Los principales responsables de los delitos cometidos en la Comisaría de Olavarría, en el Regimiento de Caballería de la misma ciudad, en la Brigada de Investigaciones de Las Flores y en dos centros clandestinos de detención, Monte Peloni de Olavarría y La Huerta de Tandil, fueron juzgados.

Ellos fueron, junto con la sra.Fortabat y su séquito, los que secuestraron, torturaron y asesinaron a cientos de trabajadores, estudiantes y periodistas de la zona. También su responsabilidad está comprometida con la apropiación de niños nacidos en cautiverio, como sería el caso de Guido Carlotto.

La recuperación de su identidad sumó repercusión a este nuevo juicio. No es uno más. Como contrapartida, durante su transcurso también arreciaron las amenazas a testigos. Tantos años de silencio e impunidad se conmovieron con las declaraciones de éstos. Y los acusados y sus cómplices también. En una oportunidad dejaron una carta en sobre cerrado en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría con  amenazas graves, firmadas por un Comando Argentino Olavarriense Solidario. Solidarios con la represión y el exterminio y dispuestos a seguir siendo solidarios.

Frente al secuestro de Julio Jorge López, el asesinato de Silvia Suppo, la amenaza de Etchecolatz en plena audiencia pública en el Tribunal de La Plata y numerosas amenazas e intimidaciones a testigos, como en este caso, no han tenido otra respuesta de parte del Estado más que el silencio. Silencio que no hace más que envalentonar a los represores y que deja indefensos a los sobrevivientes, sus familiares y defensores.

Finalizado el juicio, tres represores fueron condenados a prisión perpetua: Omar Ferreyra, Aníbal Ignacio Verdura y Walter Grosse; Horacio Leites a 8 años de reclusión. También se revocó la prisión domiciliaria de Verdura. Desde ya que lo celebramos. Pero no nos embriagamos por el resultado final. No sólo porque los militares condenados son una parte minúscula de los que intervinieron en esos lugares de tortura y muerte, sino por las posibilidades que se abrieron en este juicio de ir por los responsables civiles, o algunos de ellos. Porque el resultado final, por el cual se habían abierto muchas expectativas, justamente a raíz de la recuperación de la identidad de Ignacio Guido Carlotto, eran muy superiores. Y no eran superiores por una aspiración de deseos de víctimas y familiares, sino porque había condiciones objetivas (justamente por la conmoción que provocó en la zona el hecho) para profundizar la investigación hacia los implicados civiles en el caso. Por ahora, eso quedó tapado bajo el cemento del emporio Fortabat.

Para eso se valieron de las amenazas previas, las intimidaciones. Pero sobretodo de la política de hacer un juicio express para responsabilizar a algunos jefes militares y dejar (¿para cuándo?) al entorno político-empresarial indemne.

¿Qué perspectivas?

Horacio Verbitsky, en un balance que realiza de 30 años de juicios, donde detalla la cantidad de condenados (553 y 50 absueltos) y los avances logrados, polemizando con declaraciones de políticos patronales de la oposición, justamente remarca que la deuda pendiente que hay que saldar es ir por el resto de los responsables, aunque entre éstos no incluye a los políticos.

“Lo que con toda probabilidad existe es una operación impulsada por las cámaras patronales y sus órganos de prensa para que las investigaciones se ciñan a los autores materiales de los crímenes y no se extiendan a sus instigadores, cómplices y beneficiarios económicos, judiciales y eclesiásticos, como está marcado en la agenda de 2015. Ante ello, los candidatos en la campaña presidencial que se avecina deberían fijar posición con la menor ambigüedad posible, en forma personal e indudable.” Página 28/12/14

Tomándonos de sus propias palabras, aunque no coincidamos con su balance ni tampoco con las limitaciones que impone a las perspectivas, ¿no es el momento de exigir que esto se efectivice en  medidas concretas? ¿No es el momento de no dejar la actuación sólo en manos de los jueces y fiscales y realizar acciones públicas con las denuncias ya en poder de los querellantes y familiares?

Creemos que es el momento para hacer esto y mucho más. El escándalo que significa la causa AMIA en su conjunto, agravado con la muerte del fiscal Nisman, pone más crudamente ante los ojos de los trabajadores y el pueblo la podredumbre de las instituciones sagradas del Estado, incluyendo el Poder Judicial y Legislativo. Sin depositar confianza en ellas, es el momento de apelar más que nunca a la movilización para exigir castigo a todos los responsables del genocidio.

Ana Vázquez

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