Por Ale Kur
Compartir el post "Egipto: sentencia de muerte para el ex-presidente Morsi y otros, y persecución a la izquierda"
A mediados de mayo, una corte egipcia sentenció al ex-presidente Morsi (líder de los Hermanos Musulmanes) a la pena de muerte. Es una más de las condenas a muerte contra miembros de la Hermandad. Si bien este fallo aún no es definitivo, es uno de los símbolos de la bestial represión, a derecha e izquierda, de la dictadura del general Abdelfatah El-Sisi.
Morsi (mandatario desde junio de 2012 hasta julio de 2013) fue el primer presidente electo en las urnas después de la rebelión-revolución egipcia de 2011, que tiró abajo al dictador Mubarak. Por esta razón, fue el único presidente en toda la historia egipcia que surgió de elecciones relativamente libres, en una competencia real entre varios candidatos. Durante décadas –antes de 2011, y nuevamente en la actualidad–, las elecciones fueron farsas donde un solo candidato (siempre un general) ganaba por cantidades abrumadoras de votos.
Esto no significa que el gobierno de Morsi haya sido “progresista” ni mucho menos. Fue también un gobierno represivo, que además profundizó la política neoliberal y las privatizaciones, y que intentó imponer una férrea opresión religiosa desde el Estado (llegando inclusive a querer plasmarla en la Constitución Nacional). Su gobierno alineó tan profundamente a los distintos sectores sociales, que a solo un año de asumir, movilizaciones realmente masivas exigieron su renuncia. En ausencia de una alternativa política surgida desde abajo, esto fue aprovechado por los militares para dar un golpe de estado.
El nuevo gobierno surgido del golpe de 2013 se presentó como una especie de “árbitro” que intentaba evitar la “guerra civil”, y que sería sólo un breve estadio en la “transición democrática” iniciada en 2011. Sin embargo, tempranamente mostró su verdadero rostro: en agosto de 2013, masacró en las protestas de Rabaa a más de 800 simpatizantes de los Hermanos Musulmanes. Así, los militares instauraron un nuevo régimen cada vez más sanguinario.[[1]]
Desde entonces, más de cuatro mil opositores han sido asesinados. Unas cuarenta mil personas fueron encarceladas por razones políticas, incluidos numerosos activistas emblemáticos de la rebelión de 2011, que nada tienen que ver con los islamistas de la Hermandad.
Se establecieron leyes anti-protesta y se declararon ilegales a toda clase de organizaciones políticas, especialmente las que encabezaron la lucha contra Mubarak y luego contra el nuevo gobierno militar. La represión pegó primero y con más fuerza en los Hermanos Musulmanes, pero luego se ha ido extendiendo a la izquierda.
En enero de 2015, las activistas Sundus Abu Bakr (de 17 años) y Shaimaa al-Sabbagh (de 32, dirigente de la Alianza Popular Socialista) fueron asesinadas por la policía en Alejandría por participar en una conmemoración de las jornadas de 2011. Las huelgas son duramente reprimidas y dirigentes obreros de trayectoria, despedidos de sus trabajos. La policía utiliza sistemáticamente el abuso sexual como arma represiva contra opositoras y opositores.
Al mismo tiempo, el ex dictador Mubarak fue liberado. Más aún, se restauró su sanguinario aparato de seguridad (policía política) del Estado, desbandado después de 2011. Ese aparato, emblemático de la era Mubarak, fue una de las razones del estallido de la Plaza Tahrir por el odio que generaba en la población. Su restauración resume el carácter del actual régimen.
Pero el coctel de pobreza creciente, represión exacerbada y retorno de genocidas del viejo régimen puede recrear las condiciones que generaron el estallido de 2011.
[1].- Lamentablemente, varios confundidos en la izquierda saludaron esto como el triunfo de la “segunda revolución democrática” en Egipto, sin distinguir ni dar importancia al carácter opuesto del estallido. popular desde abajo contra Morsi y del golpe militar desde arriba. Como de costumbre, la LIT-CI estuvo a la cabeza de esta confusión.
Encarcelan a luchadores socialistas
Los asesinatos de activistas de izquierda –como el caso de las dos jóvenes de Alejandría, Shaymaa y Sundus– se complementan con la cárcel para otros.
A fines de mayo una corte egipcia sentenció a 15 meses de prisión a Mahienour el-Masry, Yousef Shaaban y Loay El-Kahwagy. Los dos primeros son militantes de “Socialistas Revolucionarios”, una organización con una importante trayectoria de lucha contra el Estado egipcio, desde la dictadura de Mubarak hasta la actualidad.
No es la primera vez que Mahienour el-Masry va a la cárcel. Como militante socialista y abogada de derechos humanos, ha sido blanco varias veces de medidas represivas. Bajo la actual dictadura de El-Sisi, fue condenada el año pasado a cuatro años de cárcel, por haber encabezado en 2013, en Alejandría, una protesta frente a una comisaría por las torturas a los detenidos políticos que allí se cometen.
Debido a las protestas en el país y en el exterior, esta condena tuvo que ser “suspendida” y Mahienour el-Masry quedó en libertad provisional. Pero el mes pasado, en medio de una nueva ola represiva de la dictadura, fue nuevamente encarcelada y sentenciada a cumplir finalmente 15 meses de prisión junto con los activistas Shaaban y El-Kahwagy.
Cuando los “jueces” pronunciaron la sentencia y fue llevada de vuelta a su celda, Mahienour el-Masry gritó: “¡Mubarak encarcelaba a los revolucionarios, y fue derribado! ¡Morsi encarcelaba a los revolucionarios, y fue derribado! ¡Abajo la dictadura militar!”
Después de haber sido su socio en el poder y cómplice de las medidas reaccionarias y represivas del gobierno de Morsi, el general El-Sisi, mediante sus “jueces”, produce condenas a muerte al por mayor. El ex-presidente y los principales dirigentes de la Hermandad han sido condenados a la pena capital, en otra farsa judicial que el nuevo régimen copia de las anteriores dictaduras.
En su momento, cuando el nuevo gobierno de la Hermandad Musulmana despertaba ilusiones generalizadas y no sólo en Egipto, advertimos el carácter archireaccionario del islamismo “moderado”. Esto se confirmó, entre otras cosas, por sus ataques al movimiento sindical y los derechos de la mujer.
Pero, al mismo tiempo, sostenemos que los corruptos y sanguinarios generales no tienen ningún derecho a juzgar a Morsi ni a los dirigentes de la Hermandad. Sólo la clase trabajadora y las masas populares tienen ese derecho… pero hoy están amordazadas por la dictadura militar.
Repudiamos entonces, categóricamente, las sentencias de muerte contra Morsi y demás miembros de la Hermandad.