Ocultando sus objetivos y sus planes, los candidatos patronales dan los nombres posibles o seguros de sus ministros, secretarios, principales asesores. No hay sorpresas porque no hay nada nuevo bajo el sol: torneo de competentes para aplicar medidas contra el pueblo trabajador que se “traguen” lo mejor posible y “palos” si no son aceptadas con responsabilidad ciudadana.
Pero entre bambalinas, entre las figuras donde tampoco hay nada nuevo, está la sorda pelea por los candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Allí se dirime una batalla que no es para nada secundaria en las filas de la patronal y entre las instituciones del sistema capitalista.
Una Corte fortalecida para resguardar los planes capitalistas
Aunque con la renuncia de Fayt a partir del día de la asunción del nuevo gobierno, éste dejó el camino expedito para su reemplazo, no por eso lo allanó totalmente. Porque para reemplazarlo a él (y a los otros miembros del Tribunal faltantes) se reabrió un intenso debate político entre las fuerzas de la burguesía, ya iniciado con el fallecimiento de la jueza Highton de Nolasco y la renuncia de Eugenio Zaffaroni. Debate que cada vez tomó menos estado público, pero que se siguió desarrollando con fuerza entre bambalinas.
Las declaraciones recientes del máximo titular actual, Ricardo Lorenzetti, lo confirman:
«La Corte Suprema no es la Corte de un gobierno en especial. Nuestra función es darle confianza a la población, esté quien esté». (Infobae, 1/10/15)
Los principales partidos patronales van a pelear por la integración de sus candidatos para tener mayoría política, pero en un sentido, las palabras del presidente del Alto Tribunal apuntaron a advertir a la clase política patronal que la Corte está más allá del gobierno de turno, que su rol de garante del orden institucional trasciende una gestión gubernamental. “¡Ojo!”, les está diciendo Lorenzetti, “que nosotros no asumimos con los que ganen ni nos vamos cuando ustedes se vayan (o los echen), lo nuestro es más trascendente”.
Por ese cuidado, Macri, el campeón de tratar de quedar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo (y no ir a parar al Infierno en el intento), aseguró que, si es electo primer magistrad,o su propuesta para integrar la Corte será la siguiente: “habrá que ser un constitucionalista reconocido, no ser alguien cercano al Presidente y no tener militancia política comprobada”. O sea, un alienígena, alguien imposible de encontrar entre el mundo de los posibles postulantes a ese cargo.
Como contrapartida, después del fracasado intento de integrar a Roberto Carlés, Cristina se quiere asegurar antes de retirarse de imponer su candidato. Algunas fuentes aseguran que el preferido es el ex juez Baltazar Garzón, que tiene ciudadanía argentina. Aunque no cumple con todos los requisitos, como su antigüedad en la ciudadanía (6 años y Garzón la acredita desde noviembre del 2012) y en el ejercicio de la profesión de letrado (8 años), y el ex juez español ya le ha manifestado la imposibilidad, la Presidenta insiste. (LaPolíticaOnline, 14/10/15). Si no se da, porque desde ya es muy difícil, seguramente tendrá un recambio en el bolsillo. Lo que sí es seguro es que el kirchnerismo (y Cristina en persona) quiere dejar resguardado ese flanco, aunque Scioli sea el más probable ganador de las elecciones presidenciales, porque él también tiene sus propuestas y no son las de la Presidenta.
Tres integraría la terna propuesta por Scioli: un trío que contemple la certeza de no tener obstáculos en el Senado a la hora de conseguir los dos tercios necesarios para su aprobación. Miguel Pichetto, Liliana Alegre de Alonso (cercana a Rodríguez Saá) y Ricardo Gil Lavedra, serían los elegidos por el candidato presidencial oficialista. La propuesta tiene que contemplar necesariamente un acuerdo previo entre los K, Rodríguez Saá y los radicales, con la ventaja de que Gil Lavedra es bastante inobjetable por dentro y por fuera de las distintas fuerzas políticas por su papel como constitucionalista y su actuación en el Juicio a las Juntas.
Desde el lado de los organismos de derechos humanos, la postulación de la Dra. Mónica Pinto, actual decana de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Dra. Aída Kelmeajer de Carlucci, miembro de la Corte Suprema de la Provincia de Mendoza, es defendida por Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, en carta dirigida a los senadores de la Nación el 11 de marzo de 2015.
Puede ser que haya “fumata” a poco de asumido el nuevo gobierno o que se profundicen los roces actuales con el Poder Judicial y como parte de éstos, la integración de la futura Corte. De lo que estamos seguros es que a la clase dominante le conviene, para la preservación de sus intereses, fortalecer un organismo que aguante y resguarde los cimbronazos que la lucha de clases seguramente le deparará al próximo gobierno y sus instituciones al servicio de los capitalistas. ¿Lo lograrán los espadachines de la democracia burguesa?