Se abre una crisis política que se proyecta a todo el país

Al cierre de esta edición se informó la resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, en la cual se plantea la nulidad de las elecciones realizadas en esa provincia y el llamado a nuevas elecciones. Desde el gobierno provincial de Alperovich, inmediatamente sacaron un escueto comunicado oficial donde acusan a la Cámara de propiciar un golpe de estado judicial y anuncian que no van a aceptar el fallo y que lo van a apelar a la Corte Suprema tucumana, donde ellos tienen mayoría.

Aunque es demasiado pronto para realizar un análisis calibrado sobre lo que esto significa, sin embargo vamos a adelantar algunas cuestiones preliminares sobre el contenido y las perspectivas políticas que se abren.

Lo primero de que hay que dar cuenta es de que, más allá de las circunstancias en que se han desarrollado las elecciones y las prácticas fraudulentas y punteriles que caracterizan el régimen político y electoral en todo el país, particularmente en algunas de las provincias del interior, no deja de llamar la atención el hecho de que la resolución de la Cámara tucumana haya salido poco después de que el escrutinio definitivo confirmara los resultados del provisorio. Desde el Nuevo Mas no estamos en condiciones de confirmar las condiciones exactas en que se han realizado estas elecciones; lo que sí es seguro es que no han sido radicalmente distintas de todas las elecciones anteriores en las cuales se han impuesto los gobernadores de la provincia, sean estos peronistas, radicales o ex represores. Como ya venimos diciendo en estas páginas, el régimen político tucumano está viciado por los mil y un manejos punteriles y mafiosos, donde se combinan la prostitución, el secuestro, la trata de personas y el narcotráfico, todo esto fuertemente trenzado con la policía, los partidos políticos patronales y la Justicia.

No es en este sentido que la Justicia tucumana falló contra la validez de las elecciones de agosto pasado: su resolución no apunta a terminar con el régimen repodrido de la provincia, sino simplemente a tenderle una mano a la oposición conformada por la UCR, el PRO y Cía. Esto desde ya que no pretende ignorar las importantes movilizaciones que se realizaron en la provincia, pero la salida que ha impuesto la misma Cámara, que busca repetir las elecciones tal cual como se realizaron en agosto, no es más que preparar el escenario para que se reproduzcan las mismas condiciones pero tratando de evitar groserías como la quema de urnas; esto será así siempre y cuando no se imponga desde abajo una salida democrática radical, como sería una asamblea constituyente provincial.

Una crisis política de alcances insospechados

El gobierno y la oposición parecen estar jugando con fuego en las últimas semanas, particularmente los últimos. El hecho es que la pasadas las PASO todas las encuestas parecen indicar que los números entre los principales candidatos no han sufrido grandes modificaciones, lo que deja el horizonte electoral de octubre al límite de un balotaje entre Scioli y Macri. Y como el candidato K y el del PRO no tienen grandes diferencias en la necesidad de imponer un ajuste –sólo se distinguen en los tiempos y la forma de aplicarlo–, esto ha llevado a que la pelea electoral se haya centrado en otros aspectos.

El gobierno aprovechó el mamarracho de los negociados y prebendas que le han dado al candidato a primer diputado del PRO en la provincia de Buenos Aires, Fernando Niembro, quien se benefició con más de 160 contratos del gobierno de la Ciudad por más de 22 millones de pesos. La acusación pegó en la campaña presidencial de Macri, y luego de una larga resistencia por parte del periodista deportivo, los daños políticos contra el candidato presidencial y las sucesivas declaraciones de figuras del PRO desligándose de él lo obligaron a renunciar a su candidatura.

Pero lo ocurrido en Tucumán es mucho más fuerte y potencialmente más grave que el “affaire Niembro”. La resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia asienta un precedente inédito desde la vuelta a la democracia en 1983: por primera vez se anula una elección por fraude. Esto tiene consecuencias tanto a nivel provincial como nacional.

A nivel provincial, como está dicho más arriba, el oficialismo anunció que va a apelar la resolución, y en la medida en que ellos tienen mayoría en la Corte Suprema, es de esperar que esta revoque la resolución de la Cámara. Pero aunque esto ocurra, cosa que habrá que esperar a ver si ocurre, lo cierto es que la legitimidad de Manzur como futuro gobernador de Tucumán está fuertemente dañada. Más allá de que el haya sido el más votado o no, cosa que es difícil de evaluar, lo cierto es que él ya no va a asumir como producto de una votación sino como resultado de una resolución judicial; y como la Justicia está fuertemente cuestionada, igual que todo el régimen político, en realidad nadie puede ya creer que ni la Cámara ni la Corte Suprema sean verdaderos voceros de alguna “justicia”, sino que son agentes de los intereses políticos partidarios que los manejan.

Desde este punto de vista, la oposición a los K se ha anotado un poroto importante, puesto que ha traducido un apabullante 54% en una frágil legitimidad inicial, aunque a riesgo de erosionar gravemente todo el régimen electoral que sirve para conservar el régimen político.

Pero mucho más graves pueden ser las consecuencias nacionales. Sería un grave error de “provincialismo político” analizar el problema de la elección tucumana sólo desde la óptica de la provincia. La deslegitimación del sistema electoral extiende una espesa sombra sobre todo el país comprometiendo las elecciones presidenciales de octubre.

Por un lado, el sistema electoral basado en las viejas boletas ha quedado fuertemente cuestionado. Históricamente, en la Argentina marcada por el bipartidismo entre PJ y UCR, en el cual ambos tenían una similar extensión territorial, el reparto de boletas y la fiscalización a lo largo y ancho del país permitía a ambos partidos mantener sus bastiones y manejar un equilibrio punteril que en última instancia servía para sostener la hegemonía bipartidaria. Pero con el derrumbe de la UCR luego de los fracasos de Alfonsín y De la Rúa, el PJ quedó como única fuerza realmente nacional, y las nuevas oposiciones que nacieron (PRO, UNEN, FAP o cualquier otra) no pudieron contrarrestar los manejos del aparato del PJ y se ven seriamente dificultados para competir contra ellos, puesto que ya no disponen de la fuerza necesaria. Por eso es que están desesperados en avanzar en una modificación del sistema electoral que incluya la boleta única o el voto electrónico, cosa con la que el PJ no quiere saber nada.

Pero por otro lado, la nulidad de la elección en Tucumán actúa como una suerte de “extorsión” contra Scioli y el Frente para la Victoria para imponer sí o sí un balotaje después de la elección de octubre. Como veníamos diciendo, todo indica que en octubre Scioli saldría primero en la elección y Macri segundo, pero lo distancia entre ambos parecería estar al límite de la necesidad de recurrir a una segunda vuelta. Recordemos que el escandaloso y mamarrachesco sistema electoral nacional define que un candidato se proclamará como ganador en primera vuelta si obtiene más del 45% de los votos, o si saca más del 40% y sostiene una distancia de más de 10 puntos porcentuales en relación a su inmediato seguidor. Esto lleva a que si la distancia entre Scioli y Macri no es abismal (y hoy por hoy nadie pronostica que Scioli le saque mucho más de diez puntos, si es que llega a eso), la oposición podría querer imponerle al FpV un balotaje, so pena de deslegitimar la elección y que Scioli asuma en medio de una crisis de legitimidad.

De todas formas, esperemos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. En todo caso, la apuesta que está haciendo la oposición es un arma peligrosísima para la estabilidad política del país, porque gane quien gane la próxima elección, sean los K o Macri, va a tener que avanzar en algún tipo de ajuste contra los trabajadores y demás sectores populares, y hacer esto sin la legitimidad formal que ofrecen las elecciones puede ser muy cuesta arriba.

Lo más democrático es imponer desde abajo una asamblea constituyente en Tucumán

Los trabajadores no nos tenemos que preocupar por la debilidad formal que pueda tener el próximo gobierno: cualquiera que sea el vencedor en octubre será un enemigo de los intereses de los trabajadores al que deberemos enfrentar. Pero otro tema es defender la voluntad popular más allá de quién sea el ganador.

Los socialistas revolucionarios somos los principales y más consecuentes defensores de las garantías democráticas del pueblo. Por supuesto que en Tucumán no depositamos ninguna confianza ni en el escrutinio definitivo, ni en las hipócritas acusaciones de la oposición. Como ya analizamos en estas páginas, el régimen repodrido es moneda corriente en la provincia y en esto son tan responsables unos como otros. La única gran novedad, y de máxima importancia, es que en esta oportunidad las contradicciones entre los distintos sectores de los partidos burgueses han abierto una inmensa crisis política que deja margen para colar las reivindicaciones de los sectores populares y los trabajadores.

La resolución de la Cámara profundiza dicha crisis, y en este sentido la izquierda no puede ir a la rastra de la oposición de derecha y contentarse con volver a realizar las elecciones en las mismas condiciones. Lamentablemente, el FIT en Tucumán, con el Partido Obrero a la cabeza, continuando su costumbre de ser el ala izquierda de la oposición patronal, sostiene una orientación de ignorar el problema del régimen político y quedarse en la crítica al sistema electoral sin impulsar una alternativa de fondo en Tucumán. Pero lo que se ha puesto en el tapete en esta provincia es una profundísima crisis del sistema electoral que afecta al régimen político, y la izquierda no puede quedarse en la crítica superficial a la espera de abrazar algún voto más. Lo que se impone como necesidad es aferrarse a la legítima bronca que está en la calle y tratar de impulsar una asamblea constituyente provincial que vaya contra el régimen político y plantee las necesidades más sentidas de los de abajo.

Las objeciones que dicen que esta sólo puede ser convocada desde arriba por Alperovich son las voces de quienes se postran ante el aparato del PJ antes de dar la batalla: si el PJ es invencible, entonces toda batalla está perdida de antemano. La izquierda no se puede postrar ante los hechos consumados, sino buscar los puntos de apoyo para hacer avanzar la lucha de clases y socialista, y sin lugar a dudas la actual crisis política tucumana es un punto de apoyo inmenso que no puede ser desperdiciado con orientaciones políticas reformistas, mezquinas y poroteras.

Por eso desde el Nuevo MAS insistimos en que ante la actual crisis política y la deslegitimación del sistema electoral y el régimen político, lo más democrático es imponer desde abajo una asamblea constituyente provincial.

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