silencio” que están convocando sectores del Poder Judicial para el 18 de febrero) y que es materia de una “dialéctica mediática” entre gobierno y los grandes multimedios todos los días, casi hasta el hartazgo.

De alguna manera vivimos la misma dificultad para poner sobre la mesa una posición independiente como cuando ocurrió el conflicto con el campo años atrás; cuestión que conviene sobremanera a la burguesía, que pretende cerrar el “campo político” para cualquier otro reclamo o posición independiente de ambos bandos patronales, al tiempo que prepara el terreno para capitalizar por derecha la crisis del gobierno K.

Por esto mismo es tan errado el enfoque del FIT: la tarea de los revolucionarios es terciar con una posición de clase. Nos dedicaremos a esto más adelante; por lo pronto nos interesa insertar la crisis política actual en el contexto más global del fin de ciclo K.

 

La búsqueda de un nuevo punto de equilibrio entre las clases

 

El país se encamina a una elección presidencial que no es cualquier elección; menos todavía en medio de la crisis política planteada por la muerte de Nisman. Se trata de una elección que dirimirá el reemplazo de un gobierno que estuvo 12 años continuos, algo sin antecedentes en el último siglo. Esta circunstancia obliga a colocar la mirada en el proceso más de conjunto que ha vivido la Argentina desde 2003 y que es el que le da el marco a la actual coyuntura.

El hecho básico es sencillo: como subproducto de la rebelión popular se instalaron unas relaciones de fuerza que si no lograron desbordar al sistema capitalista ni al régimen de dominación de la democracia de ricos, tuvieron como subproducto un gobierno que, para reabsorber los fervores populares, se vio obligado a hacer determinadas concesiones. No es este el lugar donde vamos a enumerar las mismas, ni reiterar nuestra definición que esas “concesiones-trampa” se hicieron en la perspectiva de garantizar la continuidad del sistema capitalista dependiente como forma indiscutible de dominio.

Sin embargo, la más importante de todas esas “concesiones” fue una conquista de las masas en lucha, que subsiste de algún modo hasta hoy. Es algo “intangible” económica o materialmente, aunque se expresa sin ninguna duda también en ese terreno. Se trata de unas relaciones de fuerzas por las cuales la clase trabajadora y las masas en general gozan de un conjunto de libertades donde su derecho a la protesta, su capacidad de sostener sus reivindicaciones, es muy difícil de cuestionar (ver los casos de Gestamp y Lear en el 2014, a pesar de la militarización de ambos conflictos).

La Argentina es un país “anormal” en ese sentido: el grado de movilización de sus sectores populares que no tiene parangón en la generalidad de los países; sobre todo el peso que en la “geografía de la lucha” tiene la clase obrera, así como la influencia de la izquierda revolucionaria entre la vanguardia y más allá.

Una definición importante a este respecto, estructural en lo que hace a los rasgos del país, tiene que ver con el nivel cultural relativamente alto de las masas laboriosas, así como el dinamismo general de la sociedad, lo que choca con el atraso relativo de su economía, con el estructural carácter dependiente de su económica, cuestión que no hay gobierno burgués que haya logrado resolver de manera progresiva, incluyendo en esto, desde ya, a los K.

Es que en la Argentina se aplica con una “lógica de hierro” la teoría de la revolución permanente; específicamente, respecto de la incapacidad congénita de la clase dominante (la tan famosa como realmente inexistente “burguesía nacional”) de sacar al país adelante, de resolver sus taras estructurales colocándolo en el concierto de las grandes naciones capitalistas.

Los 12 años de gestión K, el balance real de la supuesta “década ganada”, lo escaso realmente de esas “ganancias” (¡no las ganancias capitalistas, que estuvieron entre las más altas del promedio histórico!), están allí para certificar la lógica profunda que formulara Trotsky para países como el nuestro (y analizaran otros estudiosos como Milciades Peña para el caso argentino). Es el carácter dependiente de la Argentina, la no integración de la economía (en el sentido de su carencia de ramas económicas fundamentales) y otros rasgos estructurales que, andando el tiempo, nunca se han resuelto.

Esta base material limitada choca con el nivel cultural y el dinamismo de las clases sociales del país, lo que da lugar a la riqueza de los desarrollos políticos y sociales en la Argentina, y lo que informa su dinamismo de conjunto.

Claro que ha habido momentos y momentos; no nos olvidemos que el “mal congénito” del país durante muchas décadas fueron sus dictaduras militares: unas relaciones de fuerzas muy distintas a las de hoy.

Sin llegar al nivel de unas relaciones de fuerzas abiertamente revolucionarias como las de los años 70 (el principal ascenso obrero en la historia argentina), son, sin ninguna duda, relaciones de fuerzas que “molestan”, que dificultan la gestión “normal” de los asuntos de la burguesía. Todo lo cual remite a un grado de conflictividad social que la burguesía pretende sea reducido drásticamente: aspira a correr más hacia el centro o la derecha el punto de equilibrio en el cual están afincadas las relaciones de fuerzas en la última década.

Ese es el objetivo con el que la burguesía encara las próximas elecciones: que salga un equipo político, un nuevo gobierno, que sea la expresión y a la vez la palanca para llevar el punto de equilibrio de las relaciones entre las clases hacia un terreno más “normal”, acabando si es posible, con el país movilizado que la Argentina es.

Que se entienda bien: ¡esto no quiere decir que le brindemos algún “reconocimiento” a los K! Al kirchnerismo se le impusieron determinadas relaciones de fuerzas que moldearon hasta cierto punto su “estilo”; relaciones de fuerzas que trataron varias veces de hacer girar hacia la derecha, y aunque no lo lograron, obtuvieron sin embargo lo principal que se esperaba de su gestión: ¡sacar las papas del fuego y echar baldazos de agua fría sobre la rebelión popular más importante desde la caída de la dictadura militar! Rebelión que de haber madurado, de haber llegado más lejos, podría haber puesto en cuestión algunos de los pilares fundamentales del régimen de dominación y explotación capitalista del país.

Gracias a los K (aunque eso dependió, también, de ciertas condiciones internacionales y regionales), esto no ocurrió: es el mérito imperecedero de su gestión, algo a lo que rendirán pleitesía los patrones seguramente en el futuro.

Esto muestra que algo más que lo puramente electoral está en juego en estas elecciones. Y que para la izquierda revolucionaria el centro de su estrategia deba pasar por cómo trabajar en la perspectiva que estas relaciones de fuerzas sean desbordadas desde la izquierda, no la derecha evidentemente.

El hecho mismo que los principales presidenciales para el 2015 sean figuras como Scioli, Macri y Massa indica esto que estamos señalando. Se trata de una suerte de “consenso derechista” donde los principales candidatos a gobernar el país tienen rasgos similares: candidatos del orden y la estabilidad de la argentina-país-normal.

Es verdad que entre sus figuras existen matices, y que la combinación que vaya a darse de aquella “fórmula químico-política” de cambio-continuidad, no sea secundaria ni deje de expresar matices en cómo estas relaciones de fuerzas se expresarán a nivel del voto y la conciencia, donde un componente no menor será también la elección que vaya a realizar la izquierda.

Aquí hace falta añadir algo más. Es de Perogrullo en el marxismo, pero hay que señalarlo frente a tanto oportunismo: ninguna elección resuelve las relaciones de fuerzas como tales, en sí mismas. El ejemplo del Argentinazo está ahí como para mostrar que las mismas se constituyen, centralmente, en la lucha directa entre las clases. Cualquier resultado electoral deberá ponerse a prueba el día después, en las luchas concretas (o el “día antes”, en las pruebas que puedan darse camino a las elecciones mismas).

El resultado que salga de la ronda electoral deberá ponerse a prueba en la realidad, para apreciar si da lugar, realmente, a un nuevo equilibrio político en las relaciones de fuerzas. Eso está por verse. Dependerá de las luchas mismas. Mientras tanto, es obvio que el consenso derechista de los candidatos principales muestra que pretenden ir para ese lado.

 

Los bandos burgueses en pugna

 

Un rasgo de la Argentina en los últimos años tiene que ver con los enfrentamientos entre bandos patronales que se han dado en determinadas coyunturas. Sin un abordaje de clase de los mismos, no puede haber política revolucionaria en nuestro país.

En un primer momento hubo gran unidad burguesa alrededor del kirchnerismo (a tal punto que llegamos a definirlo como un “oficialismo de alas anchas”). Sin embargo, andando el tiempo, y con la comprensión por parte de la burguesía de que los K ya habían cumplido su cometido, comenzaron a esbozarse preocupaciones alrededor de la necesidad de ir a un gobierno más “normal”.

Esto último no ha resultado sencillo en la Argentina, ni en la región como un todo. La “resiliencia” del progresismo tiene su lógica profunda, vinculada a la dificultad de gestionar con métodos normales la situación anormal creada por la rebelión popular que barrió casi todo el continente una década atrás.

Claro que el grado de “anormalidad” de estos gobiernos ha sido variada; siempre dijimos que el de los K era uno de los gobiernos más normales de todos, subproducto de una situación con crisis pero sin destrucción del sistema de partidos, expresado en un personal político a “izquierda” pero de un partido tradicional como el peronismo, conformando un gobierno burgués hecho y derecho, aunque con pátina progre.

Los rasgos de este gobierno: manejarse internacionalmente con cierta autonomía manteniendo relaciones con el chavismo (o Irán; el fallido Memorándum que tanta crisis ha provocado), sumado a una administración “heterodoxa” del conflicto social y a una relación con los mercados no suficientemente “amistosa” (ver por ejemplo, las estatizaciones parciales de las AFJP o de Repsol), entre otros factores, no solo han despertado el deseo burgués e imperialista de un gobierno más normal, sino también conflictos interburgueses como hace décadas no se observaba en el país.

El más importante fue el conflicto con las organizaciones patronales del campo en 2008, que se saldó con una dura derrota del gobierno. Ese conflicto se sustanció alrededor del reparto de la renta agraria extraordinaria; donde si bien el gobierno se alzaba (y se alza) con el 35% de retenciones a las exportaciones de soja, tuvo un freno cuando pretendió elevar la alícuota.

Dicho conflicto, como en general la disputa entre los de arriba, necesitaba de un abordaje de clase que no capitulara a uno u otro bando burgués. Nuestro partido pasó extraordinariamente esa prueba política; es más, logramos llevar a cabo una iniciativa de impacto general con la Carpa Roja.

Sin embargo, la necesidad de esbozar una política de clase independiente de todo bando patronal no termina ahí: es una exigencia permanente de la política revolucionaria el estar formulada desde un punto de vista independiente. Cuando no se produce esta división entre los de arriba, la política se debe centrar exclusivamente en el gobierno (y contra el régimen y el sistema). Pero cuando estos enfrentamientos están en su apogeo, hay que evitar una deriva que lleve a ceder a uno u otro bando patronal.

Eso ocurre hoy con la crisis política abierta con el fallecimiento de Nisman: el FIT tiene una política que no es de clase, que lo hace aparecer a la rastra de la oposición patronal, sin olvidarnos, a la vez, que no tiene formulación global alguna que apunte a un cuestionamiento de conjunto de las instituciones, justo en momentos que estas mismas instituciones (en primer lugar, el aparato de inteligencia), están bajo fuego.

La crisis en torno a la muerte del fiscal obliga a tener una política sobre claras líneas de clase que enfrente al gobierno así como a todos los bandos patronales y al régimen en su conjunto. En realidad, toda política revolucionaria debe expresarse de manera tal de atacar al gobierno, el régimen político y al sistema simultáneamente, variando los niveles agitativos y propagandísticos según sean las circunstancias. Pero en una crisis como la actual, que pone al descubierto la íntima pudrición del régimen político como un todo, no pararse con una política que ataque frontalmente al régimen como tal y que solo se refiera al gobierno, es un gravísimo error (error que está protagonizando centralmente el PO, jefe del FIT).

Toda circunstancia plantea la formulación de una política revolucionaria global. Una crisis política e institucional de conjunto, aún más. La política revolucionaria parte de las condiciones y conciencia presente de los trabajadores, pero trata de elevarlos a una salida que desborde el marco de lo establecido: que “ajuste” la conciencia a las necesidades (la solución revolucionaria del problema). Se trata de encontrar una formulación que partiendo de las condiciones y el nivel de conciencia real, apunte a un cuestionamiento de conjunto del orden establecido.

En el caso que nos preocupa ahora, lo importante es encontrar la consigna democrática global que pueda cuestionar el orden institucional establecido e imponer, desde la izquierda, la puesta en cuestión del calendario electoral. Esa consigna hoy, aunque todavía suene abstracta (y dejara de sonar así solo en la medida que la crisis se profundice y comiencen a entrar en escena las masas), es la consigna de asamblea constituyente soberana (sobre la cual volveremos abajo).

Aquí hay dos enseñanzas de importancia para la política revolucionaria en este período. Primero, que toda política de los revolucionarios siempre es de clase. Dicha política se refiere, habitual y regularmente, al gobierno que concentra el poder ejecutivo; pero cuando se esbozan divisiones en las alturas, debe atender también a todos los bandos patronales en pugna.

Segundo: cuando se trata de una crisis política e institucional de conjunto como la actual, debe formularse una política acorde al carácter real de la misma, una política que plantee el cuestionamiento al régimen como tal, más allá de si, como ocurre todavía hoy, esa política queda en un plano propagandístico porque falta todavía intervención de las masas en la crisis.

Ninguno de estos dos rasgos esenciales de la intervención de los revolucionarios en la actual crisis ha sido tenido en cuenta por el PO: su ángulo no es de clase (solo se refiere al gobierno), ni trasciende el régimen existente (solo pide una interpelación y no levanta consignas como la disolución efectiva de la ex SIDE, ni la comisión investigadora independiente).

 

Asamblea Constituyente

 

Nos dedicaremos ahora a la problemática específica de las consignas democráticas. Estas tienen su importancia en la actual coyuntura y requieren de alguna clarificación.

Señalemos rápidamente que las consignas remiten al conjunto de tareas planteadas relacionadas con el enfrentamiento con las condiciones de explotación y opresión bajo el capitalismo. Existe lo que se llaman “tareas mínimas o inmediatas”, que aluden a las reivindicaciones más elementales contra la explotación capitalista (salario, condiciones de trabajo, empleo, etcétera). Entre ellas, también están las que se consideran “democráticas elementales”, que tienen que ver con las conquistas contra los regímenes dictatoriales: derecho al voto universal (que junto con ser una manipulación de la voluntad popular, también tiene un elemento de conquista en relación a los regímenes directamente represivos), libertad de reunión, de movilización, libertad de prensa (más allá que la misma prensa esté monopolizada por los grandes medios capitalistas), etcétera.

La cuestión es que una crisis como la que se está viviendo actualmente pone sobre la mesa, a nuestro modo de ver, un conjunto de consignas democráticas que expresan, más o menos abiertamente, la contradicción entre el propio régimen de la democracia de los ricos y las cuestiones democráticas más elementales.

Veamos nuestro programa para el caso Nisman. La primera reivindicación es la de investigación independiente del caso AMIA. Es obvio que esta consigna coloca el cuestionamiento a la institución Justicia. Institución que toda la oposición patronal quiere prestigiar bajo el concepto de que “hay que dejarla actuar de manera independiente” y planteos por el estilo. Sencillamente: se quiere fortalecer a una de las instituciones del régimen más oligárquicas, a cuyos integrantes no los elige nadie y tienen su cargos de por vida. Un aparato de funcionarios, muchos de cuyos principales integrantes vienen enfeudados desde la dictadura militar, que hizo nombramientos en masa de jueces.

Hay que recordar que en este plano, a partir de una denuncia correcta de la Justicia como una “corporación” (¡que lo es!), el gobierno quiso imponer su propia reforma judicial, en la que fracasó y que nuestro partido denunció como el intento gatopardista de lograr una justicia bajo su tutela (como siempre bajo los K, cambiar algo para que todo siga igual), no de acabar con la corporación judicial como tal.

Pues bien, el reclamo de comisión investigadora independiente tiende a cuestionar al poder judicial en su conjunto, a colocarlo como cómplice de encubrimiento en el caso AMIA y a plantear otro tipo de instancia por fuera de las instituciones establecidas.

Veamos el segundo punto del programa para el caso Nisman: el planteo de la apertura de los archivos secretos de inteligencia y la disolución efectiva de la ex SIDE y de todos los organismos de seguridad. En realidad, nuestro planteo más que disolución es eliminación de todos los organismos secretos y de inteligencia, planteo que va contra el sentido común de mucha gente que dice “cómo un Estado no va a tener organismos de seguridad”. A lo cual nosotros le respondemos: dotar al Estado burgués de un organismo de seguridad secreto es dotarlo de una herramienta peligrosísima que va, en primer lugar, contra los trabajadores mismos, como ya se ha podido ver tantas veces en la historia de nuestro país, cuyo caso más extremo es la última dictadura militar. Nos oponemos a darle este arma a nuestro enemigo de clase, como nos oponernos a otorgarle la herramienta de la pena de muerte y tantas otras herramientas represivas cuyo principal objetivo son los explotados y oprimidos mismos (algo que, escandalosamente, tampoco parece comprender el PO, que parece perder de vista que cualquier institución que deba levantar el poder del proletariado, sólo podrá hacerlo previa destrucción de todas las instituciones del estado burgués).

Esta consigna ataca la operación en las sombras de los políticos burgueses, funcionarios judiciales, autoridades gubernamentales, empresarios, etcétera, una cuestión puesta de relevancia con el caso Nisman: las relaciones de éste con Stiusso y de este último con la administración kirchnerista: ¡una administración autoproclamada de los derechos humanos y que le dejó los servicios de inteligencia a un servicio de la dictadura!

Por último, esta la consigna de Asamblea Constituyente: se trata de la consigna clásica más democrática, pero todavía sobre la base del voto universal, para rediscutir todo el ordenamiento del país. Su fuente histórica es la Revolución Francesa (o, incluso antes, la inglesa), donde en la Convención o la Asamblea Nacional se reunían todos los “estamentos” o “estados” (todas las capas de la sociedad), para discutir los rumbos del país.

Es decir: desde el punto de vista burgués, una vez que el Estado está constituido, ya no hay más instancias “constituyentes”: rige la constitución establecida y en ese marco se dan las discusiones y la división de poderes entre los tres estados. Pero cuando se trata de una crisis general, como es la incipiente crisis actual, se plantea que algo muy de fondo está mal, que la sociedad está “mal organizada”, que sus instituciones no cumplen el papel para el que supuestamente fueron puestas en pie, y entonces se plantea rediscutir todo en una instancia fundacional: esa instancia es la asamblea constituyente revolucionaria (o soberana).

Claro que el límite insalvable de toda constituyente es que se da sobre la base del voto universal: nuestro planteo de fondo no es mantenernos sobre la base de la institución más democrática del actual régimen, sino rebalsarla por la vía de otro tipo de instituciones, instituciones de poder de la clase obrera: soviets o consejos obreros o como se los quiera llamar, que se reclutan por lugar de trabajo y no por voto universal.

Pero los soviets no están todos los días a la orden del día (y menos que menos hoy, en esta coyuntura), y, además, requieren que esté en curso una movilización revolucionaria para que puedan surgir y ponerse en pie. Agitarlos hoy sería de un propagandismo no sólo ridículo sino “marcianesco”.

Sin embargo, sí sería muy progresivo que en vez de ir a unas elecciones normales como las que están planificadas en condiciones en que todo el mundo dice son anormales (el Estado argentino es “mafioso”, el gobierno “encubre asesinatos”, el país está “enfermo”), entonces hay que ser consecuentes e ir a una discusión general: ¡y esa discusión general sólo puede ser hoy una constituyente sobre la base del voto universal! La constituyente, revelando a cielo abierto la crisis de la sociedad burguesa, podría ser una transición hacia el surgimiento de organismos de poder desde abajo: claro está, en el caso de que las cosas se radicalizaran realmente y que entrara en escena la movilización de los trabajadores y el pueblo.

Pero los políticos burgueses son pícaros: quieren “esmerilar” al gobierno pero manteniendo ir a una elección normal, nada que ponga en riesgo realmente la gobernabilidad (de todos modos, nunca se puede descartar del todo que oficien de aprendices de brujo). Y el propio gobierno quiere que el “chubasco” pase, imponer una reforma vaciada de contenido como la falsa disolución de la ex SIDE, y a otra cosa. Incluso a la propia izquierda, como en el caso del FIT, tampoco parece interesarles mucho otra cosa que el ir a simples elecciones para ver si pueden recoger votos a como dé lugar: ninguno de sus integrantes (PO, PTS e IS) tiene una consigna que cuestione más a fondo esta “normalidad”, que ayude a poner en cuestión el calendario electoral.

Nuestro partido sí, y por eso propone Constituyente, más allá de que somos conscientes que haría falta un desarrollo mayor de la crisis que el actual. Pero, en todo caso, y junto con las demás consignas para esta crisis, vamos adelantando una que en caso la crisis se profundice, busca darle un cauce revolucionario: ¡Asamblea Constituyente, que todo el mundo tenga posibilidad de opinar, que se discuta de arriba abajo el ordenamiento del país!

 

 

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