Chantajes, mentiras y arreglos con la burocracia sindical

 

Tal como advertíamos en la edición anterior, el gobierno se apresta a armar con la burocracia sindical un combo letal para el poder adquisitivo: paritarias por debajo de la inflación ya sufrida a cambio de dinero fresco para las cajas de las obras sociales, que para los burócratas importan mucho más que las cuotas sindicales y los salarios… mientras puedan tener todo bajo control.

Se trata de un operativo de pinzas: por un lado, el macrismo ofrece la zanahoria de 26.000 millones de pesos del fondo de obras sociales que el kirchnerismo administraba con el puño cerrado; por el otro, el ministro de Finanzas Prat Gay esgrime el garrote de la amenaza del desempleo. Recordemos que el ex administrador de la fortuna de Amalita Fortabat había dicho en tono sombrío que la discusión paritaria “no es sólo la dimensión del salario, sino también cuidar el empleo” (4-1-16). El chantaje de cambiar porcentaje de aumento concreto por espantar un inasible fantasma de desocupación era tan alevoso que hasta Moyano se quejó. Pero Prat Gay no se detuvo allí, sino que insistió en la necesidad de contemplar la productividad y la rentabilidad de las empresas, so pena de pérdida de puestos de trabajo.

Por supuesto, las “exigencias” a la parte empresaria son mucho más suaves y menos concretas. Por ejemplo, les pidieron por favor si tenían a bien retrotraer los precios a los valores previos al 30 de noviembre. Les deseamos suerte. También parece que arreglaron una especie de extensión “soft” de Precios Cuidados, que estaría lista justo para marzo, cuando comienzan las rondas de negociaciones salariales.

¿Es que no van a ofrecer ni una migaja a los trabajadores? Bueno, se habla de aumentos en el salario familiar y de una eventual rebaja del IVA a ciertos productos de la canasta básica. Pero la preocupación central del gobierno es que el número promedio de la paritaria esté bien por debajo del 30 por ciento; se habla de un 25 o un 26 por ciento.

Algunos burócratas se apresuraron a mostrarse colaborativos. Andrés Rodríguez comanda un gremio, UPCN, muy afectado por los despidos en masa de estatales. Sobre eso, Rodríguez no ha propuesto mover un dedo; en cambio, salió a decir que “si las variables se reacomodan” y hubiese una estabilización de precios “podríamos hablar de esa cifra” que pide Macri, es decir, el 26 por ciento promedio.

 

Apuesta a la división y un dólar todavía incierto

 

Aquí cabe una aclaración. Una característica importante de las negociaciones paritarias de la última década es que tienen una notablemente baja dispersión de los porcentajes de aumento. Dicho más sencillamente: la mayoría de los gremios, a pesar de las situaciones a veces muy distintas de cada rama, terminan cerrando por cifras muy parecidas; no hay grandes desviaciones, ni se da el caso de gremios que hagan acuerdos marcadamente mejores, o peores, que los del resto. Esto obedecía, en parte, a presiones políticas: a despecho de las diferentes coyunturas sectoriales, no había margen para firmar acuerdos muy distintos a los del resto. En todo caso, en las ramas que lo permitían, se daban plus o premios por fuera del porcentaje salarial acordado.

Ésta es una situación que el macrismo quiere empezar a cambiar, y, fiel a su visión de libre mercado, apunta a que las realidades distintas de cada gremio redunden en convenios que reflejen esas diferencias. Por eso hacen énfasis en el aumento “promedio”, algo casi innecesario en las últimas paritarias, donde, punto más o punto menos, casi todos los gremios firmaban el mismo número. Esa mayor dispersión de porcentajes tiene varias ventajas para el gobierno: a) facilita acuerdos según la situación de cada patronal; b) le da una coartada a los burócratas de los gremios perjudicados, que ya no se verían obligados a explicar por qué no consiguieron lo mismo que los otros; c) generaría tironeos y divisiones dentro de la burocracia (y, llegado el caso, incluso entre los trabajadores), algo que sólo pueden beneficiar a las patronales y al objetivo del gobierno de hacer que las paritarias sean menos “corporativas” y reflejan más el “mercado”.

Además, recordemos que aunque en la discusión salarial se hable, como es lógico, de la inflación futura, lo que el acuerdo paritario efectivamente hace es actualizar el salario según la inflación pasada, o “vencida”. Desde ese punto de vista, el 26 por ciento que pretende el macrismo (que se podría estirar al 28, según la evolución de la inflación en las próximas semanas) estaría unos buenos 10 puntos por debajo de la inflación sufrida por los trabajadores en términos reales, esto es, de paritaria a paritaria. Tal es el cálculo que hacen las consultoras, como la de Miguel Bein (Ámbito Financiero, 31-12-15). Por dar un ejemplo, las próximas paritarias deben compensar la devaluación que ya tuvo lugar, y que no estaba contemplada en los acuerdos salariales de 2015.

De allí la tramposa afirmación de Prat Gay de que los próximos aumentos estarán “por arriba de la inflación proyectada” para 2016. La trampa es doble: por un lado, Prat Gay estima una inflación del “20 al 25 por ciento” para este año, número que no engaña a nadie; por el otro, el ministro oculta que lo que hay que recuperar es el deterioro salarial ya ocurrido, no el que está por venir.

En este terreno, juega un papel muy importante lo que ocurra con el dólar. Como decíamos en la edición anterior, los sojeros no están nada contentos con un dólar a 13 pesos y monedas; en una semana se las arreglaron para llevarlo a 14 pesos sin que el gobierno dijera ni mu. Pero el tema cambiario está lejos de haber sido resuelto, porque es objeto de una cinchada sorda y permanente: no en vano Bein, el ex asesor estrella de Scioli, advierte que el valor actual del dólar “pareciera quedar a mitad de camino entre un dólar que no conforma a los productores y que resulta demasiado ‘largo’ para los trabajadores. (…) No luce consistente para el largo plazo, pero en el corto puede funcionar” (ídem).

En el mismo sentido, otro asesor económico de un ex candidato presidencial (Massa) y ex secretario de Finanzas de Duhalde y Néstor Kirchner, Guillermo Nielsen, afirma que “el dólar actual es muy bajo”, pero lo justifica porque “hay que entender la prudencia del gobierno (…), se trata de ver que el ajuste sea lo más razonable posible y que no resulte ni salvaje ni monstruoso” (Ámbito Financiero, 13-1-16).

Como se ve, nadie en el mundo empresarial y de las finanzas supone que “la salida del cepo” se terminó con el tipo de cambio actual. Más bien al contrario: la cotización del dólar va a ser el indicador del resultado de las pulseadas sociales y políticas que están por venir, y de las cuales las paritarias son el próximo y más importante mojón. Digan lo que digan el macrismo y la burocracia sindical, acá no hay nada resuelto: ni el dólar, ni la inflación, ni el Pacto Social, ni la eventual resistencia de los trabajadores a que, mientras a unos les sacan el empleo, a los demás les meten la mano en el bolsillo.

Marcelo Yunes

 

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