Otro niño muerto por desnutrición en El Impenetrable chaqueño

La muerte de Oscar Sánchez en el Hospital Pediátrico de Resistencia dejó al descubierto que, en las postrimerías de la supuesta década ganada del gobierno kirchnerista, el drama de la pobreza y la mortalidad infantil se profundiza a pasos agigantados. Las causas del fallecimiento del niño Qom, que padecía tuberculosis derivada de un cuadro de desnutrición aguda, deben atribuirse a la marginalidad y el abandono al que están sometidas las comunidades originarias que resisten en el noreste de nuestro país a pesar de las políticas con las que gobierno nacional y los gobiernos provinciales pretenden hacerlos desaparecer.

Cuando los índices del INDEC no logran ocultar el escándalo de la pobreza

En lo que va del año ya son seis las muertes que tomaron estado público (porque deben ser muchas más las que el gobierno oculta) de chicos indígenas en Chaco a causa de la pobreza por responsabilidad de la desidia del gobierno. Es difícil de imaginar un cuadro de situación de mayor abandono por parte del Estado que el de Oscar Sánchez, que tenía en años de edad poco más de lo que pesaba en kilos y entró al Hospital Pediátrico de Resistencia con un cuadro de desnutrición, tuberculosis y meningitis.

A fines del año pasado se dio a conocer un caso similar, el de Nestor Femenía, un chico de apenas siete años que murió también de tuberculosis derivada de la desnutrición luego de pelear semanas por su vida en el mismo hospital.

Es que los números truchos de INDEC, que está bajo la intervención del gobierno nacional desde el año 2007, ya ni siquiera resisten un análisis de validación cuando se trata de muertes evitables, todo el mundo sabe que las estadistas de este organismo son una burda caricatura.

Según los estudios sobre la situación social del país realizado por el sociólogo y Profesor de la Universidad de Buenos Aires Agustín Salvia para el Observatorio de Deuda Social Argentina (UCA) habría en el país unos 3 millones de trabajadores desempleados. Es decir, un 15% de la población sin trabajo, a la que además hay que sumarle el padecimiento de vivir sin cloacas, electricidad, agua potable, en barrios sin asfaltar. Es evidente que en estas condiciones tener acceso económico a comprar un alimento e incluso cocinarlo bajo condiciones mínimas de salubridad se hace muy difícil. Por esta situación de supervivencia a la que están sometidos es que entre ellos se encuentra un 5% que se ubica en la situación catalogada como “inseguridad alimentaria aguda” y otro 7% en “inseguridad alimentaria moderada” esto da como resultado un 12%, es decir unos 5 millones de personas, con inseguridad alimentaria dentro de cuyas familias hay unos 250.000 niños que sobreviven con desnutrición crónica. En este sentido, está claro que las últimas mediciones del INDEC del año 2013, que indicaban un 4% de pobreza y un 1% de indigencia, no cierran por ningún lado.

De hecho, trabajadores del INDEC nucleados en la comisión interna de ATE, han realizado estudios paralelos que arrojaron resultados totalmente diferentes. Según las últimas mediciones realizadas por éstos, en el segundo semestre del 2014 el índice de pobreza escalo a la cifra de 25,1% y la indigencia se situó en el 5,6%. Además, según este mismo estudio en el noreste del país habría 39,3% de pobreza lo cual explica que cada vez sean más en la zona las muertes evitables de niños a causa de la desnutrición.

Los “casos aislados” son demasiados

En todos los casos de muertes por causadas por la miseria y la desnutrición las respuestas del gobierno parecen calcadas de un manual de negación y ocultamiento basado en los números alterados de las estadísticas oficiales que hemos citado anteriormente. El catálogo oficial de respuestas va desde afirmar que se trata de “casos aislados” pasando aseverar con supuestas pruebas médicas que hay “otra enfermedad (en el caso de Oscar Sánchez una discapacidad) de base que genera la desnutrición” hasta la más descompuesta de todas las excusas que es la que pone toda la responsabilidad sobre las mismas víctimas como cuando hace algunos meses Juan Carlos Goya, secretario de Derechos Humanos de Chaco, aseguró que el hecho de que los pobres chaqueños coman de la basura es una cuestión cultural. Es evidente que nadie que no sea del rebaño de obsecuentes de Cristina Kirchner se traga ya este rejunte de justificaciones berretas.

Resulta escandaloso el uso de estas respuestas teniendo en cuenta que los “casos aislados” de los que habla Jorge Capitanich están lejos de ser tales cuando en Argentina hay una muerte por desnutrición cada 10 horas según el último informe de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación del 2013. Por otro lado, no hace falta tener conocimientos de medicina para darse cuenta que la misma discapacidad que tenía Oscar desde el nacimiento, una hidrocefalia no evolutiva a la que el comunicado oficial del gobierno atribuye la causa de su muerte, resultó ser una dolencia generada por el curso de un embarazo de una madre que también padecía un cuadro de desnutrición y tuberculosis al momento de la gestación lo que causó una enfermedad llamada eclampsia que produjo que Oscar desarrollara una hidrocefalia. Por último, Héctor Sánchez, el papá de Oscar, negó enfáticamente haber recibido ayuda del gobierno: «No recibimos nada de ayuda, nunca. Ni una silla de ruedas nos dieron, se la consiguió un familiar. Mire dónde vivimos: esto no es una casa, es un rancho… una carpa. Venía el enfermero, nos hacían llenar papeles, y después nada» afirmó en una entrevista para TN. También su tío desmintió al gobierno atestiguando que el chico se alimentaba a base de «mate cocido y tortas a la parrilla (…) una vez al mes llega una caja por familia, con harina, una bolsa de fideos de medio kilo, un aceite y un kilo de azúcar. No alcanzan para nada. No viene carne y sólo a veces llega leche».

En efecto, si es verdad que la extrema problema en Chaco, Formosa y otras provincias del interior argentino es un padecimiento que se viene arrastrando de gobiernos anteriores es porque es un producto de la barbarie de un sistema, basado en la explotación del hombre por el hombre, que condena a millones de personas a la opresión, la marginación y la pobreza mientras una minoría se reparte las ganancias de la explotación y el saqueo a los que menos tienen. Y en este sentido, el gobierno Kirchnerista cumple muy bien su rol de garante de los intereses de la burguesía, manteniendo el statu quo de la pobreza y concediendo lo mínimo necesario para que la cuestión no se desborde en un estallido popular como el del 2001.

Las medidas del gobierno: paliativos e indiferencia

Como era de esperarse, los representantes del gobierno han salido a defender a capa y espada las supuestas ganancias del mismo en materia de progreso social y económico en el Chaco. Sin embargo, no hace falta detenerse mucho a analizar las políticas que lleva a cabo el gobierno en este sentido para caer en la cuenta que no son más que estrategias cosméticas, paliativos necesarios para sostener el estado de las cosas.

Los hospitales y puestos sanitarios creados en Chaco no resultan medidas suficientes para atacar un problema que es a todas las luces endémico. Hospitales nuevos en los que se caen los techos o que funcionan solamente con tres médicos para atender a miles de personas y sin especialistas en las enfermedades más habituales en una zona castigada por la miseria como la tuberculosis, el mal de Chagas, la parasitosis etc. De nada sirve inaugurar edificios muy modernos por fuera en época de elecciones si no cuentan con el personal y equipamiento mínimo para la demanda que tendrán que atender. Todo esto si es que se tienen los medios para llegar al hospital desde el monte que no es la mayoría de los casos. La situación se agrava si se tiene en cuenta que según denuncia el vocero del Centro de Estudios Nelson Mandela, ONG que sacó a la luz este caso, no hay un seguimiento adecuado de los pacientes, ni tampoco insumos suficientes para tratamientos que suelen ser prolongados. De hecho, al contrario de lo que afirma el gobierno cuando dice que el caso estaba siendo monitoreado y correctamente tratado, el 6 de julio de 2014 fue la última vez que Oscar recibió el tratamiento debido justamente a falta de insumos.

A todo esto hay que sumarle el hecho aberrante de que muchos médicos se niegan tocar a los indígenas y que denuncian que por este motivo prescriben ibuprofeno para todo. Esta deshumanización que sufre el sistema hospitalario es producto de la discriminación y el racismo que azota a las comunidades originarias. Los crímenes contra estas son moneda corriente en las provincias del noreste argentino sin que al gobierno mueva un pelo por encontrar a los responsables o hacer algo para modificar esta situación.

Mientras todo esto está ocurriendo, en la intersección de la Avenida 9 de Julio y la calle Hipólito Yrigoyen, el acampe de los pueblos qom, pilagá, wichi y nivaclé de la provincia de Formosa resiste hace siete meses sin que el gobierno se digne siquiera a escucharlos. Son en total 35 familias, que han pasado cientos de noches durmiendo en la intemperie, soportando las lluvias y el frío del invierno en la Ciudad.

A unos pocos metros de acampe, el 15 de junio el gobierno inauguro el monumento a Juana Azurduy con la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales. Los representantes del acampe Qopiwini iban a marchar al acto para reclamar una vez más que se atendiera su causa pero el Secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, los presionó y hasta los amenazó personalmente para que no fueran. Luego, les aseguró que se abrirían canales de comunicación para subsanar sus reclamos por lo que decidieron no marchar. Lamentablemente, los representantes del acampe aún confían en las palabras del mismo gobierno que los quiere exterminar mediante la indiferencia y la discriminación y esto resulta a las claras un problema para organizar la lucha.

Sin embargo, la muerte de Oscar les dio un motivo más para seguir resistiendo y el camino en este sentido tiene que ser la lucha independiente para seguir denunciando al gobierno de Gildo Isfran y al Gobierno Nacional por la persecución y el asesinato de los pueblos originarios y porque se les restituyan los derechos sobre las tierras que les han sido usurpadas.

Verónica R.

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