“El festival de bonos se completará a lo largo del año con lo que se necesario emitir para cerrar el rojo fiscal. Según un informe de la JP Morgan sobre los lanzamientos de bonos que hará la Argentina en 2016, calculan entre 15.000 y 18.000 millones de dólares en deuda adicional. Las estimaciones oficiales son más optimistas: de 12.000 a 15.000 millones de dólares (contemplan un rojo fiscal del 4,8% del PBI este año). (…) Así, el total de bonos a lanzar este año será de casi 30.000 millones de dólares. Las emisiones de provincias sumarían unos 3.000 millones de dólares este año. El año 2016 será bipolar: por un lado, la salida del default total; por el otro, el ‘empapelamiento’ del mercado. Se pagan los excesos de alcohol y se festeja con whisky” (G. Laborda, Ámbito Financiero, 8-3-16).
El Nada Honorable Congreso de la Nación se dispone a sancionar la derogación de las leyes que hoy operan como obstáculo legal para que el Estado argentino finiquite el acuerdo con los fondos buitres y otros hold outs, las de pago soberano y la llamada “ley cerrojo” que impedían mejorar a otros acreedores la oferta que se hizo en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010. Hemos regresado al triste espectáculo, tan habitual en los 90 (y no es lo único que recuerda esa época, como veremos), de que los tiempos de las decisiones del Parlamento y del gobierno argentino los dicta una autoridad extranjera. En este caso, un juez de Estados Unidos de jurisdicción local (ni siquiera la Corte Suprema yanqui, caramba). Es como si el sistema político de un país deudor de la Argentina se viera totalmente alborotado por una decisión de un juez de Río Cuarto.
La fecha fatídica establecida por Thomas Griesa para que el acuerdo se concrete y él levante las medidas legales que hoy pesan contra la Argentina y le impiden liquidar pagos a los acreedores “comunes”, así como emitir deuda en los mercados internacionales, es el 14 de abril. Ese día, Argentina deberá pagarles en efectivo y de un saque 4.653 millones de dólares a varios fondos buitres, incluido el más recalcitrante, el de Paul Singer (Elliott).
En realidad, formalmente el default no termina: quedan acreedores por unos 3.000 millones de dólares que no entraron al acuerdo. Pero lo que le importa al gobierno es que Griesa levante las restricciones para endeudarse y dé por terminado el “juicio del siglo”. Una vez logrado esto, los acreedores que restan no son importantes ni legal, ni económica, ni políticamente.
Para llegar al 14 de abril en condiciones de efectuar el pago es que se apuran los tiempos de debate en el Congreso, desfilan ministros y “expertos” en las comisiones parlamentarias, se hacen reuniones febriles entre Prat Gay y Sergio Massa, entre Macri y los intendentes, entre el ministro del Interior y los gobernadores, entre todos los que tienen algo que ganar de este acuerdo (y casi ninguno de los que tiene mucho que perder). Todos corren detrás del ultimátum de Griesa. Y ya hay fecha para votar en Diputados el dictamen oficial: será el martes 15.
En un gesto de responsabilidad institucional y resguardo de la soberanía, Massa negoció con el macrismo un tope de endeudamiento (para esta ocasión, se entiende) de “apenas” 12.000 millones de dólares, contra los 15.000 millones que pretendía el PRO. El bloque de Karrepentidos (Bossio y compañía) también dará número para votar y para el quórum, con lo que el dictamen tiene la aprobación asegurada en Diputados.
Macrinomics: menemismo con dólar alto
El fondo de la cuestión, más allá de los detalles técnicos, es el siguiente. Bajo el kirchnerismo el esquema económico se sustentaba en abundancia de dólares que venían del comercio exterior (gracias al ciclo extraordinario de las materias primas motorizado por China). Esa abundancia le daba solidez a las cuentas fiscales (menos afectadas por la carga de la deuda) y generó un crecimiento económico basado en el mercado interno y las divisas del complejo agrícola. Ese crecimiento mejoró la tasa de empleo y, durante unos años, aumentó el salario real y medido en dólares. La rebelión de la patronal agraria de 2008 fue, esencialmente, un reclamo de mayores beneficios en un esquema donde (todavía) casi nadie perdía.
Mientras tanto, el kirchnerismo no aprovechó ese flujo de fondos para modificar en nada la estructura del capitalismo argentino, cuya inserción en la división internacional del trabajo es marginal y de productor de commodities. La industria siguió siendo tan dependiente de la tecnología y el capital extranjero como siempre; la infraestructura siguió siendo la de hace décadas en energía y transporte; la matriz productiva no cambió nada de lo esencial. En consecuencia, cuando se acabó la “plata fácil” (precios internacionales altos), el kirchnerismo no supo hacer ninguna otra cosa más que administrar políticamente el lento declive de un modelo económico que no podía sostenerse en el tiempo con precios bajos de las exportaciones. La “salida triunfal” de Cristina con altos niveles de aprobación es un espejismo: rinde tributo a cierta habilidad del kirchnerismo para dosificar el desgaste preservando su imagen política, pero en el fondo éste ya no tenía absolutamente nada que ofrecer en materia económica, más que la añoranza de tiempos idos que no volverán. Parte del electorado y la clase capitalista argentina íntegra percibieron este callejón sin salida y, aunque por razones distintas, compraron el “cambio” que prometía Macri.
Ahora bien, si el kirchnerismo no movió un milímetro las bases estructurales de la Argentina capitalista tal como es, con todas sus rémoras, muchísimo menos lo hará Macri, cuyo programa y objetivo es “normalizar” el funcionamiento de la economía, la política y la sociedad en el sentido de administrar el Estado en beneficio de los dueños del país, sin molestas ataduras “populistas” tributarias de la crisis de 2001 y el Argentinazo.
Esta economía argentina no puede funcionar sin dólares. Con su enorme nivel de extranjerización productiva y financiera, es imposible que se plantee “vivir con lo nuestro”, como proponía el recientemente fallecido Aldo Ferrer. El kirchnerismo los obtuvo de un comercio exterior de inédita generosidad, ya que jamás se le ocurrió nacionalizar la banca o monopolizar el manejo de divisas; mucho menos cortar la sangría de pagos de deuda, que se llevó, según confesión de la propia Cristina, más de 200.000 millones de dólares. El menemismo, por su parte, conseguía dólares endeudándose y malvendiendo (o regalando) activos y sectores de la economía enteros al capital extranjero, abriendo una brecha social inmensa entre las ganancias de los capitalistas y los ingresos populares. Es éste el camino que ahora retoma Macri.
Recordemos algunos números: Menem asumió en 1989 con 56.000 millones de dólares de deuda; sin dejar de pagar jamás puntualmente todos los vencimientos, se fue diez años después con una deuda que era exactamente el doble, 112.000 millones. Néstor Kirchner recibió una deuda de 150.000 millones (o 180.000 millones, según cómo se calcule). Hoy supera los 300.000 millones ¡después de haber pagado 200.000 millones y de haber suspendido pagos durante años! Es verdad, como señalamos muchas veces, que se estatizó una parte importante de la deuda al nacionalizar las AFJP. Pero eso no dejó “resuelto” ni mucho menos el resto de los problemas. Sólo le dejó al macrismo la posibilidad de volver a endeudarse a lo grande (algo que, de otro modo y a otro ritmo, también iba a hacer Scioli si ganaba).
Como dice el acápite, el plan de Macri es endeudarse en no menos de 30.000 millones de dólares. Y eso sólo el Estado nacional: provincias, empresas privadas y hasta municipios están haciendo fila para volver a endeudarse mientras puedan. El contexto internacional no es tan favorable al endeudamiento de países como Argentina como hace unos años, pero aún es posible emitir deuda y encontrar interesados, sobre todo dadas las generosas tasas de interés que deberá pagar el país, en momentos en que buena parte del mundo tiene tasa cero o incluso negativa.
Macri busca endeudarse ahora, a diferencia de los años 90, no para sostener un tipo de cambio artificialmente alto (dólar barato), sino para sostener un nivel de gasto estatal “políticamente forzado” por las circunstancias de la lucha de clases de la Argentina a partir de 2001. En efecto, después de la década del 90, de ajuste brutal, desocupación, Estado escuálido y mercados rampantes, la reacción popular obligó a mover el péndulo en la dirección opuesta. Los Kirchner fueron en su momento, de todo el elenco de políticos de la clase capitalista, los que mejor entendieron esa necesidad dictada por los hechos. El “gasto público” del que abominan los economistas neoliberales no es más que una expresión distorsionada de relaciones de fuerza entre las clases sociales. Relaciones de fuerza que Macri (con el apoyo de la burguesía argentina) se propone cambiar, pero todavía no lo ha hecho. Sólo lo logrará si impone esa reducción del gasto público y orienta las finanzas estatales no hacia atender necesidades populares, sino a honrar el servicio de deuda externa. Es la “pata fiscal” de una redistribución del ingreso social en favor de los empresarios y contra los trabajadores, que deberá complementar con cambios sustanciales en las relaciones de fuerza laborales y la tasa de desempleo.
La mentira de la “deuda buena” y la realidad del ajuste
Conscientes de que, en parte por la influencia de los años K, la idea de endeudarse es vista con desconfianza por amplios sectores populares, Macri y los medios afines intentan instalar la idea de que “todos los países tienen deuda”, que “la deuda en sí no es buena ni mala, lo que importa es en qué se gasta” y que “es la oportunidad para financiar obras de infraestructura pendientes”. Por ejemplo, un referente económico de Cambiemos, el radical Javier González Fraga, ex presidente del BCRA, dijo que el acuerdo permite “abrir la puerta del financiamiento de obras de infraestructura y financiamiento para pymes”.
Empecemos aclarando que no estamos hablando de cualquier emisión de deuda. Se trata, como lo señalara con cierta preocupación el Financial Times, la más grande emisión de deuda a cargo de un país no desarrollado desde 1996. Pero en cuanto al carácter “virtuoso” de ese endeudamiento, ya desde el propio gobierno se encargan de aventar tales ilusiones. El mismo ministro Prat Gay dijo el viernes 4 que “se requiere emitir deuda por 11.684 millones de dólares”, pero se pedirá autorización al Congreso para emitir 15.000 millones para “financiar otros vencimientos y déficit fiscal”.
Y ya vimos que el plan de emisión de deuda no se detiene allí, sino que continuará. Además de la deuda que emita el gobierno para pagar a los buitres, “se estima que buscarán otros 15.000 millones de dólares para cubrir las necesidades de financiamiento de 2016. Esto podría saturar el mercado internacional de bonos argentinos, por lo que parece razonable apurarse para conseguir fondos frescos y no correr el riesgo de un incremento de tasas” de interés por esa deuda (P. Wende, Ámbito Financiero, 8-3-16).
Causa risa escuchar a los propagandistas de las virtudes de la deuda cuando estamos asistiendo a una verdadera carrera entre Estado nacional, provincias, empresas y hasta municipios por ver quién se endeuda primero y por mayor monto; la tasa es casi lo de menos, lo que importa es recibir billetes verdes. Y nos permitimos dudar de que toda esa gente tenga en mente el loable objetivo de darle un uso estratégico en inversiones a largo plazo a ese maná del cielo, después de años de astringencia.
Pruebas al canto: el tema dominante en las negociaciones entre el gobierno nacional y los gobernadores no fue exactamente las obras de infraestructura pendientes, caminos, puertos o energía, sino cómo tapar los huecos fiscales indisimulables en los gastos corrientes de las provincias. Cuenta un periodista: “El secreto de esa negociación que pretenden es que Macri deje de alimentar a Massa y proceda a acordarles una suma fija mínima en reembolso y papeles con garantías de coparticipación para salir a buscar deuda. El incendio financiero en el interior es tal que el único miedo que tienen esos caciques es no poder salir a tiempo y que otras provincias les ganen” (R. Rabanal, Ámbito Financiero, 8-3-16). Lo mismo ocurre con el sector privado: sólo entre IRSA, Tarjeta Naranja y Banco Macro hay planes de emisión de cerca de 1.000 millones de dólares de deuda. Digamos que esos bancos y emprendimientos financieros no son exactamente garantía de endeudamiento “virtuoso” para “obras de infraestructura”.
Es exactamente la misma película que en los 90, aunque probablemente ahora los desarrollos tarden mucho menos de una década: primero el endeudamiento, después el ajuste brutal. Es por eso que, ahora que el acuerdo con los buitres, la salida del default y el comienzo del reendeudamiento son casi un hecho, aparecen los profetas del ajuste. Dentro del gobierno el principal abanderado es Carlos Melconian, titular del Banco Nación, y fuera de él, todo el elenco estable neoliberal de consultoras, fundaciones y universidades privadas: Miguel Ángel Broda, Juan Carlos de Pablo, Carlos Rodríguez, Daniel Marx, José Luis Espert (que ahora propone directamente eliminar el empleo público, como antes sugería eliminar las paritarias), FIEL, el propio González Fraga y sigue la lista.(1)
El principal temor de esa gente es que el gobierno ceda a la “tentación populista” y renuncie al ajuste, o lo suavice, en función de que tiene otros ingresos (la deuda) garantizados. Por el contrario, es el momento de redoblar el paso: deuda y ajuste deben ir de la mano. Como resume uno de los garcas, Juan Carlos De Pablo: “Guarda con la tentación que han sufrido gobiernos de diversos signos políticos de que como me puedo endeudar entonces no tengo que hacer ningún ajuste” (en una entrevista cuyo significativo título es “Sin ajuste no sé cómo van a bajar la inflación”, Ámbito Financiero, 8-3-16).
En esta cruzada por el ajuste post deuda, Macri no carece de aliados. Hay gobernadores, especialmente (pero no solamente) de Cambiemos, tan desesperados por las exigencias fiscales que están incluso a la derecha de Macri. Dice un radical: “Esteban Bullrich negocia como Cristina: les da 40% de aumento a los maestros sin exigirles reformas. Después acá nos ligamos el apriete de los gremios. Este PRO era desconocido para nosotros” (R. Rabanal, cit.). ¡Este “PRO desconocido” es el que se atreve a hacer algo que se desvíe apenas un par de centímetros del ajuste más grosero!
Y falta otro aliado tan o más importante: la burocracia sindical, que se lleva el reconocimiento de la gente que entiende cómo son las cosas: “Si hay gente absolutamente realista son los dirigentes sindicales, por lo menos los gordos de la CGT. (…) Ejemplo: en 2002 ninguno salió a decir que no iba a permitir que cayera el salario real respecto de 2001” (Juan Carlos De Pablo, cit.). No nos olvidemos de los intendentes, con quienes Macri abrió una línea directa en una reunión del lunes 7, cuyo contenido fue simple: “Si necesitan puentear a los gobernadores para pedir plata u otras cosas, acá estamos”. Pensar que de uno y otro lado del mostrador éstos eran los que se quejaban del “estilo prepotente” del kirchnerismo…
Mientras tanto, inflación y despidos
A todo esto, todas las consultoras coinciden en que la inflación se acelera en vez de frenarse. Según la consultora C&T, fue en febrero del 4,5%. El Estudio Bein estimó el 3,7%, pero el 4% si se consideran los indicadores del IPCNu. Bein agrega que la suba del dólar generó una “segunda ola” de remarcación de precios en la segunda mitad de febrero, lo que deja un arrastre importante para el índice de marzo. El 6,6% del primer bimestre, si se lo anualiza, da arriba del 46% para 2016. Citemos por última vez a De Pablo: “Este gobierno arranca con cierta credibilidad, pero si hacés ciertas cosas, se complica. Algunos de los pronunciamientos originales por suerte ya no los dicen más, que iban a retrotraer los precios a noviembre y bajar la inflación al 25%”. Entre algunas tímidas invocaciones de algún funcionario macrista a la meta del 25% anual y este cínico diagnóstico, ya saben a quién le creemos más.
La ola de despidos arrecia; ya superan los 100.000 sumando los sectores público y privado. Esto empieza a preocupar a los trabajadores y envalentona a las patronales, que se atreven a movidas como cuestionar el 20% semestral que habían negociado con el burócrata Cavalieri, de Comercio. En efecto, el acuerdo está por caerse porque los empresarios dicen que el 20% es sobre el básico y no sobre el total de ingresos, con lo que el aumento de bolsillo es casi ridículo.
La estrategia del gobierno es cristalina: deuda, tarifazos, despidos para asustar, paritarias a la baja “para cuidar la fuente de trabajo”, caída del consumo, recesión… y, por fin, baja de la inflación. No es ningún mérito haber dicho desde estas páginas que la única política antiinflacionaria de Macri es la recesión; dado el carácter del gobierno y sus primeros pasos, no cabía ninguna otra conclusión.
Otro de los factores que alimenta la recesión que ya ha empezado es la sideral suba de tasas del Banco Central, que llega al 38% anual. Sucede que, mientras la “lluvia de dólares” (de los exportadores, de los inversores, de los amigos, de la deuda, de lo que sea) siga siendo sequía, se secan también las reservas del BCRA, que cayeron 2.000 millones. Para colmo, el Central bajó la exigencia de encajes mínimos en dólares a los bancos. Esa cuenta del BCRA, que computa como reservas, bajó de 8.800 a 6.700 millones: los bancos se llevaron esos dólares para financiar importaciones o, directamente, para fugarlos.(2) El resultado directo e inmediato de la suba de tasas es la contracción del crédito a la producción (ya que es mucho más rentable prestarle al BCRA) y, por consiguiente, una profundización de la recesión.
Como se ve, todo el paquete económico macrista puede ser acusado de muchas cosas, pero no de incoherencia con su objetivo de torcerle el brazo a la clase trabajadora y a los sectores populares bajo las más diversas formas de ataque a sus ingresos, derechos y nivel de vida, en beneficio de los mismos que se llevaron la parte del león en los 90 (los mismos sectores y, a veces, las mismas instituciones y hasta las mismas personas). El gobierno de Macri sigue dando pasos, pero aún no se atreve a enfrentar abiertamente a los sectores sociales y a las relaciones de fuerza entre las clases que son su verdadera “pesada herencia recibida”. Es tarea central de la izquierda tener claridad sobre esto y prepararse para enfrentar y derrotar este ataque reaccionario en todos los terrenos y también en el económico.
Marcelo Yunes
Notas
1- Citemos un solo ejemplo representativo: “Se necesita un rápido ajuste fiscal para que al mercado le resulte creíble la desaparición de la dominancia fiscal”, es decir, que la política monetaria le preste atención a las necesidades del presupuesto estatal. “La inflación crónica argentina surge de la monetización de los déficits públicos”, es decir, emitir para cubrir el déficit del Estado, con lo que sólo “se intercambia inflación presente por inflación futura” (Eduardo Ganapolsky, Ámbito Financiero, 8-3-16).
2- Causa gracia ahora recordar las estridentes denuncias de la derecha macrista contra el “vaciamiento” del BCRA. La deuda del banco, las Lebac, pasaron del 50% de la base monetaria en de febrero 2015 al 80% en febrero 2016. Esa deuda es emitida a una tasa altísima y con vencimientos muy cortos: por ejemplo, el 8 de marzo renovó letras por 56.000 millones de pesos, de los cuales 50.200 (el 90%) se renovaron a 35 días con la tasa más alta, del 38% anual. Sólo en marzo, el BCRA tiene vencimientos de letras por 240.000 millones de pesos, que equivalen a 15.000 millones de dólares. Y recordemos que de los supuestos 28.000 millones de dólares de reservas, 5.000 son el préstamo que hicieron los bancos en enero. Comparando reservas propias antes y después de Macri, la situación del BCRA es hoy mucho más comprometida todavía. La fecha límite de Griesa no es el único incentivo para cerrar cuanto antes el capítulo buitres…
Un elemento que parece anecdótico pero revela aspectos más profundos es que de todas las acreencias pendientes con el Estado por la deuda en default, hay unos 1.500 millones de dólares en bonos (que podían terminar siendo 4.500 millones sumando intereses y punitorios) que sencillamente nadie reclama, sea porque estaban en manos de bonistas que murieron y están en sucesión, o porque fueron compras no declarables, o (en el caso de muchos bonos europeos) prescribieron.
El pícaro diputado Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, se vanagloria de haber reducido el monto total del reclamo desde 18.824 millones de dólares a 11.684 millones, en lo que sería “una quita del 38%”. Si tenemos en cuenta que de esos 7.140 millones de diferencia, los 4.500 que nadie reclama no representan ningún mérito propio, y dando por bueno todo lo demás, la “quita” real no llega al 14%. Para no hablar de que se reconocen honorarios de abogados litigantes por 235 millones de dólares, algo que debe haber dejado muertos de envidia a los abogados del resto del planeta.
La oferta macrista es tan increíblemente generosa que la semana pasada, los papeles aún en default se vendían a 140 dólares por cada 100 de valor nominal, y había varios fondos de cobertura (hedgefunds) que compraban de apuro para después acogerse a la propuesta oficial. Si recordamos que la mayoría de los buitres compraron esos bonos en default mucho después de 2001 (algunos en 2008 o incluso 2012) a no más del 20-30% de su valor nominal, se podrá tener una idea de lo gigantesco de este negocio.
M.Y.
La tasa de endeudamiento post default
El macrismo y sus satélites mediáticos (¿o los pulpos mediáticos y su satélite en la Rosada?) repiten hasta la náusea que la salida del default representa el “regreso al mundo”. En términos financieros, esto se concretaría en una mejora de la nota argentina según las agencias internacionales de calificación de riesgo como Fitch, Standard &Poor’s y Moody’s. Lo que esa gente no dice en voz tan alta es que la deuda soberana del país saldría del “SD” (default selectivo), es cierto, pero sólo para pasar, en el mejor de los casos, a una calificación del orden de la “B” (a unos cuantos escalones del “grado de inversión”, BBB).
El Financial Times considera que, al menos al principio, el país no podría emitir deuda a menos del 8% de interés anual, lo que, francamente, no es mucho menos que lo que habría conseguido el kirchnerismo “caído del mundo” si no hubiera estado el embargo de Griesa de por medio.
El kirchnerismo se financió localmente, en condiciones muy adversas, a cerca del 9,5% anual, que es lo va a pagar el próximo bono a emitirse por parte de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. En efecto, la provincia de Buenos Aires ya prepara un bono a siete años por unos 1.000 millones de dólares a una tasa bien alta, del 9 al 9,5%. Por supuesto, estas operaciones las coordinan bancos como el HSBC, el Citi y la JO Morgan. No por nada los bancos se relamían con la asunción de Macri…
Pero supongamos que como Macri es rubio, de ojos celestes y amigo de Cameron rápidamente baja la tasa y se acerca a esa “B” de calificación. En ese caso, la Argentina podría conseguir financiamiento a una tasa del orden del 7 por ciento anual, con lo que estaría en la ilustre compañía de países como (por orden alfabético) Albania, Angola, Burkina Faso, Camboya y Camerún (P. Wende, Ámbito Financiero, 1-3-16). Inclusive, si Macri se sigue portando como alumno modelo de los garcas del planeta, hasta puede ser que la tasa argentina baje al 6%, el nivel de Jamaica, por ejemplo.
Ahora bien, el súmmum del “regreso al mundo” sería alcanzar tasas de financiamiento del orden del 5%. En ese caso, los gorilas aterrados con que nos pareciéramos a Venezuela podrán suspirar tranquilos, ya que con esa tasa alcanzaríamos el nivel nada menos que de Paraguay. Es verdad que el costo de la emisión de deuda argentina, que empezará a tasas bien altas, generará costos fiscales que pagará todo el pueblo argentino bajo la forma de menos empleo, menos obra pública y menos servicios, pero la recompensa sí que vale la pena, ¿no?
M.Y.
El “debate” sobre el acuerdo con los buitres en el Congreso fue definido por el titular de la Comisión de Presupuesto y Finanzas, Luciano Laspina, del PRO, como “una agenda muy extensa de expositores, que va desde cámaras empresariales, bancos, sindicatos a expertos de todas las extracciones ideológicas, porque queremos escuchar a toda la sociedad y a todos los sectores políticos”. Muy cierto: la convocatoria incluyó un expositor propuesto por Néstor Pitrola, del PO y el FIT. Lástima que no debe haber tenido mucha repercusión: toda la prensa se la llevó uno de los asesores estrella del ex candidato presidencial Daniel Scioli, Mario Blejer, que aplaudió la propuesta macrista con todo entusiasmo.
No nos oponemos, por supuesto, a usar toda tribuna que permita denunciar el acuerdo, en términos que seguramente compartiríamos con el FIT. Pero es un error completo hacerle número a un verdadero circo, a una puesta en escena cuyo único fin es legitimar un acuerdo entreguista con un barniz de “debate democrático”, siendo que el único “debate” fue el que sostuvieron Prat Gay y Massa en Economía, a espaldas del Congreso y de la población, para cocinar la aprobación del proyecto oficial (algo que correctamente señaló Miriam Bregman, del PTS, en TV).
El acuerdo no sólo es nefasto, sino que, lejos de “querer escuchar a toda la sociedad”, se decidió en ámbitos que no tienen nada de democráticos: el despacho de Thomas Griesa y el del ministro de Hacienda. Sumarse al operativo “agenda de expertos de todas las extracciones políticas”, cuando en los hechos estaba todo resuelto, sólo contribuye a lavar la cara de un operativo entreguista y antidemocrático. Había muchas otras alternativas para denunciarlo que incluso le hubieran valido más prensa al “experto del FIT”, si eso era todo lo que se buscaba.
M.Y.