Por Johan Madriz, desde Guatemala para Socialismo o Barbarie, 23/05/2015
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Días atrás se abrió una crisis política en Guatemala: se dio a conocer una red de corrupción (denominada La Línea) al interior de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Esto involucra a altos funcionarios del gobierno, incluidos el superintendente y secretario personal de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, que incurrieron en defraudación tributaria.
El anuncio de esta pesquisa por corrupción desató crecientes manifestaciones para exigir, en primera instancia, la renuncia de los funcionarios del gobierno señalados en la investigación. Por otra parte, las movilizaciones expresaron el hartazgo del pueblo guatemalteco, lo cual explica que fueran en aumento desde que se iniciaron.
La primera jornada fue el 25 de abril. Contó con una asistencia de 20 mil personas. Luego, hubo manifestaciones los días 1° y 2 de mayo. Finalmente, el 16 de mayo se convocó a una nueva movilización en Ciudad de Guatemala y otras 15 ciudades del país. Según estimaciones, asistieron unas 70 mil personas, insistiendo en la exigencia de renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
Como resultado de las primeras jornadas, se logró la renuncia de Baldetti el 15 de mayo. Esto representó un primer triunfo del movimiento popular. Pero inmediatamente el gobierno guatemalteco, haciendo gala del estilo provocador y autoritario de la burguesía chapina, nombró como sustituto a Alejandro Maldonado quien, en 2013 como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, fue partícipe de la anulación del juicio contra el dictador genocida Ríos Montt, responsable directo de la masacre de miles de personas en los 80.
Desde las primeras jornadas se planteó la destitución de Pérez Molina como responsable político de esta red y de diversas anomalías y tráfico de influencias. La acusación se fundamenta en que como cabeza del gobierno debía de tener conocimiento de lo que sucedía al interior del SAT. Pero, aun presumiendo que no conociera este caso, existen una serie de hechos de concesión irregular de contratos de los cuales no puede hacerse el desentendido. Por ejemplo, arrendamientos de estacionamientos en el aeropuerto La Aurora, limpieza del lago Amatitlán, control migratorio en la Dirección General de Migración, entre otros. Sólo estos hechos de corrupción suman 134 millones de dólares.
Por otro lado, sectores empresariales como el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) ha aprovechado la revuelta para emplazar al gobierno con la exigencia de que tomen medidas inmediatas en los casos de corrupción (obviamente sólo en aquellos que no los benefician), aunque sin plantear la renuncia del gobierno por temor a fortalecer las movilizaciones. Al mismo tiempo se apoyan en el Estado burgués para presentar recursos legales para reprimir las movilizaciones y cortes de ruta por considerar que les generan pérdidas económicas.
¡Un clima de rebelión popular!
En estas movilizaciones han tenido participación múltiples sectores: estudiantes, campesinos, trabajadores, indígenas y población en general. El gran ausente ha sido la clase trabajadora como tal; es decir, mediante sus organizaciones e incorporando reivindicaciones propias. Eso se debe, en parte, a que el movimiento sindical fue duramente perseguido y reprimido durante los conflictos del final de siglo pasado y además se encuentra fuertemente deslegitimado por el papel de la burocracia que se ha sumado a la burguesía en el proceso de estabilización del país.
Todo lo cual ha debilitado al movimiento obrero y lo ha “invisibilizado” como actor político. Para muestra un botón: en este mes de efervescencia no se ha convocado ni una sola huelga de ningún sector trabajador en apoyo a las exigencias del movimiento. Sin embargo, desde algunos sectores movilizados, existe cierta sensibilidad hacia el sector trabajador, pues las convocatorias se realizan los sábados apostando a que los trabajadores se puedan sumar.
Mención aparte merece el movimiento universitario que, a partir de la jornada del 1° y 2 de mayo, configuró un frente estudiantil entre la Universidad de San Carlos (pública) y las universidades privadas Rafael Landívar, del Valle y Francisco Marroquín. Estos centros históricamente han estado distanciados y ahora como frente se han puesto a la delantera de las movilizaciones.
El papel central de la juventud en este proceso, así como la incipiente participación de trabajadores y trabajadoras en las protestas, vienen a darnos más elementos de apoyo a la caracterización que desde la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie (SoB) hemos desarrollando sobre el actual ciclo de luchas populares internacionales, las cuales denotan un proceso de recomposición y nuevas experiencias desde la juventud trabajadora, la cual está retomando los métodos históricos de lucha.
El caso de Guatemala es una experiencia sumamente valiosa. Debe servir de ejemplo al resto de Centroamérica que se encuentra muy “fría” en cuanto a luchas se refiere. Guatemala, al igual que el resto de países de la región, se encuentra gobernada por una burguesía tan miserable que realiza sus negocios y se enriquece a partir de actos de corrupción (incluido el narcotráfico) y el favorecimiento a las empresas transnacionales para que exploten a la clase obrera y saqueen los recursos naturales.
Desde la Corriente SoB saludamos a los y las luchadoras en Guatemala. Encontramos sumamente progresiva la exigencia de renuncia del presidente Otto Pérez Molina y el conjunto de funcionarios corruptos. Pero, además de exigir que se vayan todos, el movimiento de lucha debe aprovechar la actual crisis política del gobierno para abrir un debate en torno a la refundación del país desde los explotados y oprimidos, es decir, la clase trabajadora, los campesinos, los pueblos indígenas, las mujeres, los estudiantes, entre otros sectores.
Por esto, desde SoB planteamos luchar por una Asamblea Constituyente Soberana y Democrática, convocada desde las organizaciones sociales en lucha, donde todos podamos debatir y decidir qué tipo de instituciones debemos construir para tener un régimen de gobierno democrático, en lugar del actual que sólo garantiza la impunidad de los corruptos y que el país siga explotado por los capitalistas chapines y el imperialismo.
A partir de esta consigna política general, es posible profundizar la pelea sumando a más sectores en una plataforma de lucha unitaria, que apunte a desarrollar una huelga general que obligue al presidente y demás esbirros a dimitir.(J.M.)