El kirchnerismo viene escenificando una justificación de las medidas tomadas como si se hubiese tratado de un “golpe del mercado”; una acción de la “naturaleza” que escapa totalmente a su responsabilidad. El brutal ajuste que está aplicando no sería obra del propio gobierno sino de «especuladores» como Aranguren de Shell, o dueños de cadenas de supermercados «codiciosos» como Coto que “saquean el salario de los argentinos”.

La responsabilidad es del gobierno

El argumento tiene una parte de verdad y dos mentiras más grandes que el Maracaná. La parte de verdad es que, obviamente, Aranguren, Coto y demás capitalistas viven de hacer negocios y de explotar (con más o menos «especulación» y “codicia”) a los trabajadores. Toda su ganancia proviene del trabajo no pagado de la clase obrera, y así seguirá siendo mientras que la Argentina continúe siendo un país capitalista. País capitalista que, por lo demás, vienen administrando los K desde el primer día que asumió Néstor Kirchner[1].

Su presentación como “víctima” de los empresarios es un escándalo que no resiste el menor análisis; nadie se lo cree, salvo, quizás, su público más cercano. El gobierno fue el que decidió el giro al ajuste ortodoxo que está viviendo el país, un poco para anticiparse al desencadenamiento de una crisis mayor. Es verdad que los tiempos se acortaron y que la realidad impuso ciertas condiciones dado el deterioro de las reservas del Banco Central: si esa sangría no se cortaba, la gravedad de la crisis podría ser mayor.

Pero frente a estas circunstancias, es de un cinismo infinito la afirmación de que las decisiones que se tomaron fueron las “únicas posibles”… Es una flagrante mentira. Existen un conjunto de medidas que se podrían haber llevado adelante para enfrentar la crisis y que van en sentido contrario a las que decidió Cristina. Claro está, significarían afectar los intereses de la clase para la que siempre han gobernado los K: la clase capitalista.

Que paguen los capitalistas

El gobierno tenía otra alternativa frente a la caída de las reservas, la escalada inflacionaria, la reducción de los salarios, los despidos y demás consecuencias del ajuste puesto en marcha. Pero esto implica tomar medidas que vayan para el otro lado que las que tomó. Dicho en criollo: ajustar a los capitalistas: que sean ellos los que paguen la cuenta de la crisis.

a. Establecer el monopolio del comercio exterior

La primera medida hubiera sido establecer el monopolio del comercio exterior. ¿Qué significa? Que el Estado se hace cargo de centralizar todas las operaciones de compra y venta de mercancías con el mercado mundial y, de esta manera, obtiene el monopolio del manejo de las divisas: dólares, euros y reales.

Mediante el monopolio del comercio exterior se evita, por ejemplo, la maniobra habitual de los empresarios de sobrefacturar y subfacturar las exportaciones e importaciones. Cuando exportan, como las empresas exportadoras deben declarar los dólares obtenidos al Estado y cambiarlos por pesos, los exportadores informan cifras menores a las reales quedándose con los dólares sobrantes, los que pueden vender luego a una cotización más alta. Cuando importan, el mecanismo es el inverso: exageran las cifras de importación para obtener dólares baratos de parte del Estado en mayor cantidad de lo que realmente necesitan.

El monopolio del comercio exterior recompone las reservas de divisas porque evita estas maniobras especulativas y aumenta así las arcas del Banco Central. Claro que hace esto a costa de los capitalistas, que es precisamente lo que el gobierno quiere evitar.  

b. Poner en pie una Junta Nacional de Granos

Hay una segunda medida que tiene que ver con las exportaciones, en este caso las de granos, terreno donde la economía del país es superavitaria (exporta más de lo que importa). Los productores agrarios y las cerealeras exportan los granos, declaran las divisas y luego de pagar un 35% de retenciones al Estado, se quedan con el resto. Cuando se opera una devaluación –y más si es brutal como la presente– se enriquecen doblemente porque los costos en pesos se abaratan (¡empezando por los salarios de los peones rurales!), mientras obtienen muchos más pesos por dólar exportado. En un escenario así corresponde el aumento de las retenciones: una medida clásica que ni siquiera es “progresista” (muchos gobiernos conservadores la han tomado) y acerca de la cual el oficialismo no ha dicho esta boca es mía; una medida que aumentaría los ingresos del Estado[2].

Por otra parte, si los capitalistas del campo se niegan a vender sus cosechas e ingresar las divisas, lo que procede es establecer una Junta Nacional de Granos (algo de esto fue impulsado de manera inconsecuente por el primer peronismo), que es la que pasa a monopolizar el comercio de granos, transfiriéndose de esta manera parte de la ganancia del campo al Estado.

c. Nacionalizar la banca bajo el control de los trabajadores

Al monopolio del comercio exterior se agrega la nacionalización de la banca privada[3]. Esto significa que todos los depósitos pasan a ser manejados por el Estado, lo que implica, entre otras cosas, la posibilidad de redireccionar el crédito según los intereses de los trabajadores, y de los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad.

Aquí el costo del ajuste lo pagan los banqueros porque se les cierran los “grifos” de sus negocios mediante el monopolio del crédito en manos del Estado, al tiempo que se obliga a los empresarios a hacerse cargo de sus obligaciones de pago en vez de refinanciarlos eternamente a ellos, mientras que se ajusta a los trabajadores. Esto se ha podido ver en la crisis que ha azotado en los últimos años a la economía mundial, donde el mecanismo privilegiado de los estados capitalistas ha sido salir a rescatar a los bancos mediante sumas ilimitadas al tiempo que para financiar esas sumas se ha ajustado brutalmente a los trabajadores mediante reducción de los salarios, aumento del desempleo, achique del gasto estatal, ejecución de las hipotecas y demás mecanismos antipopulares. El resultado: los ricos son cada vez más ricos y los pobres, más cantidad y cada vez más pobres.

d. Establecer un verdadero control de precios e imponer la apertura de los libros contables

Pero hay más. Se trata de establecer un verdadero control de precios, no el verso de los “precios cuidados” del gobierno, que no se ve en ninguna góndola y sólo es un operativo ideológico de distracción. Para esto hay poner realmente el control de los precios bajo la observación de las organizaciones populares, de los sindicatos, de los colectivos de trabajadores e instituciones por el estilo de la clase obrera.

El chavismo en Venezuela está escenificando algo más “radical” en este nivel que los K, cuando pone parte de la comercialización económica bajo control militar. Pero este es un mecanismo bonapartista que desplaza parte de los negociados de los empresarios privados hacia la corporación militar y los funcionarios del Estado, y no lo que hace falta: que sean los trabajadores y los vecinos realmente los que controlen los precios y eviten los negociados alrededor del abastecimiento.

Por otra parte, en los lugares de trabajo se trata de establecer la apertura de los libros contables y el control obrero de la producción de toda empresa que pretenda reducir los salarios o despedir, esto a costa de las ganancias capitalistas que han sido exorbitantes bajo los K.

Aquí la reflexión es algo sabido a lo largo de la última década: las empresas se han llenado de ganancias como nunca; esto incluye las automotrices y demás industrias exportadoras del país que ahora pueden aducir “reducción de demanda” por el aumento de los precios de los automotores a partir de la devaluación, o por el “estancamiento de la economía en Brasil”.

El inmenso “colchón de ganancias” que han hecho posibilita que se hagan cargo de los costos de la crisis, sin reducir salarios, aumentar los ritmos de explotación o despedir. Si dicen que no pueden, que abran sus libros contables a la base trabajadora.

e. Aumento de salarios y escala móvil de salarios y del empleo. Por paritarios electos en la base

Existe, por lo demás, una medida elemental alternativa a las paritarias monopolizadas por la burocracia. Tiene que ver con dos aspectos. Primero, otorgar aumentos por encima y no debajo de la inflación, como es el plan del gobierno y los sindicalistas con la excusa de “cuidar el empleo”. Que el “ancla inflacionaria” (como ellos la llaman) no sea el salario, sino las ganancias de los empresarios. El salario mínimo debería estar colocado en torno a la canasta familiar y esto no baja hoy de los 9.000 pesos por mes: ¡nada más y nada menos que lo obtenido por la policía!

Pero hay algo más. Las negociaciones paritarias deberían integrar paritarios electos en la base y, además, fijar cláusulas vinculadas al aumento de los precios y al intento de despidos. Ahí es donde entra la escala móvil de salarios mediante la cláusula gatillo que acompañe la inflación; y de los puestos de trabajo repartiendo el trabajo existente entre todos los trabajadores sin despedir a uno solo ni rebajar los salarios.

Para derrotar el ajuste hace falta una huelga general

Demás está decir que estas medidas sólo se podrían tomar bajo el control e incluso administración de los trabajadores, y, sobre todo, sólo se llevarán a efecto sobre la base de una enorme movilización de la clase obrera que desborde a los dirigentes sindicales tradicionales: una verdadera huelga general.  

Luis Paredes

[1] Como decía el viejo Engels, “el gobierno en la sociedad capitalista no es más que la junta que administra los negocios comunes de los capitalistas” y esta “junta”, por una larga década, no ha sido otra que el kirchnerismo.

[2] En los primeros días de la devaluación, desde la Mesa de Enlace de los campestres hubo cierta preocupación al respecto, de ahí que escenificaran que estaban “perdiendo plata” y mentiras habituales por el estilo; pero luego todo se calmó cuando fue quedando claro que el gobierno no tomaría una sola medida que afectara algún interés de los capitalistas, que lo suyo era un giro económico hacia la derecha absolutamente consecuente.

[3] Las tres medidas señaladas arriba (el monopolio del comercio exterior, el de granos y mercancías en general, y la nacionalización de la banca son, en definitiva, medidas de “proteccionismo económico” consecuente –también podríamos llamarlas de “proteccionismo socialista” en el caso de un Estado obrero– que apuntan, precisamente, a evitar que las leyes del mercado capitalista se les impongan a los trabajadores.

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