Centroamérica está registrando, simultáneamente, en varios países, temblores que no son de tierra, sino políticos. Esto viene sucediendo casi al mismo tiempo en Guatemala, Panamá y ahora también en Honduras.

Con muy distintos agrupamientos políticos y personajes en los gobiernos, las respectivas crisis de Honduras, Guatemala y Panamá, son también de diferente calibre, pero están cruzadas por un elemento común como detonador, que es la fenomenal corrupción del aparato de Estado y de los dirigentes de los partidos patronales. Por supuesto, no se trata de caer en la ingenuidad o las falsificaciones que hacen de esto la causa única de los males que sufren las masas trabajadoras y populares. La raíz de todo, incluso de la misma corrupción, es en primer lugar un capitalismo semicolonial en crisis, en el que hoy no existe ninguna perspectiva realista de mejorar la situación de la gran mayoría.

Pero eso no implica que el destape de los casos más escandalosos no pueda ser detonante de la movilización social y política. Ahora, en Honduras, la indignación ante las consecuencias atroces del saqueo del Instituto de Seguridad Social –con alrededor de 3.000 pacientes muertos a consecuencia de ello– está haciendo temblar al régimen reaccionario y asesino, surgido del golpe de estado del 2009.

El siguiente artículo de los compañeros de Socialismo o Barbarie de Honduras, hace un agudo análisis de la situación y, sobre todo, de cómo aprovecharla para remontar la derrota de la resistencia al golpe del 2009 y construir una alternativa revolucionaria de los trabajadores/as y la juventud. (SoB)

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Honduras

Indignados contra la corrupción

Por Socialismo o Barbarie de Honduras, 16/05/2015

Cuando el gobierno de Juan Orlando Hernández parecía haber logrado consolidar su proyecto reeleccionista basado en el autoritarismo y el neoliberalismo salvaje, decenas de miles de personas de todas las edades y condiciones sociales enarbolando antorchas llenan las calles de la mayoría de las ciudades y pueblos de Honduras exigiendo cárcel para los corruptos que saquearon el Instituto Hondureño de Seguridad Social, la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, el juicio político contra Fiscales y Magistrados y la renuncia del propio Presidente de la República.

Las antorchas han abierto un importante debate sobre el curso de la lucha de clases de Honduras que van desde la supuesta “primavera” hondureña impulsada por la “juventud” desde las redes sociales, hasta los más radicales que ven una inminente situación revolucionaria con perspectivas insurreccionales. Creemos que estamos ante un importante fenómeno altamente progresivo que es necesario estudiar lo más ampliamente posible para no caer en los falsos análisis periodísticos ni en el voluntarismo ultraizquierdista. El presente análisis pretende dar algunos elementos que sirvan de insumo en la construcción de una alternativa revolucionaria estratégica para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

Las inmensas marchas de antorchas en todo el país pueden configurar un cambio en la situación de Honduras que vaya más allá de la coyuntura de movilizaciones actual y que favorezca al pueblo hondureño en su lucha contra el régimen y su política represiva y neoliberal. Es en esta perspectiva que la izquierda revolucionaria debe participar y apostar por la profundización de la movilización avanzando en la organización independiente, incorporando a los trabajadores y sectores populares autodeterminándose democráticamente para construir su propia agenda en la lucha contra la corrupción, la impunidad, las privatizaciones y la precariedad laboral.

El triunfo de la represión y el fraude

Tras la derrota de la resistencia en las calles y los fraudes electorales del 2009 y 2014, en Honduras se estableció un régimen ilegítimo y autoritario que concentró el poder en el Partido Nacional y en particular en Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional entre el 2009 y el 2014, y Presidente de la República desde el 2014.

Los principales objetivos del régimen fueron: derrotar la resistencia del pueblo y sus organizaciones en las calles con una política represiva, la militarización de la sociedad y la criminalización de la protesta social; legitimar el régimen mediante el Acuerdo de Cartagena y el reconocimiento internacional; y aplicar una política neoliberal drástica (congelamiento salarial, precarización laboral, privatizaciones de las empresas del estado (ENEE, SANAA, HONDUTEL), los servicios básicos (educación, salud, seguridad social) y las carreteras, ríos, bosques y finalmente el conjunto del territorio nacional mediante las ZEDES.

Los dos primeros objetivos se han cumplido y el tercero avanza a pasos agigantados generando una enorme transferencia de recursos a favor del capital privado nacional y extranjero a costa del pueblo trabajador.

Las piedras en la reelección del nuevo Carías[[1]]

Los avances del régimen y en los cuales jugó un papel fundamental Juan Orlando Hernández, lo impulsan a buscar la reelección postulándose de manera consciente como un nuevo Tiburcio Carías. Busca reformar la Constitución para que la Policía Militar esté bajo su mando directo y para eliminar los artículos pétreos para volver a postularse a la Presidencia de la República. Al mismo tiempo trata de conformar un grupo de poder que lo respalde (bancos, medios de comunicación, iglesias).

Sin embargo, sus objetivos tropiezan con la oposición de un sector burgués y político que –compartiendo las líneas generales de la política de gobierno– no quiere quedar marginado de la repartición de ganancias que genera estar al frente de las instituciones del Estado. La expresión política de esta contradicción es la formación de la llamada Coalición Opositora en el Congreso Nacional integrada por el Partido Liberal, Anticorrupción, LIBRE y la diputada del PINU.

Logran impedir que la Policía Militar pase a las órdenes de JOH, pero el Partido Liberal y LIBRE se dividen internamente sobre la reelección, ya que los ex presidentes Carlos Flores Facussé y Manuel Zelaya (dueños de ambos partidos) aspiran a la reelección mientras que otros dirigentes se oponen junto al PAC.

A esta oposición parlamentaria hay que agregarle otra oposición oscura que proviene de sectores burgueses vinculados al narcotráfico y que están siendo golpeados por la política de EEUU mediante las extradiciones.

IHSS, saqueo y privatización

En este contexto general se da el caso del Seguro Social. Saqueado institucionalmente durante el gobierno de Pepe Lobo, con la participación directa de funcionarios y ministros del gobierno empezando por el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la empresa privada proveedora de servicios y suministros a las instituciones del Estado, en particular las de salud. También fueron responsables por acción u omisión los representantes de las Centrales Obreras en la Junta Directiva de la Institución, además de prestanombres y oportunistas de todo tipo, en la principal y más fuerte asociación ilícita existente en Honduras.

El saqueo de más de 7.000 millones de lempiras provocó el desabastecimiento general de la institución empeorando las condiciones de salud de los derechohabientes llegando en muchos casos a la muerte de los pacientes; al no pago de incapacidades y puso en riesgo las jubilaciones. El IHSS quedó al borde de la quiebra.

Al igual que con las otras instituciones de previsión social como el INPREMA, el INJUPEMP y el INPREUNAH, el gobierno –que tiene como objetivo la privatización de la seguridad social–, mediante la creación de Comisiones Interventoras investiga la corrupción existente, la denuncia y justifica la privatización.

En el caso del IHSS la Comisión Interventora publica a fines de febrero del 2014 el primer y único informe sobre el descalabro institucional señalando los montos y responsables del mismo. El Ministerio Público inicia las investigaciones y luego de varios meses se detiene a Mario Zelaya, se abren numerosas líneas de investigación, muchas de las cuales apuntaban contra el designado presidencial Ricardo Álvarez (adversario político de Hernández al interior del Partido Nacional). El mismo ex presidente Pepe Lobo reconoció en julio del año 2014 que sabía de la situación y “no se hizo la intervención antes de las elecciones porque iba a generar un relajo enorme y había que hacer el proceso, se trataba de consolidar la democracia en Honduras”.

Mientras la investigación se dilata y estanca en el Ministerio Público, el gobierno lanza la “Ley Marco del Sistema de Protección Social” privatizando todo el sistema de previsión del país. La ley fue aprobada con el apoyo de diputados de la oposición, y la legitimación del “diálogo y consenso” con los dirigentes de las Centrales Obreras, la empresa privada, las universidades, la sociedad civil y la Comisión Interventora del IHSS (que es la que finalmente redacta la ley después de ser aprobada).

Los cheques de la discordia

Ninguno de estos hechos provocó escándalo ni indignación a lo largo de más de un año, salvo una pequeña resistencia por parte de algunas organizaciones de la Costa Norte. Estalla finalmente en el mes de mayo pasado cuando periodistas vinculados a LIBRE dan a conocer la existencia de cheques de las empresas fantasmas que saquearon el Seguro Social y que sirvieron para financiar la campaña electoral del Partido Nacional.

Concretamente, las movilizaciones masivas se inician después del 27 de mayo tras el foro televisivo “Frente a Frente” donde el ex candidato presidencial del Partido Anticorrupción y presentador de televisión Salvador Nasralla se enfrenta al diputado nacionalista Oscar Álvarez reiterando las acusaciones de la corrupción del gobierno, el fraude electoral y enfrentando la amenaza de ser querellado por parte del gobierno quien niega que haya recibido dinero proveniente del IHSS.

A partir de dicho momento las calles se empiezan a llenar de antorchas en la mayor demostración de repudio al gobierno desde los días de la lucha contra el golpe de estado del 2009.

De la resistencia popular a la indignación ciudadana

Las marchas no son continuación de la “resistencia” ni son expresión del movimiento popular y mucho menos de la clase obrera, tampoco de las organizaciones territoriales. Se trata de un nuevo fenómeno originado por el constante ataque al nivel de vida de la población tanto a través de las condiciones laborales como mediante el duro paquete impositivo aplicado en los últimos años. Tanto sus demandas (todas ellas de carácter democrático) como sus métodos (marchas cívicas) y su composición social (clase media, sectores populares no organizados y trabajadores precarizados) nos indican que estamos ante un nuevo fenómeno que es expresión distorsionada de la profunda crisis del sistema capitalista hondureño y su institucionalidad pero que no rebasan los límites de la propia institucionalidad burguesa sino que buscan soluciones al interior de la misma.

La juventud que nuevamente sale masivamente a las calles no es la misma del 2009, es una juventud sin la experiencia de la lucha callejera de la “resistencia”, que rechaza a la clase política incluidos los dirigentes del partido LIBRE y que se presenta como “apolítica”. Que no tiene organización independiente ni mecanismos democráticos para tomar decisiones.

Contrario a lo que afirman los medios, la dirección política de las marchas no son los grupos juveniles como en otras rebeliones ocurridas en el mundo. Detrás de los jóvenes están los partidos de oposición parlamentaria, ong’s y sociedad civil; que nutren de propuestas políticas al movimiento (demanda de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, juicio político a los fiscales y al Presidente), que cierran filas para evitar que el movimiento se estructure orgánicamente y se autodetermine democráticamente para mantener el control político del mismo, para forzar una negociación con el régimen sobre cuotas de poder que los posicione en mejores condiciones en las elecciones del 2017.

Esta dirección política parlamentaria se ha pronunciado en contra de la renuncia de JOH y no han hecho uso de su mayoría en el Congreso para impulsar el juicio político, al contrario, se han sumado a la Comisión Multipartidaria creada y dirigida por el Partido Nacional para distraer a la opinión pública, y a los llamados al imperialismo para conformar la Comisión Internacional Contra la Impunidad siguiendo el ejemplo de Guatemala.

Ruptura o reciclamiento de la institucionalidad burguesa

La respuesta del gobierno de Juan Orlando Hernández a las denuncias, al descontento y a las marchas de las antorchas ha contribuido a hacerlas masivas. La sistemática negación de la existencia de los cheques, las amenazas a los políticos de oposición, las marchas pagadas del Partido Nacional sólo han hecho crecer la indignación y radicalización de las consignas en las calles sin que provoquen radicalización en la lucha debido al control que sobre el movimiento tiene la oposición parlamentaria. Por el contrario la política del gobierno centrada en “caiga quien caiga” y el “diálogo nacional” aparecen como un puente tendido hacia la sociedad civil y la propia oposición parlamentaria para canalizar el descontento hacia los límites de la institucionalidad corrupta.

El gobierno cuenta a su favor con el apoyo internacional proveniente de Europa y los gobiernos “progresistas” de América Latina. En su reciente gira europea Juan Orlando ha logrado importante apoyo económico para su política asistencialista, y desde Chile le brindaron el apoyo para la candidatura de Honduras a la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para el 2017.

En el marco de la lucha por lograr un mejor posicionamiento de cara al proceso electoral del 2017, sectores más afines al imperialismo norteamericano buscan desplazar a LIBRE como dirección política de la oposición parlamentaria configurando un nuevo liderazgo alrededor de la figura de Nasralla, capitalizando la adaptación de LIBRE a la política tradicional, su abandono de la lucha social y el desprestigio del propio Mel Zelaya entre los sectores medios y populares no organizados.

Por su parte, las propuestas surgidas desde la llamada sociedad civil no pasan de un utópico adecentamiento de las instituciones burguesas hecho por los mismos políticos del tradicionalismo vernáculo. Expresiones como “en un país serio, el Presidente habría renunciado” ponen en evidencia la impotencia de estos sectores que no encuentran en la Honduras del siglo XXI ninguna base material para construir un “estado de derecho” mínimamente decente que erradique la corrupción y la impunidad, contribuyendo con sus propuestas a mantener las movilizaciones en el límite del Estado burgués.

En este contexto, no existe una agenda o un programa mínimo que reagrupe al movimiento obrero y popular alrededor de su propia problemática. La colaboración abierta de la dirigencia burocrática de las Centrales Obreras a los llamados al “diálogo nacional” actuando como apagafuego y el seguidismo de las dirigencias intermedias a la agenda de Mel Zelaya contribuyen a la ausencia de los sectores organizados en las marchas apareciendo los y las trabajadoras diluidas en los “indignados” haciendo seguidismo a nuevas propuestas burguesas.

Hacia un nuevo reacomodo político y social

El descontento social expresado en las marchas de las antorchas muestra los límites de un Estado burgués cuyos “logros” se basan en el permanente ataque al nivel de vida de la población provocando protestas recurrentes; pero al mismo tiempo muestra los límites en la conciencia política de los sectores movilizados y la ausencia de una dirección revolucionaria independiente de la burguesía.

De allí surgen las tareas para el momento actual, consistentes en el impulso de las movilizaciones con el claro objetivo de desenmascarar la política conciliadora de la oposición burguesa y la complicidad de la dirigencia burocrática de las Centrales Obreras, y contribuir a la reorganización de los trabajadores y trabajadoras así como de los sectores populares desde una perspectiva de independencia de clase y de autodeterminación democrática.

Parte fundamental de una política de independencia de clase es avanzar en un programa o agenda que incorpore a la lucha contra la corrupción la defensa incondicional del IHSS y los demás institutos de previsión social frente a la privatización.

Rechazar el llamado “diálogo nacional” con los corruptos que les garantiza impunidad exigiendo a la oposición parlamentaria impulse en el Congreso Nacional el juicio político contra Juan Orlando Hernández, el Fiscal General y el Fiscal Adjunto.

Que las Centrales Obreras reemplacen a los representantes en la Junta Directiva del IHSS y desautoricen cualquier participación a diálogo nacional sumándose a las protestas mediante sus propios métodos de lucha.

Y que la juventud movilizada pase a un amplio trabajo de estructurar fuertes organizaciones juveniles en todos los sectores: universidades, colegios y centros de trabajo.

Es en la pelea por hacer avanzar los objetivos políticos de las marchas, su organización independiente y su autodeterminación democrática que podremos cumplir con la consigna ¡FUERA JOH!

16 de junio 2015

[1]. Tiburcio Carías Andino (1876-1969), dictador de 1933 a 1949.

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