Rápida devolución de favores

De la ley de medios K al decreto de medios Clarín, tal fue la transición que le llevó al nuevo gobierno menos de 20 días. Firmado el 30 de diciembre, como para que en el Grupo Clarín ya tenga para empezar bien el año, Macri se aseguró de que el DNU 267 sirva a la vez de devolución de favores y de reaseguro para futuros blindajes mediáticos. Que, al paso que va, necesitará bien pronto, y en varios frentes. La conformación del Ente nacional de Comunicaciones (Enacom), en reemplazo de la AFSCA (medios audiovisuales) y AFTIC (medios electrónicos), junto con el resto de las modificaciones a la ley de medios, es un traje tan groseramente a la medida de Magnetto y Cía. que hasta pesos pesados de la actividad se quejaron.

El kirchnerismo intenta resistir el proceso, que comenzó con la remoción por decreto de Martín Sabbatella al frente de la AFSCA… con una cautelar (¡cuánto “republicanismo”!). Por supuesto, como la cautelar rechazaba la eliminación de la AFSCA, con el decreto referido a la ley de medios la cuestión queda, como se dice en la jerga leguleya, “abstracta” (la AFSCA ya no existe), y los pasos legales, en todo caso, deben encaminarse contra el decreto. Es lo que sucedió con dos cautelares que suspenden preventivamente la aplicación del decreto. Pero sería una ingenuidad suponer que sólo por esa vía (que además hasta ahora el macrismo maneja fluidamente), sin movilización, se van a frenar ésta y otras medidas antidemocráticas. Seguramente en los próximos días habrá algún contragolpe “legal” del gobierno contra las cautelares.

No es el único problema legal, con todo: resulta que la famosa “desinversión” prevista por la ley de medios, que afectó a unos cuantas corporaciones mediáticas (justamente, no a Clarín) queda en el aire, porque se basaba en criterios que ahora fueron modificados. Los grupos afectados ya prometen guerra en Tribunales.

Macri y Clarín: del cariño a las relaciones carnales

El macrismo anuncia como “el fin de la guerra contra el periodismo” lo que no es otra cosa que el comienzo de una verdadera “relación carnal” con el Grupo Clarín. No vamos a entrar en todos los detalles, sino concentrarnos en los aspectos más importantes.

El criterio de las modificaciones a la ley de medios va siempre en el sentido de mayor permisividad a los actuales adjudicatarios de licencias. Por ejemplo, se amplían de 10 a 15 las licencias de TV abierta y radio que puede tener un mismo operador, suben de 3 a 4 las licencias permitidas en una misma ciudad, se elimina el tope del 35% de población que un operador de radio podía cubrir, desaparece también la restricción a los licenciatarios de TV abierta de tener sólo una señal, y las acciones de una empresa audiovisual podrán comercializarse en el mercado hasta un 45% (el tope actual es 15%). Pero eso es sólo el prólogo del verdadero negocio.

En efecto, lo más jugoso es que el nuevo marco legal abarca de hecho el agujero que había dejado la ley de medios, a saber, la legislación de la convergencia tecnológica, o cuádruple play, por el cual un mismo operador puede ofrecer telefonía fija y móvil, Internet y TV paga. Aquí es donde está el gran favor a Clarín: ese grupo hoy está en condiciones de ofrecer todo eso vía Fibertel, Cablevisión y Nextel (cuyo 49% fue comprado por Cablevisión en septiembre pasado).[1] Y no tendrá competencia alguna hasta 2018, porque el decreto establece que las telefónicas (Telecom y Telefónica), que arden de ganas de entrar al negocio del cable (obviamente, ya están en telefonía e Internet), deberán esperar un período de dos años para entrar, prorrogable por un año más.[2] Clarín también aspira a quedarse con las frecuencias del espectro radioeléctrico para dar servicio de celulares 3G y 4G, cuya licitación, que en principio había ganado el grupo Vila-Manzano, se cayó por falta de pago y que hoy tiene Arsat. Y el DNU modifica a medida el artículo 45 de la ley de medios para permitirle a Cablevisión prestar servicios audiovisuales con soporte satelital.

El colmo del favoritismo es que “además, las telefónicas (o el que quiera dar TV paga) deberá facilitar a los competidores el acceso a su propia infraestructura de soporte, como postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado; si no hay acuerdo entre las partes, intervendrá el Enacom [es de imaginarse a favor de quién. MY]. La norma no rige al revés para las actuales instalaciones de las empresas de TV por cable” (S. Peco, Ámbito Financiero, 5-1-16). ¿Se entiende? Las telefónicas tienen que prestarle su estructura a Fibertel, pero Fibertel no tiene que devolver el favor a la competencia.[3]

La frutilla del postre es que el actual panorama de licencias queda de hecho congelado: a despecho de la argumentación del decreto de que la ley de medios es “antigua y distorsiva”, esas distorsiones se extenderán largamente en el tiempo. Porque los actuales titulares de licencias podrán pedir, hasta fin de 2016, una prórroga de ¡diez! años, “con derecho a prórroga automática por otros cinco años” y, con aprobación del Enacom, ¡diez años más! ¡Las licencias actuales quedarán intocables hasta 2031 por lo menos; se ve que Macri-Magnetto no quieren correr riesgos!

Un debate necesario y una acción urgente

Es muy comprensible la preocupación que tiene el kirchnerismo por la censura abierta o encubierta a medios, programas y periodistas afines al gobierno anterior, con quienes nos solidarizamos y que por supuesto repudiamos. Sin embargo, creemos que harían bien en empezar a preocuparse por los problemas más de fondo que amenazan el panorama de medios a partir de la evidente y grosera alianza entre Macri y el principal grupo de medios de la Argentina. Sería lamentable que la oposición al decretazo de medios de Macri quede en manos de los mismos pulpos telefónicos que fueron dejados fuera del negocio por la ley de medios de 2009 (contra la voluntad inicial del kirchnerismo, cabe recordar).

Ahora bien, la urgencia de poner en pie una movida contra esta matufia escandalosa no debe ocultar la necesidad de un debate serio y un balance sobre el verdadero alcance de la ley de medios (la 26522), el rol que se asigna allí a las empresas y a los trabajadores, qué pasa con los servicios de Internet y el cuádruple play (no incluidos en esa ley) y otros problemas que ahora pasan a primer plano.

Es que no se trata de “defender la ley de medios” y punto, como si eso nos volviera a una idílica situación anterior. Es conocida nuestra opinión, que hemos defendido en múltiples oportunidades: la ley de medios, más allá de las intenciones de algunos de sus impulsores, no logró concretar esto, y no sólo por la cerrada oposición de Clarín, sino porque el instrumento mismo y, sobre todo, quien lo llevaba adelante, el gobierno, tenían límites insalvables para cumplir esos objetivos, algunos de los cuales están hoy a la vista.

Es necesario, de una buena vez, que los trabajadores de la prensa y la comunicación empiecen a pensar una propuesta surgida desde sus propias filas, que se oponga al mamarracho antidemocrático y corporativo de Macri-Clarín, pero que represente un verdadero avance en el sentido de la democratización, la pluralidad de acceso y la libertad de expresión. Y, más allá de los debates que nos debemos y de los balances que hagamos sobre la política de medios del kirchnerismo, una cosa es segura: podemos y debemos actuar, denunciar y movilizarnos contra el DNU Macri-Clarín y todos los atropellos autoritarios de este gobierno reaccionario.

Marcelo Yunes

Notas

1. En realidad, el pago fue del 100% del paquete, opción que figuraba en la operación original para un plazo de dos años. En su momento, la AFTIC había rechazado la compra porque Nextel no había pedido autorización, y con ella se caía el ingreso de Clarín al negocio. Por supuesto, el decretazo de Macri habilita todo (S. Peco, Ámbito Financiero, 4-1-16).
2. El DNU de Macri de verdad le escupe el asado a Telecom y Telefónica, que últimamente se venían aprestando a entrar en el negocio de servicios audiovisuales, y a ese efecto habían cambiado el estatuto de sus sociedades, algo que ya había sido autorizado por la propia AFTIC en el caso de Telecom. Todo en el marco de la ley 27078 que (contra el espíritu de la ley de medios 26522, hay que decirlo) las habilitaba a entrar en el negocio, con exclusión de TV e Internet satelital (la misma que el DNU de Macri le permite ahora a Cablevisión).
3. A eso se agrega otro obstáculo para los eventuales competidores de Fibertel-Clarín (siempre a partir de 2018): si las telefónicas quieren entrar al negocio de la TV paga, deberán a) pasar por el filtro de sendas evaluaciones de la Enacom y de la Comisión de Defensa de la Competencia, y b) facturar las prestaciones a sus clientes por separado, evitando subsidios cruzados. Esto es, las telefónicas no pueden ampliar su red de TV paga con ingresos de su otro negocio o viceversa… cosa que Fibertel-Clarín, por supuesto, hace desde hace rato.

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