Cristina y Gioja son los responsables políticos del desastre ambiental

El sábado 12 de septiembre se produjo un derrame de solución cianurada en la mina a cielo abierto Veladero, en San Juan (en inmediaciones de la localidad de Jáchal). Este establecimiento minero es propiedad de la compañía canadiense Barrick Gold, que posee derechos de explotación con pocos o nulos controles estatales. Junto con La Alumbrera es uno de los emprendimientos megamineros más tristemente célebres del país.

Rápidamente, los medios de comunicación y la propia empresa distorsionaron la información, difundiendo que se trató de una pequeña fuga que fue solucionada en el acto. Casi dos semanas después, y gracias a la presión de los vecinos de Jáchal, trascendió que el “pequeño incidente” involucró al menos un millón de litros de solución cianurada que fueron a parar al Río Potrerillos y a los suelos de la región, generando un impacto ambiental de incalculables consecuencias ambientales y sociales.

Resulta evidente que la empresa multinacional Barrick Gold tiene una enorme responsabilidad en los hechos. Como toda empresa (y en especial las imperialistas), el único parámetro que impulsa su accionar es el afán de obtener ganancias extraordinarias, con lo cual toda medida de seguridad que implique gastar un peso más es rápidamente descartada. Además cuentan con la comodidad de que la minería a cielo abierto se realiza siempre “lejos de casa”, en los países del Tercer Mundo; en Europa, por ejemplo, es una actividad que se encuentra estrictamente prohibida. Esto tiene una explicación sencilla. Es que el daño ambiental tiene dos expresiones: por una parte, se requiere la explosión de enormes volúmenes de roca (literalmente borrar montañas enteras) para obtener una productividad considerable; por otra, como el mineral (en este caso oro) se encuentra disperso en la roca, su concentración requiere el procesamiento con cianuro, que ante la menor negligencia puede fugarse y dar lugar a eventos como el que estamos presenciando.

Los controles necesarios jamás fueron realizados por el Estado nacional o provincial, que le da vía libre a los capitales multinacionales para realizar este tipo de explotación. En muchos casos, los mismos informes de impacto ambiental corren por cuenta de las empresas, un ridículo que salta a la vista inmediatamente.

Además, se suma un elemento más al desastre ambiental que estas multinacionales están generando (incluyendo aquí a empresas de biotecnología como Monsanto): la expoliación y el saqueo imperialista se realizan bajo el amparo de todo el poder político, empezando por la propia Cristina. La Ley de Explotación Minera (Ley N° 24.196), vigente desde 1993 (en el último tramo del primer gobierno de Menem) estipula que las empresas están obligadas a dejar, como máximo, un 3% de lo producido en concepto de regalías. Además, esta cuenta se hace antes del proceso de concentración del mineral, con lo cual el número final suele ser bastante más bajo que esto. Conviene recordar aquí que la explotación a esta escala presupone una productividad baja de la roca. Esta ley jamás se ha modificado.

Nos solidarizamos con el pueblo de Jáchal y todos los pueblos afectados directamente por la explotación imperialista, que en horas recientes recibieron el apoyo de los propios trabajadores de Veladero en un comunicado gremial (desmintiendo con esto que los vecinos afectados se oponen a los trabajadores de la mina). Es necesario poner sobre la mesa un plan económico de los trabajadores que contemple quién, cómo y con qué fines se realizará la actividad minera en nuestro país para terminar con las relaciones de colonialismo a las que aún estamos sometidos.

Marcos Duch

Las universidades, cómplices del saqueo y la contaminación

Es conocido dentro de la comunidad universitaria de nuestro país que YMAD, responsable de la explotación en Catamarca de la mina Alumbrera, distribuye fondos a las universidades nacionales. Esta actitud es unánimemente aceptada y defendida por casi todas las instituciones académicas de nuestro país, salvo honrosas excepciones, como el caso de la Universidad de Córdoba, que rechazó los fondos luego de que los estudiantes pusieran el problema sobre la mesa.

Esta política cierra perfectamente con la orientación de las propias universidades de generar recursos propios, es decir, dejar de recibir financiamiento estatal y recibirlo del sector privado. Esta situación condiciona fuertemente los contenidos; por ejemplo, la facultad de Ciencias Exactas y Naturales participa en excursiones a La Alumbrera en la cual ninguno de estos puntos críticos es discutido. El programa de la carrera de Ciencias Geológicas tiene un gran peso de materias referidas a yacimientos metalíferos e hidrocarburíferos, pero la gran ausente es la discusión acerca del contenido social de estas actividades o su relación directa con el saqueo de nuestros recursos naturales.

Por ello, junto con la denuncia al Gobierno por su responsabilidad en el mismo y el apoyo a los pueblos afectados, debemos exigir el financiamiento único estatal de nuestra educación y que se vayan todas las empresas privadas de nuestras universidades.

M . D.

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