La presidenta argentina participó en el Encuentro de Líderes Mundiales para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Allí dijo que “Soñar con la igualdad de género en un país inequitativo, con grandes brechas sociales, es simplemente retórica o ilusión”. Y que “Por eso en la República Argentina, hemos desarrollado un fuerte proceso de inclusión social que ha traído aparejado también obviamente la mayor oportunidad de igualdad para la mujer; programas y políticas activas como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, la promoción cada vez más intensa por la educación pública y gratuita desde el nivel inicial hasta la universidad, ha permitido paulatinamente junto a leyes de identidad de género de protección de la mujer, un fuerte descenso en la brecha de desigualdad”.

“Pero sin embargo –aclara Cristina– la discriminación aún permanece, porque por fuera de la discriminación política, económica y social persiste fuertemente en todas las sociedades una discriminación cultural hacia la mujer”.

Entonces la presidenta quiere “hacer un firme llamado a los corazones y a las mentes para derrumbar tabúes y prejuicios respecto de nosotras”.

En suma, en la Argentina las desigualdades materiales estarían prácticamente solucionadas, y solo resta dar una pelea cultural en “los corazones y las mentes”.

El discurso de la presidenta mezcla un error conceptual con varias mentiras flagrantes y unos ocultamiento también flagrantes, para sacar una conclusión que le permite al gobierno lavarse las manos de la barbarie desatada en materia de violencia de género en el país.

No hay “inclusión” laboral para las mujeres

Vamos primero al error conceptual. Es cierto que la desigualdad social trae aparejada la desigualdad de género. Pero no es cierto mecánicamente lo contrario: mejorar los niveles generales de ingreso no deriva automáticamente en mayor igualdad de género, la cual necesita de políticas específicas y dirigidas. En esta materia tampoco funciona la “teoría del derrame” (1).

Justamente, en nuestro país sucedió lo contrario. El “pleno empleo” que se logró alcanzar bajo el gobierno K –producto de la necesidad del estado capitalista de absorber la rebelión popular del Argentinazo, impulsada en primer lugar por el insoportable nivel de desocupación– fue “pleno” solo para los varones, y las mujeres, sobre todo en la clase obrera, quedaron relegadas al trabajo doméstico y a todas las formas de la precariedad: trabajo domiciliario, comercio informal, trabajo en negro, etc. Esto ha dejado a las mujeres en mucha peor situación, por ejemplo, a la hora de conseguir una vivienda sin depender de un hombre, o sea, a la hora de escapar de una situación de violencia.

Mucho se habla de la brecha salarial entre hombres y mujeres, calculándose un índice para la Argentina que va desde el 27 al 36%. Pero este índice es un promedio. En los sectores sociales peor remunerados, es decir la clase obrera, la brecha se agranda a un promedio del 47%. Sumemos a esto que la desocupación femenina duplica la masculina (según índices que consideran “ocupado” a alguien que trabaja dos horas por semana).

Si el “pleno empleo” hubiera incluido a las mujeres, necesariamente los barrios y/o los lugares de trabajo se habrían llenado de guarderías. Esa sería una forma de medir si un Estado ha tenido políticas de inclusión de las mujeres al mercado de trabajo formal. ¿Alguien conoce una guardería estatal? Nosotros no. Cristina se enorgullece de que en el Parlamento hay más mujeres de lo que indica el cupo. Pero no existe ninguna “ley de cupo” para las mujeres en la industria.

Esto nos lleva directamente a la mentira flagrante en el discurso de la presidenta. La Asignación Universal por Hijo no es una política de inclusión, sino de exclusión. Fue implementada para justificar, y está dirigida a lograr, la exclusión de las mujeres del mercado de trabajo. No se pensó como transición hacia el trabajo genuino, sino que tiene como condición estar excluidas del trabajo genuino. No alcanza para capacitarse, ni para pagar guardería: solo alcanza (más bien alcanzaba) para comer a duras penas.

No al aborto, sí a la prostitución

Pasemos ahora a los grandes ocultamientos: el derecho al aborto y las redes de explotación sexual.

Cristina ni siquiera mencionó en su discurso el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y no es de extrañarse. Su gobierno ha peleado a brazo partido en contra de la legalización del aborto, y no ha implementado la educación sexual pública. En el aspecto que más directamente hace a la “diferencia” entre mujeres y varones, es donde más retrógrada y patriarcal ha sido la política del gobierno K. ¿A qué inclusión puede aspirar la mitad femenina de la clase trabajadora si no puede ni siquiera planificar su propia vida? ¿Qué “batalla cultural” sobre la igualdad de género se puede dar en un país donde hay que arriesgarse a morir para interrumpir un embarazo no deseado? ¿Cómo se pelea contra la “discriminación cultural hacia la mujer” si en la escuela pública está prohibida la educación sexual?

Todo este paquete de discriminación laboral y sexual, que no es “de la cultura” sino “del Estado y el gobierno”, incluye un elemento más siniestro aún: la asociación del gobierno nacional y el Frente para la Victoria con las redes de trata y explotación sexual del país, a través del PJ y los aparatos de gobierno provinciales. La basura que se destapó en Tucumán con la desaparición de Marita Verón es una réplica de la situación de la mayoría de las provincias argentinas, en cuanto a la colaboración directa de la mafia de la trata en los aparatos políticos y de gobierno. De allí, y de la negativa del gobierno a implementar verdaderas políticas de inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo, sale el interés del kirchnerismo en legalizar (regular) la prostitución.

Presupuesto mata cultura: el Consejo Nacional de la Mujer da la medida del interés del gobierno por nosotras

En el año 2008, Mariana Carbajal escribía en Página/12 sobre este organismo, creado en 1992 a instancias del Cedaw (organismo internacional dedicado a observar la desigualdad de género). “Hoy el CNM figura casi desdibujado del organigrama oficial: está dentro del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que encabeza la ministra Alicia Kirchner. Lo escondió ahí Chiche Duhalde en 2002, cuando su esposo era presidente interino. El órgano rector de las políticas contra la discriminación de las mujeres quedó sin jerarquía para discutir con los distintos ministerios, tampoco tiene un presupuesto adecuado”.

Carbajal cuenta también que “En 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, al frente del CNM fue nombrada María Lucila ‘Pimpi’ Colombo, fundadora y dirigente del Sindicato de Amas de Casa de Argentina. Su designación no fue bien recibida por las ONG que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres por sus conocidas posiciones cercanas a la Santa Sede en temas de salud sexual y reproductiva: siendo diputada porteña por Nueva Dirigencia (aquel partido de Gustavo Beliz), Pimpi votó en contra de la ley que garantiza el acceso a los anticonceptivos a toda la población a través de los hospitales de la ciudad. También votó en contra de la unión civil”.

Y finaliza diciendo que “la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene una buena oportunidad para demostrar que su invocación al género no es sólo discursiva, que realmente le importa mejorar la situación de sus congéneres más postergadas, empobrecidas, discriminadas, que tienen ansias de progresar y ser protagonistas de su destino. El CNM merece mayor jerarquía institucional y más presupuesto. Y requiere de una figura comprometida a impulsar políticas de género para conducirlo”. (Página/12, 6/6/2008)

La decepción de Mariana debe ser grande. Según el documento llamado “Deudas pendientes en la eliminación de la violencia contra las mujeres en Argentina”, elaborado por la organización Mumalá, “En todos los años analizados el porcentaje del presupuesto asignado al Consejo Nacional de la Mujer representa una parte insignificante del presupuesto total nacional, con porcentajes que oscilan entre el 0,0018 por ciento y el 0,0040 por ciento. Inclusive con posterioridad a la sanción de la ley 26.485, en el año 2009, y luego de la reglamentación de la misma, en el año 2010, no se observan incrementos presupuestarios acordes a las nuevas funciones que adquirió el Consejo Nacional de la Mujer como órgano de aplicación de la ley”.

El documento también señala que “Más del 50 por ciento del total del presupuesto asignado al Consejo Nacional de la Mujer está destinado a gastos de personal, ascendiendo este al 88 por ciento en el presupuesto aprobado para el año 2015”.

En otras palabras, de los casi 51 millones de pesos que recibirá el organismo este año, 44.694.320 se destinan al pago de honorarios.

A tal punto que varias ONG han pedido a la Auditoría General de la Nación que audite al organismo, ya que “desde su creación, en el año 2009, al día de hoy no realizó campañas de prevención ni concientización, según denunciaron distintas organizaciones de género como la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer y el Observatorio Nacional de Derechos Humanos y Género”.

Resumiendo: el único organismo nacional que se encarga de la situación de las mujeres, tiene una jerarquía ínfima en el organigrama estatal, su presupuesto tiene los ceros después de la coma, y su actividad no es detectable por las organizaciones que se dedican al tema. En verdad, hay que decir que la inmensa mayoría de la población se enteró de que existe tal Consejo recién un día antes del #Ni Una Menos, cuando Mariana Gras, su presidenta, tuvo que salir a poner la cara en los medios para explicar a qué dedica sus días. Ocasión en que la muchacha, a tono con su jefa natural, también lanzó una mentira flagrante al decir que “contamos con mil millones de pesos para la aplicación de la ley” (26.485 contra la violencia de género), cifra desmentida por todos los documentos oficiales de presupuesto. El Consejo que preside recibió en 2015 solo 50 millones, de los cuales 44 se pagan al personal, así que quedan 6 millones de pesos en el año para asistir a las mujeres argentinas, en una situación de una muerta cada 30 horas si solo contamos los femicidios.

La política patriarcal del gobierno va a contramano de la conciencia de género que crece en el país

La propia Gras reconocía en esos días que la movilización del #Ni Una Menos mostraba un gran avance en la cultura contra la violencia de género. También dijo que, de los llamados que se reciben en la línea 144, la mayoría no son de víctimas directas de violencia, sino de familiares, amigos o vecinos que conocen una situación de violencia contra una mujer y quieren saber cómo pueden ayudar.

Y efectivamente, al lado de la cultura machista que es obvia en amplios sectores de la población y que no tenemos ningún interés en negar, hay otra corriente contraria, que vemos crecer cada día y que se manifestó con todo el 3 de junio, pero no solo el 3 de junio. Crecen día a día las movilizaciones espontáneas de víctimas y allegados contra juzgados y comisarías; estos activistas espontáneos acuden todo el tiempo a las organizaciones de mujeres para que los apoyen en su lucha, demostrando una profunda conciencia de que el femicidio o la violación que les ha tocado vivir es un problema político y social, y se disponen a encarar la pelea de esa forma. Esto es lo que crece.

Frente a dos corrientes “culturales” opuestas, el gobierno K se ha puesto absolutamente del lado de la corriente retrógrada y machista, negando a las mujeres el derecho al trabajo genuino y al aborto legal, negando a los pibes la educación sexual, dando de baja la ley que impedía la educación religiosa en las escuelas públicas, y aliándose a los proxenetas del interior del país.

Y el moño del paquete: su candidato para “la continuidad del proyecto” es el candidato de la policía, el que multiplicó el poder y la extensión de la primera institución misógina y femicida con que se topan las víctimas de violencia de género.

¡Todas al ENM a organizar la lucha!

Destitución de los funcionarios que amparan la violencia

Trabajo genuino, vivienda y refugios

Aborto legal en el hospital

Ministerio de la Mujer con presupuesto ministerial y dirigido por las organizaciones, víctimas y familiares en lucha

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