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Con los jueces que absolvieron a los desaparecedores de Marita Verón, conocimos en persona al Estado proxeneta. La trayectoria del juez Horacio Piombo lo convierte en una adecuada personificación del Estado violador. Entró en el Poder Judicial en 1974 como fiscal, y fue ascendido a juez durante la dictadura; es parte de la lista de jueces que rechazaban los hábeas corpus de desaparecidos redactada por Justicia Ya La Plata. En 1977 recibió un premio por su tesis sobre “Extradicción de argentinos” y sus aportes en ese tema fueron recomendados por la dictadura en ámbitos internacionales.

Muestra viva de la continuidad de la dictadura en la “democracia”, sus cargos en el Poder Judicial y en la docencia no han hecho más que elevarse durante los 80 y 90, y no fueron tocados ni cuestionados por ninguna autoridad kirchnerista.

Las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata se comportan de manera hipócrita al declararse, hace pocos días, “preocupados” por el fallo aberrante donde Piombo, profesor de esa institución, rebaja la pena del violador de un niño de seis años de edad, aduciendo que el niño ya era homosexual antes de esa violación.

Hipócritas, porque, como transcribimos en recuadro aparte, hace pocos años Las Rojas y otras organizaciones escrachamos a Piombo en su cátedra de la UNLP cuando rebajó la pena de un pastor evangélico violador de dos niñas de su congregación porque “en las clases pobres las mujeres comienzan su vida sexual más temprano”. Las autoridades de la UNLP no desconocían las aberraciones de este monstruo, y lo mantuvieron como profesor, a pesar de que podían haberlo despedido mucho antes e incluso habrían podido impedirle la entrada, amparados en el estatuto de la propia Universidad.

Efectivamente, el estatuto de la UNLP dice que la institución no admitirá en su personal a quienes hayan colaborado con violaciones a los derechos humanos. Los antecedentes de Piombo en la dictadura habrían bastado y sobrado para quitarle su puesto.

Hipócrita también Randazzo, que ante el mismo fallo de Piombo lanzó a la sociedad su reproche: “Estas cosas pasan porque no se democratizó la Justicia”. Porque lo cierto es que el gobierno K en general (un solo diputado oficialista pidió en 2011 el juicio político a Piombo), y los jueces K en particular, jamás alzaron un dedo contra esta clase de jueces. Los únicos motivos que movieron al gobierno nacional a pelear contra el Poder Judicial fue la pelea con Clarín por la Ley de Medios y su necesidad de defenderse de acusaciones de corrupción. Las actitudes aberrantes de policías y jueces que revictimizan a mujeres y niños (y que no son raros ni mucho menos, sino que son casi la norma), la impunidad de femicidas y violadores, jamás fueron tema de preocupación del gobierno.

 

El seudo garantismo K también defiende a violadores

 

Lo que sí debe estar preocupando a los funcionarios K es el crecimiento en la adhesión popular a la marcha del 3/6 “Ni una menos”. Es una de esas situaciones en las que tanto el gobierno como la oposición de derecha, aunque adhieran formalmente, en verdad están muy incómodos. En cuanto a la oposición de derecha y a los farándulos machistas, no hay mucho que explicar: es imposible hacer un “cacerolazo” de los que les gustan a ellos con un reclamo de izquierda y popular como “basta de femicidios”. Jamás fue su tema, jamás lo será y no tienen modo de apropiárselo, por más que salgan con el cartelito y vayan a la marcha.

El gobierno K, por su parte, se siente inevitablemente interpelado por el reclamo contra los femicidios. Sabe que tiene la cola sucia, y no sólo porque sostuvo en sus puestos judiciales y docentes a tipos como Piombo: la tolerancia hacia los violadores no es monopolio de los jueces que vienen de la dictadura, sino que es compartida por los juristas K. El juez López, varias veces escrachado por familiares de víctimas por haber liberado a femicidas que volvieron a matar a mujeres después de salir de la cárcel, fue calurosamente defendido por Zaffaroni cuando se pidió su destitución.

El propio Zaffaroni es responsable de un fallo aberrante, no muy diferente de los de Piombo: redujo de 7 a 3 años (excarcelable) la sentencia a un pedófilo que obligó a una niña de 8 años a practicarle sexo oral, con argumentos como estos: “De la ignorancia de la menor en lo que hace a la forma de la consumación de la fellatio, deduce la defensa que no se habría violentado la libertad sexual de la víctima, al ignorar lo que sucedió (…) En tal sentido, no tengo dudas que la penetración bucal no es dolorosa. La misma posibilidad de mutilación para el agresor la diferencia de la penetración anal o vaginal (…) En la fellatio no existe pérdida de la virginidad, que tiene profunda raigambre cultural por la extinción prematura de la virginidad”.

Al leer estos fallos, lo que leemos es no sólo la ausencia absoluta de empatía con las víctimas, sino la identificación profunda del juez con el violador. Zaffaroni pensó, atención, en el peligro en que se puso el violador al meter su pene en la boca de la criatura, que podía, por ejemplo, morderlo…

 

Fuera, fuera, fuera

 

¿Hay palabras para responder a estos fallos? ¿Qué cosa humana se puede decir si no llamar a la sociedad a reaccionar y expulsar a estos pervertidos fuera de cualquier lugar de poder, sean del partido que sean?

Que los policías y jueces amparan a femicidas y violadores ya se hizo parte del sentido común popular.

Cuando las masas se ponen en movimiento es cuando se puede avanzar contra los abusos del Estado capitalista patriarcal. La marcha del 3/6 no puede quedar en una catarsis colectiva, hay que aprovecharla para destituir a Piombo de la Justicia y la docencia y continuar con los demás. Basta de impunidad de femicidas y violadores, fuera del Estado sus protectores y cómplices.

 

Patricia López

 

 

Prontuario de Piombo en la Cámara de Casación Bonaerense

Justicia delincuente

 

En 2006, Piombo y Sal Llargués redujeron la pena de un violador por su perfil de “sátiro” y “psicópata”. Los jueces tomaron en cuenta los informes psiquiátricos, en los que se afirmaba que el condenado sufre “una alteración de la personalidad con rasgos psicopáticos perversos”, y determinaron que la condena de 17 años de prisión sufriera una reducción de 3 años.

Cinco años más tarde, redujeron la condena de 24 a 16 años de prisión a un hombre que había sido condenado por abuso sexual doblemente agravado por acceso carnal y por el vínculo en perjuicio de sus hijas. Ambos camaristas eliminaron los agravantes, entre los cuales figuraban el hecho de haber eyaculado dentro de sus hijas poniéndolas en riesgo de quedar embarazadas o contraer infecciones de transmisión sexual, porque no había sucedido ninguna de las dos cosas.

También en 2011 absolvieron a Domingo Francisco Ávalos (quien abusó sexualmente de dos niñas) respecto de los delitos de corrupción de menor de edad calificado por intimidación, reduciendo la pena de 18 años a 9 años y 6 meses de prisión. Argumentaron que las menores pertenecen a una clase social que acepta las relaciones sexuales a temprana edad y que, además, libremente habrían prestado su consentimiento.

El mismo año la Cámara redujo la pena impuesta a un hombre que mató a martillazos y cuchillazos a su mujer. La Sala I del Tribunal rebajó de 17 a 10 años y tres meses de prisión la pena impuesta a Marcelo Gentile por el homicidio de su pareja, la brasileña Dirlene Vieira, cometido en julio de 2007. El juez Horacio Piombo fundamentó la resolución aduciendo a “la actitud casi provocativa que la víctima venía exhibiendo al momento de producirse el altercado final”.

En 2012, Piombo le concedió la libertad asistida a un condenado por la violación de su hijastra de 12 años, pese a que durante su detención recibió una sanción por incumplir los reglamentos carcelarios.

En 2014 los mismos jueces le redujeron la pena y la inhabilitación para conducir a la Hiena Barrios, el boxeador que mató a una chica embarazada atropellándola con su coche.

En octubre de 2014, Piombo votó a favor de la reducción de la condena de un profesor de música que abusó de cuatro nenas de 6 y 9 años. En esta oportunidad, la condena pasó de 40 a 25 años de cárcel.

 

P.L.

 

 

 

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