España

Socialismo o Barbarie Estado español. Con la colaboración de Enrique Mosquera

1. Una situación de crisis económica, política y social que continúa

La situación económica mundial viene marcada por la continuidad de la crisis del 2007-2008 y sus secuelas. A nivel mundial hay una ligera recuperación de la economía de Estados Unidos, una grave desaceleración de las economías emergentes entre ellas China y un estancamiento que linda con la recesión en la zona euro. En general, la economía mundial camina hacia un estancamiento de larga duración donde probablemente se alternen años de recesión con otros de crecimiento pero sin que se produzca para nada un nuevo despegue o boom capaz de borrar los efectos de la actual crisis. Ello significa que las políticas de austeridad y recortes continuarán de forma generalizada.

Por otra parte, la situación política mundial está llena de incertidumbres: las guerras inacabadas de Irak y Afganistán, el conflicto en Ucrania, la alta inestabilidad heredada de las revoluciones árabes que en gran parte han sido ahogadas con intervenciones militares de las grandes potencias. A nivel de la UE, la grave crisis que atenazaba a economías periféricas como la irlandesa, la griega e incluso la española, sin revertirse completamente, se ha trasladado al centro de las economías europeas, afectando a Francia, Holanda, Italia y Bélgica, e incluso a la economía alemana. Las medidas de rescate bancario no han erradicado la crisis del euro y han deteriorado en gran medida la confianza de los pueblos de Europa en la Unión y su moneda única.

Por su parte, la economía española atraviesa una ligera recuperación debido al incremento de la tasa de explotación alcanzado con las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno conservador de Rajoy y el PP. Se trata sin embargo de un crecimiento demasiado débil, que no revertirá las tasas de paro actuales ni mejorará las condiciones de trabajo.

Asimismo, este leve crecimiento se ha hecho con un altísimo coste político en cuanto al grave deterioro sufrido por las clases medias y trabajadora y un desprestigio consecuente de los apoyos que soportan al régimen político dominante. Son cada vez más tangibles, sobre todo a partir de la irrupción del movimiento de indignados que estalló el 15M de 2011, las evidencias de una crisis política y constitucional que pone en cuestión la legitimidad y los principales pilares de sustento del régimen posfranquista: el carácter monárquico del estado, el bipartidismo, las autonomías, el Estado de bienestar y la sujeción a la UE.

En este contexto, de continuidad y consecuencias de la crisis económica y de cuestionamiento y deslegitimación del régimen, surge, se explica y se desarrolla Podemos, el nuevo fenómeno que acapara miradas y simpatías en todo el mundo. El joven partido, que se ha convertido en el nuevo referente electoral para amplios sectores con la esperanza de que algo comience a cambiar, continúa primero en intención de voto y es muy probable que acceda a puestos de gobierno. Esto constituye toda una novedad que trastoca significativamente el escenario político y electoral. Es que por primera vez en más de treinta años de estabilidad del bipartidismo (de gobiernos de alternancia del PP y el PSOE) irrumpe una fuerza que no es parte del sistema tradicional de partidos. A su vez, el ascenso y consolidación de Podemos como partido político constituye una expresión distorsionada de ese malestar y descontento popular causado por la crisis económica y por las políticas de austeridad llevadas a adelante por el gobierno del PP.

Sin embargo, en su corto tiempo de existencia, desde su presentación a las elecciones europeas en las que consiguió cinco eurodiputados hasta su fundación como partido político, Podemos, bajo la dirección y hegemonía de Pablo Iglesias y su fiel equipo de escuderos, ha experimentado un claro giro a la derecha que ha diluido y enterrado el programa inicial (presentado en las europeas) y se va definiendo como un partido que, sobre la base de profundas modificaciones a nivel del régimen, apuesta a la “gobernabilidad”, llamando a confiar en los canales institucionales y a su posible transformación por la vía electoral y buscando según sus propias palabras, un nuevo equilibrio entre las clases.

Pablo Iglesias, el candidato presidencial de 2015, lanza un claro mensaje de que “el cambio” y las soluciones a los problemas más acuciantes no se conquistan con la movilización en las calles sino por la vía de los votos (a Podemos) y del parlamento (institución, que en palabras de Marx, opera como la junta que administra los negocios y cuida los intereses de la clase dominante; la burguesía y el gran capital).

Siguiendo este mensaje, la estructura del partido, el gran eco mediático con el que cuenta y sobre todo, la ilusión y simpatía que despierta en amplios sectores, (demostradas en la multitudinaria marcha del cambio del 31 de enero) no se ponen ni se han puesto al servicio de los trabajadores y sus luchas para que triunfen, no se ponen al servicio de una salida de ruptura que se proponga verdaderamente acabar con (y no reformar a) el podrido régimen heredado del franquismo, nacido con el Pacto de la Moncloa y hoy en crisis evidente. Todo indica lo contrario: se ponen a disposición de una campaña electoral que, por su contenido y programa, se orienta cada vez más a tímidos y superficiales cambios a nivel del régimen sin cuestionar su carácter de clase ni profundizar su deslegitimación aprovechando las grietas que abrió el 15M desde las calles. Podemos, que se reclama hijo del 15M, no lleva la indignación hasta sus últimas consecuencias sino que la filtra electoralmente.

Nos proponemos, entonces, comenzar analizando la situación económica y social, así como el desarrollo de la lucha de clases, que están en la base de los desarrollos políticos que venimos de describir. En segundo lugar, nos dedicaremos a analizar de manera pormenorizada el fenómeno de Podemos: cómo surgió, cuál fue su evolución ulterior y qué refleja por debajo del descontento que comenzó a abrirse paso con los indignados. Finalmente, sustentaremos una polémica con la principal organización de la izquierda revolucionaria española, Izquierda Anticapitalista, y avanzaremos algunos elementos programáticos para una salida revolucionaria a la crisis del Estado Español.

1.1 Una frágil “recuperación” que no devuelve el Estado de bienestar ni la estabilidad política

A modo de mensaje de fin de año, el pasado 26 de diciembre Mariano Rajoy convocó a rueda de prensa desde la Moncloa. En ella ofreció un balance del año que se iba y auguró las perspectivas para el que llegó diciendo: “2012 fue el año de los ajustes; 2013, el de las reformas; 2014, el de la recuperación, y 2015 será el del despegue de nuestra economía. Todos los indicadores de nuestra economía señalan que hemos pasado lo peor”. Asimismo anunció un aumento del 0,5% de las pensiones y del salario mínimo interprofesional (SMI), a la vez que defendió la “estabilidad institucional”, el bipartidismo y ratificó el rumbo de su política austericida de ajuste y recortes.

Días después, el INE (Instituto Nacional de Empleo) daba a conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2014, subrayando que el paro bajó en 477.900 personas con respecto a 2013, un 8% menos, al registrar su segundo descenso anual consecutivo. Además, el empleo creció en 433.900 personas, un 2,5%, lo que supone su primer aumento desde 2007. De esta forma, 2014 cerró con 17.569.100 ocupados, su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2012, y 5.457.700 parados, lo que situó la tasa de desempleo en el 23,7%, dos puntos menos que al finalizar 2013, un 25,7% (Europapress, Madrid, 22-1-15).

Efectivamente, si dejamos que las cifras hablen por sí mismas se observa una leve “recuperación” en lo que hace a la disminución del paro y el aumento del empleo. Pero estas cifras y las palabras altisonantes esconden otra dura realidad.

En primer lugar se esconde la calidad y el tipo de empleo que se crea, ya que ese trabajo “nuevo” es en general precario, temporal y de tiempo parcial. Es la consecuencia de su reforma laboral, beneficiosa sólo para los empresarios y sus políticos amigos, que han llevado a la destrucción del mercado laboral, a la precarización de las condiciones de trabajo y a la pérdida de derechos laborales. De ahí que la recuperación de la que habla el gobierno tenga patas cortas: por una parte, ya que se trata de una recuperación precaria, sobre la base de condiciones laborales muchísimo peores que las anteriores a la crisis; por otra parte, ya que su mismo carácter precario hace a su inestabilidad, al hecho de que no refleja una recuperación de fondo de la economía española.

La situación general que predomina no ha cambiado; conseguir un trabajo sigue siendo una odisea y si se obtiene uno, por milagro o por contacto de familiares o amigos, lo más probable es que dure poco, sea de media jornada y se cobre mal. Y si es indefinido, ya sea de media o de jornada completa, tampoco se sabe cuanto puede durar, ya que la posibilidad del despido “facilitado” con los ERES está a la orden del día. Y ni hablar de los contratos basura donde se firma por 6, 10 o 15 horas semanales, pero se trabajan 12, 20 o 30 y se cobran en negro y así se cotiza lo mínimo y los patrones se benefician ahorrándose las cargas sociales. Por otro lado el empleo de mayor calidad –afiliados al régimen general de la Seguridad Social con contrato indefinido a tiempo completo– apenas supuso un 4% del aumento de la ocupación en el último año. Además se trata de un descenso del desempleo que no refleja tampoco la realidad porque mucha menos gente se inscribe en el paro ya sea por cansancio o descreimiento o por el simple hecho que ha emigrado del país en busca de un trabajo.

Tampoco se dice que desde la reforma del sistema en 2013 la protección a los parados viene bajando de manera generalizada cayendo a niveles de hace una década. Según los propios datos presentados en enero por el Ministerio de Empleo, el fin del derecho a la prestación y los recortes reducen la tasa de cobertura al 57,88%.

Con respecto al empleo, España fue el país europeo que más empleo destruyó desde el inicio de la crisis en el 2007. Según un estudio de la consultora Ernst & Young (EY) difundido por el diario alemán Die Welt, en España la crisis eliminó 3,3 millones de puestos de trabajo, un 16% de los que existían hace siete años; en Grecia, un millón, lo que implica la desaparición de un 23% de los empleos que había en 2007; en Italia, 871.000, y en Portugal, 570.000.

En lo que hace al salario, el último informe del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa del 23 de enero de este año concluyó que la situación en España es tal que “el salario mínimo de los trabajadores del sector privado no garantiza un nivel de vida digno”, situación extensible también a “la plantilla contratada en la función pública”. El informe sostiene además que en España la jornada laboral puede exceder las 60 horas semanales en algunas categorías de trabajadores y que el Estatuto de los Trabajadores no garantiza un incremento de la remuneración o del tiempo de libranza por las horas extras.

Pero además, la frágil recuperación no significa el fin de la austeridad eufemísticamente denominada política de reformas. Rajoy fue categórico a la hora de defender (no justificar) los recortes y las reformas (la laboral sobre todo) y de mostrar un férreo convencimiento en profundizar su curso, ya que es “lo que hay que hacer” para corregir el déficit público, solventar las deudas y hacer el país más competitivo, y sentenció que “estas medidas no son populares, sí, pero lo que no es discutible es la necesidad de reducir el gasto y aumentar los ingresos y dar credibilidad al mundo siendo un país serio”. Reducir gastos, para Rajoy y para los defensores de la austeridad, significa lisa y llanamente dejar a los españoles sin una salud y una educación universales, problemas que ellos no padecen porque sus hijos y sus nietos se educan en los mejores colegios y se curan en los mejores hospitales privados.

Lo que fue un cierto Estado del bienestar español (bastante débil si lo compamos con el de Suecia o Alemania) no volverá con esta frágil recuperación. Pero con él parecen haberse marchado también otros elementos ya no económicos sino netamente políticos como la alternancia nunca rota en el gobierno entre PSOE y PP (bipartidismo) y el apoyo popular al régimen salido de la transición y su Constitución de 1978.

La demostración más palpable de todo ello la tenemos en los últimos resultados de las encuestas electorales donde Podemos se coloca en primer o segundo lugar en intención de voto, desbancando al PSOE y destrozando literalmente a IU.

No es pues extraño que Rajoy haga en sus discursos una firme defensa del bipartidismo y de la estabilidad institucional: “La labor reformista del gobierno fue posible gracias a la estabilidad política e institucional, por eso defendemos que la estabilidad es una virtud que hace avanzar a las personas y a las empresas. …España, desde que aprobamos la Constitución en 1978 es una nación en la que han gobernado grandes fuerzas políticas […] algunas veces se gobernó con mayoría, otras se gobernó en coalición… Y durante toda esa etapa en la historia pues España fue, lo he dicho ya en algunas ocasiones, uno de los cuatro países del mundo donde más aumentó el bienestar de los ciudadanos”.

Asimismo dijo que no podía finalizar su balance de fin de año sin hacer mención a la “manera modélica en que se produjo en 2014 el relevo en la jefatura del Estado (…). Quiero reconocer a Don Juan Carlos su entrega para con los españoles durante todos estos años y felicitar a Don Felipe por su desempeño en sus primeros meses”. Y finalizó cínica y demagógicamente felicitando por igual (como si fueran y trabajaran por lo mismo) al rey saliente, al hijo entrante y a los trabajadores de la sanidad que “supieron hacer frente al ébola”.

Una canallada comparar a los parásitos corruptos Borbones, herederos del franquismo, con los heroicos trabajadores de la sanidad y con las compañeras y compañeros de la valiente Teresa Romero, que le pusieron el cuerpo al virus y claramente dijeron que toda la responsabilidad de la crisis del ébola le cabe íntegramente al gobierno, que con sus políticas de recortes está destruyendo la sanidad pública dejándola en un estado lamentable. Y cuando el gobierno hipócrita del PP por medio de su Consejero de Sanidad –es decir, el ministro a nivel autonómico– culpabilizó a la propia Teresa Romero de haberse contagiado ella misma al “tocarse sin querer” la cara con un guante al quitárselo, la respuesta de los compañeros de la sanidad fue contundente y acompañada por la mayoría de la población: “Claro que me toco la cara. Si me tocara los cojones, sería consejero de Sanidad”. Otro ejemplo cruel y vergonzoso de esta realidad es lo que ocurre con los enfermos de hepatitis, obligados a ocupar hospitales y salir a la calle a manifestarse y reclamar por el derecho a recibir la medicación, que gracias a los recortes de Rajoy no hay.

En síntesis, su mensaje hacia las elecciones se centró en la reafirmación del curso de su política de ajustes y en la defensa del Regimen surgido con la Constitución del 78, un régimen nacido del pacto entre la monarquía designada por Franco y la burguesía española con acento vasco, catalán, gallego etc. Un régimen nacido para frenar la ofensiva obrera y popular que se levantaba implacable dándole cada vez menos margen a la dictadura franquista.

La defensa del régimen nacido de la Constitución y su negativa a reformar ésta es uno de los lemas del actual gobierno. El PSOE habla de reformarla, pero manteniendo su esencia, y Podemos es el único que agita con acabar con el régimen del 78. Tiene que haber alguna razón para estas diferentes posiciones; para entenderlas y enmarcarlas conviene que repasemos los orígenes y bases políticas de este régimen que hoy parece agonizar.

2. El régimen del 78. Alcances y límites

En 1939, la invasión alemana sobre Polonia daba paso a la Segunda Guerra Mundial. Poco antes, con la caída del frente republicano ante las tropas franquistas, finalizaba la guerra civil española (1936-1939). Sobre la base de esa derrota, el triunfo del general Franco, “El Caudillo”, significó la instauración de una larga dictadura basada principalmente en el poder militar del Ejército y la represión a toda oposición (Ilegalización de los partidos políticos y sindicatos, persecución, etc.) y a las libertades civiles y democráticas, a la vez que colaboró con la Alemania nazi de Hitler, y duró hasta la muerte del dictador en 1975.

Tras unos años de eliminación física y sometimiento absoluto de toda protesta, el régimen dictatorial vio nacer en su seno un potente movimiento obrero y popular. Las huelgas mineras y de las grandes concentraciones industriales, la protesta universitaria, las acciones de masas de Euskadi, la solidaridad de los trabajadores del resto del Estado con la lucha vasca y con cualquier conflicto obrero fueron incubando un panorama altamente alarmante para la burguesía y su régimen. Los sindicatos verticales estaban absolutamente infiltrados por dirigentes obreros, clandestinos muchos de ellos afiliados al
PCE (Partido Comunista de España). Los partidos políticos socialistas y comunistas ilegales crecían sin cesar alcanzando puestos de la administración, los sindicatos y organizaciones obreras también ilegales y perseguidas extendían su influencia por todas las fábricas, las huelgas ilegales eran masivas y cotidianas. La única base de sostenimiento del régimen era la represión.

Muerto el dictador, el rey (jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas), nombrado por Franco, ratifica en su cargo de presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, sucesor de Carrero Blanco, asesinado por ETA. Este gobierno intenta continuar durante unos años el régimen franquista sin Franco. Es uno de los períodos de mayor represión (los muertos de Vitoria, la matanza de los abogados de CC.OO. en Atocha, la militarización del metro y los transportes en Madrid, de las comunicaciones en Barcelona, los estados de excepción…) y a la vez de mayor protesta obrera y popular. Los partidos políticos continúan ilegalizados, la huelga y las manifestaciones eran ilegales, los sindicatos seguían siendo verticales de afiliación obligatoria y dirigidos por el jefe del estado.

La crisis económica, la imposibilidad de acabar con la protesta popular, el auge imparable del PCE que capitalizaba esta protesta, los sindicatos dirigidos clandestinamente por CC.OO. (el sindicato del PCE), y la dificultad por parte de la Unión Europea de admitir este régimen claramente antidemocrático y altamente inestable en su seno, obligaron a la burguesía y las propias instituciones del régimen a modificar las bases de éste. Su intención no era la democracia sino acabar con la protesta para garantizar la extracción ordenada de la plusvalía. A partir de entonces se inicia la transición democrática que culmina en 1978 con la promulgación de la Constitución.

La historia oficial se refiere a la Transición como un período de inestabilidad social, política y económica del cual se pudo salir gracias a la buena voluntad, predisposición y a los valores democráticos del rey y de las principales fuerzas y figuras políticas y sindicales del momento, para encarar el camino hacia democracia. Así, se resalta el papel clave y progresista de un rey como iniciador del camino hacia la democracia. Y lo pudo hacer en “buenos términos” gracias a “grandes hombres” como Adolfo Suárez (ministro franquista y dirigente de la Unión de Centro Democrático) y Santiago Carrillo (secretario general del PCE) por delante de todos.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Los años previos a la Transición y la Transición misma fueron especialmente duros, ya que continuó operando la ferocidad y la represión del franquismo sin Franco. El estado de excepción (la militarización), el toque de queda (prohibición de circulación y reunión), las persecuciones, las torturas, los secuestros, los asesinatos, la cárcel, los fusilamientos y un largo y horroroso etcétera permanecían.

Era la respuesta de un régimen perforado y desbordado por la lucha de un movimiento obrero y de masas contestatario que se levantaba y quería acabar con la dictadura y que se expresaba en huelgas, en asambleas, en ocupaciones de fábricas, de minas y de universidades, en manifestaciones, sabotajes, boicots, ataques a la policía y otro largo etcétera en un contexto de crisis económica y galopante inflación. Este fue el trasfondo político y social en la Transición, el de un régimen cada vez más insostenible por la presión de la lucha de clases.

El paso de la dictadura franquista a la democracia ratificó las bases burguesas del Estado, no trajo la Tercera República y conservó la monarquía restaurada y designada por Franco.

Durante la Transición se negoció y se consensuó entre el gran capital, el rey y los partidos una salida por arriba ante la evidente crisis del régimen. Los Pactos de la Moncloa prepararon y diseñaron los términos de ese acuerdo y la Constitución del 78 selló el pacto social. Un pacto que “concilió a todos los españoles”, salvando culpas y responsabilidades (la amnistía) y que a la vez heredaba y reciclaba mucho de las estructuras e instituciones del franquismo.

Efectivamente, el franquismo no cayó producto de la acción independiente de las masas. El franquismo se replegó bajo el amparo y la protección del consenso y el pacto burgués. El actual Estado monárquico es descendiente directo del franquismo y, más precisamente, es producto de la infame capitulación del PSOE, el Partido Comunista Español y los partidos “nacionalistas” (catalanes, vascos, gallegos, etc.) a la monarquía designada por Franco para sucederlo y a su personal político reciclado en lo que hoy es el PP.

El papel del PCE y su política de reconciliación nacional fue clave pues era la referencia indiscutible de la lucha antifranquista. Santiago Carrillo fue el hacedor de esta capitulación, promovió el fin de las críticas a la monarquía, la sustitución de las banderas rojas por las rojas y gualdas de la España franquista, y se ofreció como garante del orden burgués a cambio de su legalización renunciando a la ruptura democrática por una ruptura pactada que tenía menos de ruptura que de pacto. El PCE pagó con una crisis sin fin estas concesiones, su producto actual IU (Izquierda Unida, “pantalla electoral” del PCE) no ha podido todavía revertir esa crisis.

Para el cambio de régimen, tres eran las principales tareas a resolver: la crisis económica en la que desde 1973 se encontraba España, aprobar una Constitución y solucionar el problema regional, complicado por el terrorismo de ETA. Resolvió los dos primeros a través de la llamada “política del consenso”, es decir, por acuerdos negociados entre los principales partidos que, luego, serían ratificados por las Cortes. Otro consenso fue la elaboración y aprobación por las Cortes de una Constitución. En ella se reconocían los derechos fundamentales y libertades públicas, se establecía la monarquía parlamentaria, se declaraba aconfesional y se creaba el Estado de las autonomías.

La Constitución fue ratificada en referéndum en diciembre de 1978 (aprobado por el 87% de los votos emitidos) siendo posteriormente sancionada por el rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Con la promulgación de la Constitución se da por finalizada la Transición Española: el régimen del 78 había nacido.

Este régimen se basaba en determinados pilares:

1. Quizá el más importante era el mantenimiento del orden económico capitalista basado en la explotación del trabajo asalariado, pero a través de la forma político-económica del llamado “Estado del bienestar”. Un acuerdo social entre trabajo y capital en el que a cambio de la concertación laboral y una serie de derechos sociales y políticos se garantizaba una paz social que no pusiese en peligro la extracción de plusvalía. Este Estado del bienestar garantizaba una educación digna, gratuita y universal, una sanidad universal y gratuita, unas pensiones y jubilaciones dignas, una baja tasa de paro y una cobertura del desempleo, un derecho a la vivienda reconocido incluso constitucionalmente. Éste era probablemente también el sustento ideológico de este régimen al garantizarle la adhesión de las clases medias y trabajadora.
2. El carácter monárquico del Estado. La monarquía no tiene un papel puramente simbólico sino que es el árbitro de las disputas interburguesas, con un poder político real garantizado por la Constitución y su carácter de jefe de los ejércitos. Este papel del rey se basaba también en una especie de invisibilidad de su poder, que lo preservaba de los riesgos de deslegitimación que le supondría una práctica política cotidiana. Junto con el rey, claro heredero del franquismo, ha pervivido un aparto policial y judicial claramente represivo (audiencia nacional, legislación antiterrorista, etc.)
3. Un sistema de partidos políticos que ha generado el llamado bipartidismo en el que PSOE y PP se han alternado periódicamente en el poder tanto central como autonómico, sin que sus programas ni prácticas políticas tuviesen grandes diferencias. Este bipartidismo se ha venido a denominar imperfecto porque no siempre ha habido mayorías absolutas y tanto el PSOE como el PP han llamado en su auxilio a otros partidos para ejercer un gobierno de mayor estabilidad. Así el PP gobernó con el apoyo del PNV (Partido Nacional Vasco) y CiU (Convergencia i Unió, partido de la burguesía catalana) y el PSOE gobierna en Andalucía con el apoyo de IU.
4. El llamado Estado de las Autonomías, en el que a cambio de una determinada descentralización administrativa, política e incluso financiera el nuevo régimen se garantizaba el apoyo de sectores y fracciones que el franquismo sólo reprimía y trataba de eliminar. Otro elemento de grave crisis para el actual régimen político del estado español es la cuestión nacional. Comencemos admitiendo que existe una cuestión nacional en el Estado Español, es decir, que bajo el régimen estatal, su monarquía, su gobierno y sus instituciones, hay una serie de nacionalidades históricas con personalidad propia integradas más o menos a la fuerza. Esto, que era claro durante la segunda república, fue falsamente escondido por la fuerza de la represión bajo el franquismo y mal arreglado con la Constitución de las Autonomías bajo la transición. Es lógico que cuando el régimen empieza a dar señales de crisis y el pacto constitucional se agrieta, la cuestión nacional recobre fuerza. Sin embargo es preciso reconocer que en la actualidad la cuestión nacional representa diferentes características a como se manifestaba durante el franquismo y los primeros años de la transición.

Bajo el franquismo la cuestión nacional era protagonizada por la lucha del pueblo vasco, sus ansias de independencia y las acciones de ETA, un conjunto que puso muchas veces en jaque a la totalidad del régimen franquista y que gozaba de la solidaridad del conjunto del pueblo del Estado español. El nacionalismo catalán también existía pero ni mucho menos poseía la fuerza o el poder de atracción del independentismo vasco. La derrota de la transición, la política de la burguesía vasca (PNV) y la derrota y finalmente cuasi-rendición de ETA y sus variantes políticas cambiaron la situación y hoy la lucha nacional del pueblo vasco pasa prácticamente desapercibida. No ocurre así con el nacionalismo catalán, que ha existido desde antes pero ha cobrado una inusitada fuerza desde hace pocos años (ver anexo Catalunya).

5. La adhesión a la Unión europea que se presentaba como garantía de democracia, derechos sociales y crecimiento económico.

A los escasos años de su nacimiento, este régimen sufrió una gravísima crisis con el golpe de Estado del 23F (1981). La Guardia Civil asaltó el Congreso y secuestró a los diputados, los tanques tomaron Valencia y las unidades blindadas se prepararon para ocupar Madrid

El golpe de Estado de 1981 se encuentra estrechamente relacionado con los acontecimientos vividos durante la Transición Española. Cuatro elementos generaron una tensión permanente, que el gobierno de UCD no logró contener: los problemas derivados de la crisis económica, las dificultades para articular una nueva organización territorial del Estado, las acciones terroristas protagonizadas por ETA y la resistencia de ciertos sectores del ejército a aceptar un sistema democrático.

En la madrugada del día 24 de febrero, el rey intervino en televisión y vestido con uniforme militar y en su calidad de comandante en jefe, defendió la Constitución española y llamó al orden a las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento, el golpe se da por fracasado. Tejero (teniente coronel de la Guardia Civil y uno de los principales cabecillas del golpe) fue arrestado, y los diputados liberados. El resultado del golpe militar no fue un refuerzo de las libertades democráticas sino un fortalecimiento de la figura del rey, hasta entonces discípulo del dictador y a partir del golpe ensalzado como garante de la democracia. Una democracia que cada vez se ha visto más mermada con las leyes antiterroristas, el mantenimiento de la audiencia nacional, sucesora del antiguo tribunal central de orden público franquista, las leyes de extranjería,… hasta la Ley Mordaza de nuestros días.

Toda la creciente conciencia anticapitalista, antifascista, realmente democrática y combativa que se vino forjando durante la agonía del franquismo sufrió una grave derrota con la Transición. En ella la conciencia ampliamente republicana se trocó en defensora de la monarquía, presentada como garante de la democracia. La combatividad y autoorganización obrera mutó poco a poco en el pactismo de los grandes sindicatos; la pertenencia a la Europa de Maastricht y Schengen se confundió con la culminación de las libertades democráticas, mientras el ejército, la policía y hasta el rey nombrado por el dictador se cubrían de un nuevo manto de democracia y pluralidad.

Los años posteriores a la Transición (sobre todo después del 23F) no hicieron otra cosa que consolidar ese retroceso, siempre con altos y bajos, con luchas importantes, aunque generalmente derrotadas.

3. El 15M: impugnación al régimen y cambios en la conciencia

De forma desigual y lenta el 15-M marca el final de ese retroceso y el comienzo de una recomposición de la conciencia de las masas; recomposición que no ha logrado aún revertir el atraso acumulado, pero que es evidencia de lo que venimos sosteniendo: el despertar y la entrada en escena (a nivel internacional) de una nueva generación que está dando sus primeros pasos en la resistencia contra las consecuencias de la crisis. “Una nueva generación, heredera de la crisis de alternativas de los años 90, pero que hoy se pone de pie en las calles de El Cairo, Atenas, Madrid, Nueva York, Londres, México, China…, luego de décadas en las cuales se vivió una suerte de “grado cero” de la lucha de clases, que prácticamente cortó el hilo de continuidad con las generaciones anteriores”. (Roberto Sáenz, Ciencia y arte de la política revolucionaria).

De esta manera, el 15M español no fue un trueno inesperado en un cielo en calma, sino parte de este fenómeno mundial de rechazo y resistencia a la política del capitalismo de echar sobre las espaldas de la mayoría de los trabajadores y la población el costo de la crisis económica. Su antecedente está en las revoluciones árabes, su expresión mundial en el fenómeno de los “indignados” y sus consecuencias políticas se extienden hasta nuestros días cuando organizaciones como Syriza en Grecia o Podemos en España, se reclaman sus herederos. Como reflejo deformado de este proceso de lucha y resistencia estas formaciones, surgidas al calor del mismo, se constituyeron en “nuevos” partidos políticos y se lanzaron a la carrera de las elecciones obteniendo importantes resultados en cada país (Syriza en las elecciones griegas y Podemos en las europeas).

El 15M no fue convocado ni dirigido por las organizaciones clásicas del régimen, no lo fue por los grandes partidos de izquierda, ni esperaron el permiso ni las órdenes de los burócratas entregadores de los sindicatos mayoritarios de CC.OO. y UGT que se le enfrentaron; y en este sentido fue una ruptura que llevó a cambios muy importantes en la conciencia al demostrar que solos podían poner en jaque a las estructuras nacidas de la Transición, que éstas no las representaban y que la supuesta democracia no era tal.

La furia popular se dirigió contra los locales del PP y del PSOE, dejando comprometidas las dos cabezas del bipartidismo. Otro cimiento esencial de la estabilidad burguesa también empezó a estar en cuestión: la monarquía designada por Franco. La misma ya venía con un creciente desprestigio debido a su fenomenal corrupción y al hecho de que se alineó con Rajoy a favor de los planes de austeridad impuestos por la UE. Asimismo este ajuste desequilibra y agrieta otra pieza primordial del régimen sucesor de Franco: las Autonomías, un tema explosivo en un Estado que jamás logró la unidad nacional burguesa (como Francia o Alemania), y cuyas regiones más desarrolladas (Euzkadi y Catalunya) no se reconocen españolas. Es que una de las directivas de los ajustadores de Bruselas es ahorrar acabando con la “innecesaria” multiplicación de entidades autonómicas, regionales o municipales.

Claro que su desarrollo como movimiento ha sido muy desigual y contradictorio, demostrando ciertos límites, al no empalmar socialmente con la clase trabajadora ni desplegar alternativas políticas independientes. El clima convulsivo y el estado de movilización desencadenado a partir del 15M no adquirieron la dimensión de verdaderas y masivas rebeliones populares (como en Argentina, Bolivia o Ecuador, en la década pasada, o la de Egipto y otros países árabes, en la década actual). Tampoco se ha llegado, aún, a las cotas de movilización y radicalización alcanzadas en ciertos períodos en Grecia. No fue derribado el gobierno de Rajoy ni mucho menos abatido el régimen de la monarquía post-fascista del Borbón.

Sin embargo, el proceso que se abrió no es menos importante, sobre todo teniendo en cuenta que el Estado Español desde hacía tiempo que venía muy por atrás a nivel de las luchas. Y en ese sentido la “indignación” generalizada fue una primera advertencia. Porque el 15M llegó para quedarse y trajo nuevos vientos de lucha que soplan luego de la larga y anestesiada siesta de la Transición. Nuevos aires que cargaron de electricidad y desestabilizaron el ambiente, dejando herido de muerte al régimen al cuestionarlo en sus sostenes más fundamentales. De esta manera, existe un antes y un después del 15M, y es que a partir del mismo la mayoría del pueblo del español le bajó el pulgar al régimen, a su monarquía, a sus partidos y a los sindicalistas traidores de los sindicatos mayoritarios, subvencionados por el Estado, e igualmente corruptos y garantes del sistema que los políticos de los partidos tradicionales que sólo representan los intereses de clase de la patronal. A casi cuatro años del estallido del 15M, el descrédito y la desconfianza hacia “todos” ellos se afianzan.

3.1 Expresiones y síntomas del agotamiento y la deslegitimación del régimen del 78

Es cierto que el avance austericida de Rajoy se ha notado, sobre todo con la imposición de la reforma laboral, y es cierto también que las fuerzas burguesas gobernantes tienen aún suficiente margen de maniobra. Pero también es cierto que la respuesta contra estas políticas ha impedido que se impongan total o brutalmente o lleguen a más, pues para que esto suceda deberían hacerlo sobre grandes derrotas infligidas al movimiento de masas y un mayor enfrentamiento entre las clases. Y esto no es lo que sucede.

Esto se vivió cuando el PP tuvo que recular con su proyecto contra el aborto y hacer renunciar a su ministro “Fachardón” (Gallardón) cuando la movilización en las calles no estuvo dispuesta a retroceder treinta años en cuanto al derecho a decidir de las mujeres. La lucha y movilización de profesores, alumnos y de la población en general contra la LOMCE también ha impedido que se aplique en su totalidad esa ley franquista que pretende la enseñanza obligatoria de religión y la imposición del castellano a otras lenguas entre otras cosas. O la lucha de los trabajadores de la sanidad, que ha impedido varios cierres y privatizaciones.

El escenario actual es el de un régimen que continúa perdiendo legitimidad. La irrupción de la crisis, la política llevada desde entonces tanto por el PSOE de Zapatero como por el PP de Rajoy y la indignación causada entre amplios sectores populares que cristalizó en el 15M, han llevado a la crisis a muchos de sus pilares y conducido al régimen del 78 a una agonía irremediable.

Veamos algunos indicadores de esta deslegitimación e impugnación al régimen y de las maniobras para reformarlo.

1. El Estado de bienestar está prácticamente muerto, el pacto entre las élites económicas y los sectores subalternos de paz social a cambio del Estado de bienestar ya no está vigente. Este acuerdo ha sido roto por la clase dominante en el momento en que la tasa de plusvalía ha sufrido un fuerte descenso debido a la crisis económica mundial. Ya no hay sanidad universal, el pleno empleo ha desaparecido, los salarios no son dignos, la cobertura al desempleo insignificante, las jubilaciones no son dignas. En estos momentos, para la clase trabajadora tener un empleo ya no es suficiente para mantener una vida digna ni disponer de los mínimos servicios sociales.
2. La monarquía ha ido sufriendo a lo largo de los últimos años un grave desprestigio, que intentó revertir con la reciente abdicación. El recambio del padre por el hijo ha sido una maniobra para limpiar la imagen corrupta y despilfarradora de la monarquía y para tapar los escándalos de la familia real. Pero lo más importante y profundo es que reabrió sobre un nuevo escenario el debate sobre monarquía o república, que lejos de ser meramente un debate retórico pone de relieve una cuestión intestina del régimen. Sin embargo es reseñable que el papel del ejército tras la desaparición de la conscripción obligatoria y el conjunto del aparato judicial y policial no está puesto en cuestión.
3. La crisis del bipartidismo se ha hecho evidente en los resultados electorales. Hoy, esa alternancia en paz entre el PP y el PSOE se encuentra amenazada, y además, el cuestionamiento de este modelo representativo se ha agudizado debido a los casos de corrupción que inundan el escenario político y social salpicando a todos (PP, PSOE, IU, CIU, CC.OO., UGT). En un momento en el que condenan a todo el espectro político y social, desde políticos a sindicalistas pasando por presidentes de clubes de fútbol, la construcción social está enormemente deslegitimada. Todos los partidos institucionales se ven cuestionados, incluso la derecha reaccionaria, con unas bases y votantes del PP cada vez más críticas con sus dirigentes. La crisis del PSOE se ve no sólo en la merma de los números en las encuestas, en el recambio de Rubalcaba por Sánchez y de las últimas purgas de este último, sino también en la pérdida de credibilidad (y de votantes) ante los casos de corrupción y la debilidad de sus propuestas. El caso de IU es sin duda el paradigma de las organizaciones de la izquierda en esta cuestión, las últimas dimisiones (Tania Sánchez) vinculadas a los casos de Caja Madrid que enfrentaron a la dirección federal con la de Madrid evidencian su profunda crisis. Los sindicatos, vistos como protagonistas de la construcción del régimen del 78, su pérfido rol de no movilizar, descomprimir y deja pasar, tras el desmantelamiento de la concertación laboral, sumado a los casos de corrupción interna, son también blanco del odio y la desconfianza generalizada.
4. Es obvio que la estructura autonómica del Estado ha entrado en una gravísima crisis con el proceso abierto en Catalunya que a su vez es enfrentado por el gobierno central con un afán re-centralizador que priva de contenido a los gobiernos autonómicos de Euskadi y Catalunya. El enfrentamiento que hoy se vive entre diferentes facciones de la burguesía que otrora fueron aliados tiene sin duda que ver con el descontento de amplios sectores del pueblo catalán que también reflejan en su deseo de independencia su hartazgo con las medidas económicas y políticas emanadas de Madrid (ver anexo Catalunya)
5. La adhesión a la zona euro se ha revelado ahora como un factor de sumisión a los dictados de la Troika, que impone su política de austeridad por encima de las necesidades concretas de los pueblos.

3.2 Una lenta y desigual recomposición de la conciencia

La crisis económica y las respuestas de la población ante las consecuencias de ésta han producido grandes cambios en la situación política del Estado Español. Esta crisis, que lejos de haber terminado se mantiene, ha echado por tierra la imagen que la mayoría de la población española tenía sobre el sistema económico y político que domina el mundo, la “democracia capitalista”.

Según esta imagen, el capitalismo era un sistema económico que, aunque no exento de fallos e injusticias, era capaz de generar un bienestar creciente para la mayoría de la población. En ese marco, los casos de corrupción eran excesos a corregir por el sistema judicial. Las diferencias sociales eran un abuso al que había que resignarse (“siempre habrá ricos y pobres”), y la democracia era el mecanismo justo entre los justos por el cual todos terminábamos siendo iguales ante la ley. Las mismas diferencias de clase se veían amortiguadas por la existencia de una pujante clase media, una aristocracia obrera que aspiraba a ser clase media y un Estado que garantizaba una sanidad, una educación y una jubilación, aparentemente, justas, iguales y gratuitas para todos.

La brusca irrupción en escena de la crisis económica (y sus tangibles consecuencias materiales) ha destrozado esta idílica imagen. La realidad muestra cada día que el sistema económico actual no parece generar otra cosa que una miseria creciente y una terrible inseguridad ante el futuro. Las políticas de recortes y las reformas laborales han hecho añicos la jubilación y la sanidad universal y puesto en peligro la educación pública. La clase media se ha sentido justamente atacada y zarandeada, la juventud teme por su futuro e incluso por su presente.

Los bancos y entidades financieras, la esencia misma del capital, muestran ahora su verdadera faz de usureros en préstamos impagables, ladrones de los ahorros del pueblo con las preferentes y especuladores hipotecarios contra la vivienda familiar. También la democracia del capital muestra ahora una imagen cada vez más parecida a la dictadura del capital: Los gobiernos de los diferentes partidos elegidos “democráticamente” tras costosísimas campañas electorales financiadas por la banca y comentadas por la prensa dependiente de las grandes fortunas traicionan sin rubor su programa electoral y utilizan el dinero público para socorrer a los bancos en apuros. La sacrosanta e intocable Constitución se modifica en un santiamén para pagar la deuda externa sin consultar en absoluto a la opinión popular. Ahora los corruptos son ladrones a los que una justicia vendida perdona sus delitos, los políticos son unos vividores y mentirosos a costa del erario público.

Es esta realidad la que golpea sobre la conciencia actual de la mayoría de la población. En la cabeza de la gente combaten en estos momentos multitud de visiones contrapuestas: los restos de idílica imagen del capitalismo creador de bienestar, las innegables demostraciones de la realidad en las que el capitalismo no genera sino miseria, la propaganda oficial del Estado burgués que se esfuerza en explicar que la crisis es un mal inevitable pero pasajero (algo así como una maldición o un castigo divino), del que hay que salir arrimando el hombro, ajustándose el cinturón pero sin cambios radicales.

Este choque ideológico produce una situación extremadamente fluida, en la que la conciencia experimenta rápidos y grandes cambios. Sin embargo, conviene detenerse un momento y, tras ratificar la fluidez de la situación actual, analizar su dinámica, de dónde viene y adónde puede dirigirse, y también en el momento en que se encuentra.

En el ideario de cambio de gran parte de la población y en concreto la más implicada en la lucha social y la más desencantada con el actual estado de cosas, la consigna más ampliamente repetida es la de “ampliación” o “recuperación” de la democracia. Pero este reclamo no va unido al de socialización de la riqueza ni mucho menos a la abolición de la propiedad privada, no se tiene la conciencia de que bajo el capital toda democracia está sometida a los poderes económicos que nos bombardean cotidianamente con su ideología y su moral. Podemos aceptar que existe una importante conciencia republicana, pero en absoluto eso quiere decir socialista. Existe, sin duda, una conciencia contra las privatizaciones y por la propiedad pública de servicios básicos pero nada se dice del control de las empresas nacionalizadas y se olvida que la propiedad estatal bajo el Estado burgués sigue siendo propiedad burguesa, es decir, sometida al dictado de las grandes fortunas. En resumen, se podría decir que la conciencia predominante sigue siendo reformista.

Las luchas contra la política del gobierno del PP para hacer pagar la crisis económica a las clases medias y los y las trabajadoras han sido y son importantes. Tienen facetas que superan la simple lucha reivindicativa o sindical o de defensa de derechos anteriores para convertirse en luchas directamente políticas (ocupación de plazas, boicot al Parlament), pero salvo casos aislados (Gamonal, Can Vies1), no han alcanzado el nivel de radicalización, combatividad, la persistencia ni la masividad necesarias para romper los planes burgueses. La reforma laboral se ha impuesto, los recortes en la educación y en sanidad universal también y el rodillo parlamentario de la mayoría absoluta del PP se impone. El gobierno y el régimen han tenido, aunque con idas y vueltas, una política de no enfrentarse directamente a las movilizaciones sino tratar de capearlas con la negociación con los sindicatos o ciertas actitudes de tolerancia, cuyo máximo ejemplo es la absolución por la Audiencia Nacional de los imputados por el Boicot al Parlament. Todo ello ha llevado a la instalación entre amplias capas de la población de la creencia de que las luchas o no son eficaces o no son suficientes. Que son las contiendas y las mayorías electorales las que dirimen y son capaces de cambiar las leyes. Una conciencia llevada a su culminación en los programas puramente electoralistas de Podemos o Guanyem Barcelona.

Pero los cambios en la conciencia que se abrieron con el 15M aún no han terminado y menos consolidado, y el escenario abierto es el de un régimen que cada vez pierde más legitimidad y que ha sido tocado en sus más profundos pilares, lo cual hace pensar en la probabilidad de que se produzcan en un futuro cercano cambios importantes.

3.3 La presencia insuficiente de la clase trabajadora como tal

Tal vez uno de los principales límites de la situación, como lo hemos señalado, es que la clase obrera como tal no ha logrado estar en el centro de la escena política, con sus propias reivindicaciones, sus métodos de lucha y sus organizaciones. Se trata de un rasgo más general del ciclo político a nivel internacional, que se ha visto confirmado en la dinámica de la lucha de clases del Estado Español de los últimos años.

Nos explicamos. En un artículo sobre el Estado Español escrito hace dos años (“Un clima de ebullición social”, Socialismo o Barbarie 27), repasábamos las luchas del 2012 y hablamos del pasaje “de los indignados a la clase obrera”. Esta tendencia, que comenzó a expresarse con la entrada en escena de la lucha de los mineros, que sacudió el conjunto del Estado Español, así como con las huelgas generales de ese año, no terminó de confirmarse. Lo que parece dominar la escena de la lucha de clases es más bien el fenómeno general de indignación. En vez de luchas obreras puras y duras, tenemos una especie de sentimiento difuso de repudio al régimen, que se expresa a su vez en fuertes movilizaciones en algunos casos, pero que no deja de tener un carácter de clase aún indefinido.

No es menor el hecho de que algunas de las peleas más importantes de los últimos años hayan sido las de las diferentes “mareas” (la marea blanca de sanidad, la verde de educación, etc.). En ellas intervienen sin duda sectores importantes de trabajadores: los trabajadores de la salud o de la educación, que han estado al frente de estas “mareas” poniendo en pie fuertes huelgas. Pero finalmente, son “un elemento más” de la marea, en la que se confunden trabajadores, usuarios, personas solidarias, “ciudadanos”. Sin duda, buscar ligarse a sectores más amplios es extremadamente positivo y constituye un punto de apoyo esencial para la victoria. El problema es que esto se realice poniendo en segundo plano el carácter de clase de las peleas y el rol estratégico de la clase obrera en ellas. Entre el “Madrid obrero recibe a los mineros” que miles corearon en la capital cuando la delegación de la marcha minera llegó a la capital y el carácter difuso de las mareas hay un mar de distancia.

Sin dudas, ha habido luchas obreras de importancia, algunas de las cuales han tenido incluso impacto nacional: la ya mencionada huelga minera, las huelgas generales, las luchas de Panrico y Coca-Cola, las de recolección de residuos. Pero el problema es que no han logrado aún dar el tono y marcar los ritmos de los acontecimientos. Entre la morsa del fenómeno general de indignación, de carácter más bien “ciudadano” o “posmoderno” que verdaderamente de clase, y el peso aplastante del clima electoral y la propaganda incesante del chiquero burgués por arriba (casos de corrupción, guerra de jefes en los partidos patronales, etc.), la clase trabajadora no ha logrado alzarse con voz propia en la escena nacional.

Los y las trabajadoras han protagonizado luchas esencialmente de carácter defensivo y sindical, pero han estado ausentes de las luchas políticas que se han dado en este país, particularmente del 15M. Si exceptuamos la lucha minera y la Marcha de la Dignidad, las luchas obreras han sido reconducidas al pacto y la negociación o traicionadas directamente por los grandes aparatos sindicales, así ha ocurrido con las repetidas huelgas generales que han tenido exclusivamente un carácter demostrativo. Esto, además de un problema en sí mismo, ha creado una conciencia mayoritaria de que la clase obrera no tiene un carácter revolucionario; por el contrario, se ve al obrero fabril, al trabajador fijo, como un sostén del régimen y el sistema. Se extiende la idea de que los trabajadores de servicios y el “precariado”, e incluso el ciudadano en general, tienen en sí un carácter más rebelde o más progresivo que la clase trabajadora. Pese a que es necesario un estudio a fondo de la actual situación y composición de la clase trabajadora, que excede los objetivos de este trabajo, reafirmamos la convicción de la necesidad de un papel protagonista de la clase trabajadora, de los que viven de la venta de su fuerza de trabajo, en todo cambio que se pretenda socialista.

No se trata para nosotros de un simple fetiche “obrerista”. De lo que se trata es de que, como lo ha evidenciado la huelga minera, cuando la clase trabajadora entra en escena, lo hace con sus propios métodos: la lucha desde abajo, los cortes de ruta, la ocupación de lugares de trabajo. Se trata, en definitiva, de retomar métodos históricos que van más allá de los estrechos límites de la democracia burguesa, que parece por el momento ser la “panacea universal” de la que quieren beber los diferentes procesos de indignación. Retomar lazos con la tradición histórica de la clase obrera española, dotarla de una voz y de organizaciones políticas propias, que entre en escena con sus propias reivindicaciones desbordando los márgenes del sistema actual, tal es uno de los pasos a dar para relanzar la lucha por el socialismo.

3.4 Los proyectos ante la crisis del régimen

Los cambios en el régimen ya se están produciendo desde el momento que se desmoronó el Estado de bienestar, pero todo hace pensar en la probabilidad de que se produzcan en un futuro cercano nuevos cambios, que en cierta forma ya han comenzado con la abdicación para lavar la cara de una institución central como la monarquía, manchada por la corrupción y otros escándalos. Sin embargo, habrá que pelear para que estos cambios vayan hasta el final, orientándose en un sentido socialista y revolucionario, que impliquen la agudización de la crisis del régimen y su posible caída.

Esto es así porque además de las limitaciones propias del movimiento y de los elementos de estabilidad ya citados, juntamente con la ausencia de organizaciones revolucionarias, existen cuestiones a tener en cuenta que actúan dificultando una agudización terminal de la crisis del régimen, coadyuvando, a la vez, a la reabsorción y reencauzamiento electoral del proceso y a la reafirmación de esa conciencia reformista.

En primer lugar, que continúan actuando dos fuertes mediaciones: una, la burocracia sindical, que vive de los ERES, es decir del despido de trabajadores y de los cierres de fábricas. Pero que a la vez, mantiene el control mayoritario sobre la clase obrera y su rol de contener (y entregar) las luchas obreras para que éstas no desborden ni cuestionen la estabilidad del capital. La otra es la democracia burguesa, que continúa siendo el lugar por excelencia para la resolución de los problemas de la sociedad.

La segunda cuestión es que los elementos de descomposición del régimen de la Transición, y sobre todo la crisis del bipartidismo, ha dado lugar al nacimiento de todo tipo de agrupamientos. Estas organizaciones de nuevo cuño están despertando grandes expectativas entre sectores mayoritarios de la izquierda social. En el caso español, el resultado de las europeas, su constitución en partido político y la importante intención de voto para Podemos provocaron un terremoto que sacude el escenario político y el electoral. En primer lugar porque expresa, aunque de manera distorsionada y general, ese sentimiento de resistencia y malestar ante la crisis y los políticos corruptos abierto desde el 15 M, y segundo porque puede jugar un papel de gobierno.

No es la intención aquí referirnos a la primera de las cuestiones, ampliamente desarrolladas anteriormente (ver A. Vinet, “Un clima de ebullición social”, SoB 27), sino que, además de reafirmar su vigencia en la actual situación, nos interesa ver cómo Podemos cristaliza como parte del “nuevo reformismo” europeo. Viene a ocupar el vacío dejado por la conversión al neoliberalismo de los viejos partidos socialdemócratas, como el PSOE, y al igual que su hermano gemelo Syriza, despierta vastas esperanzas e ilusiones de “cambio”. Pero a la vez, su propuesta de cambio, que apunta a ganar las elecciones, llegar al Parlamento y desde allí iniciar profundas reformas tendientes a alcanzar la máxima democracia (burguesa) posible para recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente, se vuelve un proyecto utópico si no se plantea una verdadera ruptura con el régimen del 78 y con UE y el euro.

De este modo, surgen tres proyectos en este panorama político.

1. Avanzar en la liquidación de los aspectos sociales del régimen. Como señaláramos más arriba, el PP ha roto el “pacto de convivencia” de la Transición desde el momento en que avanzó con sus reformas en el desmantelamiento del Estado de bienestar. El proyecto del PP y los sectores más conservadores apunta a la profundización de esta línea “austericida”, es decir, legislar bajo el amparo y las garantías de la Constitución del 78 y avanzar en la liquidación de los aspectos sociales del régimen. Máximo ejemplo de esto son la reforma laboral, el desmantelamiento de la sanidad, educación y de los servicios públicos, etc. En relación con el tema Catalunya, uno de los temas más explosivos de la crisis y descomposición del régimen, la línea del PP ha sido inamovible en la cuestión de dar lugar a cualquier pretensión “separatista”, y Rajoy lo dijo claramente: la independencia o cualquier consulta o lo que sea que atente contra la Constitución y la unidad de España no existe, no se reconoce, y en esa línea se mantiene.
2. Salvar al régimen. El PSOE actual, con Pedro Sánchez, se presenta como el adalid de la reforma constitucional e incluso quiere ahora desdecirse de la modificación del artículo 25 pactada entre Rajoy y Zapatero. El PSOE es consciente de la agonía del régimen del 78 y quiere salvarlo sorteando sobre todo el tema de la crisis autonómica con un proyecto de Estado federal. Sin embargo, los casos de corrupción que lo afectan, la política de pacto con el PP de Zapatero y Rubalcaba y la imprecisión y vaguedad de su propuesta de reforma constitucional le restan toda credibilidad… y votos.
3. Apuntalar el régimen “radicalizando” la democracia (burguesa). “En nuestro país se ha roto el pacto de convivencia. Y no hemos sido nosotros, han sido los privilegiados los que han roto el acuerdo. Nuestros abuelos y padres se dejaron la piel, el lomo para dejarnos un país en el que nadie pasara frío, en el que nadie estuviera sin sanidad y educación. Nuestra gente cumplió el acuerdo, han sido ellos los que no han cumplido. Son ellos los que se han colocado por encima de la ley, de las instituciones y por encima de nuestro respeto. No les creemos más. Que no nos hablen de unidad. Ésta es la unidad de nuestro pueblo, de nuestro país y con la que vamos a recuperar la democracia” (discurso de Iñigo Errejón en la Marcha del Cambio del 31 de enero de 2015).

Efectivamente el consenso lo rompieron los privilegiados, pero de lo que se trata no es de rehacer el pacto o el consenso sobre los que asentó este régimen ahora en crisis. Pretender regresar al pleno empleo, a la salud y educación universales del Estado de bienestar se hace imposible en las actuales condiciones de crisis económica, política e institucional, o, dicho de otra manera, las condiciones sobre las que surgió y se apoyó el Estado de bienestar hoy no están dadas. La burguesía hoy no se encuentra tan acorralada o asustada como para ceder tanto y restablecer el Estado de bienestar. Todo lo contrario, avanza desmantelándolo y vaciándolo. En este marco, el programa de “democracia real” levantado para recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente no es otra cosa que barnizar, con tinte transparente, las instituciones del régimen del 78.

Este proyecto puede llevar incluso a cambios constitucionales profundos (como reducir más el papel de la monarquía quitándole algunas atribuciones o prerrogativas, o incluso bajarle el sueldo, o dar más autonomía a las autonomías, etc.). Por eso hablan de proceso constituyente (aunque sin extenderse más sobre el tema), pero con cambios que cada día se orientan más a mantener la estructura capitalista del estado y el dominio de la burguesía. Se trata en el fondo de mejorar lo que hay, no de romper con ello.

El proyecto de Podemos, que en un principio ellos denominaban de “ruptura”, ahora busca construir un nuevo “acuerdo entre las clases” que salvaguarde la dominación burguesa sobre nuevas bases porque las viejas son insalvables.

En el Estado Español, la carrera electoral hacia la Moncloa ya empezó y los partidos ya compiten en ella con sus propuestas en la mano. El clima que se vive es el de una relativa paz preelectoral y una baja en la intensidad de las luchas, lo que no quiere decir que los conflictos y los problemas no continúen. Es que ahora la guerra se libra en las urnas, no en las calles. Y en este clima, mientras tanto, CC.OO. y UGT y los burócratas traidores de Toxo y Méndez pactaron una irrisoria ayuda a los parados y negocian con la patronal un mísero aumento salarial de entre el 1 y el 1,5%. Aún no hay acuerdo, pero seguro que lo habrá: para eso están Toxo y Méndez, para acordar, calmar, desinflar y entregar la lucha de los trabajadores.

Como señaláramos, la irrupción de Podemos ha convulsionado el escenario político y es probable que haga saltar por los aires el tablero electoral, dejando entrever un fin de ciclo en la política española si llegaran a confirmarse las predicciones de los sondeos.

Los escenarios futuros son difíciles de prever. Pero en todos ellos el papel del PSOE disminuye gravemente, IU prácticamente desaparece y el nuevo actor Podemos irrumpe con fuerza. El reciente pacto contra el “terrorismo yihadista” del PP y el PSOE y la promesa de nuevos pactos intentan preparar el camino a una posible gran coalición PSOE-PP frente a Podemos. Todo dependerá del transcurso de los acontecimientos hasta las elecciones generales, de lo que suceda en Grecia, de los otros procesos electorales, etc.

En este marco, la carrera hacia la Moncloa ya está lanzada y los competidores en marcha. Hasta el momento, todo parece indicar que los grandes partidos del régimen irán por separado, y por las cifras que se barajan todo hace prever también que habrá muchas dificultades a la hora de conformar un nuevo gobierno.

4. Podemos, o la cura del cáncer con aspirinas

4.1. Un nuevo actor político

Como señaláramos más arriba, el espíritu motor del 15M ha sido el cuestionamiento a los pilares fundamentales de la España de la Transición, el enfrentamiento en las calles contra las consecuencias de los recortes y el apetito y la voluntad de que algo cambie. Al calor de este proceso y como expresión distorsionada del mismo, surge, madura y se consolida Podemos, instalándose como un nuevo actor en la vida política española. La irrupción de Podemos ha despertado los miedos de la “casta”, al verse amenazada en sus posiciones y privilegios. Pero, además, las ilusiones que mueve Podemos han levantado grandes expectativas entre amplios sectores de la población como también del activismo y de la izquierda.

Por eso hoy, y no desinteresadamente, muchos se refieren a Podemos como “la venganza de los indignados” o como los “herederos del 15M”. Recordemos que cuando irrumpió el movimiento en 2011 Rajoy lo interpeló desafiándolo a conformar un partido y presentarse a elecciones para pelear por sus propuestas. Ese partido ya existe y se llama Podemos, y la posibilidad cada vez más concreta de hacerse un lugar en el gobierno alimenta las esperanzas de oponerle algo “nuevo” o “distinto” a la basura que gobierna España desde la retirada del franquismo.

Desde su nacimiento, cuatro meses antes de las elecciones europeas de mayo de 2014, el discurso y el programa de Podemos recogía mucho de este espíritu, y de hecho lo refrendaba en las propuestas con las que obtuvo cinco eurodiputados. Pero a partir de entonces se ha venido constatando un curso de adaptación y un claro giro hacia el centro en sus propuestas programáticas, en su discurso y en su política, un corrimiento que enterraba bajo tierra el programa inicial que lo vio nacer. Todo esto ha venido definiendo una estrategia puramente electoral (centrada sólo en la obtención de votos y no en la movilización) y un proyecto cada vez más reformista que, engañosamente, pretende cambiar las condiciones de vida de los españoles desde el Parlamento mediante la aplicación de reformas estructurales a nivel del régimen. Y esto no sólo se contradice sino que además supone un retroceso respecto de los principios, los métodos y las reivindicaciones que el 15M puso sobre la mesa.

4.2 Surge Podemos como candidatura de “ruptura” hacia las elecciones europeas

Existe la creencia generalizada de que Podemos surgió de los ámbitos académicos de la mano y de las cabezas de unos cuantos profesores universitarios, como Pablo Iglesias, Errejón, Alegre y Monedero, entre otros, que además de dar clases producían y/o conducían programas de radio y TV con ideas de “izquierda”. Pero lo cierto es que al calor de la primavera árabe, la rebelión en Grecia y el 15M aquí , Podemos nacía en enero de 2014 cuando, a instancias de compañer@s de Izquierda Anticapitalista (hoy Anticapitalistas) y un grupo de personas, entre los cuales se encontraba Pablo Iglesias, se presentaba el Manifiesto “Mover ficha. Convertir la indignación en cambio político”, un llamamiento a construir y presentar una candidatura de “unidad y de ruptura”, una candidatura por la recuperación de la “soberanía popular” de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014.

Así lo podíamos leer en la Declaración de IA “Coyuntura y elecciones europeas” del 5 de mayo de 2014: “Ante esta situación de bloqueo institucional y agudización de la miseria, las y los militantes de izquierda anticapitalista, junto a otros activistas e intelectuales de la izquierda, participamos en el lanzamiento de Podemos como un espacio político que, continuando con el trazado que inició el 15M, consiguiera agrupar a l@s que sufren la crisis utilizando la ventana de oportunidad que abren las elecciones europeas. Podemos ha permitido abrir un proceso que ha ilusionado a miles de personas, iniciando un proceso de autoorganización popular desde abajo que tiene su expresión en los círculos. A los actos de Podemos acuden cientos de personas hartas de la política tradicional. Estos hechos han demostrado que mucha de la gente que se moviliza y expresa contra las políticas de recortes busca un espacio plural y abierto a todo el mundo para luchar, también en el terreno electoral, por una democracia real al servicio de l@s de abajo”.

Con un programa “rupturista” y de “izquierda” que planteaba, entre otras cosas, la ruptura con la UE y el euro, la salida de la OTAN, el impago de la deuda, la nacionalización del sector financiero y de las empresas energéticas, la prohibición de los despidos, el derecho a decidir de los pueblos y de las mujeres sobre sus cuerpos, etc., la idea fue tomando forma. Provocó un amplio movimiento de simpatía y aceptación entre amplios sectores que vieron en el proyecto Podemos una alternativa distinta, nueva y por izquierda a IU y una posibilidad real de cambio que podía romper efectivamente con el bipartidismo. Todo esto se corroboraría cuatro meses después con la proliferación de los círculos, los 1.200.000 votos y los cinco eurodiputados obtenidos.

El triunfo electoral de Podemos fue la sorpresa en las elecciones europeas y le permitió dar un salto en su crecimiento, como también aumentar su influencia mediática y política. La joven formación consolidaba su arranque, aparecía primera en intención de voto en las encuestas, alteraba gravemente el tablero electoral y convulsionaba el escenario político español, permitiendo entrever un fin de ciclo en la política española.

Sin embargo, en poco tiempo, el discurso y el mensaje de Podemos, a través de la figura mediática de Pablo Iglesias y su equipo, comenzó a girar y moderarse notoriamente. De repente ya no se habló más de ninguna ruptura con la UE ni de ninguna salida del euro ni de la OTAN, ya no se hablaría de impago de la deuda sino de impago de la parte ilegítima, ya no se hablaría más de ideologías ni de derechas ni izquierdas, ni de monarquía ni república. Y sobre todo, ya no se hablaría más de movilizarse sino de prepararse para ganar las elecciones y emprender el cambio. Se trataba de un giro para ocupar el centro del tablero político moderando el mensaje y el programa para lograr así una mejor ubicación en el tablero electoral.

A poco de haber ganado las europeas y en pleno período de formación como nueva fuerza política, este giro no pasó desapercibido para la militancia y el activismo que nucleaba Podemos. Frente a este brusco cambio encabezado por Pablo Iglesias, varios círculos expresaron su disconformidad y oposición. Al mismo tiempo que hacia afuera Podemos se fortalecía en las encuestas como alternativa de cambio, hacia adentro surgían sectores críticos al de Iglesias y cía., principalmente de la mano de los compañeros de IA como la conocida Teresa Rodríguez, que cuestionaron ese giro conservador y electoralista y el modelo organizativo verticalista y antidemocrático que proponía Iglesias para Podemos, de cara a la Asamblea Ciudadana donde se discutirían el modelo organizativo y el programa. Lamentablemente, este giro terminó imponiéndose y votándose. No sólo por las maniobras y la actitud de Iglesias y sus escuderos, sino también por la política y la orientación que mantuvo IA.

4.3 Asamblea Ciudadana. Giro a la derecha y maniobras para bloquear a la izquierda

De esta manera, los debates alrededor del “modelo organizativo” y la cuestión “político-estratégica” fueron los que marcaron el período preasambleario, dividiendo aguas al interior de Podemos y enfrentando dos posturas distintas que se manifestaron en los documentos presentados para ser votados en la Asamblea. Frente a la propuesta de modelo organizativo y de principios políticos contenidos en el documento “Claro que Podemos”, presentado por Iglesias y su grupo, se presentaron dos documentos alternativos con el apoyo de varios círculos y de dirigentes de Izquierda Anticapitalista como Teresa Rodríguez y Raúl Camargo, como el documento “Claro que Podemos” referido a los principios organizativos y el documento “Construyendo pueblo” en relación con la propuesta de principios políticos.

Finalmente, los días 18 y 19 de octubre de 2014 se realizó la Asamblea Ciudadana, acto fundacional tras el cual Podemos se constituyó en “partido” y Pablo Iglesias en su secretario general. El “nuevo partido” adoptó el “modelo organizativo” y asumió los principios éticos y políticos contenidos en el documento “Claro que podemos” presentado por Iglesias, y alrededor de 100.000 personas los votaron por Internet.

A grandes rasgos, la Asamblea Ciudadana fue un evento donde el debate se centró alrededor de las cuestiones de organización, dejando en un segundo plano el debate político. Si bien las dos cuestiones que acapararon el centro de atención fueron la del “modelo organizativo” y el tema referido a la posibilidad de presentarse a las elecciones municipales del 2015 con el nombre Podemos, fue la primera la que se impuso y dominó la escena. En fin, mucho se discutió y se resolvió acerca de la “forma” organizativa de Podemos, pero poco o nada se debatió sobre su política, su estrategia y su programa.

Sin embargo, en el discurso inaugural de la asamblea y en sus posteriores y permanentes apariciones mediáticas, el propio secretario general fue el encargado de dar la pauta del proyecto programático que se empezaba a delinear y efectivizar, el cual, como todo el mundo tomaba nota, dejaba en claro un rápido giro a la moderación. La mesura en el discurso, la cautela en las propuestas y la prudencia en la política demostraban que Podemos se alejaba cada vez más de las propuestas programáticas iniciales con las que supo ganar no sólo cinco eurodiputados, sino también de la confianza de los que votaron por ellas, viendo en Podemos una posibilidad real de cambio. A partir del 25M, los objetivos comenzaron a orientarse hacia una posible victoria electoral y a la rebaja de las aspiraciones en pos de la gobernabilidad y ampliación del espectro electoral.

“¡Estamos aquí para ganar, no para ser una fuerza testimonial! Un país entero nos está mirando. ¡Cuánta preocupación tienen los de la casta! ¿Verdad? Nosotros no tenemos miedo a discutir porque nos estamos jugando un país”. Estas fueron las palabras con las que Pablo Iglesias abrió la asamblea. Y entre gritos de “Sí se puede” y “A por ellos”, insistió en la posibilidad real de conquistar el poder frente a los partidos de “la casta”.

Asimismo agregó que Podemos quiere ocupar “la centralidad del tablero político” español: el espacio de “una mayoría social que apuesta por la decencia” y por que “los ricos paguen impuestos, por que democraticemos la economía y no la dejemos en manos de mangantes”. Aseguró que los que ahora mandan “no tienen más patria que sus cuentas bancarias en Suiza o Andorra”, cuando la patria de los ciudadanos no es otra cosa que un país dotado de los mejores servicios. “Patria es sentirte orgulloso de contar con los mejores hospitales y las mejores escuelas. Porque no es la casta la que hace funcionar el país, es la gente”, dijo, y exclamó: “¡Ésa es nuestra patria, la gente!” Y concluyó: “El cielo no se toma por consenso, se toma por asalto”.

Efectivamente, el cielo se toma por asalto. Pero dicho asalto no podrá ocurrir con una política como la que propone ahora Iglesias. Se trata de una definición clara de corrimiento hacia el centro y un lavado del programa original, que deja de lado las grandes demandas estructurales y perfila un programa reformista. Es decir: un programa de reformas superficiales, de cambios cosméticos a nivel de régimen sin tocar demasiado la estructura capitalista sobre la que se basa el Estado Español heredero del 78. Y si no se atenta contra el sistema, el planteo estratégico de Podemos de conquistar lugares en el gobierno y aplicar reformas se reduce a un fin en sí mismo; a lo sumo, a una administración reformista del país.

Este movimiento hacia el centro se constató también en el escandaloso y canalla silencio que Podemos, la nueva fuerza que tiene eurodiputados sin corbata que viajan en clase turista, mantuvo frente dos grandes cuestiones planteadas en la realidad del país el último año: la Ley del Aborto y el derecho a decidir de los catalanes. Ambos temas han dividido aguas, han movilizado y han llamado la atención de todo el mundo. Pero Podemos no ha dicho nada al respecto, ni a favor de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, ni a favor de los catalanes de decidir su futuro.

Iglesias tampoco se ha pronunciado cuando se le preguntó por Sí o por No en un referéndum monarquía-república. Habló de “proceso constituyente” y sostuvo que “monarquía o república es un debate viejo”. Y que, en todo caso, “la pregunta debería ser si los españoles somos o no mayores de edad para decidir si al jefe de Estado se lo elige en las urnas o por sangre azul”. La reciente abdicación del Borbón y las movilizaciones que le sucedieron exigiendo un referéndum o el fin de la monarquía parecen ser “viejos” para Iglesias; sin embargo, estuvieron más a la izquierda que éste al cuestionar o exigir el fin de una de las instituciones heredadas del franquismo.

Por supuesto que coherente con todo lo anterior, y no por olvido o equivocación, los grandes ausentes en el discurso y en la política de la dirección de Podemos son los trabajadores. Y ni siquiera fue testimonial el apoyo que Podemos dio a importantes luchas obreras, como fueron las de los compañeros de Panrico y Coca Cola por ejemplo. La estrategia de la dirección de Podemos no es la de poner al partido al servicio de la victoria de las luchas, y menos que menos de las luchas obreras. De lo que se trata es de poner en pie una máquina de guerra electoral.

Esta máquina de guerra, que apunta a constituir una “mayoría social”, implica el abandono de toda perspectiva clasista. No se trata de movilizar a la clase obrera contra la burguesía, sino del “pueblo” contra la “casta”. La sociedad no estaría constituida de dos clases fundamentales, definidas por la propiedad o no de los medios de producción, sino que se estructuraría por la oposición entre “los de arriba” y “los de abajo”.

La política puramente electoralista de la dirección de Podemos los lleva a levantar un discurso interclasista, donde lo único que importa es el “ciudadano” (léase el votante), independientemente del lugar que ocupa en la sociedad. Por eso no es de extrañar el llamado de dirigentes de Podemos a los “empresarios con conciencia social”, como sería el caso, según Jesús Montero, secretario general de Podemos en Madrid, de la familia Botín, dueña del banco Santander.

Este corrimiento hacia el centro del tablero político, que evidencia el abandono y la renuncia a las grandes demandas estructurales, indica al fin y al cabo la estrategia postulada por la dirección de Podemos, que en palabras de Iglesias se resume en “ganar las elecciones” y llegar así a un “gobierno de la gente”. Es decir: se postula una estrategia puramente electoral con un programa claramente reformista. Un programa “ambiguo” que destaca en todos los casos una falta casi absoluta de críticas a la democracia y un afán de “recuperar las instituciones”, o sea, un reformismo socialdemócrata que olvida el carácter de clase del Estado actual y siembra la esperanza de su posible transformación por la vía electoral. En este sentido, las alusiones a la “casta” de Pablo Iglesias responden un afán consciente de ocultar el carácter de clase del actual régimen.

¿Cómo se sustenta, en un partido que ha despertado tantas esperanzas en el electorado de izquierda, y que además ha logrado reunir a cientos o miles de activistas, un giro a la derecha tan pronunciado? Como señalamos, la gran discusión de la asamblea ciudadana fue el modelo organizativo, discusión que se saldó con la adopción del modelo de “cacicazgo” de Iglesias y su equipo.

4.4 Un régimen interno antidemocrático al servicio de la deriva reformista

Este giro político se apoya en un régimen interno totalmente antidemocrático. Comenzando por la elección de la Asamblea Ciudadana, que bajo un ropaje “democrático” esconde todo lo contrario: el voto electrónico con que las propuestas se validaron pone en el mismo plano a aquellos que hicieron un simple click desde su casa y a aquellos que militan cotidianamente en la organización; también contribuye a dar un peso desproporcionado a Pablo Iglesias, altamente mediatizado. A esto se suman las propias resoluciones que se tomaron: elegir la dirección nacional a través de una lista cerrada, impedir a los círculos locales presentarse a las municipales e impedir la doble pertenencia (es decir, pertenecer a la vez a Podemos y a otro partido), resolución dirigida directamente a los militantes de Izquierda Anticapitalista.

Esto tiene como objetivo acallar a la oposición interna y evacuar todo tipo de debate democrático mediante la apelación al “líder” mediático Iglesias, amo y señor de Podemos. Apunta además a impedir una verdadera elaboración colectiva en el seno de una formación que ha atraído a centenas de personas que vienen de los movimientos sociales y están realizando su primera experiencia política, cerrando así este auditorio a la izquierda revolucionaria.

Lo que parece haberse delineado en los últimos meses es un régimen fuertemente personalista, que se apoya en la enorme exposición mediática de los principales dirigentes de Podemos (en particular el propio Iglesias) y en una “democracia directa” que de hecho implica la imposibilidad de aplicar cualquier control sobre los dirigentes: bajo el argumento de “no hacer como los viejos partidos”, los “viejos métodos” de la “militancia tradicional” (por ejemplo, hacer reuniones de comité que discutan política y resuelvan la línea del partido), se esconde en verdad la dictadura de las “grandes figuras”.

Una primera muestra de esto ha sido la decisión de la Asamblea Ciudadana que fundó Podemos de impedir a los círculos participar de las elecciones municipales. Uno podría creer que se trata de un momento por excelencia de la “democracia directa”: decenas de miles de personas votaron por ello. Claro que el problema es precisamente que ese voto virtual para el que bastaba enviar un mensaje de texto con el móvil pasó por arriba de la voluntad de cientos de activistas que se reúnen en los círculos y que ponen el cuerpo día a día para construir Podemos.

Otro ejemplo ha sido la verdadera comedia de enredos que ha sucedido las elecciones andaluzas. Puesto que el PSOE, a pesar de haber llegado primero, no ha alcanzado el número de diputados suficiente para formar gobierno propio, se planteó la cuestión de las alianzas, pactos y acuerdos poselectorales, y de la posición a tomar frente a la votación de investidura de la Presidencia de la Junta. Claro que apoyar el gobierno del PSOE, miembro indiscutido de la “casta”, que viene gobernando Andalucía desde hace años y llevando adelante una política antiobrera, debería estar a priori fuera de cuestión. Pero admitamos que podría ser objeto de debate, algo que no se puede negar en cualquier organización que se considere mínimamente democrática.

Lamentablemente, no ha sido el caso de Podemos. En cambio, se ha asistido a una verdadera “cacofonía mediática” donde diversos dirigentes de Podemos (Teresa Rodríguez, Ángela Ballester, Iñigo Errejón) han salido con versiones diferentes sobre la posición a tomar: que si “líneas rojas” o “propuestas”, que si posibilidad de discutir o no…2 La dirección del partido incluso ha negociado con la dirección andaluza para designar los “negociadores”: un íntimo colaborador de Pablo Iglesias y uno de Teresa Rodríguez. Pero a no desesperar, que finalmente el sultán Iglesias ha venido a poner orden y cerrar el debate: si las propuestas no se aceptan, no hay negociación.

Uno podría preguntarse cuánto peso han tenido en todo esto los círculos, y la respuesta es la siguiente: ninguno. Con la excepción de la candidatura interna Andalucía Desde Abajo (que competirá para los cargos internos con la lista consensuada entre Rodríguez e Iglesias), ninguno de los sectores que mencionamos ha planteado llevar la discusión a las bases. Entre el “dúo” negociador consensuado entre la dirección central y la dirección andaluza, las declaraciones de los diferentes dirigentes, los propios parlamentarios, el gran ausente de toda la discusión son las propias bases del partido.

Como hemos dicho, la constitución de este régimen interno tiene como objetivo acallar toda crítica que pueda surgir (como es el caso ahora contra la ambigüedad de la dirección sobre un apoyo al PSOE en Andalucía) y además impedir el debate colectivo, al tiempo que al impedir la “doble afiliación” se intenta cerrar el paso a las organizaciones de izquierda. Es que una de las características de Podemos, que no puede dejarse de lado y que lo diferencia de otras organizaciones similares como Syriza, es que a su alrededor se ha constituido una base militante real, heterogénea, que está en su mayoría haciendo sus primeras experiencias de organización política.

4.5 Podemos por abajo: construir uno, dos, mil círculos

Más allá de lo que quieran hacernos creer los teóricos posmodernos de las “revoluciones 2.0” que se harían por Twitter, ningún proceso social y ninguna fuerza política puede existir sin una base material, sin actores de carne y hueso. En otras palabras, no se puede comprender que Podemos haya obtenido más de un millón de votos y cinco diputados en las europeas, o que haya movilizado a decenas de miles en la “Marcha del cambio”, si no tomamos en cuenta lo que este fenómeno político expresa por abajo.

En ese sentido, uno de los rasgos particulares de Podemos, que comenzó a reflejarse desde su lanzamiento político-electoral hacia las europeas, es la proliferación de círculos (algo así como comités de base, pero mucho más amplios y laxos que los de los partidos tradicionales) de todo tipo y color, que marcaron su desarrollo. Así, las semanas que sucedieron al anuncio de las candidaturas para las europeas estuvieron marcadas por una verdadera “gira nacional” del equipo dirigente de Podemos (y de los militantes de Izquierda Anticapitalista), que fue ciudad por ciudad presentando el proyecto, realizando actos de importancia e inaugurando los diferentes círculos.

Sin duda, esta dinámica por abajo tiene los límites que hemos expuesto más arriba y que hace a la voluntad de la dirección de Podemos de impedir todo desborde. Por otra parte, los círculos parecen haber cobrado fuerza especialmente en Madrid y en Andalucía, con poca extensión a otras regiones del Estado español. En otras autonomías, las fuerzas independentistas de izquierda, como las CUP en Catalunya o Bildu en el País Vasco, parecen haber bloqueado en cierto sentido la construcción de Podemos, en la medida en que canalizan sensibilidades similares.

Pero más allá de estos límites o debilidades, no cabe duda de que existe una amplia base militante en Podemos, una base que se identifica mayoritariamente con la izquierda (más allá del discurso “ni de izquierda ni de derecha” de la dirección) y que viene de los movimientos sociales. Es decir, Podemos concentra ciertos rasgos movimientistas, en el sentido de que su base material parece estar compuesta de sectores amplios con un lazo más o menos orgánico con el partido.

Estos círculos parecen tener una dinámica importante que aún se mantiene: además de los círculos por barrios, han surgido por diferentes áreas como sanidad o educación, o incluso círculos de trabajadores en general como en Madrid. Los círculos más activos, o aquellos donde la izquierda tiene una influencia, se han volcado a las diferentes luchas sociales de los últimos meses. Es además sobre esta base que se ha logrado movilizar a decenas de miles por las marchas del cambio, que más allá de los discursos reformistas de los dirigentes de Podemos han sido enormemente progresivas en tanto han expresado un repudio masivo a los partidos tradicionales y al gobierno de Rajoy.

A su vez, estos círculos son el punto de apoyo principal de los sectores críticos de Podemos. En efecto, si han logrado elevar una voz alternativa a la de la dirección mayoritaria –por ejemplo, respecto a las negociaciones con el PSOE en Andalucía–, es precisamente porque se apoyan en una construcción por las bases. Esta dinámica por abajo es la que permite exigir a la dirección de Podemos que las grandes decisiones se sometan al debate colectivo.

En definitiva, todo parece indicar que sectores amplios de activistas, con una identidad de izquierda y que han participado en las movilizaciones de los últimos años, han encontrado en Podemos un espacio de organización, una primera experiencia política, y han creado y dado aliento a cientos de círculos. Es esta capacidad de haber empalmado con toda una parte del fenómeno de “indignación” de los últimos años lo que ha dado vida a Podemos.

Al mismo tiempo, esta base militante es lo que sustancia la necesidad de dar una pelea política al interior de Podemos, para hacer evolucionar hacia la izquierda a estos sectores que entran a la vida política, para oponer una política independiente y de clase a la política capituladora de Iglesias. De ahí que la preocupación de como intervenir en este proceso desde la izquierda revolucionaria sea muy sana. Es por eso que queremos establecer una serie de debates con la principal organización de la izquierda revolucionaria en el Estado Español y que tiene importantes responsabilidades en Podemos: Izquierda Anticapitalista.

5. La disolución de IA para adaptarse y construir “lealmente” Podemos

Lamentablemente, la orientación y la política que tuvo IA frente a este giro reformista-electoralista impulsado por el sector Iglesias han sido funcionales a él. A pesar de ser los cofundadores de Podemos, de contar con figuras reconocidas y de la existencia real y concreta de un amplio sector de círculos críticos hacia los planteos y prácticas de Iglesias y su séquito, IA ha tenido una política de seguidismo y subordinación hacia las posiciones de Iglesias y una orientación de negar y callar el debate político, ocultándolo tras la discusión organizativa, defendiendo un modelo organizativo más democrático que el de Iglesias, donde la única diferencia sería que IA promueve más democracia interna.

IA no supo o no quiso dar la batalla política denunciando, enfrentando y diferenciándose de la deriva reformista de Iglesias. No quiso dar una pelea consecuente y hasta el final, construyendo una tendencia interna organizada, opuesta política y no sólo organizativamente a la actual dirección. Todo lo contrario, acatando el veto a la doble militancia propuesta por PI, IA se disolvió como partido, pasando a llamarse sólo Anticapitalistas, evidenciando burdamente la renuncia política a construir una organización revolucionaria, independiente, centrada en la clase obrera, sus métodos y sus luchas; evidenciando, al fin y al cabo, el abandono de la perspectiva socialista. Finalmente la hegemonía de Iglesias y la deriva reformista se impusieron.

Como explicamos más arriba, la intención del veto a la doble pertenencia, incluida en los principios éticos del documento “Claro que Podemos” presentado por Pablo Iglesias en la Asamblea Ciudadana, iba dirigido directamente a los militantes de IA, con la intención de acallar y anular las voces que cuestionaran su proyecto, cada vez más antidemocrático hacia adentro y más reformista hacia afuera.

Sin embargo, así no lo vieron los compañeros de IA, que lo “entendieron” (y así lo presentaron de cara al público y a su militancia) sólo como un obstáculo o impedimento para acceder a los cargos orgánicos en Podemos. Y ante este escollo cedieron disolviendo su partido, sin críticas ni diferenciación política de Iglesias y sin derramar una lágrima.

A poco de que se realizara la Asamblea Ciudadana, IA lanza un comunicado de prensa en el que hace públicas dos cuestiones: una, la decisión de acatar el veto a la doble militancia, aunque no estén de acuerdo con esta prohibición por considerarla un grave peligro para el pluralismo en el seno de Podemos y una medida totalmente ineficaz para conjurar el peligro de la llegada de arribistas a Podemos, los argumentos expuestos por Iglesias. La otra fue la celebración del congreso de IA (17 y 18 de enero de este año) “para adaptarnos al nuevo marco que ha decidido la Asamblea Ciudadana”. Asimismo, en el comunicado defiende que la organización “cambiará para poder seguir trabajando en el proyecto de forma leal como desde el principio”, dejando la puerta abierta a que estos “cambios” permitan a los militantes de IA participar en las elecciones a cargos orgánicos en Podemos a nivel municipal y autonómico.

Tal fue la propuesta de la dirección de IA, plasmada en el documento de la Coordinadora Confederal, hacia su Congreso: cambiar la “forma jurídica”, pasar a ser una “asociación” y llamarse Anticapitalistas. Asimismo, el documento plantea una caracterización de Podemos como el partido de la ruptura democrática frente al actual régimen, como una alternativa “nacional-popular” antineoliberal, aunque no necesariamente anticapitalista, y basándose en esto propone como tareas para el momento actual impulsar esa “ruptura democrática”, identificándola a lo largo del texto como la victoria electoral y el gobierno de Podemos, y la construcción leal de Podemos.

En cuanto a la caracterización, Podemos no es un partido de base obrera ni pretende serlo; es un partido que agrupa a las clases medias y sectores de la aristocracia obrera y pretende agrupar a los pequeños empresarios. Su programa no es de destrucción del capitalismo ni mucho menos de toma del poder por los trabajadores, pero tampoco es un programa de transición contra el poder capitalista ni por el reparto de la riqueza ni el fin de la propiedad privada. Los planteamientos económicos keynesianos o neokeynesianos, por muy antineoliberales que se autocalifiquen, siguen siendo defensores del orden capitalista, y para muestra está su propio llamamiento “a todos los sujetos sociales a construir un nuevo consenso social para el país”.

El término “ruptura democrática” es ambiguo. El texto lo explica como la ruptura con los actuales planes de la Troika y el austericidio. Pero ello no significaría necesariamente la ruptura con el capitalismo. La propia Syriza griega ha dejado claro que su postura no es ni la salida del euro ni la ruptura con la UE. A la vez, la ruptura con el actual régimen se plantea por la vía democrática (recuperar la democracia y período constituyente), enfrentándola al concepto de ruptura revolucionaria.

En relación con un hipotético gobierno de Podemos (y más si tuviese que ser en coalición con el PSOE, IU u otras fuerzas), no impulsaría necesaria e inevitablemente (como puede deducirse del documento presentado por la Coordinadora Confederal) un plan de satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores y el pueblo. No es un escenario imposible un gobierno de Podemos que se enfrente a los organismos populares y a los movimientos sociales en defensa de un nuevo acuerdo nacional que respete el orden burgués. Y por esto es que ese hipotético gobierno no podría ser jamás el nuestro.

Todo esto evidenció un corrimiento o giro en la política de IA; su proyecto estratégico se diferenciaba cada vez menos o coincidía cada vez más con el proyecto estratégico reformista de la cúpula de Podemos. Su militancia, su política y su programa se diluían en Podemos. Sus críticas no cuestionan de raíz al Podemos reformista de Iglesias, no le oponen una alternativa radicalmente distinta, intentan sólo mejorarla con más democracia interna. En pocos meses y con el justificativo de la efervescencia de la situación política, se pasaba de la construcción de una candidatura de ruptura como en las elecciones europeas a la propuesta de construcción leal de Podemos, oponiéndola a la construcción de una corriente interna y a la propuesta y luego efectiva disolución de IA.

Así lo reafirmaba Miguel Urban después del Congreso y formalizada la disolución. Cuando le preguntaron “¿En qué difiere al día de hoy Podemos de la organización que le hubiera gustado construir?”, la respuesta fue más que elocuente, “Participé en la construcción de un modelo organizativo alternativo en el que lo dejé claro, y creo que todo esto tiene que pasar a la práctica. La mayoría de la gente no está de acuerdo con las listas plancha o con el hecho de que muchas listas de Claro que Podemos no hayan sido completas (…). Estoy en contra de las listas completas con un modelo de votación de lista plancha porque elimina la pluralidad dentro del Consejo Ciudadano. (…) Creo que eso habrá que revisarlo en la próxima asamblea, porque es vital respetar la pluralidad”.

Es decir, la única diferencia que se tiene con el Podemos actual es en cuanto a su modelo organizativo interno, no su programa. A Urban le hubiera gustado construir un Podemos con un régimen interno más democrático, y eso se soluciona en la próxima asamblea proponiéndolo. Parece que construir un Podemos con un programa reformista no es objeto de crítica ni de preocupación.

Esta despreocupación la confirmó cuando le preguntaron si le molestaba que le encuadren entre los sectores críticos, diciendo lo siguiente: “Más que crítico, soy propositivo (…). Más que criticar otro modelo, diría que he propuesto uno que me parecía mejor, y cuando el primero ha salido elegido lo he aceptado, como han hecho entre el 90% y el 100% de las gentes de Podemos. Cuando dicen que soy crítico, respondo que sí, pero con las políticas del actual gobierno de la Comunidad de Madrid, no con Podemos; entre otras cosas porque les tenemos que dejar pasar la prueba de la práctica”.

En estas circunstancias, lo que se presentó como un cambio formal significó un cambio de fondo: prescindir de la forma partido. No se trata de una nimiedad, aunque se presente como consecuencia lógica de la actual trayectoria; constituye un salto cualitativo en su entreguismo al proyecto de Pablo Iglesias. Significa en los hechos renunciar a construir un partido diferente de Podemos, un partido obrero y socialista que Podemos no es.

5.1. Los “partidos amplios”, el trasfondo teórico de la “disolución”

Esta política hacia Podemos es el fruto de una caracterización del período actual y de una estrategia frente a él que ha llevado adelante el Secretariado Unificado, organización internacional a la que pertenece Anticapitalistas, durante la última década. Ha estado marcada por la voluntad de construir “partidos amplios”, que borraban las fronteras entre revolucionarios y reformistas. No realizaremos aquí el racconto de los resultados a lo que esta política ha llevado (con casos como Rifondazione Comunista en Italia, el Bloco de Esquerda en Portugal, etc.), sino que nos dedicaremos a señalar sus rasgos principales para comprender mejor el curso de Anticapitalistas respecto de Podemos.

Esta caracterización consiste en la consideración de que vivimos en el período de mayor reflujo de la clase trabajadora y de las organizaciones de izquierda desde los años 30. La época actual estaría signada por un espiral de crisis del movimiento obrero y la perspectiva cercana del fascismo. A su vez, la perspectiva revolucionaria estaría fuera del horizonte histórico: vivimos una época esencialmente de retroceso, marcada por la falta de alternativas. El período actual se inauguró con la caída del muro de Berlín, a lo que el Secretariado Unificado respondió con el tríptico “nuevo período, nuevo partido, nuevo programa”.

La traducción política de esta caracterización es que, por todo un periodo de tiempo (¿años, décadas, siglos?) las delimitaciones estratégicas con el reformismo perderían vigencia. En la medida en que la perspectiva revolucionaria está cerrada, ninguna diferencia fundamental traza una barrera infranqueable con el reformismo. Más aún; dado el crecimiento de la extrema derecha y los brutales ataques contra la clase trabajadora, no aliarse a sectores reformistas sería un crimen de leso sectarismo.

Éste es el trasfondo estratégico de la política de Anticapitalistas frente a Podemos. En un artículo posterior a la disolución de Podemos, Brais Fernández y Raúl Camargo explicaban que “la agudización brutal de la crisis capitalista nos obliga a repensar las líneas entre antineoliberalismo y anticapitalismo, entendiendo que los procesos de ruptura que implican a las grandes mayorías sociales, las decisivas para cambiar la historia, parten del rechazo a la austeridad y la falta de democracia”. En breve: como los ataques son muy fuertes y la gente se moviliza únicamente contra la “austeridad”, cómo se nos va a ocurrir a reflotar viejas discordias entre los revolucionarios (es decir, los anticapitalistas) y los reformistas (antineoliberales).

De ahí que la política de Anticapitalistas hacia Podemos no sea una mera cuestión “táctica”, como la presentan a veces sus dirigentes. Al contrario, forma parte de un proyecto estratégico puesto en pie a nivel internacional desde hace al menos una década: abandonar la construcción de organizaciones revolucionarias independientes claramente delimitadas del reformismo, en beneficio de “partidos amplios”, “anti austeridad”, donde reformistas y revolucionarios podrían convivir durante todo un período. Esta perspectiva es la base de toda la política oportunista de la dirección de Anticapitalistas respecto de Podemos.

Pensamos que la construcción de una organización revolucionaria debe tener una política para Podemos, pero esta política no puede ser la sumisión a la actual dirección ni al actual curso electoralista de Podemos. Si consideramos el actual curso de Podemos como modificable o corregible, si le consideramos un lugar de agrupamiento de sectores de luchadores honrados cuya conciencia política puede ser influenciada por posiciones revolucionarias, debemos construir en su seno una corriente política que se enfrente a su dirección con toda claridad, que alerte de sus claudicaciones, que fortalezca el perfil de sus diferencias, que se forme cotidianamente para responder a sus propuestas políticas, pero sobre todo. no debemos renunciar a construcción de partidos marxistas revolucionarios que levanten en alto un programa socialista con centro en la clase obrera.

6 La posición y las tareas de los revolucionarios

La política que deben llevar adelante los revolucionarios en el próximo período se deduce de las tendencias centrales de la coyuntura que venimos de analizar. Es por eso que, en vez de hacer un largo decálogo de tareas de manera dogmática, nos centraremos en tratar la posición que creemos debería levantar la izquierda revolucionaria frente a las dos cuestiones centrales: el problema del régimen y la posición a adoptar frente a Podemos.

Si el viejo régimen de la constitución se tambalea, parece evidente la necesidad de derribarlo y construir otro, es decir, de abrir un periodo constituyente. La burguesía, la gran patronal y las fuerzas políticas que gobiernan en su nombre son también conscientes de ello, por eso es posible que afronten cambios en la actual Constitución de mayor o menor envergadura, según la presión popular. Pero serán cambios de forma y no de contenido que, aunque afecten incluso a pilares del actual Estado (la institución monárquica puede ver modificado su papel si fuese imprescindible, la actual estructura autonómica también), no tocarán a la esencia del régimen burgués.

De lo que se trata es, al contrario, de derribar el régimen en su conjunto y no de realizar ciertas reformas cosméticas o de volver a una “época dorada”, cuando el Estado de bienestar aún existía. Como hemos señalado, el régimen actual es el producto de la derrota del proceso de movilizaciones obreras que se vivió hacia finales del franquismo, posibilitado por la traición de las organizaciones mayoritarias entre los trabajadores en ese momento, en particular el PCE.

El régimen del 78 es la cristalización de esa derrota, de la relación de fuerzas entre las clases que resultó de ella. Una cristalización que mediante la combinación de un relativo crecimiento económico, del pactismo de los grandes sindicatos y de la alternancia bipartidista, mantuvo aletargada durante décadas a la clase trabajadora. De ahí que a partir del momento en que este letargo comenzó a romperse con la irrupción de los indignados (aun con la limitación de que la clase obrera como tal no estuvo a la cabeza de esos acontecimientos), el régimen comenzó a resquebrajarse.

De lo que se trata entonces es de profundizar la movilización por abajo a fin de derribar todo el régimen del 78: sus instituciones reaccionarias como la Audiencia Nacional, el sistema bipartidista, los sindicatos de colaboración. Claro que de la misma manera que el régimen del 78 se sustanció en una derrota histórica de la clase obrera, no podemos esperar que vaya a ser destruido por el simple expediente de una votación parlamentaria o de la intervención electoral.

Por eso adquiere actualidad el planteamiento de abajo el actual Parlamento, abajo la actual Constitución, por la elección libre, directa y sin restricciones, en igualdad de condiciones de las diferentes fuerzas políticas de unas Cortes constituyentes revolucionarias que elaboren una nueva constitución y la sometan a Referéndum popular. Para imponer este programa, será necesaria la más amplia movilización obrera y popular.

En segundo lugar, es imprescindible tener una posición revolucionaria y no sectaria hacia el proceso de Podemos. Nos parece que intervenir en él podría contribuir a ampliar el auditorio de la izquierda revolucionaria, a ligarla a amplios sectores que han hecho experiencias de lucha en los últimos años y que ahora se vuelcan a la militancia política. Pero para que esta intervención sea revolucionaria y no oportunista, debe estar puesta estratégicamente al servicio de hacer avanzar la conciencia de clase de los trabajadores y de construir verdaderas organizaciones revolucionarias independientes.

No coincidimos con la caracterización de algunos sectores de la izquierda revolucionaria, como Anticapitalistas, de que Podemos sería “nuestro” partido al que habría que “contribuir lealmente”. El giro oportunista de la dirección de Podemos es innegable, así como es innegable el hecho de que no les interesa construir un partido anclado en la clase trabajadora, ni al servicio de las movilizaciones y las luchas, sino, en las propias palabras del equipo de Pablo Iglesias, “una máquina de guerra electoral”.

Por otra parte, ¿cómo ser “leal” a una dirección que regimenta la vida interna del partido para impedir que los militantes de base se expresen? ¿Que ataca de manera macartista a la izquierda? ¿Que se dedica a negociar por arriba a espaldas de todo control democrático? Nuestra única lealtad es a la clase obrera y a la revolución socialista, y a aquellos que militan por un Podemos realmente democrático, al servicio de las luchas y con una perspectiva estratégica de ruptura.

Es por eso que consideramos que una intervención en Podemos sólo puede realizarse a condición de mantener una total independencia política y organizativa de su dirección, manteniendo el eje de criticar y señalar cada retroceso, y llevar adelante los debates frontalmente. A su vez, esta intervención debería apuntar a hacer de Podemos una herramienta al servicio de las luchas, que tenga como prioridad ir hacia la clase trabajadora y construirse allí, además de levantar una serie de medidas programáticas que apunten a una ruptura estructural con el sistema capitalista.

Sin ser exhaustivos, estas medidas deben comenzar por la nacionalización de la banca y de la gran industria, además de la anulación del pago de la deuda externa. Esto permitiría recuperar las palancas de la economía para ponerlas al servicio de la clase trabajadora, avanzando en acabar con el desempleo de masas mediante la nacionalización bajo control obrero de toda empresa que despida o cierre y el reparto del trabajo sin reducción de salario.

A partir de allí, se trataría de garantizar los servicios esenciales para la población, como la sanidad y la educación pública y gratuita para todos. También es esencial frenar los desahucios y paliar la crisis de vivienda mediante la expropiación de todos los alojamientos vacíos, propiedad de los grandes grupos bancarios e inmobiliarios. Con respecto a la situación de las mujeres, principales víctimas de la crisis, se imponen una serie de medidas. Por una parte, reafirmar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, garantizando un acceso libre, legal, seguro y gratuito al aborto. Por otra parte, para hacer frente al crecimiento de la violencia de género, hay que garantizar alojamiento para todas las mujeres víctimas de violencia, además de programas de formación y empleo a fin de que puedan emanciparse económicamente.

No nos extenderemos aquí sobre la política frente a la cuestión nacional: remitimos al lector a los artículos anexos. Sólo nos interesa remarcar que una política revolucionaria al respecto debe mantener al mismo tiempo una defensa incondicional del derecho a la autodeterminación de los pueblos que componen el Estado Español y una crítica implacable de las corrientes burguesas que encabezan hoy en día ese proceso. Mientras defendemos el derecho a la autodeterminación, alertamos contra toda ilusión de que una separación (burguesa) respecto del resto del Estado Español supondría un fin mágico a la crisis, y defendemos la perspectiva de una República Federal de los Trabajadores y Socialista.

En el contexto actual, en el cual la crisis económica sigue haciendo estragos, frente a la aguda crisis del régimen y el bipartidismo, y frente a la falsa y engañosa opción de salida reformista que propone la dirección de Podemos de cambiar las cosas desde el parlamento y con reformas, se hace necesario y urgente volver a poner en el centro de la escena a la clase trabajadora, sus luchas, sus métodos y su programa como única garantía de mejorar verdaderamente nuestras condiciones materiales de vida.

Para levantar bien alto esta perspectiva, se hace imperioso discutir una intervención común de todos aquellos que nos reclamamos del marxismo revolucionario como punto de partida fundamental para avanzar en el reagrupamiento de los revolucionarios. En efecto, algunas de las divisiones heredadas del pasado han quedado obsoletas: sobre la base de la posición de las diferentes organizaciones frente a los fenómenos del nuevo reformismo, es posible discutir una intervención entre aquellos que nos hemos mantenido independientes frente a él.

De ahí que sea posible comenzar a procesar debates comunes y discutir una política unificada frente al desarrollo de la crisis internacional. Tal es el objetivo del llamado realizado por la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie, que a partir de la caracterización del período actual y de los principales parteaguas de la izquierda revolucionaria actual, levanta la propuesta de realizar una Conferencia Internacional de las corrientes revolucionarias.

1. La lucha de Gamonal fue una pelea de los habitantes de este barrio, el más poblado de la ciudad de Burgos, contra unos proyectos de renovación urbana que consideraban demasiado costosos y contra los intereses de los sectores populares. Luego de varias movilizaciones, que incluyeron enfrentamientos con la policía, se logró paralizar el proyecto. Can Vies es un centro cultural autogestionado de Barcelona: miles de personas se enfrentaron con la policía y las excavadoras para impedir su demolición prevista por el ayuntamiento. Una vez que logró paralizarse la demolición, otros miles se congregaron para ayudar a reconstruir la parte del centro que había sido demolida.
2. Cabe destacar el contenido limitadamente democrático (de “sentido común” según Pablo Iglesias) de las “líneas rojas” que Podemos ha puesto para discutir un apoyo a la investidura de la candidata del PSOE: no trabajar con bancos que realicen desahucios, bajar el número de asesores y “tolerancia cero” con la corrupción. Propuestas que apuntan a una gestión “transparente” del régimen burgués, pero no ponen el centro en la cuestión del desempleo, de la precariedad laboral, de la destrucción de salud y educación públicas…

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