La posición del PO en Tucumán

En las últimas horas la crisis política e institucional tucumana ha tendido a reabsorberse. Luego del fallo de la cámara en lo contencioso administrativo que anuló la elección, salió el fallo de la corte suprema provincial favorable a Alperovich: declaró válida la elección y habilitó la proclamación de Manzur como gobernador electo.

La crisis tucumana desató una polémica en el seno de la izquierda; lo de menos ha sido que una vez más -como frente a cada acontecimiento de importancia, el FIT como tal no haya dicho palabra. Más grave es el hecho de que el frente fue a la rastra de la posición del PO: una ubicación seguidista de la oposición patronal.

Primero hay que establecer los hechos objetivos: ¿hubo o no fraude en la elección? Conviene delimitar dos fenómenos de naturaleza distinta. Lo que ocurrió fue un conjunto de prácticas fraudulentas propias de los partidos patronales (sobre todo del PJ, aunque el radicalismo no se quedó atrás), y que en la elección tucumana llegaron a un punto extremo: hacen a las características propias del régimen podrido de los Alperovich (y el desmadre que se observó en la elección a gobernador).

Si la crisis escaló a tal punto (¡una crisis política e institucional de impacto nacional!) fue por un elemento “simbólico” de extrema gravedad: la quema de urnas llevada adelante por fiscales de ambos partidos. Este acontecimiento no se podía dejar pasar porque la democracia de los ricos debe ser superada en el sentido de su carácter indirecto y formal, pero no retroceder a prácticas que aun en el distorsionado terreno electoral, avasallen el voto popular.

Si la quema de urnas fue el factor simbólico, la detención de fiscales de distintas fuerzas (entre ellos, los del PO) fue un escándalo político que no puede ocurrir en una elección. Por eso fue correcto marchar por la libertad de los mismos, al menos los del PO. Y, sobre todo, fue acertado movilizarse repudiando la represión ocurrida en la primera manifestación.

En cualquier caso, lo más grave de la elección fue la redoblada la practica clientelar de los grandes partidos tradicionales (el cambiar el voto por “favores” de distinta índole); el sistema que se implementó de las variadas listas “colgadas” a las candidaturas principales (acoples) y un largo etcétera de prácticas fraudulentas.

Prácticas que hacen a lo que podríamos llamar “el régimen de Alperovich”, que incluye en su naturaleza a las redes de trata, el amparo a los violadores y otras prácticas aberrantes de las instituciones tucumanas. Pericias que condicionan la elección y son similares a las que se reproducen en otros centros urbanos (por ejemplo, en el gran Buenos Aires) y que en este caso beneficiaron en primer lugar al oficialismo del FpV (lo que no quiere decir que no fueran igualmente practicadas por las huestes de Cano).

Estas prácticas fraudulentas (que ameritaban por sí mismas la movilización independiente contra ellas) fueron la base del fallo de la cámara tucumana, que hizo foco en que el “voto no había sido ejercido libremente”, lo que no escapa a la verdad.

Sin embargo, con ser estas practicas nefastas, el que sea un obligación pelear contra ellas porque afectan el libre ejercicio de este derecho democrático elemental (el derecho al voto), otra cosa muy distinta es que en Tucumán haya habido un fraude hecho y derecho, que no fue el caso.  

Manzur ganó por una diferencia de más de 100.000 votos; nadie ha podido probar que esa diferencia haya sido obtenida mediante un fraude de la elección como tal. Es decir: que se le haya robado el triunfo a Cano (o algún otro candidato).

Esta delimitación es fundamental porque frente a prácticas fraudulentas no se responde de igual manera que ante el robo liso y llano en el resultado de la votación. Tal robo no existió: no se desconoció el triunfo de un candidato al que mediante el fraude se le birlara la elección.   

En ese sentido, cierta razón le cupo a cierto dirigente peronista que cínicamente declaró que el fallo de la cámara era un “ensayo de sociología electoral argentina”; esto en el sentido de “reconocer” las prácticas electorales clientelares (¡de ahí su cinismo!) pero, al mismo tiempo, delimitando esas prácticas de una circunstancia de fraude que no fue tal.

Lo grave del caso es que frente a los acontecimientos tucumanos el PO actúo como lo viene haciendo habitualmente: en vez de sostener una posición de intransigente independencia de clase de todo bando patronal, se alineó de manera incondicional con la oposición patronal cacerolera.

Nos explicamos: si hubiera habido un fraude real en el resultado de la elección, si a su ganador, sea quien sea, se le hubiera robado la elección, lo que hubiera correspondido era estar brazo con brazo con él en la movilización para que se respete la voluntad popular. Un poco esa era la posición, por ejemplo, que en México dio lugar al progresivo movimiento “yo soy el 132” que se movilizó a la juventud contra el robo de la elección a López Obrador (el candidato burgués del PRD, Partido de la Revolución Democrática); una política así arranca de exigirle a la fuerza burguesa que sufre dicho menoscabo que se juegue con todo a la movilización, cosa que Obrador evidentemente no hizo…

Pero la política no es la misma, insistimos, cuando dicho fraude no se verifica. Es decir: que la elección tucumana estuvo rodeada de aberraciones antidemocráticas fue un hecho; inclusive en una escala mayor que lo habitual en nuestro país. Una explicación de esto ya la hemos dado en estas páginas caracterizando Tucumán como una provincia que no se ha recuperado del todo de la derrota del movimiento de masas causada por la dictadura militar. De todos modos, eso no quiere decir que el resultado electoral haya sido fraudulento como tal.

Por eso, no se trataba de alinearse con el bando de Cano ni con el de Manzur sino tomar la crisis política e institucional generada por esas prácticas y por la pelea entre bandos patronales a las que dio lugar en las condiciones de las tensiones hacia las elecciones del 25 de octubre y de si habrá balotaje o no, para colocar una salida independiente que cuestionase al régimen de Alperovich conjunto: levantar la salida de una Asamblea Constituyente Soberana, como planteamos desde el nuevo MAS.

Las circunstancias varían a depender del escenario real: si lo que hubo fue una práctica fraudulenta y una crisis política desatada alrededor de la misma pero no un robo de la elección, entonces el centro de la política tenía que tener el cuidado de no aparecer, siquiera tácticamente, “estrechando los brazos” con algún sector patronal.

El PO hizo lo contrario: no solo se alineó incondicionalmente con la oposición cacerolera; incluso llego a definir el fallo de la cámara como un “triunfo popular”… desconociendo al medio millón de personas que votaron por Manzur.

Una posición oportunista porque si no hubo un fraude hecho y derecho, ese fallo lo que estaba haciendo era entrar en el juego de la oposición patronal, desconociendo lo que, nos guste o no, había votado la mayoría.

Mientras tanto, el PTS hizo lo habitual: mirar para otro lado. En todo caso, se desató una polémica en el seno del FIT con el PO criticando al PTS por plantear una posición “abstracta” (constituyente).

El oportunismo del PO, el alinearse detrás de Cano, el circunscribirse a una nueva elección a los cargos habituales en vez de plantear una salida que cuestionase el régimen en su conjunto, se impuso como un hecho consumado respecto en el FIT.

Al PTS no pareció preocuparle hacer nada frente a la circunstancia: la idea del FIT como cooperativa electoral está tan arraigada que todo se deja pasar.

En fin: el FIT nuevamente faltó a la cita y la posición que más “ruido” hizo fue la del PO que, una vez más, arrastró el FIT detrás de los caceroleros.

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