“Alcaraz estimó que la protesta, que ayer sumó piquetes en los ingresos a 15 plantas productoras de aceites y derivados, ya tiene un costo superior a los 400 millones de dólares. ‘La situación está completamente estancada, desde ayer por la mañana se añadió un condimento ilegal e ilegítimo par parte de la Federación de Aceiteros, ya que lanzaron piquetes en una zona en la que no tiene jurisdicción adjudicada legalmente por el Ministerio de Trabajo’.” (La Nación)
Luego de la histórica jornada del 3 de junio contra la violencia hacia las mujeres, se viene el paro general el próximo martes 9 que amenaza ser una jornada masiva en rechazo al techo salarial del gobierno y al escandaloso impuesto al trabajo.
Se trata, como ya hemos señalado en estas páginas, de dos acontecimientos de importancia en menos de diez días que de alguna manera intranquilizan al gobierno porque colocan reclamos muy sentidos y provocan incertidumbre en lo que el kirchnerismo piensa será una “marcha triunfal” hacia una suerte de “continuismo” con la elección de Scioli.
El histórico conflicto de los aceiteros
Pero si la jornada del 3 ha colocado una señal de alerta por lo masivo de la misma, en lo que hace a la lucha de los trabajadores tampoco todo venía siendo color de rosa para Cristina.
Con los dirigentes sindicales más alcahuetes como Caló, Gerardo Martínez y otros, pudo escenificar su decisión de adelantar el ajuste que viene en el 2016 por la vía de colocarle un techo del 27% a los aumentos.
Pero resulta que un conflicto de enorme importancia como el de los aceiteros vino a colocar un signo de interrogación alrededor de si el gobierno podrá imponer, finalmente, su techo (al menos en el conjunto de las actividades).
El conflicto de los aceiteros fue histórico por varias razones. Primero, por el “poder de fuego” que concentran los trabajadores del sector: su capacidad de paralizar por tiempo indeterminado la comercialización de aceites y granos de uno de los complejos agroindustriales más importantes del mundo.
Producto del conflicto, que alcanzó casi 30 días, más de cien buques se encontraban “varados” a la espera de su carga (¡con un costo promedio de 25.000 dólares cada día!); por no hablar de los miles de camiones de granos que esperaron frente al puerto de Rosario y otros puntos para descargar su mercancía (¡se estima que en los meses de la cosecha gruesa como ahora, entran en la zona entre 12.000 y 14.000 camiones por día!).
Segundo, por los métodos de lucha llevados adelante por los compañeros. Su conflicto fue masivo por la participación en el paro de los compañeros involucrados. Pero a la vez hay que subrayar que estuvieron dispuestos a llevar adelante acampes y piquetes frente a los lugares de acopio y plantas productoras de manera de paralizar la totalidad de la producción y comercialización de este tipo de productos: “La medida de la Federación aceitera se extendió desde el lunes pasado a otras plantas que no estaban en paro porque pertenecen a otro sector sindical. Pero tras el bloqueo de los ingresos, Terminal 6 y Cargill, en Puerto General San Martín, y Molinos Río de la Plata y Vicentín en San Lorenzo, quedaron totalmente paralizadas” (La Nación, 28-05-15).
Incluso se llegó al caso de que la Bolsa de Cereales de Rosario prácticamente terminó viéndose impedida de operar ante la incertidumbre creada por la extensión y contundencia de la medida de fuerza.
La tercera característica de la medida es que la dirección del gremio que agrupa a los compañeros, sin bien no deja de estar vinculada a la burocracia sindical, a pesar de un cierto discurso típicamente reformista, de cierta confianza en las instituciones existentes, tiene un perfil más o menos clasista; es decir, una serie de rasgos que no son los que imperan en los gremios colocados más en el centro del país.
Es en este contexto que el gobierno debió ceder. El conflicto se extendía por demasiado tiempo ya, los trabajadores estaban unificados y realizando medidas contundentes, y así podrían haber seguido por mucho tiempo más.
De ahí que finalmente se firmara un acuerdo cuyos límites (en lo que hace a las pretensiones del gobierno) quedaron en evidencia de manera muy visible.
Lo que se firmó oficialmente (con la participación del Ministerio de Trabajo de la Nación) fue por un 27,8%. Pero el acta del acuerdo reconoce que “las partes podrán reunirse entre ellas” para resolver si a este aumento se le podrían agregar unos puntos más.
Es eso, efectivamente, lo que ocurrió: entre los aceiteros y las patronales del sector se acordó, finalmente, llevar el aumento al 36% rompiendo el techo salarial y mostrando un resultado distinto del de gremios como Comercio, donde al no homologar su acuerdo con las cámaras empresarias del sector, Cavallieri terminó firmando por el 27,8%.
En aceiteros no ocurrió así: el gobierno se vio obligado finalmente a homologar en los hechos lo que ya se había acordado previamente con las empresas, que era un porcentaje de casi diez puntos más.
Hacia el paro del 9
De esta manera, lo que termino siendo obvio es que el acuerdo con aceiteros introdujo una cuña en la política de paritarias del gobierno. Así lo señalaron varios periodistas. Y por ese camino podrían ir otros gremios.
Ahí está el caso, por ejemplo, de bancarios, que viene de realizar un importante paro general de 48 horas la semana pasada y que todavía no ha llegado a un acuerdo justamente porque el gobierno no les está autorizando un aumento que va por encima del porcentaje oficial.
Pero además están los gremios de la CGT opositora que, mayormente, aún no cerraron sus paritarias; se trata precisamente de los gremios que están convocando al paro general del martes 9.
Los gremios del transporte más Moyano, Barrionuevo y Micheli salieron a convocar a un nuevo paro por dos razones. La primera, independientemente de que negocien gremio por gremio, es el intento de obtener aumentos por encima de la pauta oficial (para diferenciarse así de los gremios oficiales en la pugna, peleando la preminencia en el sindicalismo bajo el gobierno que viene).
De ahí por ejemplo que camioneros esté reclamando un 35%, que habrá que ver si lo obtienen. Quizás en el fondo lo que estén planteando es que el gobierno “no se meta”; que si logran acuerdos con los empresarios de los sectores por encima del techo oficial, estos sean homologados por el ministerio (de ahí que digan que el gobierno está cuestionando las paritarias “libres”).
Pero por otro lado, con la convocatoria a una nueva medida de fuerza lo que hacen es volver a colocar un reclamo cada vez más sentido y que tiene directa vinculación con los aumentos a obtenerse en las paritarias (¡rompan el techo o no!).
El aberrante impuesto al salario sigue ahí como si tal cosa; la medida anunciada por Kicillof uno o dos meses atrás (de una cierta desgravación de deducciones del salario), de tan limitada que fue, no pasó de una suerte de mamarracho (o un chiste de mal gusto) que no resuelve ninguno de los problemas.
Además, las promesas del gobierno de que antes de la PASO anunciaría un “cambio de fondo” en este impuesto es una impostura; más ahora cuando ve un posible triunfo con Scioli y se ha lanzado a anticipar el ajuste mediante el techo salarial.
Hace falta un paro activo
De todos modos, aunque el paro general levante reclamos muy sentidos, todo el mundo sabe que con solo 24 horas muy difícilmente se consigan.
La burocracia lleva adelante aquí algo que es habitual: no da continuidad a las medidas de fuerza y se esfuerza porque los paros tengan un carácter “dominguero”, con los trabajadores quedándose en su casa, sin convocar a asambleas para discutir los reclamos, sin poner a decisión de las bases la modalidad de la medida.
De ahí que imponerle los reclamos al gobierno no sea sencillo.
Es verdad que el segundo paro general en el año por salario y contra el impuesto al salario tiene el valor de poner estos reclamos en la agenda política nacional; y no solo de este gobierno sino del que viene. De ahí que haya que parar el 9 masivamente.
Pero también es verdad que la contundencia de la medida se ve limitada por el control de los dirigentes sindicales y por el hecho de que estos no le dan continuidad.
Es aquí donde vuelve el ejemplo de aceiteros. Junto con la masividad de su medida, una de las claves de su triunfo fue el carácter activo de su lucha.
Es verdad que la izquierda todavía dirige sectores limitados. Pero de todas maneras tiene incidencia en algunos importantes y tiene la capacidad militante de llevar a cabo piquetes en varios lugares sensibles del país donde su militancia, en conjunto con elementos de la nueva generación obrera, pueden llevar adelante cortes de ruta.
Las responsabilidades de la izquierda frente al 9, entonces, son dos. Primero, hacer asambleas en los lugares donde tiene responsabilidad de dirección para resolver parar y con qué modalidad.
Por ejemplo, en Fate, opinamos que de estar dispuesta la seccional a llevar adelante el paro de manera activa, se podría lograr que un sector de compañeros encabece una medida que los tenga por referentes en la zona norte del Gran Buenos Aires.
De cualquier manera, e independientemente de los lugares de trabajo donde se pueda llevar adelante algo así, la responsabilidad de la izquierda es, en conjunto con el activismo obrero, hacer de la jornada del 9 un paro lo más activo posible dando continuidad a las exitosas experiencias llevadas a cabo en los últimos.
La militancia del nuevo MAS y sus referentes entre la nueva generación trabajadora, como nuestro candidato a vicepresiente Jorge Ayala, nos jugaremos enteros para realizar fuertes piquetes en la jornada del 9 en todo el país.