A casi un año de haber asumido funciones como presidente de la República, Luis Guillermo Solís deja cada vez más en claro que su gobierno representa los intereses de los grandes empresarios nacionales y transnacionales. Más allá de sus poses como una administración del “cambio” o “progresista”, en los hechos su mandato se caracteriza por darle continuidad a la agenda neoliberal en el país.

La agenda patronal y neoliberal del gobierno del “cambio”

La derrota de Liberación Nacional (PLN) en las pasadas elecciones, levantó expectativas entre amplios sectores de las clases medias, las dirigencias sindicales y el activismo social, quienes pensaron que la administración Solís iba a detener y/o retroceder con respecto a la agenda neoliberal implementada en las últimas tres décadas por los gobiernos del PLN y la Unidad Social Cristiana (PUSC). Pero diez meses de experiencia con el gobierno PAC dejan en claro que esto no es así, pues su administración está llevando a cabo algunas de sus principales políticas.

Por ejemplo, en las últimas semanas el gobierno hizo públicas sus intenciones de impulsar un proyecto de reforma fiscal que afectará particularmente a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras, quienes ya de por sí hacen malabares para afrontar los gastos cotidianos y “llegar a fin de mes”.

A lo anterior hay que sumarle la continuidad de las concesiones de obra pública, en lo cual el gobierno avanzó en dos proyectos claves para los sectores de la burguesía vinculados a las exportaciones: la concesión en monopolio del muelle de contenedores a la empresa holandesa APM Terminals y la ampliación de la carretera 32 mediante un préstamo del gobierno de China. En ambos casos la tónica es la misma: negocios turbios alrededor de las concesiones y una mayor intromisión del capital transnacional en la economía nacional, al cual Solís recurre para desarrollar obras públicas de magnitud.

Un gobierno anti-obrero y provocador

También la administración Solís sostiene una política de ataque directo a los derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras del sector público. En este rubro, el gobierno del “cambio” se muestra mucho más agresivo que sus antecesores del PLN y el PUSC, lo cual el mismo presidente destaca.

Según el diario La Nación, el gobierno desarrolla su política de “revisión” del empleo público (eufemismo patronal para esconder que preparan un ataque) en tres frentes, con la instalación de comisiones que están elaborando propuestas para modificar los incentivos salariales en los bancos estatales, las convenciones colectivas y otra que engloba todo lo referente al empleo público.

Todo lo anterior da cuentas de la política anti-obrera del actual gobierno, la cual se expresa en su orientación de enfrentamiento (en algunas ocasiones con represión incluida) contra las huelgas. A lo largo de su mandato, Solís hizo frente a dos huelgas de importancia, la protagonizada por el Magisterio nacional en abril-mayo del 2014 y la de trabajadores portuarios en Limón en octubre del mismo año. En ambas ocasiones el gobierno salió victorioso al optar por la confrontación directa, amenazando con declarar ilegal la huelga docente y, en el caso de los puertos, militarizando los muelles y deteniendo a varios trabajadores.

¡Hay que luchar contra la política de ajuste del gobierno!

Solís impulsa un plan de ajuste abiertamente neoliberal, combinando una política fiscal regresiva con ataques contra las conquistas salariales del sector público. Además de garantizar la continuidad del modelo de concesión de obra pública a favor de las empresas de capital transnacional, entregando segmentos de la economía nacional al control de consorcios capitalistas (como los muelles o las carreteras).

Frente a esto, la gran mayoría de las dirigencias sindicales tradicionales, profundamente burocráticas y conservadoras, le hacen favores al gobierno al no impulsar ninguna lucha y limpiarle la cancha para que avance con sus provocaciones y plan de ajuste, además de no plantear ninguna reivindicación para organizar a los sectores trabajadores más precarizado en el país, como los interinos del sector público y la totalidad de trabajadores del sector privado.

Visto lo anterior, es de suma importancia hacer valer la votación asumida por la asamblea de presidentes de base de la APSE, donde sectores independientes de la dirigencia del sindicato (incluido un docente militante del NPS) propusieron un paro para finales de abril, en la perspectiva de impulsar un plan de lucha escalonado contra los ataques del gobierno. De llevarse a cabo este paro (que desde ya la dirigencia de APSE no da señales de querer garantizar) representaría una nota discordante en la actual coyuntura nacional, algo que podría acumular para reimpulsar un ciclo de nuevas luchas, sobre todo por el creciente descontento social que hay entre sectores trabajadores y asalariados.

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) continuaremos insistiendo en todos los sectores donde intervenimos en no depositar ninguna confianza en los discursos de “cambio” de la administración de Solís y su gabinete. Es preciso que la clase trabajadora se movilice de forma unificada para enfrentar los ataques en sus condiciones laborales y salariales

Nota

1. Ver “Cuando no se quiere reconocer la verdad” en www.presidencia.co.cr

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