Primera privatización a la vista

Mientras en los medios el kirchnerismo y la oposición de derecha se cruzan por cuestiones tan trascendentales para el país como las ventajas de la boleta única o las controversias sobre el voto electrónico, hay un tema que el propio gobierno puso en la agenda, incluso parlamentaria, pero que recibe mucho menos espacio. Y es una lástima, porque se trata del destino de parte de una de las herencias más fuertes y con toda seguridad la medida más profunda que haya tomado el kirchnerismo en sus doce años de gestión. Nos referimos a la estatización de las AFJPs y del conjunto del sistema previsional. El núcleo financiero de ese sistema es el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la gran caja donde, por un lado, se depositan los aportes jubilatorios de los trabajadores en actividad y sus patrones, además de otros ingresos, y por el otro, salen los fondos destinados a pagar las jubilaciones y pensiones. El proyecto del gobierno es establecer por ley que las acciones de empresas privadas que posee la ANSeS no pueda ser puesto en venta, salvo que una mayoría especial del Congreso lo apruebe. Veamos de qué se trata y qué costados inesperados revela esta discusión.

Ese fondo, esa masa de dinero que representa el FGS, no está, lógicamente, en una caja fuerte, sino que está invertido en diversos instrumentos financieros. Entre ellos está prestarle al Estado nacional, pero no nos vamos a detener en eso ahora (aunque tiene su jugo), sino en el aspecto en disputa hoy. Como es sabido, las AFJPs hacían lo mismo: invertían el dinero proveniente de los aportes de varias maneras (¡también la principal era prestarle al Estado!). Y el resultado de esto es que las AFJPs se convirtieron en accionistas (y socias) de muchas empresas de primera línea: bancos como el BBVA Francés y el Macro; compañías privatizadas de servicios como Telecom, Edenor, Gas Natural, Transener, Pampa Energía, Metrovías y Camuzzi; grandes firmas industriales como Aluar, Siderar, Ledesma y Quickfood; el Grupo Clarín… la lista es impresionante por la larga y pesada.

Pues bien, con la estatización del sistema previsional, esas acciones (con su correspondiente silla en el directorio de cada empresa, en muchos casos) pasaron a la ANSeS. Así, el organismo administrador de las jubilaciones se hizo de la noche a la mañana socia de la mayor parte de los grandes capitalistas argentinos (los mismos que se dedican a evadir aportes o impuestos y a fugar divisas). Es de suponer la incomodidad que eso generó, más teniendo en cuenta que esos miembros del directorio representaban a la vez al Estado y al gobierno kirchnerista.

¿Qué busca el anuncio de Cristina? Hacer un “blindaje” legal para evitar que esas acciones de compañías privadas en manos públicas… vuelvan a manos privadas. El proyecto original era que esa operación sólo se pudiera hacer con el voto de dos tercios de ambas cámaras (lo que da al kirchnerismo, de hecho, el poder de veto). Ahora hay un debate leguleyo sobre si una ley de ese tipo debe a su vez ser aprobada por dos tercios de ambas cámaras o no, y si, en caso de que se apruebe por mayoría simple, el “blindaje” podría ser perforado también por mayoría simple. Pero ese costado legal no importa tanto en este momento como el revuelo político (con sordina en los medios, desde ya) que generó la iniciativa.

El plan maestro de Macri y Massa… ¿y de Scioli?

Hay gente que se queja en voz alta (pero sin gritar) y gente que se queja en silencio. Entre los que se quejan en voz alta están la mayor parte de las grandes empresas y sus directivos. ¿Por qué? Simple: “Sucede que muchas de las compañías afectadas sabían que tanto Mauricio Macri como Sergio Massa tenían en carpeta la reventa de esas acciones en caso de ser electos presidentes. Era una ventanilla para conseguir rápidamente dólares y reforzar las reservas” (Ámbito Financiero, 25-8-15).

Paréntesis para una aclaración necesaria: dijimos recién y muchas veces que la estatización de las AFJPs fue la medida más “estructural” que tomó el kirchnerismo, mucho más que la estatización de empresas de servicios o del 51% de YPF. Esto se debe, en primer lugar, al monto involucrado, y en segundo lugar, a la función del sistema jubilatorio en la estructura financiera del país. La idea de Cavallo al montar el esquema de AFJPs era generar un mercado de capitales privado con la plata de los trabajadores, que se manejara con criterios puramente financieros. Por eso le terminaban prestando al Estado (era un gran negocio), y por eso el resultado inmediato de la estatización de las AFJPs fue la reducción de la deuda del Estado con el sector privado: todo lo que antes se debía a los buitres banqueros y aseguradoras pasó a ser deuda intra Estado (el kirchnerismo llama a esto, de manera imprecisa e incorrecta, “desendeudamiento”).

Pues bien, nos enteramos de que una de las cartas bajo la manga que tenían Macri y Massa era la de rifar esas acciones para financiar sus promesas de campaña. Macri, la de levantar el cepo en 24 horas, y Massa, la de pagar el 82% a los jubilados a partir de 2016. ¡Una “fiesta” de corto plazo al mejor estilo Menem-Cavallo! Porque no estamos hablando de poca plata: según “un gerente financiero de una compañía de servicios públicos privatizados, que comparte con la ANSeS casi el 25% de sus acciones, tanto Macri como Massa ya le habían enviado señales sobre esta alternativa, bajo la idea de una valuación en dólares de la compañía y de la obligación de depositar divisas para la recompra de las acciones [el aspecto técnico de la operación. MY]. Según los números del ejecutivo, se podrían haber obtenido más de 5.000 millones de dólares en una primera etapa y otro monto similar en una segunda, con la reprivatización de estas compañías” (ídem).

Y todos contentos: las grandes empresas se sacan de encima un “comisario económico” estatal en el directorio (por supuesto, Clarín es el primero que recompraría inmediatamente las acciones hoy en poder de la ANSeS, casi el 10%) y el presidente recién asumido recibiría una lluvia de dólares que le vendrían muy bien para el comienzo de su gestión. ¿Algún perjudicado? Sí, el resto del mundo: la propia ANSeS como caja jubilatoria vería muy debilitado el FGS, los jubilados verían estratégicamente comprometidos sus futuros haberes, y el Estado en general, en vez de contar con activos de largo plazo, le dejaría al gobierno de turno una masa de dólares para que éste los despilfarre con la prodigalidad, corrupción y estrechez de miras habituales de la clase política burguesa argentina.

Y no sólo de la opositora al kirchnerismo, al parecer. Porque cuando se le consultó a este infidente directivo sobre cómo veía Scioli este verdadero plan de privatización de acciones en poder de la ANSeS, la respuesta fue ésta: “Nunca se habló con él, pero sus economistas más ortodoxos nunca lo descartaron”. No hay por qué desconfiar de este comentario. Si hay algo que el principal asesor económico de Scioli, Miguel Bein, se molestó en recalcar es que hacen falta dólares como sea, y la primera idea que se le ocurrió es la de un gran blanqueo de capitales. Es decir, perdonar a los evasores por haber fugado sus divisas a paraísos fiscales y pedirles, amablemente, que las traigan, bajo promesa de no tomar ninguna represalia penal ni económica. Si esta idea, que supone una inverosímil buena voluntad de la clase capitalista argentina, no da los frutos esperados, no sería de extrañar que se recurra a esta privatización apenas encubierta. Después de todo, Bein fue el segundo de José Luis Machinea, ministro de Economía de la Alianza (1999-2001) que tuvo otra genial ocurrencia: ahorrarle plata al fisco rebajando un 13% las jubilaciones y sueldos estatales.

Será por eso que Axel Kicillof lanzó que “vender una sola de las acciones de empresas privadas en manos del Estado es un acto de privatización”. La advertencia parece incluir no sólo a Macri y Massa sino al propio candidato del Frente para la Victoria. Será cuestión de ver cómo votan todos en el Congreso cuando se discuta la ley, pero cuidado: los mismos que hoy son fundamentalistas del estatismo y la “soberanía” se pueden dar vuelta a la primera oportunidad (o necesidad). Ya lo vimos con el caso de los buitres, a quienes según el gobierno no iban a “pagarles un centavo”, y ahora ruegan poder arreglar con ellos de una vez. El reciente fallo de una Cámara de Apelaciones yanqui a favor de Argentina y contra los buitres (y el juez Griesa) no hace otra cosa que pavimentar el camino a un acuerdo con todos los hold outs. El kirchnerismo no quiere decirlo a voz en cuello, pero discretamente así lo reconoció otro asesor de Scioli, Mario Blejer. Ya sabemos cuánto puede creerse en la vocación “principista” del kirchnerismo.

Marcelo Yunes

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