Una de las razones de la “exitosa” salida del cepo (ver aparte la explicación de las comillas) es la garantía que dio el gobierno de Macri a todos los grandes jugadores de la plaza cambiaria de que entrarían suficientes dólares como para aguantar la demanda. Los sojeros cumplieron… a su manera: sólo están liquidando la mitad de las divisas que se habían comprometido, en parte por su descontento con el valor de la moneda estadounidense. Hasta hicieron un cierto parate de liquidaciones que llevó súbitamente el dólar desde los 13,20-13,30 pesos hasta 14,20, una devaluación adicional del 7,5% en una semana. Pero la apuesta más fuerte del gobierno es un acuerdo con un grupo de bancos del exterior para tomar deuda por unos 8.000 millones de dólares. Sucede que el anuncio de ese reendeudamiento está supeditado a las conversaciones que, ahora de manera oficial, van a tener lugar en Nueva York con los abogados de los buitres.
Veamos primero el paquete con los bancos. Se trata de una venta de bonos que hará el BCRA por un total de 8.000 millones de dólares, de los cuales el HSBC pondría 3.000, el Santander 1.000, y el resto se divide entre el BBVA, el JP Morgan, Goldman Sachs y el Citibank (Ámbito Financiero, 6-1-16).
A propósito: causa gracia pensar en qué va a quedar la investigación del capítulo argentino de lavado de dinero que implica al HSBC a nivel mundial por el affaire “Swissleaks” y la Lista Falciani, así como las sospechas sobre el propio actual ministro de Finanzas por un envío ilegal a Suiza de casi 20 millones de dólares de la titular del Grupo Supervielle, al que Prat Gay prestaba asesoría financiera con su empresa APL (Ámbito Financiero, 13-10-15). Claro, si el HSBC se pone con 3.000 palos verdes, la “cruzada anticorrupción” del macrismo seguramente buscará otros horizontes. Y si con el kirchnerismo la investigación de las 4.000 cuentas ilegales de argentinos en Suiza iba a paso de tortuga, ahora irá a paso de caracol… o de Ferrari, pero para el lado de limpiar al HSBC. Así funciona la Justicia desde el 10 de diciembre.[1]
Volvamos. La conmovedora fe en la Argentina y su nuevo gobierno por parte de esos filantrópicos bancos no alcanza como para que presten de pura buena voluntad: los bonos que recibirán (Bonar 2022, 2025 y 2027) pagan un generoso 7% de interés anual, y además sirven a los bancos como fuente de liquidez, ya que se pueden negociar en el mercado.
¿Alguien se opone a esta patriótica transacción? Sí, los buitres, para quienes este mecanismo no es otra cosa que emisión de deuda, y por lo tanto ya están dando los pasos legales del caso (incluidos amenazadores pedidos de informes a los propios bancos y presentaciones ante el juzgado de Griesa) para ver si pueden impedirlo.
Sin embargo, el verdadero objetivo de los buitres y holdouts no es bloquear indefinidamente toda forma de emisión de deuda, sino tener cartas más fuertes para negociar con el gobierno argentino a partir del encuentro oficial del 13 de enero en la oficina del “mediador” Pollack.[2]
Que sepa abrir la puerta para ir a endeudarse
La situación puede resumirse así: con los enviados K, no había negociación, ni diálogo, ni nada; ambas partes sabían que hasta asumido el nuevo gobierno no se iba a mover una hoja. Ahora, en cambio, tanto los buitres como el gobierno como Griesa saben que habrá negociación y que el resultado será un acuerdo de pago; lo único que está en discusión es cuáles serán los términos de ese acuerdo.
Precisamente para no darle a los buitres una posición de fuerza, el objetivo de la misión encabezada por el secretario de Finanzas Luis Caputo será convencer a Griesa de que Argentina va a pagar, de que tiene “buena fe de deudor”, y que por lo tanto se justifica que el achacoso juez neoyorquino no haga lugar al pedido de embargo que harán los buitres sobre este préstamo de 8.000 millones de verdes. La medida legal se llama “stay”, y si los enviados del gobierno logran convencer a Pollack de pedirlo, y éste logra convencer a Griesa de concederlo, eso equivaldrá a una luz verde para la operación HSBC y Cía. Mientras tanto, por supuesto, las reuniones buitres-gobierno seguirían su curso.
Macri, que es evidentemente un mal negociador (al menos cuando tiene que “representar al país”), dijo en Casa de Gobierno el día anterior a la reunión que se busca “un acuerdo razonable” (algo que también decía en su momento el kirchnerismo), pero todo el énfasis estuvo en que el principal objetivo era “cerrar el tema” y “dejar de ser catalogados como incumplidores”. Si en vísperas de una negociación una de las partes sale a decir que necesita un acuerdo, flaco favor le hace a sus emisarios…
Sucede que, como señalamos muchas veces, “cerrar” el capítulo buitres-holdouts, y encima negociando con esta “firmeza”, le va a salir al gobierno y al país un piso de 10.000 millones de dólares, que perfectamente podrían ser 15.000. Súmese a eso los 8.000 millones del crédito puente con los bancos extranjeros, la renovación del swap de monedas con China que ya está en marcha por 3.000 millones de dólares, y que todo esto no sería más que el prólogo para salir a endeudarse de verdad en los mercados internacionales de crédito, incluido el FMI (que se muere de ganas de prestarle a la Argentina). Así, superado el default, la política económica exterior de Macri apunta a un endeudamiento tan brutal que, por comparación, los 100.000 millones de pesos con los que Vidal quería arrancar el presupuesto bonaerense son casi un ejemplo de austeridad financiera.
Marcelo Yunes
Notas