Después de siete años de proceso, culminó con dos sentencias a cadena perpetua y penas de 15 a 25 años el juicio a un militar y seis policías seguido por el Tribunal Oral Federal N°1 con motivo de la represión genocida en Junín y la zona aledaña.

El juicio oral, llevado entre noviembre y febrero, expuso el brutal alcance de la represión y cómo ésta no pudo haber sido llevada adelante sólo por los siete condenados. Quedó acreditado que en Junín funcionaron tres centros clandestinos de detención: la Comisaria Primera, ubicada en el centro de la ciudad; el destacamento policial de Morse, pueblo del partido y la Unidad Penitenciaria N° 13, ubicada en la Ruta Nacional N° 188, en ese entonces en construcción. Por allí pasaron cientos de detenidos, los que debieron sufrir tortura, simulacros de fusilamiento, la posterior “legalización” y su traslado a los penales de Mercedes o San Nicolás, e incluso en algunos casos la desaparición como Hugo Torreta.

El ex coronel Gómez Pola, subjefe de la zona militar, junto al comisario Bracken, fueron condenados a cadena perpetua; el comisario Manzanares y el médico policial Chiacheta a 25 años; Esterlich y Almirón a 18 años y el comisario Mastandrea, ex asesor de Carrió,  a 15 años.

Para algunos testigos del juicio, fue la cuarta vez que tuvieron que prestar testimonio: primero en el Juzgado Federal de Junín, luego en el Juzgado de Rafecas que instruyó la causa, luego la ratificación y finalmente durante las audiencias. Sin embargo, las decenas de represores, además de los acusados,  con nombre y apellido denunciados, siguen impunes: el Tribunal se limitó a enviar los  testimonios al Fiscal Federal de Junín.  Este punto quedó como el límite que el Tribunal nunca quiso traspasar, limite que Rafecas en la instrucción tampoco quiso superar.

Por otro lado la querella, representada en el juicio oral por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, es decir el gobierno, tampoco quiso ir mas allá y aceptó esta “medida”: como el Fiscal Federal de Junín lee los diarios y escucha la radio y por ese medio interviene procesando a los que cometen el “delito” de movilizarse, ya sabe de lo que le “elevan”. Sin embrago hasta ahora no movió un dedo.

Mientras se determinó  que la Comisaría Primera funcionó como un centro clandestino de detención, no se avanzó sobre la presencia denunciada de secretarios y jueces en la misma, llegando al colmo de que el secretario de un juzgado penal vivía allí, como tampoco sobre el accionar de la “patota”. Resulta escandaloso que uno de ellos, José Luis Camarro,  denunciado en el juicio reiteradamente  por violador, sea el actual chofer del Fiscal General de Junín, y que a pesar de la exigencia del Congreso Provincial de la AJB, a instancia de Judiciales Clasistas, de exigir su separación del poder Judicial a la Suprema Corte, la misma haga oídos sordos.

El fundamento “teórico” de este límite viene dado por el insólito “desdoblamiento del Estado” argumentado en la acusación, según el cual “una parte continuó con las tareas legales, mientras otra se dedicaba a las ilegales” “para mantener cautivas a personas que estaban secuestradas”. Este razonamiento  no sólo no da cuenta de la realidad del proyecto político  de aniquilación y aplastamiento histórico de la clase obrera que  se propuso el terrorismo de Estado, sino que refuerza nuestra posición de que la tarea de poner fin a la impunidad del genocidio termina con la cárcel del último responsable, no con el inicio de tal o cual juicio.

En ese sentido, este juicio no escapa al carácter limitado, en cuanto al número de procesados, que vienen teniendo los distintos juicios por delitos de lesa humanidad: esta es una política explícita del Gobierno nacional, a la que este Poder Judicial no se opone, porque si se profundiza la investigación, quedaría expuesto el rol cómplice del Poder Judicial con la dictadura genocida. Y los siete años de proceso no pueden atribuirse a la “genética” lentitud de la justicia argentina, sino a una decisión política compartida: pasaron 4 años desde la elevación a juicio hasta el inicio del mismo.

Por ello consideramos que este fallo no es el “final de una larga lucha” sino un paso adelante, limitado pero paso al fin, que deberemos vigilar para que la cárcel sea común y efectiva, y que debe servir de apoyo para continuar en la búsqueda del castigo a las responsables y a los cómplices del genocidio en nuestra ciudad.  Porque además, las palabras finales de Mastandrea, diciendo que “agradecía al pueblo de Junín por darle la espalda a este juicio”, expresaron la impotencia de los que fueron brazo ejecutor y hoy se sienten olvidados por sus mandantes y repudiados por todo el pueblo.

NUEVO MAS JUNÍN-CHACABUCO

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