LA MARCHA DE LA ECONOMÍA

Hay que reconocerle algo al gobierno: gane o pierda las elecciones, se las arregla para mantenerse en el centro de la escena con sus iniciativas. De hecho, podría decirse que es el único actor político del establishment al que se le ocurre algo, porque si algo caracteriza a la oposición de derecha (tanto política como empresarial) es que no suele tener mucho para proponer. No se le cae una idea, bah.
Y vaya si hacen falta ideas en el momento económico actual, cuando la inflación no para, el déficit estatal crece y las reservas de divisas no hacen más que caer. Ya hemos dado cuenta en ediciones anteriores del giro ortodoxo y hacia los mercados del gobierno, corporizado en el nuevo gabinete y las medidas que ya se han anunciado (acuerdos con el CIADI y con Repsol, abandono de la “morenomics” o economía controlada a punta de pistola por Guillermo Moreno, etc.). Ahora queremos poner en foco, sintéticamente sobre cuatro criterios que a nuestro entender regirán en el próximo período la política económica oficial: liberalización, endeudamiento, devaluación y ajuste.
Todas estas movidas tienen algo en común: no se trata de giros brutales o medidas de shock, sino de un curso que el gobierno aspira a tomar de la manera más gradual y controlada posible. Es decir, nada de sacudones que pongan en riesgo el ya menguado capital político K. Que esta administración de medidas pueda ser tan indolora como espera el gobierno, ya es cuestión que dependerá de la lucha de clases y del resultado que logren.

La época de los controles más groseros y torpes estilo Moreno parece quedar atrás. Uno de los reclamos unánimes del empresariado es que el famoso “cepo cambiario” ahuyenta las inversiones. Es cierto: difícilmente una compañía extranjera se proponga traer divisas si luego no puede remitir utilidades. Las remesas de divisas de las filiales locales a sus casas matrices, que fueron un récord de 4.500 millones de dólares (MD) en 2011, se derrumbaron, Moreno mediante, a sólo 250 MD en 2012. ¿Y este año? En los primeros nueve meses se autorizó la salida de unos 900 MD, de los cuales casi 400 corresponden a los últimos tres meses. Es decir, menos cepo que en 2012, todavía muy lejos de 2011, pero con tendencia ascendente.
Pues bien, la Comisión Nacional de Valores anunció que está en estudio la alternativa de descongelar la cuasi prohibición de remitir utilidades, con el objetivo de atraer capitales y capitalistas hoy reacios. También se habla de aliviar sensiblemente o eliminar el “1 a 1” de la época de Moreno, es decir, obligar a los importadores a exportar por el mismo monto por el que compraban al exterior. Algo que generaba absurdos como que importadores de autos exportaran maní o soja (que por supuesto no eran producción nueva sino simplemente usar el permiso de exportación de alguien que iba a exportar por su cuenta).
Desde ya, la “liberalización” no alcanzará a la venta de dólares al público. Después de dos años de cepo, el efecto de levantar el “síndrome de abstinencia de verdes” sería un consumo desenfrenado; no hay divisas para eso. Pero se trata de una más de las señales del gobierno al empresariado de que hay intención de “normalizar” la gestión económica y cambiar el intervencionismo matonil de Moreno por métodos más “racionales” y, sobre todo, escuchando a (no necesariamente haciendo caso de) los reclamos patronales.

Hemos tratado recientemente este tema, y es evidente que se afianza en el gobierno la postura que adelantáramos de salir a tomar deuda a los mercados financieros internacionales. En esa dirección van todos los recientes acuerdos (CIADI, Repsol, FMI). Como de todas maneras hay discordancia entre el tiempo de recoger los frutos de esas medidas y las necesidades financieras, ya está tomada la decisión de que el Estado argentino salga a endeudarse por la única vía que puede: YPF.
En efecto, el Estado argentino no puede hoy emitir deuda (o, lo que es lo mismo, nadie la tomaría), porque para los “mercados” sigue siendo un Estado en default. El juicio de los buitres en Nueva York significa, entre otras cosas, eso. Tampoco se ha cerrado un acuerdo con el Club de París, que requiere una serie de pasos previos, como la misión del FMI al país. El Estado sólo puede tomar deuda en pesos, pidiéndole a la ANSeS o al BCRA (es decir, autoprestándose). Pero hay un “alter ego”, un otro yo del Estado, que sí está en condiciones legales, técnicas y financieras de emitir deuda en dólares y encontrar tomadores: la petrolera YPF, no bien resuelva del todo la indemnización a Repsol (lo que implica que se levantan los múltiples juicios de Repsol contra el Estado). Ya se está tramitando una primera emisión de 300 MD en bonos, y se aspira a llegar a 2.000 MD (Ámbito Financiero, 2-12-13).
Es un mecanismo similar al que lleva adelante Venezuela con PDVSA (a otra escala, claro), y que le permitiría al Estado endeudarse a tasas relativamente bajas. Por supuesto, el hecho de que haya una separación jurídica entre la caja de YPF y el Tesoro nacional no es importante. En el fondo, todas las cajas del Estado, sean Tesoro, BCRA, ANSeS, YPF u otras empresas estatales, son una sola, sobre todo cuando hablamos de divisas, porque todas las entradas y salidas de dólares mueren en el Banco Central. Así, lo que recaude YPF servirá para paliar el déficit energético de 2014, de entre 7.000 y 8.000 MD.
Esto, en cierto modo, es también una señal y una buena noticia para el empresariado y para los gobernadores, en la medida en que si el Estado nacional vuelve a los mercados financieros, el resultado podría ser un endeudamiento a tasas más razonables. Claro que por ahora el que puede prefiere endeudarse en el mercado local y en pesos. Pero esta decisión allana el camino a un cambio de tendencia, siempre en el sentido de “normalidad y racionalidad”.

La estrategia cambiaria del gobierno está definida: acelerar el ritmo de devaluación del dólar oficial y meterle presión al “blue” para achicar la brecha entre ambos, de manera de tender a una convergencia (lo que haría desaparecer el dólar negro). En noviembre, el dólar oficial saltó de 5,90 a 6,13. Si ése fuera el ritmo de todo el año, la devaluación anual sería del 60%, más del doble que la inflación. Estamos hablando, por primera vez en toda la época kirchnerista, de devaluación del peso en términos reales.
Se trata de una verdadera carrera para restablecer la confianza de los inversores antes de que las reservas se vacíen de manera crítica. La cotización del dólar “blue” bajó bastante y la brecha con el oficial ronda ahora el 50%. A esto se suma el aumento del recargo AFIP del 20 al 35%, lo que apunta, también, a achicar esa diferencia.
Veamos un ejemplo: quien compre algo hoy en dólares “legales” debe pagarlos a 6,16 pesos más el 35%, es decir, 8,31 pesos. El “blue” había bajado a 9,15. La diferencia ya no es tanta como hace unos meses, con un oficial a 5,50 pesos y un blue a 10. Si la devaluación se acelera (y el blue no sube), va a ser casi igual el dólar oficial más recargo AFIP que el ilegal. Esto es, la “convergencia” entre ambas cotizaciones (algo que ya casi está sucediendo con el dólar “contado con liquidación”, que es legal). A partir de ese punto, especula el gobierno, la existencia misma de un dólar paralelo empieza a dejar de tener sentido.
Desde ya, esto sólo apunta a aliviar el problema cambiario y de reservas, pero a la vez crea otro: a mayor devaluación, mayor presión sobre los precios, es decir, mayor inflación. Pero el gobierno, parece, prefiere atacar los problemas más urgentes primero, a riesgo de agravar los que le quedan.

En lo más íntimo del círculo K, como el secretario legal y técnico de Presidencia, califican irónicamente a Capitanich de “CEO”, esto es, Chief Executive Officer, el máximo cargo gerencial de las grandes corporaciones privadas. El apodo no es antojadizo: parte del perfil “ejecutivo” del nuevo jefe de gabinete es que “parece decidido a convertirse en una especie de comisario político y económico que fiscalice y vigile las cuentas de cada área” (Ámbito Financiero, 2-12-13). Así, por ejemplo, ya tuvo reuniones con los funcionarios del Fútbol para Todos, cuyas cuentas dudosas son blanco preferido de las “investigaciones” del periodismo gorila estilo Lanata y Cía.
Desde ya, el monitoreo de las cuentas fiscales tendrá como aspecto privilegiado el tema tarifas de servicios. Es posible que en los próximos días haya anuncios referidos a la reducción de subsidios (lo que equivale, si no a aumento de tarifa, sí a un aumento de lo que paga el bolsillo del usuario) en electricidad y gas, a lo que seguirían AySA (agua) y un retoque a las tarifas del transporte. Sucede que la cuenta de subsidios, como señalamos en ediciones anteriores, sigue creciendo como un globo: en lo que va del año aumentó un 55% con respecto a 2012. Y el déficit fiscal real obliga al Estado a apelar a las arcas del BCRA y la ANSeS, que ya tienen que ayudar a atajar el dólar y no dan abasto para todo. Qué buenos tiempos aquellos los de los superávits gemelos (fiscal y comercial), deben suspirar los que todavía se acuerdan qué era eso…
Así y todo, en este terreno como en los anteriores, el volantazo hacia la ortodoxia, el ajuste, la “racionalidad” y los buenos modales (ahora resulta que Capitanich da conferencias de prensa y recibe a la oposición como un lord inglés) se hará al estilo K. Es decir, midiendo todo el tiempo el efecto político de las medidas antipáticas, avanzando cuando se pueda y retrocediendo (con orden o en chancletas) cuando la cosa se pone espesa y la bronca sube.

De todas maneras, estos esquemas posiblemente estén pensados para pasar no el invierno, como decía el finado liberal Alsogaray, sino el verano, este verano de 2014. Porque enseguida se vendrán las paritarias, con el intento del gobierno de negociarlas a la baja, ya es un rumor creciente que Cristina pretende imponer un techo al salario que ronda el 20% frente a una inflación creciente que alcanzaría el 28 o 30%. Es en esta situación donde aparecen los eternos retaceos de la burocracia sindical, pero también la posibilidad de que tallen luchas y reclamos obreros de manera independiente. Ahí va a empezar a tomar su verdadera forma esta “transición”, que el kirchnerismo pretende iniciar con tan buenos modales hacia los empresarios y los mercados. En todo caso, en los en los últimos días se vienen manifestando signos crecientes de conflictividad social. Los saqueos en Córdoba, en el marco del acuartelamiento policial, son un claro síntoma de deterioro creciente de las condiciones materiales de vida en amplias franjas de la población. Es así que la izquierda revolucionaria debe prepararse para las luchas que empiezan a despuntar en el horizonte. Impulsar cada lucha contra el ajuste K, apostando al desborde de la burocracia y profundizar nuestra influencia orgánica en el seno del movimiento obrero. A los efectos de esta preparación es que desde el Nuevo MAS realizaremos nuestro Plenario Nacional es próximo 14 y 15 de octubre en el hotel Bauen, donde debatiremos la situación política nacional y los pasos a  seguir.

Hay que reconocerle algo al gobierno: gane o pierda las elecciones, se las arregla para mantenerse en el centro de la escena con sus iniciativas. De hecho, podría decirse que es el único actor político del establishment al que se le ocurre algo, porque si algo caracteriza a la oposición de derecha (tanto política como empresarial) es que no suele tener mucho para proponer. No se le cae una idea, bah.
Y vaya si hacen falta ideas en el momento económico actual, cuando la inflación no para, el déficit estatal crece y las reservas de divisas no hacen más que caer. Ya hemos dado cuenta en ediciones anteriores del giro ortodoxo y hacia los mercados del gobierno, corporizado en el nuevo gabinete y las medidas que ya se han anunciado (acuerdos con el CIADI y con Repsol, abandono de la “morenomics” o economía controlada a punta de pistola por Guillermo Moreno, etc.). Ahora queremos poner en foco, sintéticamente sobre cuatro criterios que a nuestro entender regirán en el próximo período la política económica oficial: liberalización, endeudamiento, devaluación y ajuste.
Todas estas movidas tienen algo en común: no se trata de giros brutales o medidas de shock, sino de un curso que el gobierno aspira a tomar de la manera más gradual y controlada posible. Es decir, nada de sacudones que pongan en riesgo el ya menguado capital político K. Que esta administración de medidas pueda ser tan indolora como espera el gobierno, ya es cuestión que dependerá de la lucha de clases y del resultado que logren.

La época de los controles más groseros y torpes estilo Moreno parece quedar atrás. Uno de los reclamos unánimes del empresariado es que el famoso “cepo cambiario” ahuyenta las inversiones. Es cierto: difícilmente una compañía extranjera se proponga traer divisas si luego no puede remitir utilidades. Las remesas de divisas de las filiales locales a sus casas matrices, que fueron un récord de 4.500 millones de dólares (MD) en 2011, se derrumbaron, Moreno mediante, a sólo 250 MD en 2012. ¿Y este año? En los primeros nueve meses se autorizó la salida de unos 900 MD, de los cuales casi 400 corresponden a los últimos tres meses. Es decir, menos cepo que en 2012, todavía muy lejos de 2011, pero con tendencia ascendente.
Pues bien, la Comisión Nacional de Valores anunció que está en estudio la alternativa de descongelar la cuasi prohibición de remitir utilidades, con el objetivo de atraer capitales y capitalistas hoy reacios. También se habla de aliviar sensiblemente o eliminar el “1 a 1” de la época de Moreno, es decir, obligar a los importadores a exportar por el mismo monto por el que compraban al exterior. Algo que generaba absurdos como que importadores de autos exportaran maní o soja (que por supuesto no eran producción nueva sino simplemente usar el permiso de exportación de alguien que iba a exportar por su cuenta).
Desde ya, la “liberalización” no alcanzará a la venta de dólares al público. Después de dos años de cepo, el efecto de levantar el “síndrome de abstinencia de verdes” sería un consumo desenfrenado; no hay divisas para eso. Pero se trata de una más de las señales del gobierno al empresariado de que hay intención de “normalizar” la gestión económica y cambiar el intervencionismo matonil de Moreno por métodos más “racionales” y, sobre todo, escuchando a (no necesariamente haciendo caso de) los reclamos patronales.

Hemos tratado recientemente este tema, y es evidente que se afianza en el gobierno la postura que adelantáramos de salir a tomar deuda a los mercados financieros internacionales. En esa dirección van todos los recientes acuerdos (CIADI, Repsol, FMI). Como de todas maneras hay discordancia entre el tiempo de recoger los frutos de esas medidas y las necesidades financieras, ya está tomada la decisión de que el Estado argentino salga a endeudarse por la única vía que puede: YPF.
En efecto, el Estado argentino no puede hoy emitir deuda (o, lo que es lo mismo, nadie la tomaría), porque para los “mercados” sigue siendo un Estado en default. El juicio de los buitres en Nueva York significa, entre otras cosas, eso. Tampoco se ha cerrado un acuerdo con el Club de París, que requiere una serie de pasos previos, como la misión del FMI al país. El Estado sólo puede tomar deuda en pesos, pidiéndole a la ANSeS o al BCRA (es decir, autoprestándose). Pero hay un “alter ego”, un otro yo del Estado, que sí está en condiciones legales, técnicas y financieras de emitir deuda en dólares y encontrar tomadores: la petrolera YPF, no bien resuelva del todo la indemnización a Repsol (lo que implica que se levantan los múltiples juicios de Repsol contra el Estado). Ya se está tramitando una primera emisión de 300 MD en bonos, y se aspira a llegar a 2.000 MD (Ámbito Financiero, 2-12-13).
Es un mecanismo similar al que lleva adelante Venezuela con PDVSA (a otra escala, claro), y que le permitiría al Estado endeudarse a tasas relativamente bajas. Por supuesto, el hecho de que haya una separación jurídica entre la caja de YPF y el Tesoro nacional no es importante. En el fondo, todas las cajas del Estado, sean Tesoro, BCRA, ANSeS, YPF u otras empresas estatales, son una sola, sobre todo cuando hablamos de divisas, porque todas las entradas y salidas de dólares mueren en el Banco Central. Así, lo que recaude YPF servirá para paliar el déficit energético de 2014, de entre 7.000 y 8.000 MD.
Esto, en cierto modo, es también una señal y una buena noticia para el empresariado y para los gobernadores, en la medida en que si el Estado nacional vuelve a los mercados financieros, el resultado podría ser un endeudamiento a tasas más razonables. Claro que por ahora el que puede prefiere endeudarse en el mercado local y en pesos. Pero esta decisión allana el camino a un cambio de tendencia, siempre en el sentido de “normalidad y racionalidad”.

La estrategia cambiaria del gobierno está definida: acelerar el ritmo de devaluación del dólar oficial y meterle presión al “blue” para achicar la brecha entre ambos, de manera de tender a una convergencia (lo que haría desaparecer el dólar negro). En noviembre, el dólar oficial saltó de 5,90 a 6,13. Si ése fuera el ritmo de todo el año, la devaluación anual sería del 60%, más del doble que la inflación. Estamos hablando, por primera vez en toda la época kirchnerista, de devaluación del peso en términos reales.
Se trata de una verdadera carrera para restablecer la confianza de los inversores antes de que las reservas se vacíen de manera crítica. La cotización del dólar “blue” bajó bastante y la brecha con el oficial ronda ahora el 50%. A esto se suma el aumento del recargo AFIP del 20 al 35%, lo que apunta, también, a achicar esa diferencia.
Veamos un ejemplo: quien compre algo hoy en dólares “legales” debe pagarlos a 6,16 pesos más el 35%, es decir, 8,31 pesos. El “blue” había bajado a 9,15. La diferencia ya no es tanta como hace unos meses, con un oficial a 5,50 pesos y un blue a 10. Si la devaluación se acelera (y el blue no sube), va a ser casi igual el dólar oficial más recargo AFIP que el ilegal. Esto es, la “convergencia” entre ambas cotizaciones (algo que ya casi está sucediendo con el dólar “contado con liquidación”, que es legal). A partir de ese punto, especula el gobierno, la existencia misma de un dólar paralelo empieza a dejar de tener sentido.
Desde ya, esto sólo apunta a aliviar el problema cambiario y de reservas, pero a la vez crea otro: a mayor devaluación, mayor presión sobre los precios, es decir, mayor inflación. Pero el gobierno, parece, prefiere atacar los problemas más urgentes primero, a riesgo de agravar los que le quedan.

En lo más íntimo del círculo K, como el secretario legal y técnico de Presidencia, califican irónicamente a Capitanich de “CEO”, esto es, Chief Executive Officer, el máximo cargo gerencial de las grandes corporaciones privadas. El apodo no es antojadizo: parte del perfil “ejecutivo” del nuevo jefe de gabinete es que “parece decidido a convertirse en una especie de comisario político y económico que fiscalice y vigile las cuentas de cada área” (Ámbito Financiero, 2-12-13). Así, por ejemplo, ya tuvo reuniones con los funcionarios del Fútbol para Todos, cuyas cuentas dudosas son blanco preferido de las “investigaciones” del periodismo gorila estilo Lanata y Cía.
Desde ya, el monitoreo de las cuentas fiscales tendrá como aspecto privilegiado el tema tarifas de servicios. Es posible que en los próximos días haya anuncios referidos a la reducción de subsidios (lo que equivale, si no a aumento de tarifa, sí a un aumento de lo que paga el bolsillo del usuario) en electricidad y gas, a lo que seguirían AySA (agua) y un retoque a las tarifas del transporte. Sucede que la cuenta de subsidios, como señalamos en ediciones anteriores, sigue creciendo como un globo: en lo que va del año aumentó un 55% con respecto a 2012. Y el déficit fiscal real obliga al Estado a apelar a las arcas del BCRA y la ANSeS, que ya tienen que ayudar a atajar el dólar y no dan abasto para todo. Qué buenos tiempos aquellos los de los superávits gemelos (fiscal y comercial), deben suspirar los que todavía se acuerdan qué era eso…
Así y todo, en este terreno como en los anteriores, el volantazo hacia la ortodoxia, el ajuste, la “racionalidad” y los buenos modales (ahora resulta que Capitanich da conferencias de prensa y recibe a la oposición como un lord inglés) se hará al estilo K. Es decir, midiendo todo el tiempo el efecto político de las medidas antipáticas, avanzando cuando se pueda y retrocediendo (con orden o en chancletas) cuando la cosa se pone espesa y la bronca sube.

De todas maneras, estos esquemas posiblemente estén pensados para pasar no el invierno, como decía el finado liberal Alsogaray, sino el verano, este verano de 2014. Porque enseguida se vendrán las paritarias, con el intento del gobierno de negociarlas a la baja, ya es un rumor creciente que Cristina pretende imponer un techo al salario que ronda el 20% frente a una inflación creciente que alcanzaría el 28 o 30%. Es en esta situación donde aparecen los eternos retaceos de la burocracia sindical, pero también la posibilidad de que tallen luchas y reclamos obreros de manera independiente. Ahí va a empezar a tomar su verdadera forma esta “transición”, que el kirchnerismo pretende iniciar con tan buenos modales hacia los empresarios y los mercados. En todo caso, en los en los últimos días se vienen manifestando signos crecientes de conflictividad social. Los saqueos en Córdoba, en el marco del acuartelamiento policial, son un claro síntoma de deterioro creciente de las condiciones materiales de vida en amplias franjas de la población. Es así que la izquierda revolucionaria debe prepararse para las luchas que empiezan a despuntar en el horizonte. Impulsar cada lucha contra el ajuste K, apostando al desborde de la burocracia y profundizar nuestra influencia orgánica en el seno del movimiento obrero. A los efectos de esta preparación es que desde el Nuevo MAS realizaremos nuestro Plenario Nacional es próximo 14 y 15 de octubre en el hotel Bauen, donde debatiremos la situación política nacional y los pasos a  seguir.

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