Hace algunos días, y todavía al calor de la multitudinaria movilización del 3 de junio, se conoció la actualización de la guía de atención para abortos no punibles (2010) que realizó el Ministerio de Salud de la Nación: ahora, dicha guía pasó a llamarse “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” y desde el propio ministerio se informó que es de aplicación obligatoria en todos los centros de salud del país, sean públicos o privados.

Los abortos no punibles (ANP) son aquellos que se encuentran autorizados por el art. 86 del Código Penal desde el año 1921, y que las mujeres pueden solicitar a los fines de “evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios” o “si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor contra una mujer idiota o demente”; fuera de estos supuestos, el aborto es una práctica que continúa siendo penada.

El protocolo actualizado incorpora en su redacción las recomendaciones que la Corte Suprema de la Nación dictó en el histórico fallo del caso “F.A.L.” en marzo de 2012: allí la Corte despejó la incertidumbre de cómo interpretar el segundo inciso del art. 86 estableciendo que todas las mujeres víctimas de violación pueden solicitar un ANP (y no sólo las mujeres con alguna discapacidad mental como interpretaban algunos tribunales); a su vez estableció que no es necesaria la autorización o la intervención judicial para acceder a un ANP e instó a las autoridades gubernamentales para que elaboren protocolos de atención.

Tanto la guía de 2010 como el actual protocolo, mantienen la interpretación amplia de la causal “salud” (inc. 1 art. 86), al entenderla no sólo en el aspecto físico sino también en su dimensión psicosocial; pero en lo que refiere a la causal “violación” (inc. 2 art. 86), hay diferencias entre los instrumentos: mientras que la guía establecía la necesidad de la denuncia judicial o policial –o en su caso, una declaración jurada de la víctima–, para el nuevo protocolo alcanza con la declaración jurada, y en todos los casos, la decisión de la mujer es “incuestionable”.

Otra novedad que incluye el protocolo es que incorpora la ley de identidad de género, al determinar que todas las personas que pueden gestar se encuentran alcanzadas por dicho protocolo, es decir, mujeres, adolescentes, niñas y varones trans; además, cambia el término de aborto no punible por el de “interrupción legal del embarazo”  (ILE).

Iglesia y gobierno K: aliados cuando de mujeres se trata

Como era de esperarse, la iglesia repudió el protocolo públicamente a través de una carta que elaboró la Conferencia Episcopal, en donde la cúpula católica manifestó que “las autoridades obligan a impulsar el aborto”, y critican también el cambio de terminología (de aborto no punible a interrupción legal del embarazo) porque entienden que al hablar de derecho, el protocolo va “más allá de la legislación vigente”.

Apenas conocidas las críticas de la iglesia y para poner paños fríos a la discusión, el ministerio sacó de manera inmediata un comunicado en donde informa que el protocolo no tiene rango de resolución, es decir que el ministerio no se expidió sobre este tema como política pública, sino que únicamente reformó la guía que ya existía, nada más; por ende, no hay decisión política ni, muchísimo menos, presupuesto para garantizar el acceso al aborto en los supuestos legales en los que se encuentra autorizado (no vaya a ser que Bergoglio, ahora devenido papa Francisco, patalee desde el Vaticano).

Pero esta “lavada de manos” del gobierno ante las críticas recibidas por  sectores conservadores no es la primera vez que ocurre: en marzo de este año, el actual ministro de Salud Daniel Gollán, apenas asumido su cargo, había manifestado que desde su cartera se propiciaría “un debate maduro” con respecto a la legalización del aborto, pero no terminó de decir estas palabras que el jefe de gabinete Aníbal Fernández salió a desautorizarlo al decir que “no está en la agenda del gobierno discutir este tema”; una suerte parecida corrió Adriana Álvarez, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y encargada de redactar el nuevo protocolo, que sorpresivamente en estos días debió dejar su puesto, aunque continúa en el ministerio.

No es casual que este protocolo haya aparecido después de la marcha de #Ni una menos: el Gobierno K no puede seguir ignorando el clamor de esa movilización, y aunque sea parcialmente, alguna respuesta debe dar; y si bien el actual protocolo muestra un sensible avance en lo que refiere al tratamiento de los ANP, sólo quedará en una expresión de buenas intenciones si lo único que se hace es repartir algunos ejemplares en los centros de salud.

Asimismo, aunque desde el gobierno se diga que el protocolo es de cumplimiento “obligatorio”, ¿qué les hace pensar que en la práctica será así?: el ANP existe desde el año 1921, y a casi un siglo de su redacción ni el Poder Ejecutivo ni el Judicial fueron capaces de garantizar su cumplimiento; gracias al intenso trabajo del movimiento de mujeres se fueron dictando guías y protocolos desde el año 2007, tanto a nivel nacional y provincial, como así también los Tribunales Superiores de diferentes provincias emitieron sentencias a favor de los ANP, pero todo esto fue y es de casi nulo cumplimiento.

Además, la aplicación del protocolo sólo será efectiva en la medida en que las autoridades de los centros de salud así lo dispongan, ya que al no existir voluntad política desde las esferas más altas del gobierno, son los directores de los hospitales quienes tienen la última palabra; la provincia de Buenos Aires, tierra del “presidenciable” Daniel Scioli fue una de las primeras en contar con su propio protocolo, pero en abril del año pasado, en el hospital público de Moreno, su directora Mariana Dunayevich se negó a practicarle un ANP a una niña de 13 años que había sido violada.

Y si esto ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde su gobernador se saca complacido fotos con los jerarcas de la iglesia, el panorama es mucho más desalentador en lugares como Salta, Tucumán o San Juan, donde los gobernadores K construyen feudos políticos declarados abiertamente como católicos, apostólicos y romanos.

Pero si lo anteriormente relatado ya suena bastante escabroso, la falta de conocimiento de la posibilidad de acceder a un ANP por parte de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, como así también de sus familiares, representa un escalón más de la violencia institucional a la que son sometidas estas mujeres, porque el gobierno gasta millones en propagandas y folletería cuando se trata de planes sociales que sirven para perpetuar el rol reproductor de miles de mujeres, pero no invierte un solo centavo si hablamos de decidir sobre nuestros cuerpos.

Como el pasado 3 de junio, cuando miles de mujeres nos concentramos en centenares de plazas a lo largo y ancho del país, la clave para continuar la lucha sigue siendo organizarnos en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en nuestros barrios; porque el gobierno K debió reconocer la fortaleza de nuestra movilización y porque los derechos no se otorgan, se conquistan.

Debemos seguir luchando para que el protocolo sea efectivamente reglamentado, para que sea de aplicación obligatoria en todos los hospitales públicos. Para esto hay que exigir que el Estado garantice una campaña nacional para publicitar a qué hospitales pueden ir las mujeres que necesitan recurrir a un ANP. Por lo demás, mientras el aborto siga siendo ilegal, mientras continúe el acuerdo entre el gobierno y la iglesia católica, debemos seguir luchando para que dejen de morir mujeres por abortos clandestinos mal realizados. Por eso, seguimos en las calles luchando por la separación de la Iglesia y el Estado, y por el aborto legal, libre, seguro y gratuito en el hospital.

Por Natalia Ruiz

Abogada, activista por los derechos de las mujeres, militante de Las Rojas y el nuevo MAS

Candidata a intendente por La Matanza

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