Cuando el régimen falla

Por estos días, gobierno y oposición burguesa ya se han puesto de acuerdo para sacar del escenario el escándalo en las elecciones de Tucumán. El oficialismo quiere dejar atrás una situación en la que quedó mal parado, y no solo por la autoría de los desmanes, donde también aparecen los punteros radicales, sino por la actitud de Alperovich de negar los problemas primero y reprimir salvajemente después, provocando escenas “de guerra” completamente desmedidas y el encarcelamiento de militantes del PO. Además, Scioli mismo apareció muy cerca de esa elección cuando quiso mostrarla como aperitivo de un cómodo triunfo en octubre, lo que le dificultó tomar distancia cuando estalló el escándalo.
Macri, por su parte, consiguió consagrarse por unos días como abanderado de la república y la transparencia, apareciendo a la cabeza de la oposición en la denuncia del “fraude”. También utilizó estos episodios para sembrar dudas sobre la limpieza de los comicios nacionales que vienen: si la diferencia con Scioli se achica lo bastante, no descarta denunciar fraude en octubre también. Lo chocante es que después de ponerse tan pomposo, la solución que propone sea meramente técnica: el voto electrónico sería el gran salvador que rescataría a la república de las garras de la corrupción, el clientelismo y el fraude.
Lo de Cano (el candidato radical a gobernador) es de locos: propuso volver a votar en Tucumán, pero solo el cargo de gobernador, como si un eventual fraude en los demás cargos no importara demasiado.
El oficialismo, además de dar como legítimo el triunfo de Manzur, ha aprovechado para defender el actual sistema electoral de conjunto. En ese sentido, vale la pena leer el reportaje de Página 12 al director nacional electoral Tullio. Su relato explica cómo el sistema electoral, al exigir extensión territorial para poder fiscalizar, garantiza la expresión de los partidos “genuinos” y descarta a los que no lo serían, porque para aspirar a gobernar hay que tener territorialidad. La explicación que da para el desmadre de Tucumán también es técnica (la culpa la tuvo el acople), y dice que la solución es seguir “barriendo” candidatos, más aún de lo que se logró con las PASO.

Cuando a la voluntad popular le cuesta levantar cabeza

No se puede dejar de ver que los famosos 26.000 candidatos de esta elección (uno cada 44 votantes), que además se aparecieron en los lugares de votación a pelear de cuerpo presente su multitud de puestos y puestitos, no son el único “exceso” que hemos visto en esta provincia.
El gobierno peronista de los 70 primero, y la dictadura después, perpetraron allí un grado de represión y genocidio que se pareció más a lo de Pinochet en Chile: la represión fue masiva, la presencia del ejército genocida fue abrumadora, el exterminio de las vanguardias sociales y políticas fue total. Gracias a eso, Bussi, un continuador de la dictadura en el período democrático, gobernó elegido por la gente, y luego volvieron a ganar elecciones sus continuadores. En los 90, mientras otras provincias del NOA se ponían a la cabeza de la resistencia al neoliberalismo, en Tucumán nunca voló una mosca; bussistas, peronistas y radicales se repartieron los negocios del poder sin que desde la lucha o el repudio popular se les pusiera ningún límite.
Hasta en Catamarca cayó el gobernador a causa de la movilización popular en repudio de un asesinato de los hijos del poder, el de María Soledad Morales; en Tucumán, en cambio, fue Alberto Lebbos, que cuando asesinaron a su hija Paulina era un alto funcionario K, el que tuvo que irse del gobierno ante la evidente complicidad de Alperovich con los asesinos de su hija.
En este imperio del bandidaje del poder, los radicales están tan enchastrados como los peronistas, ya que cuando gobernaron la ciudad de Tucumán pusieron a la empresa de la Chancha Alé, el jefe de la banda de proxenetas que secuestró a Marita Verón, a controlar un servicio de seguridad para la ciudad. En el NOA se sabe que Tucumán es el “centro de mandos” de la trata en la región. La absolución de los proxenetas de Alé (luego revertida por presión de la movilización nacional) tuvo que ver con esta historia.
Quizás esta situación explique en parte que la lacra del clientelismo y el punteraje, aunque tengan aquí la misma base material que en todas las provincias donde hay poco trabajo genuino, se sienta con más impunidad para hacer desastres y mostrarse a la vista de todo el mundo. La Rojkés, esposa del gobernador, pinta de cuerpo entero a la política de la provincia. La tipa le gritó “vago animal” a un hombre que le reclamaba porque tenía la casa inundada, adelante de las cámaras de televisión, y ahora, para “justificarse” en medio de este quilombo de las elecciones, declaró que “los tucumanos no somos indios”. Es evidente que esta gente no sintió nunca la presión de la “opinión pública” y no aprendió a cuidarse de las animaladas.

El planteo de Asamblea Constituyente permite ir al fondo de estos problemas

Es natural que ningún político ni funcionario burgués quiera hacer el esfuerzo de pensar cómo se relaciona este lío de las elecciones con otros acontecimientos de la vida política y la historia de la provincia. Ellos sólo quieren ver cómo reforzar o reemplazar el eslabón débil que se rompió en la cadena de un régimen político que quieren hacer seguir corriendo exactamente igual, solo que más aceitado.
Pero los partidos de izquierda, aunque el lío se haya presentado en principio como una “implosión” del régimen por su propia podredumbre, tenemos que ayudar a motorizar el cuestionamiento popular al régimen de conjunto. La solución que propongamos al problema electoral tiene que servir para que se exprese y se fortalezca ese cuestionamiento, el movimiento de familiares de las víctimas del poder encabezado por Lebbos, los miles que se movilizaron en la provincia por Marita Verón, los trabajadores, los desocupados y los inundados.
Difícilmente se pueda aportar a esto reclamando “que se vote de nuevo”, como hace el PO de la mano de los radichas, o limitándose a ir a las marchas “contra la represión de Alperovich”. El caso da para más, y el planteo de asamblea constituyente, si es impulsado desde abajo por la gente movilizada, puede abrir un espacio de debate que explique la relación entre el desmadre del punteraje de ambos bandos y las otras lacras sociales y políticas de esa castigada provincia.
Para acabar con el clientelismo y el punteraje, trabajo genuino y vivienda para todos financiados con impuestos crecientes a las grandes fortunas, empezando por la expropiación de los bienes de la familia Bussi, genocidas que se enriquecieron con la dictadura.
Esa “territorialidad” de la que habla Tullio, el PJ y la UCR tucumanos la han logrado aliándose a las redes de trata. En vez de votar por uno u otro padrino de proxenetas, impongamos una constituyente para prohibir el acceso a candidaturas a cualquier funcionario sospechado de trata.
Alperovich declaró saber el nombre de los asesinos de Paulina Lebbos, y después se llamó a silencio: que la nueva constitución provincial ordene la cárcel para Alperovich y para cualquier funcionario que encubra a criminales.
El bussismo, aunque (felizmente) sacó pocos votos en estas elecciones, sigue siendo una fuerza con mucho peso en la provincia: cárcel a los genocidas de Tucumán, prohibición de los partidos que reivindiquen a la dictadura, reivindicación en las escuelas y actos públicos de los desaparecidos y de las víctimas del Operativo Independencia del gobierno peronista en los 70

El PO perdió la brújula, la escuadra, el sextante y el giroscopio

Frente a un escándalo que sacó a la luz todas las lacras del régimen político en general y de la provincia en particular, el partido que se declara “la fusión entre el movimiento obrero y la izquierda” reclama “que se vote de nuevo, pero sin acople”, coincidiendo con los radicales y hasta con el jefe de la Dirección Nacional Electoral.
Su denuncia del “fraude” no se diferencia un pelo de la de Macri, ya que lo que reclaman es que se vote igual que en el resto de las provincias: ¿se supone que en el resto del país el régimen electoral es divino?
Venimos de unas PASO proscriptivas para toda la izquierda (los partidos del FIT, cada uno por su cuenta, no las pasaron en varias provincias, y pasaron por un pelo en otras) impuestas por el gobierno con la excusa de “limpiar” las elecciones de candidatos poco representativos. ¿El escándalo en Tucumán no les sugiere alguna crítica a las PASO en general?
Y lo más importante: votar de nuevo con los mismos candidatos, los de los partidos responsables del clientelismo, la miseria de los trabajadores de la provincia, la trata y los crímenes de los hijos del poder, ¿va a traer alguna solución a la podredumbre del régimen que la gente está repudiando?
Ese repudio popular a la quema de urnas y la represión, ¿solo es un buen campo para aparecer pegados a los radicales defendiendo la democracia de los ricos? ¿No es una oportunidad para denunciar a la política tradicional de la provincia de conjunto, podrida hasta los tuétanos?
¿Por qué ni se acordaron del reclamo de asamblea constituyente, que además de ser clásico en la izquierda cuando el régimen burgués hace agua por algún lado, fue una consigna levantada por el propio PO en numerosas ocasiones?
Es posible que crean que si “no hay fraude” el PO va a tener más votos. Puede ser: capaz que en lugar del 0,6% llegan al 1. O al 2, o al 3, no importa, porque esa no es excusa para comportarse como un “damnificado más por el fraude”, como cualquier candidato de la oposición burguesa. Lo que corresponde es que pongan sus candidatos, sus presos y su campaña, no al servicio de “que se vote de nuevo”, sino de ofrecer al pueblo de Tucumán una forma de aprovechar esta grieta en el régimen para avanzar en su movilización independiente de la repodrida política burguesa y pensar un nuevo régimen político acorde a los intereses de los trabajadores y los sectores populares.
Llamamos a los compañeros del PO y el PTS a debatir una posición de conjunto desde la izquierda para dar una salida a la crisis tucumana, proponiendo desde ya el llamado a asamblea constituyente, para que los trabajadores y el pueblo tucumanos decidan qué régimen político quieren darse.

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