“El Estado político, pues, ha reflejado siempre la estructura de clases y la dominación de una clase en la sociedad que gobernaba. Además, sólo reflejaba la dominación de una clase cuando ésta encontraba dificultades, obstáculos. Lo que significa que el Estado reflejaba también la resistencia de la clase o de las clases oprimidas, y a veces sus victorias.” (El marxismo, Henri Lefebvre, Cap. V).

El Estado burgués ha creado sus instituciones ya centenarias para poder gobernar como clase y ubicarse como árbitro frente al conjunto de las mismas. Para asegurar este equilibrio constituyó los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que, con variantes instituidas en las respectivas Constituciones nacionales, aseguran su gobernabilidad en los regímenes democrático burgueses.

Estos tres poderes no permanecen incólumes a través de las distintas etapas de la lucha de clases y de las crisis políticas que los sacuden.

El Poder Ejecutivo es el que está más expuesto a dichos cimbronazos, sobre todo los de la lucha de clases, por su rol directo, de cara visible en las acciones cotidianas de gobierno. Más resguardado, por su carácter colectivo y “pluripartidario” está el Poder Legislativo, pero su rol generalmente muy ligado al partido gobernante lo hace también plausible del descrédito popular.

El Poder Judicial está varios pasos más atrás en esta vidriera, más empañada ante los ojos públicos para evitar que se vea claramente su rol. Esto es así porque está ubicado como último garante (en resguardo del resto y de él mismo) de la institucionalidad burguesa. Es el árbitro supremo dentro del mecanismo de “división de tareas” estatal. Sus “formas” oligárquicas, conservadoras, el trato hacia las jerarquías (Su Señoría, Vuestra Señoría), su elección sin ningún “soplo” de participación popular, no son casuales ni circunstanciales, son un reflejo de su contenido como poder: después de ellos el abismo. Y el “abismo” para la burguesía puede significar su derrumbe.

Habemus Corte Suprema

Así como nadie cuestiona la forma de elección de los jerarcas de las iglesias, como por ejemplo, la del Papa en la católica, tampoco se cuestiona la elección de la Corte o los cuerpos de jueces inferiores. Sería tan descabellado como poner en tela de juicio el voto de los cardenales en Roma. Pero a veces la “fumata” en los órganos máximos de la Justicia trae sus consecuencias más inmediatas en la política.

Además de ser el más antidemocrático en su forma de elección, es también es el más “protegido” frente a cualquier denuncia de soborno o encubrimiento. Recordar nomás el caso de la denuncia por coimas por parte de la Unión Ferroviaria al juez Eduardo Riggi de la Cámara de Casación por el crimen de Mariano Ferreyra, en una causa que se inició en forma paralela a la principal. Los jueces designados se excusaron… hasta el infinito (¡20 solamente!) y hasta ahora quedó en la nada. ¡Cómo van a juzgar a un par! Así fue como la denuncia murió antes de iniciarse el trámite. Los magistrados se pueden oponer, en determinadas circunstancias políticas y por defender determinados intereses en ese momento, a un legislador, a un gobernante, pero a los de su misma sangre… ¡jamás! A excepción de que la sangre llegue al río. Y la sangre puede llegar al río si la agudización de la lucha de clases los acorralara.

Su estabilidad puede trascender cambios de regímenes, como sucedió con la dictadura militar de Videla, que metió presa a la entonces Presidenta, secuestró legisladores, cerró el Congreso… pero no el Poder Judicial, que se puso a su disposición.

La movilización del Argentinazo les provocó un arañazo: hubo escraches frente al Palacio Judicial demostrando el rechazo popular. Pero cayeron varios presidentes en pocos días y los máximos magistrados conservaron su poder.

Esto no significa que no sufran alteraciones políticas ni cambios en su composición que son subproducto de la lucha de clases y sus efectos. Sí que los sufren. Pero no son bruscos ni directos. Son mediados y elaborados en la cabeza de la clase política para mejor garantizar el equilibrio de la institucionalidad. Para mencionar solamente los gobiernos peronistas, desde el general Perón en 1945, que pidió el juicio político a la Corte Suprema cuando asumió (1), pasando por el menemismo y el actual, todos realizaron cambios de fichas para afianzar su control, aunque al kirchnerismo no le está saliendo muy exitoso.

Por eso Rodríguez Saá, “curado en salud” por el Argentinazo (fue jefe de Estado por 7 días), advirtió, ante el culebrón del caso Fayt: “…Iniciar hora conversaciones entre la oposición y el oficialismo porque es inexorable que la Corte en un plazo no muy lejano no podrá seguir funcionando”. (Infobae, 13/5/15)

Por una justicia por los derechos de la clase trabajadora

La lucha cotidiana nos enfrenta a situaciones donde debemos recurrir a los mecanismos de la justicia burguesa: despidos, sanciones, cierres de fuentes de trabajo, discriminación, represión al activismo. Es necesario e imprescindible hacerlo. Debemos pelear en todos los terrenos, aun en los más hostiles y ajenos a nuestra vida como trabajadores o estudiantes: juzgados, fiscalías, ministerios. También es nuestra obligación aprovechar los fallos o resoluciones favorables, que nos permitan avanzar en nuestros reclamos o asegurarlos.

Pero nuestra ubicación estratégica en esta disputa, como anticapitalistas y socialistas, es por la abolición de esta justicia de la clase poderosa y sus lacayos. Nos educan en que “todos somos iguales ante la ley” cuando vivimos en una sociedad de “desiguales”.

Contra ella nos rebelamos y como parte de la lucha por una alternativa socialista, luchamos por una justicia a favor de los explotados y oprimidos. Desde las tribunas, en las calles y en la contienda electoral contra nuestros enemigos de clase.

• El resultado fue la remoción de todos los jueces, a excepción de uno que adhería a Perón.

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